Durante lustros la política
hidráulica española ha sido planeada y llevada cabo por
gestores ineficaces cuando no venales. El hoy extinto
(afortunadamente) Plan Hidrológico Nacional (PHN) fue el
colofón a toda una serie de despropósitos que sin duda
alguna iban más allá del trasvase del Ebro. Pantanos mal
proyectados, obras inconclusas u otras cuyo calendario y
presupuesto acaban por irse de madre, irregularidades
presuntas o ciertas, absoluto despreció por los costes
sociales y medioambientales... el repertorio es amplio. En
Aragón la sensación que puede existir en estos momentos es
la de que estamos sumidos en un equívoco hidrológico
descomunal, una enorme tomadura de pelo que debería
llevarnos a cuestionar hoy todas las propuestas hidráulicas
oficiales que tenemos sobre la mesa. El fantasmal Pacto del
Agua ya no es sólo un acuerdo jamás cumplido; es además una
especie de ciénaga en la que andamos chapoteando
instituciones, partidos políticos y la sociedad entera.
ARAGÓN se asoma hoy a la
verdad, si quiere verla. Ni siquiera los más acérrimos
partidarios de la hidrología más tradicional e
intervencionista (cuyos criterios un día compartimos casi
todos) podrán negar la evidencia de que las más importantes
obras de regulación y aprovechamiento del agua en nuestra
parte de la cuenca del Ebro son un compendio de chapuzas,
errores y proyectos más que discutibles. Vimos caerse
Jánovas de la lista de pantanos pendientes; pero mucho antes
la gente del pueblo que debía ser inundado fue echada de sus
casas y éstas dinamitadas. Al final el embalse no era
necesario. Luego hemos asistido atónitos al naufragio de
Santaliestra, una presa supuestamente imprescindible cuyo
proyecto y expediente administrativo han sido reiteradamente
rechazados por los tribunales a causa de gravísimos fallos
que incluso afectaban a los controles básicos de seguridad.
Quedaron probados luego importantes irregularidades en el
procedimiento; por ejemplo en la expropiación de los
terrenos afectados, que hace poco fue anulada en sentencia
firme. Y justo entonces se nos dice que, de todas formas,
bien podrá sustituirse Santaliestra (cuya realización es ya
casi imposible) por un recrecimiento del embalse de San
Salvador, donde no hay mayores afecciones. ¿Por qué no se
fue desde el principio a dicha solución?
HAY MÁS, por supuesto.
Tenemos el caso de La Loteta, el famoso pantano que debería
servir para surtir de agua de calidad a Zaragoza, además de
reforzar (con mucho disimulo, que la UE no está por la
labor) alguna zona de riego. Nadie podrá decir que alguien
pusiera problemas a tal embalse. Pero el caso es que,
estando los suelos ocupados y listos desde el 96, los
trabajos no empezaron hasta dos años después, y aunque
tendrían que estar acabados a finales del 2001 o principios
del 2002, tal es la hora que sigue sin saberse cuando
finalizarán; ahora bien: van a costar catorce millones de
euros más de lo previsto.
¿Y qué me dicen de
Montearagón? Cuando empezaron a excavar se comprobó que los
estudios geológicos previos no servían de nada. Hubo que
parar las obras y replantear todo el proyecto y ampliar el
presupuesto. El frenazo duró años. Sólo falto una suspensión
de pagos de la empresa constructora. Ahora el pantano está
listo, pero aún no han hecho las conducciones para llevar su
agua, por ejemplo, a la red de suministro de Huesca donde la
esperan desde hace no se sabe cuánto. Claro que esa ausencia
de obras complementarias destinadas a la utilización de los
caudales regulados no se da sólo en el caso de Montearagón:
el pantano de El Val se acabó en el 97, ya se han hecho las
pruebas de carga, mas tampoco hay conducciones que permitan
ponerlo en uso.
¿Y el recrecimiento de
Yesa, preguntarán ustedes? A la vista de los casos antes
citados (y de otros que me ahorro explicar como el fracaso
del bombeo de agua del Matarraña al pantano de Pena) cabe
plantearse todo género de dudas sobre su necesidad, sea cota
máxima (una barbaridad palmaria) o a la cota intermedia
adoptada como salomónica fórmula de nuevo compromiso
político. Sería preferible estudiar otras opciones
alternativas antes de tomar decisión alguna. Y
simultáneamente habría que someter todo el aparato que
administra el agua a una depuración drástica y una
reorganización total. Si las confederaciones hidrográficas
fuesen empresas privadas, allí ya no habría quedado títere
con cabeza. Ojalá la ministra Narbona actúe en consecuencia.
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