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EuropaPress,
22 de marzo de 2006


La Fiscalía pide 1 año de prisión para un ex alto cargo del PP de Medio Ambiente por prevaricación en el 'Caso Yesa'
 

  • El imputado trabajó para Florentino Pérez nueve meses al dejar la Administración. Los contratos de la constructora crecieron un 900% tras el fichaje del exalto cargo. 


MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -


El fiscal de Medio Ambiente Emilio Valerio solicitó hoy a la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid que condene al ex director general de Obras Hidráulicas, Carlos Escartín, a 1 año de prisión, 18 años de inhabilitación y una multa de 7.800 euros por los delitos de prevaricación, riesgo catastrófico y tráfico de influencias relativos al proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa, ubicado entre las comunidades de Aragón y Navarra.

La Fiscalía de Madrid sostuvo que el ex alto cargo del PP vulneró la legislación medioambiental en la tramitación del proyecto y cometió irregularidades en la adjudicación de las obras. Según el Ministerio Público, Escartín y los ingenieros que tramitaron el expediente "dejaron a un lado" y "obviaron" los estudios relativos a los riesgos sísmicos, geológicos y deslizamientos de tierras, realizados por el Ayuntamiento de Artieda, quien ejerce la acusación particular, y el Área de Tecnología y Control de Estructuras.

Ante la Sección Quinta, el representante del Ministerio fiscal modificó sustancialmente sus conclusiones definitivas en lo que se refiere a los delitos imputados al entonces presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Tomás Sancho, a quien se le retiró los dos delitos de prevaricación de los que estaba acusado. Así, la petición de pena queda reducida a 2 años de inhabilitación y una multa de 5.400 euros, frente a la pena anterior de 1 año de prisión, 18 años de inhabilitación y una multa de 7.800 euros.

El fiscal también mantuvo la pena a la ex directora general de Evaluación Ambiental, Dolores Carrillo, quien se enfrenta a 8 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. En esta línea, Valerio sostuvo que Carrillo vulneró la normativa medioambiental en la autorización de la Declaración de Impacto Ambiental, requisito para que el proyecto siguiera adelante. Además, señaló que su testifical se caracterizó por "numerosas evasivas y sin aclarar por qué dio luz verde al proyecto.


RIESGOS DEL PROYECTO

A su juicio, los acusados José Luis Uceda y Ángel Núñez, ambos ingenieros de Caminos que se enfrentan a una pena de 1 año de prisión, 16 años de inhabilitación y multa de 2.400 euros, conocían los riesgos del proyecto y, a pesar de esto, continuaron con la tramitación. "Los estudios reflejaban un peligro real de deslizamientos de laderas y, por tanto, no deberían haber seguido adelante", resaltó el fiscal, que aseguró que el informe de alegaciones de Artieda contra el proyecto fue criminalizado al no responder a sus intereses.

Asimismo, la Fiscalía rechazó las alegaciones de los acusados acerca de que cumplían las órdenes emanadas del Consejo de Ministros. Así, apuntó que "más que el impulso del Gobierno al proyecto, fue el impulso de la mercantil Euroestudios", quien se encargo de realizar el informe de especificaciones técnicas para el concurso de la obra, que resultó para la Unión Temporal de Empresas encabezada por ACS. Precisamente, Euroestudios también se encargo del informe de ACS para presentarse al citado concurso.

El fiscal Valerio también alegó que el proyecto de Yesa no presentó ninguna mención a las previsiones del Ministerio de Agricultura, quien tiene las competencias sobre el Plan Nacional de Regadíos. Por ello, se preguntó por qué no se adecuó a estas previsiones teniendo en cuenta la importancia del proyecto, cifrado en 30.000 millones de pesetas. Ante esto, esgrimió que "en todo el proceso de tramitación confluyen intereses públicos con privados, puesto que el presunto interés por atender a las demandas de los regadíos es falsa".


RAZONES HUMANITARIAS

Por otro lado, el Ayuntamiento de Artieda modificará mañana la solicitud de condena de prisión para la acusada Dolores Carrillo, por razones humanitarias en relación a su grave estado de salud. La petición inicial de penas para Carrillo era de 2 condenas de 10 años cada una de inhabilitación para cargo público, que se mantienen, y una condena de 3 años de prisión, que ahora se retira, por los delitos de riesgo catastrófico, contra el patrimonio histórico y los recursos naturales y por prevaricación.

La acusación particular solicita además para Escartín nueve años de prisión y 26 años de inhabilitación por los delitos de prevaricación, riesgo catastrófico y falsedad de documento. También pide para el acusado Carlos Vázquez, ex secretario técnico del Ministerio de Medio Ambiente, 3 años de cárcel y 20 años de inhabilitación por prevaricación, riesgo catastrófico y un delito contra los recursos naturales y el patrimonio histórico.

 



El Periódico de Aragón,
23 de marzo de 2006

JUICIO DE YESA
Fiscalía mantiene para Escartín y Sancho el cargo por corrupción

  • Considera probado que el exalto cargo favoreció a ACS en beneficio propio. Ve delictivo dar una obra a la empresa de la que era apoderado el presidente de la CHE.


E. BAYONA (23/03/2006)

El fiscal mantuvo ayer, en su informe definitivo del caso Yesa, las acusaciones de presunta corrupción contra el esdirector general de Obras Hidráulicas Carlos Escartín y el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) Tomás Sancho. El Ministerio Público considera que ambos --aunque a Sancho le retiró el cargo de prevaricación-- cometieron sendos delitos de negociaciones prohibidas a los funcionarios, por los que pide para ellos dos años de inhabilitación para cargos públicos y 5.400 euros de multa.

La Fiscalía considera probado que Escartín impulsó el proyecto de recrecimiento de Yesa saltándose la normativa y presionando a otros funcionarios para que lo hicieran con la finalidad de que la obra fuera adjudicada a ACS, la constructora del expresidente del Real Madrid Florentino Pérez, a la que se fue a trabajar poco después de que recibiera la contrata. Durante los nueve meses que el exdirector de Obras Hidráulicas trabajó para Pérez, su firma recibió contratas por 49 millones de euros --14,9 sin publicidad--, como adelantó EL PERIÓDICO.

El fiscal sostuvo que el contrato entre Escartín y ACS aportado a la causa no es el que realmente suscribieron --cobraba 120.000 euros anuales--. También mostró sus dudas sobre el anexo, sin fecha, en el que el flamante ejecutivo era eximido de cualquier contacto con Obras Hidráulicas: empezaba en pasado --"Escartín comenzó a trabajar", rezaba-- cuando se le supone un texto de futuro, destacó. También le imputa los presuntos delitos de prevaricación y riesgo catastrófico.

En el caso de Sancho, la acusación se basa en el hecho de que ACESA, el brazo inversor de la CHE, adjudicó una obra relacionada con Yesa a la B&S, la consultora que había fundado con un socio y de la que seguía siendo apoderado.

El Ministerio Público también sostiene que la exdirectora de Evaluación Ambiental, Dolores Carrillo, delinquió al aprobar la Declaración de Impacto de Yesa sin que sus técnicos elaboraran previamente un documento de propuesta y al aplicar criterios opuestos a los de muchos de ellos. Está acusada de prevaricación.

La Fiscalía mantuvo ese mismo cargo para los ingenieros de la CHE José Luis Uceda y Ángel Núñez --imputados también por riesgo--.


SENTENCIA. DOS MESES DE ESPERA

Al acabar el juicio por las presuntas corruptelas en la tramitación del recrecimiento de Yesa, el tribunal de la Audiencia de Madrid que debe enjuiciarlo tendrá un plazo de al menos dos meses para emitir la sentencia. La causa está calificada "de especial complejidad".

 



Diario del AltoAragón,
23 de marzo de 2006


El informe de la Fiscalía afianza las tesis sobre la irregularidad del proyecto

  • Retiran la acusación de prevaricación a Sancho


LUISA PUEYO

JACA.- El fiscal del "caso Yesa", Emilio Valero, emitió ayer un contundente informe en el que afianzó sus tesis sobre la irregular tramitación seguida en el proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa y recriminó a los abogados de la defensa su nulo interés en aclarar algunas cuestiones puestas en entredicho durante este juicio que llega a sus últimos días en la Audiencia Provincial de Madrid, en especial la referida a las condiciones en que se produjo la contratación por la empresa ACS de uno de los imputados, Carlos Escartín, ex director general de Obras Hidráulicas, poco después de dejar el Ministerio. La citada firma es una de las adjudicatarias de la obra de Yesa y, como recordó ayer el fiscal, la decisión de la adjudicación fue adoptada antes de que Escartín dejase su puesto en el Ministerio.

El fiscal también incidió en que Dolores Carrillo, entonces directora general de Calidad y Evaluación Ambiental y también imputada en este juicio, emitió la declaración de impacto ambiental (DIA) sin atenerse a la normativa, con todos los informes en contra y sin haber tenido en cuenta los riesgos geológicos y sísmicos, ni las afecciones sociales, patrimoniales y medioambientales, pese a que, como varios peritos testificaron días atrás, estas cuestiones deben formar parte de una evaluación ambiental obligatoriamente.


MODIFICACIONES

Valerio, que en sus conclusiones ha modificado el relato de los hechos respecto a su escrito de acusación, añadió en el documento entregado ayer al tribunal y a las partes todo lo referente a las afecciones al Camino de Santiago. También ha eliminado la acusación al ex presidente de la CHE, Tomás Sancho, de prevaricación relacionada con la intervención de Carrillo y Escartín en la emisión de la DIA, pero mantiene la de tráfico de influencias -por la que solicita dos años de inhabilitación y una multa de 5400 euros- y negociaciones prohibidas de los funcionarios.

Según el fiscal, todos los acusados "obraban en un marco regular" y, por lo tanto, tenían que ejecutar la obra "en unas condiciones acordes con las obligaciones legales; sus decisiones tenían que ser resoluciones jurídicas, acordes al marco legislativo", insistió, informó la agencia Efe. Sin embargo, apuntó Valerio, "sospecho que (las decisiones) responden a intereses privados" y son "arbitrarias".

El fiscal concluirá hoy la exposición de sus conclusiones y acto seguido lo harán los abogados de Artieda. El viernes está previsto que lo hagan los de la defensa.
 



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