Hace unos días conocimos la sentencia absolutoria para los imputados por presuntos delitos cometidos durante la tramitación del proyecto de recrecimiento de Yesa. Como no puede ser de otra forma acatamos esta sentencia, pero con lo que conocemos, tras muchas horas de recopilación de información y consiguiente análisis de la misma, después de tantos años de oposición al recrecimiento y tras lo visto y escuchado en la vista oral no ha quedado, en absoluto, despejada mi convicción sobre las gravísimas y profundas irregularidades de dicho proyecto. En la propia sentencia se dice “no corresponde al Tribunal determinar si el recrecimiento de la Presa de Yesa era o no necesario ni si las características técnicas del Proyecto eran las más adecuadas a las demandas hídricas que se trataba de atender o las más respetuosas con el medio ambiente o con el patrimonio histórico y arqueológico ni, finalmente, si se contemplaron todo los riesgos y las medidas de seguridad que eran exigibles”. El tema sigue abierto, la sentencia recurrida y la vía contencioso-administrativa también tendrá que dictar. Seguimos esperando que se haga JUSTICIA legal e histórica.

Leídas algunas reacciones y muestras de alborozo al hilo de esta sentencia, quisiera hacer algunas consideraciones al respecto.

Me parece lamentable que a alguien que ha asumido la presidencia de la CHE o la dirección general de obras hidráulicas, cargos eminentemente políticos, se les defienda apelando a su perfil técnico para justificar sus actuaciones como meros trasmisores de decisiones políticas superiores. Cuando alguien ocupa un puesto de esa categoría se convierte en elemento clave para impulsar las decisiones políticas en uno u otro sentido. Hay que asumir las responsabilidades de los cargos que se ocupan. Ya me gustaría saber quien las tenía para permitir una catástrofe como la del barranco de Arás que ahora, económicamente porque personalmente ya es imposible, tenemos que pagar a escote.

Por otra parte yo soy el primero que lamenta tener que hacer comparecer en un juzgado a cualquier ciudadano, pero eso no ocurrió por casualidad ni por capricho del ayuntamiento de Artieda o la Asociación Río Aragón. Durante seis años se ha tramitado el sumario, se han ampliado por la fiscalía las iniciales imputaciones y se ha denegado el archivo de la querella solicitada con reiteración por la abogacía del estado. Es decir había indicios más que razonables de lo indicado en la acusación.

Los imputados han estado bien protegidos y defendidos por la administración para la que trabajaban y, entre todos, hemos contribuido a satisfacer el coste de su defensa. El pueblo que tiene amenazado de forma irreversible el 25% de su término municipal y el 50% de su tierra de cultivo ha tenido y  tiene todo el derecho a defenderse y lo hace con sus propios recursos y los de muchos amigos que se han mostrado solidarios con él. Además todos sabemos que la venda que cubre los ojos de la justicia siempre tiende a bajarse en el ojo que mira hacia los intereses de los poderosos mientras se mantiene escayolada en el que mira hacia los más desvalidos. Por desagracia esto no es cosa de hoy.

Finalmente dejar claro que si de sufrimiento hablamos les queda un largo trecho por recorrer. Quienes tuvimos una abuela de Tiermas que vio como su madre, con casi cien años, era obligada a abandonar su casa, un padre que tuvo que apechugar siendo alcalde con los primeros anteproyectos de recrecimiento aguantando las chulerías de la CHE, un hermano que tiene que presidir un ayuntamiento en una etapa tan difícil como ésta para un pueblo que, como todos, lo que querría es dedicar el tiempo a su desarrollo y no a evitar su destrucción, sobrinos que han decidido vivir en Artieda y les han salido los dientes con pancartas de YESA NO o sobrinos nietos nacidos en este mismo entorno, es decir 6 generaciones con la misma losa sobre la cabeza podemos contarles algunas cosas. Como quieran y donde quieran. Porque créannos, no es que nos guste este sarao es que estamos convencidos de la obligación que tenemos de defenderos.