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El País, 4 de abril de 2002
El fiscal pide ocho años de cárcel para el secretario de Estado de Fomento

Blanco aprobó una presa sin informes técnicos
MIKEL MUEZ / JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ | Pamplona / Madrid

La fiscalía del Tribunal Superior de Madrid reclama ocho años y seis meses de cárcel y otros diez de inhabilitación en el cargo para Benigno Blanco, actual secretario de Estado del Ministerio de Infraestructuras y secretario de Estado de Aguas de Medio Ambiente cuando ocurrieron los hechos. El fiscal le imputa prevaricación, falsedad documental e infidelidad en la custodia de documentos. Le acusa de haber aprobado en 1996 el proyecto del embalse de Santaliestra (Huesca) a sabiendas de que carecía de los preceptivos informes geotécnicos y de que su construcción podía haber acarreado 'una catástrofe' en la zona.

Blanco tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid para responder de esos tres delitos. Junto a él también figuran como acusados otros seis ex altos cargos y técnicos de Ministerio de Medio Ambiente. Entre ellos, Tomás Ángel Sancho Marco, ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE); Carlos Manuel Escartín Hernández, ex subdirector general de Obras Hidráulicas; José María Vizcaíno, ex subdirector del Área de Presas, y Mikel Zueco Ruiz, director de proyectos técnicos. Para éstos, las penas solicitadas fluctúan entre 17 años de inhabilitación y 11 años de cárcel. El escrito de acusación incluye delitos de fraude y estafa para tres de los acusados: Francisco Fiteni Rodríguez, director técnico de la CHE; Íñigo Barahona Fernández, ingeniero de caminos, y el citado Mikel Zueco.

Este escrito de acusación de la Fiscalía es fruto de la querella interpuesta en 1999 por el Ayuntamiento de Santaliestra contra los promotores y responsables del embalse proyectado en la localidad, cuya construcción anuló hace sólo unos meses la Audiencia Nacional.

El juzgado de Madrid que investigó estos hechos, el número 38 de Madrid, archivó la causa a fines del año pasado, pero tuvo que reabrirla de inmediato y abrir juicio oral contra los acusados tras recibir una orden en ese sentido de la Audiencia.

El actual número dos de Fomento cometió los supuestos delitos que le imputa el fiscal tras ser nombrado, en julio de 1996, secretario de Estado de Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, en la etapa en la que su titular era Isabel Tocino. El fiscal de Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio, califica de 'escandalosa' la 'maquinación' en la que participó Blanco para construir 'a toda costa' la presa de Santaliestra. Con su actitud, vulneró 'flagrantemente' la legislación medioambiental y 'despreció la seguridad' de la obra. Es decir, que aprobó el proyecto a sabiendas de que éste carecía del preceptivo informe geotécnico, necesario para conocer las características del suelo sobre el que se iba a levantar la presa, y obviando el peligro que su construcción podía acarrear a los habitantes de la zona. 'La ejecución del proyecto, aprobado definitivamente por la resolución de 26 de mayo de 1997 devendría en una catástrofe de considerables proporciones', subraya el fiscal en su escrito.

Informes desaparecidos

El fiscal imputa también a Blanco un delito de infidelidad en la custodia de documentos: le culpa de 'la desaparición de informes' que advertían con nitidez del peligro de construir la citada presa. Según el fiscal, la ex ministra Tocino, tras recibir informes que avisaban del peligro que suponía construir una presa en la zona elegida, encomendó a Blanco y a Escartín que los analizasen. Pero éstos 'no tramitaron los informes que les remitió la ministra ni ordenaron su estudio'.

Blanco, Escartín y Sancho accedieron a sus cargos entre mayo y julio de 1996, según el fiscal. La llegada de los tres supuso un nuevo impulso para la creación del embalse, presupuestado en 120 millones de euros (20.000 millones de pesetas) y por entonces objeto de numerosas quejas vecinales e informes que desaconsejaban su creación.

Uno de los altos cargos que, por escrito, habían advertido inicialmente de las irregularidades del proyecto, el también acusado José María Vizcaíno, cambió de actitud tras varias reuniones con Blanco y Escartín, según el fiscal. Tras esas entrevistas, Vizcaíno optó por ocultar informes de los técnicos Moisés Rubín de Celis y Gaspar Zaragoza, técnicos del Área de Tecnología y Control de Estructuras, que denunciaban la ausencia de los preceptivos sondeos en la zona.

Las obras del proyecto de embalse de Santaliestra nunca llegaron a iniciarse. El plan fue anulado por sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional dictada el pasado 23 de noviembre de 2001.

Los jueces invalidaron el proyecto de la presa tras calificar la actuación de Blanco de 'insólita y anómala' y 'contraria al sentido común'. Y es que dio luz verde al embalse pese a que tenía la 'firme constatación' de que no se había realizado ningún sondeo en la cerrada donde, sobre el río Ésera, iba a construirse. La idea inicial era que el embalse tuviese una altura de 100 metros y una capacidad de 80 hectómetros cúbicos.

'Me sorprende mucho'

Benigno Blanco indicó ayer a este periódico que ignoraba el contenido del escrito del fiscal de Madrid. Aseguró que, sobre este tema, tenía 'la conciencia intelectual, moral y jurídica, tranquila', y añadió: 'A lo mejor pudo cometerse un fallo administrativo, pero buscarle trascendencia penal a este asunto me sorprende mucho'. Blanco agregó que su decisión no consistió en la aprobación definitiva del proyecto: 'Yo aprobé el proyecto pero condicionado a que antes se hiciesen los estudios geológicos de la zona'. Además agregó que, como secretario de Estado, siempre se ha abstenido de actuar 'en aquellas decisiones relacionadas con Iberdrola', compañía para la que trabajó antes de acceder a ese cargo.

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La acusación cree que el alto cargo pudo favorecer a una hidroeléctrica
J. A. H. / M. M. | Madrid / Pamplona

El secretario de Estado Benigno Blanco aprobó el proyecto de embalse de Santaliestra el 26 de mayo de 1997. Según el fiscal Emilio Valerio, el actual número dos del ministro Francisco Álvarez Cascos 'carecía de competencia objetiva' para tal aprobación, que correspondía a la Dirección General de Obras Hidráulicas. Sostiene el fiscal que la actuación de Blanco fue 'dañina' para los intereses públicos y favorecía a la empresa Hidroeléctrica de Cataluña, SA (participada por Iberdrola), a la que se adjudicó directa y exclusivamente el aprovechamiento hidroeléctrico del río Ésera, en el que se iba a construir la presa. 'En este expediente no se adjudicó ningún derecho sobre ese río a nadie', explicó ayer Blanco.

El fiscal recuerda que Blanco había estado vinculado con anterioridad a la citada compañía, en la que ocupó la dirección de los servicios jurídicos de Iberdrola, entre otros cargos de confianza. Para la Fiscalía, 'resulta evidente el interés que guiaba al acusado Benigno Blanco para aprobar el proyecto, llegando a violar su competencia objetiva y su obligación de inhibición señalada en el artículo 2.3 de la ley 12/95 de Incompatibilidades de los Altos Cargos'.

Además, la Fiscalía destaca 'la incongruencia, desde el punto de vista del interés público, que no desde el interés privado de empresas constructoras o concesionarias de centrales hidroeléctricas, de diseñar un embalse justificado en su utilidad para el riego'; máxime, 'cuando la capacidad del mismo era de 80 hectómetros cúbicos, frente a los 574 hectómetros cúbicos que admite la regulación del río Ésera'.

Asimismo, el fiscal afirma que Blanco y Tomás Sancho, ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), firmaron, en junio de 1998, un convenio con una sociedad privada de capital público, Aguas de la Cuenca del Ebro, SA (ACESA), cuya creación diseñó Blanco para 'gestionar privadamente la construcción y explotación de diversas obras hidráulicas vinculadas a la presa'. Al frente de ella situó al propio Sancho. Tras firmar ese convenio, la licitación del embalse de Santaliestra pasó 'por arte de magia', indica el fiscal, de 124 millones de euros a 150 millones de euros.

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El País, 5 de abril de 2002
La oposición exige a Álvarez Cascos que releve en Fomento a Benigno Blanco
J. A. HERNÁNDEZ | Madrid

El PSOE, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya y Ecologistas en Acción pidieron ayer al ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, que destituya al secretario de Estado de Infraestructuras, Benigno Blanco, para quien la fiscalía de Madrid solicita ocho años de cárcel por delitos de falsedad, prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos. La fiscalía acusa a Blanco y a otros seis ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente de haber aprobado en 1996, cuando Blanco era secretario de Estado de Aguas, la construcción de un embalse en Santaliestra (Huesca) sin los preceptivos informes geológicos del terreno, entre otras irregularidades.

El portavoz socialista de Medio Ambiente en el Congreso, Víctor Morlán, calificó de 'gravísimas' las imputaciones de la fiscalía y señaló que Blanco debe 'presentar inmediatamente su dimisión por su responsabilidad política'. 'Si Blanco no toma esta iniciativa, es el Gobierno el que debe promover su cese', destacó.

Joan Saura, presidente de Iniciativa per Catalunya, también reclamó el relevo de Blanco por entender que 'carece ahora de autoridad moral y política' para ser el número dos de Fomento. 'Es escandaloso', dijo, 'que alguien que puede haber aprobado un proyecto prevaricando y beneficiando a una compañía esté ocupando un cargo público'. Para Ecologistas en Acción, la conducta de Blanco refleja 'la supeditación de la política hídrica del Gobierno a los intereses de las constructoras y las eléctricas'.

Álvarez Cascos y la dirección nacional del PP defendieron, por su lado, el comportamiento de Blanco. El portavoz del PP, Rafael Hernando, dijo: 'Se trata de la acusación de un fiscal, lo que no implica absolutamente nada, y además sobre un asunto que ya fue archivado por otro tribunal'. Según él, el origen de esta denuncia 'es político y partidista'.

El ministro Álvarez Cascos respaldó 'la integridad y honorabilidad profesional' de Blanco y calificó de 'insidia inaceptable' que se hagan 'insinuaciones de conductas reprochables'.

Prevaricación y falsedad

Blanco y otros seis ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados para responder del total de seis delitos (entre ellos, prevaricación, fraude, falsedad y estafa) que les imputa la fiscalía de Madrid. Blanco está acusado de aprobar en 1996 la construcción del citado embalse, pese a la ausencia de los preceptivos informes geotécnicos del terreno, para supuestamente favorecer a una compañía hidroeléctrica. Blanco ha negado haber favorecido a ninguna empresa y asegura que, sobre este asunto, tiene 'la conciencia intelectual, moral y política, muy tranquila'.

La presa, aún sin construir, fue presupuestada en 120 millones de euros (unos 20.000 millones de pesetas).

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© DIARIO EL PAÍS, S.L.


El Periódico de Aragón, 5 de abril de 2002
La ciudad de las gaviotas
MARIANO Gistaín
SANTALIESTRAZO

Ay Benigno, qué chapuza. Y esto no ha hecho más que empezar. Todo indica que las grandes compañías energéticas aún no se han dado cuenta de que en algún orden de cosas se ha acabado el franquismo. Qué pena. José Arabonés, alcalde de Fayón, no consigue que le dejen hablar en las Cortes de Aragón, quiere pedir compensaciones, canon hidroeléctrico por la inundación --borrado del mapa--- de su pueblo en el 67. Pero las Cortes de Aragón están impermeabilizadas. Lechago, sentenciado desde hace cien años con un embalse: no puede hablarse del embalse si no se restituye ese pasado ya anegado. Y todo igual. Ferralla por doquier. Se conoce que ahora, en España, hay que ir cumpliendo las leyes, los protocolos elementales. Por ejemplo, si se quiere hacer una presa, no es de buena educación escamotear los informes geológicos, silenciar a los ingenieros, etc. Para eso estudian tantos años los fiscales, jueces, etc., para eso hay alcaldes con lo que hay que tener, y yayas que se enfrentan a la policía con el trapo del polvo. Como es lógico, los ex jefes de Benigno Blanco han dicho que es un gran tipo, intachable profesional. Y su sucesor en Medio Ambiente, Pascual Fernández, sin entrar a "comentar" la petición del fiscal, ha dicho que "no tiene ningún sentido". Pues si la llega a comentar... Este martillazo en Santaliestra (que se escribe junto) repercute en toda la ingeniería pantanera. En Yesa. Allí donde el mismo equipo de fontaneros vertiginosos ha actuado queda huella de su modus operandi. No es extraño que la cúpula pepera se sorprenda ante las peticiones del fiscal, pues el PHN funciona con el mismo software viciado que Santaliestra: poco respeto a los datos, ninguno a los expertos, menos aún a la población inmediatamente afectada, ocultación o alteración de informes (desaladoras). Esto cuestiona todo el mangoneo desde tiempo inmemorial.

Ay, Benigno, tantas prisas, qué chapuza. Lo malo es que el agua es necesaria, y que hay muchas obras que las deseamos todos por unanimidad, y es posible que al actuar un poco a la brava por sistema, este equipo de listillos haya emponzoñado todo el conjunto. De todas formas, el PHN no sale impune de esta actuación judicial.

Entre el gentío que no cesa, las leyes --que están para cumplirlas, claro--, y el mejillón cebra, el trasvase no va bien.

*Periodista y escritor

 

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