EFE,
25-I-2002
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ARAGÓN-EMBALSE SANTALIESTRA
LA
AUDIENCIA DE MADRID ORDENA QUE SE REABRA EL CASO POR LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA
Madrid, 25 ene (EFE).-
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al Juzgado
de Instrucción número 38 de la capital que reabra el
proceso por la construcción de la presa de Santaliestra
, en Huesca, en el que estuvo imputado el secretario de
Estado de Infraestructuras y ex secretario de Aguas,
Benigno Blanco.
En un auto, al que ha
tenido acceso Efe, la Audiencia admite el recurso contra
el sobreseimiento provisional de la causa, dictado en
agosto pasado por el citado juzgado, y devuelve a éste
las actuaciones.
El proceso se inició a
raíz de una querella presentada en 1999 por los
ayuntamientos oscenses de Santaliestra
y San Quílez contra Benigno Blanco y otras siete
personas por presuntos delitos relacionados con la
construcción de la citada presa.
La querella les acusaba
de delitos de prevaricación, infidelidad en la custodia
de los documentos, falsedad documental, riesgo catastrófico,
delitos contra los recursos naturales y el medio
ambiente, la ordenación del territorio y el patrimonio
histórico.
El auto de la Audiencia
de Madrid recuerda que la resolución de 26 de mayo de
1997 de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas del
Ministerio de Medio Ambiente que aprobó el proyecto de
esta presa, lo llevó a cabo "pese a que no
cumpliera" las previsiones indicadas en el
pliego de bases, "con los eventuales
problemas de seguridad, incluso para personas, que ello
pudiera haber acarreado".
Añade que la
documentación obrante en autos pone de relieve que
"los querellados lo han admitido, de una u
otra forma, en sus declaraciones que el proyecto se
aprobó sin realizar los estudios de terreno geológicos
y geotécnicos que estimamos, aún sin ser expertos en
la materia, deben ser imprescindibles sobre el enclave y
construcción de una presa".
"Ese factor,
y sin necesidad de entrar en otras posibles
irregularidades por eventuales ocultaciones en el trámite
de información pública (...), consideramos que no debió
prescindirse de él, por que entendemos que es elemental
hacer esos estudios de terreno para construir una presa",
explica el auto.
La Audiencia considera
que "la realización de la obra, de haberse
llevado a cabo en los términos en que fue proyectada,
podría haber generado unos riesgos para personas y
bienes, en cuya calificación, caso de alcanzar
relevancia penal, no hemos de entrar".
La resolución señala
que el proyecto aprobado "incurría en
irregularidades tales que permiten hablar, aunque sea
nivel indiciario, de un delito de prevaricación, desde
el momento en que esas irregularidades están
relacionadas con la inexistencia de sondeos y estudios
geológicos y geotécnicos.
El tribunal de Madrid
devuelve al Juzgado de Instrucción la causa para que o
bien practique nuevas diligencias o las partes formulen
escrito de acusación.
Además de Blanco, la
querella iba dirigida contra el ex director general de
Obras Hidráulicas y Calidad de Aguas, Carlos Manuel
Escartín, y el ex jefe de Área de Inspección de
Presas de la Dirección General de Obras Hidráulicas,
José María Vizcaíno.
Asimismo, el ex
director general de Evaluación Ambiental, José Ramón
Fernández Lastra; el ex jefe de la Dirección Técnica
de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Francisco
Fiteni; el ex comisario de Aguas de la Confederación y
director del proyecto del embalse, Miguel Zueco; el ex
presidente de la Confederación, Tomás Ángel Sancho, y
el que fuera asesor del proyecto, Iñigo Barahona.
El pasado 2 de abril,
Benigno Blanco, en su declaración en el juzgado como
imputado, negó que aprobara la construcción de la
presa sin tener en cuenta los criterios de seguridad de
presas y embalses. EFE
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El
Periódico de Aragón, 26-I-2002
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La
polémica hidráulica
La Audiencia de Madrid ve indicios de
prevaricación con Santaliestra
|
Ordena que se reabra el proceso penal
contra exaltos cargos de Medio Ambiente
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EL
PERIODICO
MADRID
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al
Juzgado de Instrucción número 38 de la capital
que reabra el proceso por la construcción del
embalse de Santaliestra, en el que estuvo
imputado el secretario de Estado de
Infraestructuras y ex secretario de Aguas,
Benigno Blanco. En un auto, la Audiencia aprecia
indicios de un presunto delito de prevaricación
en la actuación de varios ex altos cargos del
Ministerio de Medio Ambiente, por lo que admite
el recurso contra el sobreseimiento provisional
de la causa, dictado en agosto pasado, y
devuelve al juzgado las actuaciones para que
practique nuevas diligencias o bien las partes
formulen escrito de acusación.
El auto judicial supone otro obstáculo para la
construcción de este polémico embalse que se
suma a la reciente sentencia de la Audiencia
Nacional que anuló la aprobación técnica
definitiva del proyecto. El Ministerio de Medio
Ambiente y los regantes del Canal de Aragón y
Cataluña recurrieron en su día ante el
Tribunal Supremo la decisión de la Audiencia
Nacional.
MAYOR CONFUSIÓN La reapertura del proceso penal
dictada por la Audiencia de Madrid añade más
confusión a todo este proceso que se inició a
raíz de una querella presentada en 1999 por el
Ayuntamiento de Santaliestra contra Blanco y
otros siete alto cargos por presuntos delitos
relacionados con la construcción de la presa,
como prevaricación, infidelidad en la custodia
de los documentos, falsedad documental, riesgo
catastrófico, delitos contra los recursos
naturales y el medio ambiente, la ordenación
del territorio y el patrimonio histórico.
El auto de la Audiencia de Madrid, hecho público
ayer por Efe, recuerda que la resolución
de 26 de mayo de 1997 de la Secretaría de
Estado de Aguas y Costas del Ministerio de Medio
Ambiente que aprobó el proyecto de esta presa,
lo llevó a cabo "pese a que no
cumpliera" las previsiones del pliego de
bases, "con los eventuales problemas de
seguridad, incluso para personas, que ello
pudiera haber acarreado". Añade que la
documentación pone de relieve que "los
querellados han admitido, de una u otra forma,
en sus declaraciones que el proyecto se aprobó
sin realizar estudios geológicos y geotécnicos
que estimamos deben ser imprescindibles sobre el
enclave y construcción de una presa".
El auto de la Audiencia de Madrid considera que
"la realización de la obra, de haberse
llevado a cabo en los términos en que fue
proyectada, podría haber generado unos riesgos
para personas y bienes, en cuya calificación,
caso de alcanzar relevancia penal, no hemos de
entrar". La resolución señala que el
proyecto aprobado "incurría en
irregularidades tales que permiten hablar,
aunque sea nivel indiciario, de un delito de
prevaricación, desde el momento en que esas
irregularidades están relacionadas con la
inexistencia de sondeos y estudios geológicos y
geotécnicos".
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La denuncia imputa a Benigno Blanco y a otros
siete exaltos cargos del ministerio
Además de Benigno Blanco, la querella
presentada por el Ayuntamiento de Santaliestra
iba dirigida contra el ex director general de
Obras Hidráulicas y Calidad de Aguas, Carlos
Manuel Escartín, y el ex jefe de Área de
Inspección de Presas de la Dirección General
de Obras Hidráulicas, José María Vizcaíno.
Asimismo, también aparecen en la denuncia el ex
director general de Evaluación Ambiental, José
Ramón Fernández Lastra; el ex jefe de la
Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica
del Ebro, Francisco Fiteni; el ex comisario de
Aguas de la Confederación y director del
proyecto del embalse, Miguel Zueco; el ex
presidente de la CHE, Tomás Sancho, y el que
fuera asesor del proyecto, Ínigo Barahona.
El pasado 2 de abril, Benigno Blanco, en la
declaración que realizó en el juzgado como
imputado, negó que aprobara la construcción de
la presa sin tener en cuenta los criterios de
seguridad de presas y embalses. En los últimos
meses, también han prestado declaración ante
el titular del Juzgado de Instrucción número
38 los restantes imputados en la denuncia que
presentó el consistorio de Santaliestra, cuyo
alcalde, Javier Mur, de CHA, ha convocado hoy
una rueda de prensa en Zaragoza para informar de
las consecuencias del auto conocido ayer.
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El
Periódico de Aragón, 27-I-2002
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La Audiencia de
Madrid ordena reabrir el proceso
El alcalde de Santaliestra afirma que es "el final
del pantano"
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Destaca que vayan a ser juzgados varios ex altos
cargos de Medio Ambiente
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El edil oscense también exige a Matas la
paralización de Yesa y Biscarrués
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CONRAD BLÁSQUIZ
ZARAGOZA
Es la primera vez que se va a sentar en el banquillo de
los acusados un secretario de Estado en activo".
Tanto el alcalde de Santaliestra, Javier Mur, como los
letrados del municipio resaltaron ayer la trascendencia
del auto de la Audiencia Provincial de Madrid, hecho público
el viernes, que reabre el proceso penal contra ocho ex
altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente que
promovieron el proyecto de construcción del pantano de
Santaliestra. La decisión judicial, que ve indicios de
prevaricación en la actuación del Ministerio de Medio
Ambiente, supone "el final del pantano",
pronosticó Mur.
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Los
dos letrados junto a Javier Mur, derecha, ayer
en Zaragoza.
Foto: JESÚS CISNEROS |
El alcalde del municipio altoaragonés compareció ayer
por la mañana en un hotel zaragozano, acompañado por
sus letrados, los hermanos Beaumont, para informar del
contenido del auto dictado por la Audiencia Provincial
de Madrid el pasado 16 de enero. En tan sólo trece
folios, la Audiencia da un vuelco espectacular al
proceso penal iniciado en verano de 1999 contra la
construcción del embalse, ya que rechaza el
sobreseimiento de la causa, dictado en agosto pasado, y
ordena al Juzgado de Instrucción número 38 de la
capital que practique nuevas diligencias o bien las
partes formulen escrito de acusación. Contra este auto,
explicaron ayer los letrados, no cabe ningún recurso,
sino que ahora se abre un plazo hasta fijar la fecha del
juicio oral.
SATISFACCIÓN El alcalde de Santaliestra, visiblemente
satisfecho, subrayó que el auto demuestra la actitud
"prepotente, antijurídica y antidemocrática"
de la Administración central. Mur reiteró que se
evidencia que la actuación del secretario de Estado de
Infraestructuras y ex secretario de Aguas, Benigno
Blanco, en esta cuestión "presenta graves indicios
de criminalidad". Para el alcalde, la actuación de
la administración hidráulica ha sido "rastrera,
marrullera y tramposa" y se ha puesto de manifiesto
que sus responsables "defienden intereses bastardos
que son la antítesis de la legalidad".
La letrada María José Beaumont recalcó que con este
auto "el cerco judicial" al proyecto de
construcción del embalse "está prácticamente
cerrado". Por ello, estimó que es
"obvio" que la CHE debe cambiar a sus
responsables y "paralizar todos los proyectos que
tiene en tramitación o ejecución para que sean
revisados con lupa" porque se ha demostrado que en
la actuación de estas personas hay
"irregularidades".
Para el equipo jurídico del Ayuntamiento de
Santaliestra, el "responsable último" de
todas estas cuestiones es el ministro de Medio Ambiente,
Jaume Matas. "O se marcha o se queda para poner
orden y paralizar las actuaciones que tengan alguna
relación con los imputados", como es el caso también
del recrecimiento de Yesa y la construcción de Biscarrués
o Itoiz.
El
Periódico de Aragón, 26-I-2002
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Editoriales
Varapalo a Santaliestra
Al varapalo que supuso para el Gobierno la decisión de
la Audiencia Nacional de paralizar el proyecto del
pantano de Santaliestra cuando estaban a punto de
comenzar las obras se suma ahora un auto de la Audiencia
de Madrid que ordena reabrir un proceso contra los altos
cargos que lo tramitaron. Para este tribunal, existen
indicios suficientes de que se incurrió en posibles
irregularidades que permiten hablar, aunque sea
indiciariamente, de un delito de prevaricación. El
proceso, que fue archivado en verano por un juzgado de
instrucción, afecta nada menos que al actual número
dos de Fomento, Benigno Blanco, que en la
anterior legislatura era secretario de Estado de Estado
de Aguas, y a otros siete altos cargos de Medio Ambiente
cuando era ministra Isabel Tocino.
Estando en manos de la Justicia la depuración de
posibles responsabilidades, es el momento de exigir que
la actuación de la Administración en obras tan
controvertidas sea escrupulosa. Las necesidades de un
sistema de riegos --en el caso que nos ocupa, del Canal
de Aragón y Cataluña-- deben ser resueltas, pero sin
avasallar los derechos de los afectados. Al final, se
perjudica a las dos partes y, en vez de resolverse un
problema, se crean más y más graves.
Heraldo
de Aragón, 26-I-2002
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El
alcalde de Santaliestra volverá a
querellarse si no se para el embalse
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El
auto aprecia indicios de prevaricación y otros
delitos por parte de Benigno Blanco en su anterior
etapa de secretario de Estado de Aguas y Costas,
así como de otras seis personas que ocupan u
ocupaban altos cargos en la Administración hidráulica
del Estado. |
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JAVIER
BENITO. Zaragoza
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El
alcalde de Santaliestra, Javier Mur, se mostró
ayer convencido de que las decisiones judiciales
sobre el conflicto con el embalse previsto en esta
localidad oscense suponen "el final" de
este controvertido proyecto. No obstante, Mur y
sus abogados advirtieron que si la Administración
persiste en llevar adelante el proyecto presentarán
una nueva querella por prevaricación.
Mur ofreció una rueda de Prensa en Zaragoza junto
a los letrados María José y José Luis Beaumont
para exponer su opinión sobre el reciente auto de
la Audiencia Provincial de Madrid que ordena
reabrir el proceso penal en el que está imputado
el actual secretario de Estado de
Infraestructuras, Benigno Blanco.
El auto aprecia indicios de prevaricación y otros
delitos por parte de Benigno Blanco en su anterior
etapa de secretario de Estado de Aguas y Costas,
así como de otras seis personas que ocupan u
ocupaban altos cargos en la Administración hidráulica
del Estado. Este auto se suma a la reciente
sentencia de la Audiencia Nacional que paralizó
el proyecto de Santaliestra. También están
pendientes otros procesos en el Supremo y en el
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, así
como una queja en Bruselas.
"El cerco judicial al proyecto de
Santaliestra está prácticamente cerrado",
proclamaron ayer los hermanos Beaumont, después
de que el alcalde lamentara la actitud
"prepotente, antidemocrática, antijurídica
y presuntamente delictiva" de la Administración
estatal.
Los letrados anunciaron que en su escrito de
acusaciones para el juicio oral añadirán a la
lista de presuntos delitos el de malversación de
fondos públicos por certificaciones sobre
estudios geológicos que -aseguran- no se hicieron
pero sí se pagaron. Mur animó a quienes se
oponen a otros proyectos hidráulicos, que a su
juicio habría que revisar ahora "con
lupa", y lamentó que los regantes se hayan
metido en "un callejón sin salida". |
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