LUIS Trasobares
Regantes
Todo indica que el Gobierno central y el PP se
disponen a utilizar a un sector de los regantes
aragoneses (simbólicamente, a todos los regantes)
como coartada social para empujar el PHN. Para ello
usarán dos tácticas: colocar al regadío en el núcleo
duro de los proyectos hidráulicos más conflictivos y
provocar un enfrentamiento radical entre los
partidarios de la nueva cultura del agua y los
regantes. Pero en sentido contrario a sus planes se
sitúa una circunstancia objetiva: que la agricultura
aragonesa no tiene motivos para confiar en la
Administración hidrológica; y otra de carácter histórico-sentimental:
que nuestra gente del campo ha sido desde siempre el
mascarón de proa de la lucha contra el trasvase.
A estas alturas de la vida, el regadío no tiene que
justificarse ante nadie, pero debe reconocer los
sacrificios que costó y cuesta llevar el agua a los
secanos. Con el riego han sobrevivido y prosperado
comarcas enteras, y, contrariamente a lo que piensan
algunos, este vector de desarrollo tiene mucho futuro.
Habrá que prepararse para la desaparición de las
subvenciones, desarrollar cultivos competitivos y
aprobar las asignaturas pendientes: transformación y
comercialización; habrá que hacerse a la idea de que
la modernización de los sistemas de riego es
imprescindible e inevitable, pues el agua no siempre
tendrá tarifas políticas , y, por último,
los regantes tendrán que potenciar la vertiente
ecologista de su actividad. Como no creo que saquen
gran cosa en limpio es entregándose en manos de unos
políticos y unos técnicos cuyos proyectos de
pantanos y nuevos regadíos son evidentes chapuzas que
se desarman al mínimo contacto con los tribunales
(Santaliestra) o las instituciones europeas (Monegros
II).
No todo ha de correr de cuenta de los regantes. El
flamante Instituto del Agua de la DGA deberá
justificar su abultado presupuesto y establecer los
criterios para un nuevo consenso hidrológico aragonés,
y mis amigos de la nueva cultura han de pasar
de la oposición a la proposición, han de admitir que
algunas regulaciones sí son convenientes y han de
saber entenderse con los agricultores sin prejuicios
ni demagogias.