POLÍTICA HIDRÁULICA: HACIA LA IMPARABLE NUEVA CULTURA DEL AGUA
José Manuel Nicolau
Profesor de Ecología de la Universidad de Alcalá

Emergencia de la Nueva Cultura del Agua sobre el Estructuralismo Hidráulico
El fenómeno más trascendente ocurrido en estos siete años ha tenido lugar en el terreno de las ideas más que en el de los hechos. La visión de la política hidráulica denominada como Nueva Cultura del Agua está sustituyendo en los manuales, en la nueva Directiva Europea del Agua, en las universidades, en la opinión pública y en importantes sentencias judiciales (Audiencia Nacional, Itoiz) al tradicional y decimonónico enfoque estructuralista, basado en el incremento incesante de la oferta (pantanos y trasvases), la adjudicación discrecional de concesiones y la subvención pública del agua.
La Nueva Cultura del Agua propugna una explotación ecológicamente sostenible del recurso, lo que implica la conservación de su calidad tras ser utilizada, así como la de los ecosistemas, sociedades y territorios en que se genera y se consume. Asimismo aboga por la introducción de la racionalidad económica del mercado en su gestión (tarifas con costes reales, estudios coste-beneficio de las obras, etc), por la implementación de las nuevas tecnologías, especialmente para mejorar la eficiencia y el ahorro en su uso, y por cambios jurídicos en el funcionamiento del régimen concesional y en la democratización de los órganos de gestión.
La Nueva Cultura del Agua está emergiendo con una fuerza imparable, y es cuestión de pocos años ¿diez, quince? su aplicación de forma generalizada en nuestro país. Sin embargo, en el actual período de tránsito, el estructuralismo está quemando sus últimas fuerzas, mediante una política desesperada de imposición de una serie de grandes embalses y trasvases, que afectan principalmente a la comunidad aragonesa.

¿Cómo han evolucionado las tres fuerzas en juego?
El juego de fuerzas que intervienen en Aragón es muy simple. El objetivo es el agua del Pirineo (aunque el discurso político-mediático hable "del agua del Ebro"), en cuyos ecosistemas y territorios se genera la mayor parte del recurso. Y dos grupos de interés que ambicionan el agua pirenaica se enfrentan a los montañeses y, en cierto modo, entre sí. Se trata de los "regantes aragoneses" por un lado, y de los "regantes levantinos", por otro. Estos piden (y ya han conseguido) el trasvase para llevar a cabo sus rentables proyectos agrícolas, turísticos e industriales. Los "aragoneses" fundamentan la defensa de sus intereses sobre el agua pirenaica en la utilización interesada del sentimiento regionalista aragonés, tratando de hacer creer que el trasvase es "el problema de Aragón", cuando el asunto es la disputa entre ellos y los levantinos por el agua del Pirineo, el verdadero perjudicado. Para ello tratan de movilizar a "todo" el pueblo aragonés en torno a la "defensa" de la región, utilizando un victimismo falso y deleznable.
No obstante, ya existe un acuerdo político (PP, PSOE) para conciliar en la medida de lo posible los intereses de ambos grupos que se concretará en la próxima aprobación del Plan Hidrológico Nacional. Este arreglo entre levantinos y "aragoneses" se fundamenta en el Pacto del Agua, que incluye los embalses necesarios para trasvasar el agua al Levante, pero otorga cuantiosas concesiones de agua a los regantes aragoneses, los cuales podrán utilizarla en sus obsoletos regadíos mientras duren las subvenciones europeas y, tras la reciente reforma de la Ley de Aguas, podrán también revenderla a los levantinos, convirtiéndose así en aguatenientes. El Pacto del Agua, inteligente iniciativa de Antonio Aragón, encarcelado posteriormente por corrupción, se ha convertido en estos años en el único referente para la clase política aragonesa, a excepción de la Chunta e Izquierda Unida.

Diálogo para el trasvase, enfrentamiento montaña-llano
En estos siete años, las relaciones entre los regantes aragoneses y los montañeses se han deteriorado notablemente, en tanto que los puentes abiertos a nivel político entre instituciones del estado, aragonesas y levantinas van a fructificar en el próximo Plan Hidrológico, con el reparto de la tarta del agua pirenaica para los regantes de ambas comunidades, aunque buena tajada obtendrán también hidroeléctricos, constructores y compañías de abastecimiento a las ciudades.
El conflicto montaña-llano se fundamenta en el enorme coste socioeconómico y ambiental y sufrimiento humano que para el Pirineo ha tenido la política hidráulica estructuralista, favorecedora del regadío y del sector hidroeléctrico. Y se ha ido alimentando por la falta de voluntad para reconocer la existencia de esa deuda histórica con el Pirineo, el impedimento de participación democrática de los territorios pirenaicos en los órganos de gestión del agua y la reducción del problema a una cuestión de mayorías frente a minorías, planteamiento profundamente antidemocrático.
El episodio más prepotente en esta relación asimétrica fue protagonizado por la Comunidad de Riegos del Alto Aragón, cuando trató de impedir la instalación de la piscifactoría en El Grado. El talante de la Comunidad del Canal de Aragón y Cataluña ha sido otro, más abierto y respetuoso, realizándose visitas a la zona regada para observar los esfuerzos en modernización de los regadíos y al valle del Ésera para consensuar el emplazamiento de la presa. No obstante, tras el posterior cambio de emplazamiento por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y la detección del grave riesgo sísmico en Santaliestra, la Comunidad ha mantenido una posición no dialogante.
El Sr. Lanzuela, bien por torpeza o con intencionalidad, avivó el conflicto entre ambas comunidades en un ejercicio de temeridad política, que esta región no merecía. Por su parte, el Sr. Iglesias prometió diálogo en su discurso de investidura, para posteriormente encastillarse en el trasvasista Pacto del Agua y no abrir ningún cauce de comunicación con los montañeses.
Comentario especial merece el trato dado por la administración del estado (CHE) y autonómica a los vecinos de Los Fayos, afectados por la presa de El Val. Este proyecto anunciado como ejemplo de las nuevas formas de la administración tras el Pacto del Agua, se ha convertido en ejemplo de incumplimiento de acuerdos por parte de la administración, intentos de división de los vecinos y autoritarismo. El uso de la fuerza, de la represión física, se ha seguido llevando a cabo, incluso de forma extralimitada para las cortes de Aragón, en los casos de Santaliestra y del Matarraña. Han fracasado pues, las instituciones en la democratización y humanización de las relaciones con la minoría pirenaica, lo que constituye una de las principales asignaturas pendientes de Aragón como comunidad dotada de estatuto de autonomía propio.

La Dignidad de la Montaña
El principal cambio social que ha surgido en estos siete años ha sido, sin duda, la gestación de un movimiento ciudadano en el Pirineo, que bajo el lema "Por la Dignidad de la Montaña" ha movilizado a las diferentes clases sociales y colores políticos en la defensa del territorio y de la identidad pirenaica.
Tras episodios aislados de resistencia heroica al inicio de la democracia (Campo, Berdún, Jánovas), se pasó a una resistencia más integrada y organizada en los 80 en torno a la Coordinadora Aragonesa de Pueblos Afectados por Embalses (COAPE), que ha desembocado en los 90 en dos asociaciones que marcan ahora el camino que llevará la política hidráulica en el medio plazo: la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (ADELPA) y la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET). La primera aglutina la fuerza institucional desarrollando iniciativas muy constructivas, y la segunda supone un hermoso ejemplo de colaboración fecunda entre los movimientos ciudadanos y el mundo científico y técnico.
Las Jornadas por "La Dignidad de la Montaña" celebradas en Boltaña en la primavera de 1998 y la manifestación contra el recrecimiento de Yesa en Jaca en enero marcaron un punto de inflexión en cuanto a la actitud de los montañeses frente a la amenaza de más embalses. Como todo movimiento social consistente está dotado de una simbología propia, representada por las canciones del grupo musical "La Ronda de Boltaña". La canalización por parte de la clase política local y regional de esta ilusión y voluntad de desarrollo socio-económico sostenible, es ahora el reto y la Ley del Pirineo, la normativa en que se deben de concretar a corto plazo.

Las arbitrariedades ambientales
Ha sido en el terreno ambiental donde en la práctica se ha concretado el conflicto entre los estructuralistas y los montañeses. Desde 1985 cualquier proyecto de gran embalse necesita para su aprobación de una Declaración de Impacto Ambiental favorable por parte de la administración ambiental. Y ésta emite la Declaración a partir del estudio técnico y de las aportaciones de los ciudadanos, ayuntamientos, etc., lo que la convierte en foro de participación pública de primer orden. La contribución de los ayuntamientos y, especialmente de la Universidad de Zaragoza, a los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental de los cuatro grandes embalses y la elevación del Matarraña, se puede considerar notabilísima y sin parangón en otros sectores. Relevantes estudios hidrológicos, geológicos, ecológicos, económicos, jurídicos, ausentes en los Estudios de Impacto, han sido aportados a los expedientes de cada proyecto. En los cuatro proyectos se han planteado objeciones que aconsejaban su retirada o replanteamiento y proponían alternativas más eficientes, seguras y sostenibles. Pese a que las objeciones y alternativas, científicamente fundadas, no han sido rebatidas, el Ministerio de Medio Ambiente ha dado el visto bueno ambiental a tres de ellos, excepto a Jánovas, sobre el que aún no se ha pronunciado.
Las Declaraciones de Impacto Ambiental del recrecimiento de Yesa, de Biscarrués y de Santaliestra no fueron firmadas por los técnicos, quienes rehusaron por no estar conformes, y presentan la rúbrica de los altos cargos políticos del Ministerio. Con posterioridad a la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de Santaliestra, el Ministerio se encuentra efectuando estudios sobre el riesgo sísmico de la presa. Obviamente, imperó el criterio político sobre el técnico en las evaluaciones de impacto ambiental.
No ha sido ése el talante de la Unión Europea que tomó la decisión de no finananciar la traída de aguas desde Yesa a Zaragoza, por detectar inviabilidades técnicas y ambientales.

La CHE: el caballo de Troya
La política hidráulica llevada a cabo en Aragón en los últimos años ha obedecido a criterios establecidos en Madrid, cuyo objetivo ha sido "convencer" a los poderes fácticos aragoneses de la necesidad del trasvase al Levante. Para vencer la "irracional" tozudez respecto al agua y la actitud de perro del hortelano aragonesas; la moneda de cambio han sido las grandes obras del Pacto del Agua y la reventa de las concesiones. Sin duda, la pieza maestra de esa estrategia ha sido el trasvasista Pacto del Agua, defendido compulsivamente por las principales fuerzas políticas. Ni las cortes ni el gobierno regional han aportado nada en la construcción de un modelo hidrológico propio, adecuado a las necesidades reales de nuestra autonomía, que no pasan por las grandes obras (como la Unión Europea ha avisado con Yesa), ni por la Ley de Riegos de ¡¡1915!! (recorte europeo en Monegros para las ZEPAS) y menos aún, por el enfrentamiento entre montañeses y regantes. Más bien pasan por la modernización del regadío, por la construcción de las obras menores del Pacto del Agua (las más útiles para la escala regional), el aprovechamiento de los valores escénicos de los ríos y el pago de la deuda histórica del estado para con el territorio pirenaico. Trabajar a pequeña escala, en definitiva.
Sin embargo, las instituciones autonómicas no han sido capaces de centrar la cuestión en los intereses reales de la región, abandonándose al planteamiento formulado por los grandes intereses estatales (o resultando arrollados por ellos), que no era otro que el trasvase de 1000 Hm³ al Levante.
Como consecuencia de esta disfunción, en la práctica, la política hidráulica que la CHE viene realizando no ha satisfecho las necesidades reales de la región, más bien al contrario ha tenido efectos ambientales, sociales y económicos negativos. Así, el embalse de El Val, prácticamente terminado desde hace dos años aún no ha entrado en funcionamiento y lo que es peor: nadie en Aragón lo demanda. Eso sí, ha generado un fuerte conflicto social y ha destruído un valioso enclave natural en el entorno del Parque del Moncayo. El embalse de Montearagón sigue en su via crucis particular. La elevación de aguas del Matarraña ha resultado inútil, pero ha hecho mucho daño. San Salvador, utilísimo para el Canal de Aragón y Cataluña sigue parado. Las canalizaciones de los ríos siguen destruyendo el patrimonio natural de la región. La UE les enmienda la plana en Monegros y en el abastecimiento a Zaragoza desde Yesa. En Santaliestra se ponen a hacer estudios geológicos básicos después de aprobar el proyecto. Las negligencias de Biescas se esconden debajo de la alfombra.
¿Por qué las instituciones aragonesas permiten que la CHE nos trate así? ¿Es que no se dan cuenta de que tenemos el caballo de Troya dentro, que ha ganado la batalla del trasvase y no ha permitido que organicemos nuestra propia política hidráulica?