Todo indica que el Gobierno central y el PP se disponen a utilizar a un sector de los regantes aragoneses (simbólicamente, a todos los regantes) como coartada social para empujar el PHN. Para ello usarán dos tácticas: colocar al regadío en el núcleo duro de los proyectos hidráulicos más conflictivos y provocar un enfrentamiento radical entre los partidarios de la nueva cultura del agua y los regantes. Pero en sentido contrario a sus planes se sitúa una circunstancia objetiva: que la agricultura aragonesa no tiene motivos para confiar en la Administración hidrológica; y otra de carácter histórico-sentimental: que nuestra gente del campo ha sido desde siempre el mascarón de proa de la lucha contra el trasvase.

A estas alturas de la vida, el regadío no tiene que justificarse ante nadie, pero debe reconocer los sacrificios que costó y cuesta llevar el agua a los secanos. Con el riego han sobrevivido y prosperado comarcas enteras, y, contrariamente a lo que piensan algunos, este vector de desarrollo tiene mucho futuro. Habrá que prepararse para la desaparición de las subvenciones, desarrollar cultivos competitivos y aprobar las asignaturas pendientes: transformación y comercialización; habrá que hacerse a la idea de que la modernización de los sistemas de riego es imprescindible e inevitable, pues el agua no siempre tendrá tarifas políticas , y, por último, los regantes tendrán que potenciar la vertiente ecologista de su actividad. Como no creo que saquen gran cosa en limpio es entregándose en manos de unos políticos y unos técnicos cuyos proyectos de pantanos y nuevos regadíos son evidentes chapuzas que se desarman al mínimo contacto con los tribunales (Santaliestra) o las instituciones europeas (Monegros II).