OPINIÓN

Desde que el 5 de septiembre pasado el ministro de Medio Ambiente, don Jaume Matas, presentó el Anteproyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional se ha reactivado el permanentemente vivo debate social y político en torno al agua. Para reflexionar sobre el conflicto hidráulico conviene primero identificar a sus verdaderos protagonistas y definir los intereses y propósitos que les mueven. El conflicto se está produciendo a dos escalas espaciales/administrativas: el estado español y la comunidad autónoma aragonesa, con los soportes legales respectivamente del Anteproyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN, en adelante) y del Pacto del Agua (PA).

A nivel español la propuesta del PHN de trasvasar 1000 Hm³ de la cuenca del Ebro al litoral mediterráneo ha reeditado el enfrentamiento entre las instituciones aragonesas y las estatales con antecedentes en los años setenta y noventa. Aragón se siente expoliada por el estado si es obligada a ceder sus recursos hídricos a las regiones mediterráneas, más prósperas. A nivel aragonés la propuesta del PA de grandes embalses en el Pirineo activó el ya duro enfrentamiento entre ayuntamientos y asociaciones de la montaña con las instituciones autonómicas. El Pirineo se siente expoliado por el estado y por las instituciones aragonesas si es obligado a ceder sus fondos de valle y sus ríos para regular el agua que se genera en sus ecosistemas.

Ambos conflictos no son independientes, como trata de defender el actual gobierno de Aragón PSOE-PAR, sino que se trata de un único conflicto con varios actores. En efecto, el objetivo es la apropiación del agua generada en el Pirineo, territorio donde se produce y almacena el recurso. Y hay dos grupos de interés, liderados por el Ministerio de Medio Ambiente y por el Gobierno de Aragón, que ambicionan el agua pirenaica. Hay pues un conflicto entre los gobiernos de Aragón y de España por la apropiación del agua y de los fondos de valle de la cordillera, y otro de los pirenaicos frente a ambos gobiernos por la defensa de la integridad de su territorio. Valga el siguiente pensamiento de A. Estevan (1999) para ilustrar la naturaleza del problema: “La confrontación ecológica no es una cuestión de técnicas productivas, y ni siquiera de comportamientos individuales, sino un aspecto más de la eterna confrontación social. Al hacerse los recursos naturales más escasos, la confrontación social por la apropiación de la riqueza y el poder se recrudece en el terreno de la Naturaleza, en lugar de seguir centrándose esencialmente en el ámbito de lo político-institucional y lo económico-monetario”.

Los intereses que defienden ambos grupos son complejos y en parte desconocidos para el autor, aunque de forma sumaria se resumirían así: el gobierno de España apuesta por poner a disposición de los empresarios levantinos 1000 Hm³ de agua como elemento clave para el crecimiento económico con repercusiones directas sobre el PIB, según el modelo vigente. El trasvase como dinamizador del regadío intensivo, del sector turístico, del urbanismo. El trasvase como impulsor de la obra pública, como consumidor de energía. Parece obvio que hay además intereses electorales e incluso puede estar presente el revanchismo político hacia Aragón tras la pérdida del gobierno autonómico. En definitiva, se prima el valor productivo del agua por encima de los demás, para lo cual lo correcto por parte de la administración es aumentar la oferta del recurso a disposición del empresario. Desde el punto de vista político, para sumar fuerzas de Aragón, el PP modificó el año 1999 la Ley de Aguas permitiendo la compra-venta de los derechos concesionales de agua entre usuarios. Ello permitirá a los regantes aragoneses vender a los levantinos sus concesiones una vez que esté aprobada la Ley del PHN, deviniendo en aguatenientes. Esta ha podido ser una de las razones que hayan influido en el apoyo que desde las directivas de las Comunidades de Regantes aragonesas se está dando al PHN.

El gobierno de Aragón, por su parte, aspira a poner a disposición de los empresarios del valle del Ebro 1500 Hm³ de agua con una justificación económica equivalente a la anterior, aunque más débil desde el punto de vista del mercado, dada la menor rentabilidad del regadío de interior frente al mediterráneo y su dependencia de las subvenciones europeas. También hay intereses electorales en llevar el agua a las zonas más pobladas y, en el caso del PAR, en mantener la bandera del regadío para el secano aragonés como seña de identidad, en época de crisis. Como baza política adopta el victimismo, reivindicando los regadíos de 1915, y utiliza el sentimiento aragonesista y el reagrupamiento social que provoca el trasvase en Aragón como arma para conseguir sus ambiciones sobre el agua pirenaica en su enfrentamiento con el poder central. El horizonte previsible, hacia el que empujan los principales poderes fácticos locales, es el de la aceptación de un trasvase de menor envergadura a cambio de infraestructuras. Es decir, el reparto del agua pirenaica entre el Ministerio de Medio Ambiente y la DGA.

La oposición del Pirineo a ceder más fondos de valle en aras del interés general surgió en un primer momento del instinto de supervivencia de algunos ayuntamientos (Campo, Artieda, Biscarrués) y se fue dotando de contenido conceptual merced a la interacción entre los vecinos afectados y personas del mundo académico y técnico (COAGRET) y político (Chunta Aragonesista). El resultado es la generación de un consistente movimiento ciudadano en el Pirineo que bajo el lema “Por la dignidad de la montaña” promueve la defensa de la integridad del territorio y su desarrollo sostenible. Como alternativa al enfoque gubernamental estructuralista, basado en el incremento incesante de la oferta, la adjudicación discrecional de concesiones y su compra-venta y en la fuerte subvención del agua, se ha elaborado el concepto de Nueva Cultura del Agua, cuyos principios han sido desarrollados ampliamente por Martínez Gil (1997), entre otros. En síntesis La Nueva Cultura del Agua propugna una explotación ecológicamente sostenible del recurso, lo que implica la conservación de su calidad tras ser utilizado, así como la de los ecosistemas, sociedades y territorios en que se genera y se consume. Ello mediante el equilibrio entre la construcción de infraestructuras (necesarias para mejorar la disponibilidad del recurso y el control de avenidas) y la conservación de los servicios ambientales proporcionados por los ecosistemas, que se ven siempre afectados por los impactos ambientales de las infraestructuras. Asimismo aboga por la introducción de la racionalidad económica en su gestión (asunción de los costes reales por los usuarios, internalización de las externalidades, etc.), por la implementación de las nuevas tecnologías, especialmente para mejorar la eficiencia y el ahorro en su uso, y por cambios jurídicos en el funcionamiento del régimen concesional y en la democratización de los órganos de gestión.

Desde el punto de vista político, el PHN pone de manifiesto las notables carencias existentes en España en materia de coordinación institucional (Romero, 2000). En efecto, el marco de decisión política para abordar el PHN debería haberse situado en un ámbito competencial más amplio que el del gobierno central y habría exigido la co-responsabilidad entre las CCAA y gobierno central. Sin embargo, éste último ha adoptado una serie de decisiones políticas de forma unilateral, aparentemente con el objetivo de que cada comunidad afectada haga lo que tenía previsto, en un intento fracasado de contentar a todos. Entre las principales decisiones políticas del gobierno del PP se encuentra la de trasvasar agua desde la cuenca del Ebro pero sin cuestionar su Plan de Cuenca, es decir, sin recortar las 400.000 hectáreas de regadío previstas; la de incluir un mecanismo de compensación económica para la cuenca cedente del Ebro; y la de fijar un precio medio del agua de 52 ptas/litro para las cuencas receptoras a sufragar por el conjunto de la ciudadanía del país.

En relación al plano institucional europeo, el borrador del PHN no se encuentra en sintonía con la nueva Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE), principalmente en lo concerniente a los criterios ambientales y económicos que inspiran a ambos. La conservación y restauración de la funcionalidad ecológica de los sistemas acuáticos es el objetivo prioritario de la gestión hidráulica promovida por la directiva para lo cual se establece una metodología y unas obligaciones, ausentes en la planificación española. Asimismo se obliga a realizar la evaluación ambiental de los grandes planes, de la cual también carece el borrador español, aunque ya ha sido exigido por la comisaria europea de turno.

Las diferencias son profundas en el enfoque, pues la sostenibilidad, principio básico sobre el que se asienta la directiva siguiendo las instrucciones del tratado de Amsterdam, es calificada en el borrador del PHN como un concepto emergente y que en última instancia no es sino uno de los aspectos del concepto más general de desarrollo sostenible (Jiménez Beltrán, 2000).

En el terreno económico, la directiva exige rigor en el concepto de demanda en cuanto a los usos productivos asumiendo el principio de la Recuperación Integra de los Costes (Full Cost Recovery) de manera que la agricultura y la industria van a tender a pagar el agua que usan. Y va más allá al plantear la necesidad de introducir en el precio o tarifa del agua el llamado Valor de Oportunidad o de Escasez, en lugares en que los requerimientos de agua superen su disponibilidad (como la cuenca del Segura), lo cual ocasionará un incremento directo del precio del agua. Este enfoque desmorona el concepto de déficit estructural, base sobre la que se asienta el trasvase, ya que el efecto de incorporar el Valor de Oportunidad no es otro que hacer subir los precios hasta un nuevo punto en el que la oferta y la demanda se tiendan a equilibrar (Arrojo, 2000).

La falta de adecuación del PHN a la Directiva Marco Europea puede constituir uno de los puntos más débiles del mismo si, por ello, la financiación comunitaria de las obras del trasvase y de otras del PHN puede verse impedida como ya ha sucedido con el abastecimiento a Zaragoza.

Desde un punto de vista conceptual, diversos autores han coincidido en que el anteproyecto no constituye un auténtico PHN sino más bien un anteproyecto de trasvase, pues no consiste en un conjunto integrado de medidas enmarcadas en unas directrices de política territorial nacional, que analice escenarios futuros para los sectores agrario, turístico, energético, etc. y soluciones alternativas a la gestión del agua en cada cuenca. Al estar sesgado hacia el trasvase del Ebro algunos autores han encontrado signos evidentes de tendenciosidad. Así López Vera (2000) se refiere a ”manipulación de los datos técnicos” en concreto por sobrevaloración de los déficits hidráulicos del Júcar y cuencas internas de Cataluña e infravaloración de los déficits de la cuenca alta del Guadiana, Guadalquivir y cuenca Sur (Almería). Arrojo denuncia ”prevaricación técnica” en el análisis coste-beneficio y Jiménez Beltrán ”tergiversación del instrumento y método de las evaluaciones de impacto ambiental”.

Hay coincidencia general en señalar como muy grave la ausencia de una ordenación y planificación previas del regadío, especialmente en las cuencas receptoras del trasvase. La aprobación del Plan Nacional de Regadíos (PNR) parece requisito previo imprescindible para acometer el PHN, por ser este sector el consumidor del 80% del agua en España. Los borradores de PNR elaborados por el PSOE en su día y actualmente por el PP prevén un aumento de la superficie de regadío en 200.000 Ha que es sólo el 20% del previsto por los planes de cuenca y el propio PHN (1 millón de Ha). La explicación a este sorprendente desfase se encuentra en que el PNR sigue los criterios dictados por la Unión Europea para la PAC, en tanto que los planes de cuenca recogieron todas las demandas ¿apetencias? de los usuarios.

Por otro lado parece imprescindible que el PHN considere la fallida experiencia del trasvase Tajo-Segura para evitar que se genere una nueva espiral de crecimiento desordenado e insostenible del regadío ante el anuncio de transferencia de caudales externos que conlleve la sobreexplotación de los recursos hídricos y edáficos. Aunque sólo se han llegado a trasvasar 300 Hm³ de los 1000 Hm³para los que se construyó la obra, en 20 años se transformó en regadío casi el doble de la superficie planificada (74%), lo que obligó a legalizar 37.000 Ha por encima del máximo previsto. Esto, unido a la proliferación de pozos ilegales a la espera de aguas del trasvase, ha llevado a la sobre-explotación de los acuíferos, multiplicando el déficit que pretendía resolver el citado trasvase. Este desgobierno, cuya solución debería constituir la prioridad del PHN, es generalizado. En Andalucía se estiman en más de 200.000 las Ha ilegales de regadío en el olivar; en el Campo de Dalías (Almería) se decretó la prohibición de perforar nuevos pozos a principios de los ochenta cuando había 9.000 Ha bajo plástico, hoy hay 30.000; en los acuíferos 23 y 24 de la Mancha, declarados sobre-explotados continúa abriéndose pozos a diario, etc.

La inconsistencia económica del PHN, desgranada por el profesor Arrojo, se manifiesta en varias cuestiones. En primer lugar, la estimación del valor de oportunidad de los caudales urbanos es errónea, pues se presenta la desalación de agua del mar como fuente alternativa más barata, cuando lo son las aguas de regadío: 25-30 ptas/m³ frente a 90 ptas/m³ de las desaladoras. La rectificación de este error hace que el balance pase de ser positivo en 700.000 millones de pesetas a ser negativo en 300.000 millones. El error de tomar como beneficio de la actividad agraria el Valor Añadido Neto implica considerar los costes laborales como beneficios. Por otro lado, entre los costes estimados del trasvase hay olvidos importantes, como los de las obras de regulación, la compensación económica a ENHER, propietaria del salto de Mequinenza, y la depuración de aguas en origen. Los costes de inversión también han sido infraestimados en un 10 % al considerarse un período de amortización de 50 años en vez de 25 para las balsas e instalaciones de bombeo. Finalmente, se elude el análisis de costes y beneficios marginales, refugiándose en los costes medios del agua para todo el Levante (53 ptas/m³), evitándose el análisis modular que llevaría a identificar un precio en torno a las 100 ptas/m³ en Murcia y Almería, por encima del de la desalación. Como conclusión, el profesor Arrojo estima el V.A.N. del trasvase negativo en 400.000 millones de pesetas, sin contar con los tradicionales desfases en la ejecución de la gran obra pública.

Las críticas al contenido ambiental del PHN han sido profundas. Jiménez Beltrán (2000), director de la Agencia Europea de Medio Ambiente, considera que no se ha realizado un verdadero análisis ambiental, pues no se han planteado alternativas (incluida la de no hacer el trasvase) con sus correspondientes medidas para seguir satisfaciendo los objetivos del proyecto, ni se ha realizado una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del conjunto de infraestructuras, sino que el borrador remite a la EIA individualizada de cada actuación e incluso de cada tramo de actuación, lo que constituye una ”práctica abusiva”, en el argot técnico.

Sin embargo esta falta de rigor ambiental en la política hidráulica del ministerio no es novedosa, sino habitual. Nicolau (2000) ha señalado cómo la tramitación de la EIA de las presas pirenaicas, piezas claves para el trasvase, ha sido notablemente irregular. Las Declaraciones de Impacto Ambiental del recrecimiento de Yesa y de las presas de Santaliestra y Biscarrués tuvieron que ser firmadas por los cargos políticos ante la negativa de los técnicos a hacerlo. Las dos primeras tienen presentados y admitidos a trámite recursos jurídicos por la vía penal en los que van a comparecer altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente y de la CHE acusados de prevaricación. En el caso de Yesa, la Unión Europea por dos veces ha denegado al gobierno español la subvención de 16.000 millones de pesetas solicitada para las obras de abastecimiento de agua a Zaragoza por considerar que el recrecimiento no es ambientalmente viable. Ello constituye una muestra de la enorme distancia que separa a la administración europea de la española y aragonesa en materia ambiental.

Llegados a este punto, permítaseme extenderme en enfatizar la trascendencia que tiene para nuestra sociedad la conservación y restauración de la naturaleza o, visto desde un punto de vista más antropocéntrico, de los bienes y servicios ambientales que recibimos de la misma, algo que ha sido asumido por la administración europea, pero todavía no por la española.

Existen razones materiales, de supervivencia, por las que nuestra sociedad debería de conservar y restaurar lo que se denominan bienes y servicios de la Naturaleza. En efecto, el bienestar de nuestra sociedad se sustenta en los servicios que nos presta la tecnología (telecomunicaciones, transporte, energía, sanidad, etc.) pero también -y en primer lugar- en los que nos prestan los ecosistemas. Los servicios de los ecosistemas son aquellas funciones de los mismos que la sociedad considera beneficiosas porque contribuyen al bienestar humano. Por ejemplo, el mantenimiento del equilibrio de gases de la atmósfera, que la hace respirable; la regulación del clima -temperatura, precipitaciones- que lo hace saludable. Los ecosistemas naturales también nos ayudan porque nos aportan agua de calidad y controlan las crecidas de los ríos y sirven para convertir la radiación solar en la biomasa que nos da alimentos, madera, leña y fibras. Porque reciclan los residuos orgánicos, reducen la erosión del suelo, inmovilizan los contaminantes y controlan los agentes patógenos, permitiéndonos así gozar de un entorno saludable. Vital resulta también la biodiversidad que constituye una reserva de alimentos, fármacos, materias primas, que nos provee de los organismos polinizadores que fecundan las cosechas. ¡Y qué decir del disfrute, el sosiego y el equilibrio psicológico que nos dan los paisajes naturales! Una estimación conservadora y preliminar del valor monetario de los bienes y servicios que nos presta la Biosfera cada año los cifra en 33 trillones de dólares, casi dos veces el PIB mundial.

El problema surge porque la tecnología ocasiona inevitablemente un cierto impacto ambiental que a veces nos priva de algunos de los servicios recibidos de los ecosistemas. Por ejemplo, podemos aumentar la producción agrícola aplicando técnicas, maquinaria, fitosanitarios y abonos químicos de la agricultura más avanzada. Pero hacerlo lleva aparejada una menor disponibilidad de otros servicios de igual o mayor importancia como son la calidad del agua, el control de avenidas, la biodiversidad controladora de plagas y proveedora de insectos polinizadores o el control de los niveles de dióxido de carbono.

La solución, sin duda, pasa por encontrar un equilibrio entre la aplicación de tecnología -que ahora se hace de forma compulsiva- y el mantenimiento de los servicios ecológicos. Ahí radica la clave del desarrollo sostenible, que no se ha planteado el PHN, pues su apuesta es por el uso masivo de una tecnología anticuada (presas y trasvases) para mejorar la disponibilidad de agua regulada que, como contrapartida, nos privaría de servicios ambientales básicos, los cuales no han sido evaluados previamente.

El PHN califica la cuenca del Ebro como excedentaria (concepto que carece de sentido físico o ecológico) y realiza una cuantificación de tales caudales excedentes carente de rigor. En dicha cuantificación no se han valorado suficientemente las consecuencias hidrológicas del cambio climático, como tampoco las de los cambios de usos habidos en la cuenca del Ebro en las últimas décadas, responsables del descenso de caudales registrado en diversas estaciones de aforo. Dicho descenso se atribuye erróneamente al incremento del regadío, cuando también se ha detectado en cuencas donde no ha habido incremento, y parece estar ocasionado por la recuperación de la cubierta vegetal sucedida en las últimas décadas, la cual consume el agua del suelo emitiéndola a la atmósfera al transpirar (Francesc Gallart, comunicación personal).

Más notable y predecible es el efecto del cambio climático sobre la disponibilidad de caudales que el borrador analiza en un plazo muy corto (20 años), cuando el plazo de amortización de las obras es de 50. El análisis que ha llevado a cabo el profesor Ayala (2000) concluye que esos teóricos excedentes muy probablemente desaparecerán en las próximas décadas. Según las predicciones del Instituto Meteorológico Nacional, el cambio climático provocará para mediados del siglo XXI un aumento de la temperatura media anual de 2-2.5ºC y disminuciones de las precipitaciones del 17% en el Sur y 2% en el Norte. Tanto la reducción de las precipitaciones como el aumento de la temperatura conducen a una reducción de los recursos hídricos, que se estima del 17% de media para el conjunto del país para el año 2060 (del 34% en la cuenca del Guadalquivir y 22% en el Júcar). Por otra parte, el consumo de agua en el regadío se incrementa cuando aumenta la temperatura y disminuyen las precipitaciones. La conclusión a que llega Ayala es que en la cuenca del Ebro los actuales excedentes cifrados en 5.200 Hm³ se verán reducidos a 3.092 Hm³ en el año 2040 y a 2.006 Hm³ en el 2060 por lo que el trasvase de 1.000 Hm³ al Levante no sería viable.

El trasvase de 1.050 Hm³ hacia la costa mediterránea afectaría principalmente a dos territorios, el Pirineo y el Delta del Ebro, precisamente aquellos cuya dependencia de los servicios prestados por su medio natural es más directa y evidente.

Gracia Santos (2000) ha confirmado con datos del propio PHN la afirmación que don Ramón Sáinz de Varanda hiciera en los años setenta en relación al proyecto del embalse de Berdún, en el sentido de que los caudales a trasvasar al Mediterráneo procederían de los embalses previstos en el Pirineo.

En efecto, en el PHN se indica que el agua para el trasvase se tomará del embalse de Mequinenza y reconoce que sería necesario realizar regulaciones en la cuenca cedente (la del Ebro) cuyo destino, al menos en parte, sería el trasvase: “cuanto mayor sea la regulación en origen, menores dimensiones tendrá la conducción y los posibles embalses de regulación en destino, que incluso podrían llegar a suprimirse”.
Aunque en diversas declaraciones el ministro de Medio Ambiente ha indicado que el trasvase se haría “simplemente aprovechando algo la regulación de Mequinenza y el agua se almacenaría en las cuencas receptoras durante el invierno”, según los datos del borrador del PHN, Mequinenza no podría satisfacer la demanda de 1.000 Hm³/año en 12 de cada 56 años. De hecho, en el texto se señala que una buena parte de los regadíos previstos en el Valle del Ebro no se llevarán a cabo, aumentando así la disponibilidad de reservas a trasvasar, lo cual “representa un margen de seguridad”. Por otro lado, Mequinenza es un embalse hidroeléctrico, por lo que para cambiar su uso, habría que compensar económicamente a la empresa que posee la concesión (ENHER), lo cual no está contemplado en los cálculos efectuados sobre el coste del agua trasvasada.

El recrecimiento de Yesa, Santaliestra, Biscarrués y Jánovas (e Itoiz, inicialmente) serían los almacenes de agua para el trasvase. Por ello propiamente habría que referirse al trasvase del Pirineo más que del Ebro.

El Pirineo ya resultó intensamente afectado por los embalses construídos en las décadas pasadas para la puesta en servicio de los grandes planes de regadío del Valle del Ebro: Bardenas I, Monegros y Canal de Aragón y Cataluña y para la producción hidroeléctrica. Entre los principales bienes que se perdieron se encuentran la propia población, con su entorno cultural, pues sobre 4.000 personas fueron desalojadas de sus casas y 30 pueblos tuvieron que ser abandonados. También los fondos de valle, de los que se inundaron entre 8 y 9 mil hectáreas. Éstos constituyen un espacio limitante en los territorios de montaña por su capacidad de albergar los servicios y comunicaciones y las cabeceras de comarca, por su productividad agropecuaria y su capacidad de articular el valle en su conjunto. Se puede acuñar el término de Sobrarbización en referencia a la comarca del Sobrarbe que posee una de las densidades demográficas más bajas de Europa como consecuencia directa de la pérdida de los fondos de valle que ocuparon los embalses de El Grado, Mediano y que expropió Jánovas. Entre los bienes naturales desaparecidos destacan una docena de cañones fluviales y decenas de kilómetros de bosques de galería cuya contribución a la depuración y regulación de las aguas, así como la derivada de sus elevados niveles de biodiversidad y de su valor paisajístico resultaban notables. El régimen hídrico y de sedimentos de la cuenca del Ebro quedó drásticamente transformado, lo que ha tenido importantes consecuencias sobre el Delta del Ebro como más adelante se comenta.

La previsión del PHN es la construcción de 6 grandes obras de regulación más en el Pirineo: el embalse de Itoiz en el río Irati en Navarra, el recrecimiento de Yesa en el Aragón, Biscarrués en el Gállego, Jánovas en el Ara, Santaliestra en el Ésera y Rialp en el Segre, este último recientemente puesto en servicio. Esto supone en el caso de Aragón la inundación de 4.500-5.000 Has de fondo de valle. Afecciones a 12 localidades de las cuales se inundarían Sigüés en Yesa, Erés en el Gállego, Ligüerre y Javierre en Jánovas, según la cota. En el valle del Irati se inundarían 1.145 Ha afectándose a 15 pequeños núcleos de población de ellos 8 inundados. En el Mig Segre, Lérida, Rialp inunda 5.000 Has. Se ven afectadas 6 localidades, 2 de ellas inundadas.

De llevarse a cabo estas actuaciones se agudizarían algunos de los efectos anteriores, sobre los cuales la sociedad actual tiene una nueva perspectiva. El desalojo de poblaciones nativas es rechazado de plano en los países de nuestro entorno pues la sensibilidad hacia el sufrimiento humano, el desarraigo y la pérdida de identidad que comporta es muy superior en nuestra sociedad en relación a décadas pasadas. La inundación de fondos de valle tendría efectos dramáticos para el Sobrarbe por la inundación en Jánovas y constituiría un paso hacia la sobrarbización de La Jacetania de recrecerse Yesa al crearse un vacío demográfico de 40 kilómetros entre Sangüesa y Puente La Reina, dejando aislados a los valles de Ansó y Echo. Un hecho relevante y novedoso respecto a los embalses ya construídos es el riesgo geológico que comportan las presas de Santaliestra, Yesa e Itoiz, de consecuencias catastróficas para la seguridad de los pobladores aguas abajo, según los informes técnicos realizados por la universidad de Zaragoza y técnicos independientes del máximo prestigio. El valor escénico y paisajístico de los ríos proporciona un rendimiento económico que no se producía anteriormente. Es el caso de los ríos Ésera y Ara y, especialmente del río Gállego, amenazado por la presa de Biscarrués, que ha generado una importante actividad económica en la comarca por la afluencia de 20.000 practicantes de deportes de aventura al año. También hay una mayor sensibilidad por el patrimonio cultural, de gran valor en la ribera de Jánovas y en el valle del Aragón, donde se inundarían 22 km del Camino de Santiago con sus bienes inmuebles. En relación al patrimonio natural, los tramos de ríos que se perderían poseen las características requeridas para ser catalogados como Lugares de Interés Comunitario (LICs) en el marco de la Directiva Hábitats de la Unión Europea, por conservar comunidades de ribera incluidas en la lista de la directiva en buen estado de conservación. El río Ara es el río pirenaico más largo en régimen natural, el río Gállego posee el enclave de los Mallos de Riglos y el Aragón la Foz de Sigüés, ambos de alto valor paisajístico y ecológico por su niveles de biodiversidad. El gobierno de Aragón, contraviniendo los criterios técnicos, ha excluido precisamente estos tramos de la lista de LICs por solaparse con las superficies afectadas por los proyectos hidráulicos.

En definitiva, los embalses proyectados en el Pirineo Aragonés limitarían notablemente la viabilidad de este territorio al inutilizar 5.000 Ha de fondo de valle importantes para la articulación del Sobrarbe, La Jacetania y La Galliguera. Pondrían en riesgo la seguridad de vidas humanas aguas abajo de las presas de Santaliestra y Yesa, amenazando a localidades tan importantes como Graus y Sangüesa. Destruirían tramos de ríos de alto valor paisajístico cuya explotación turística constituye en la actualidad una importante actividad económica. Alterarían comunidades naturales y cañones fluviales de alto valor ecológico y riqueza en biodiversidad con categoría para ser Lugares de Interés Comunitario. Destruirían un relevante patrimonio cultural, básico para el mantenimiento de la identidad pirenaica. Finalmente, el desalojo y desarraigo de poblaciones nativas (500 personas) en contra de su voluntad produciría un sufrimiento humano de alcance difícilmente evaluable, que en los países de nuestro entorno no resulta ya socialmente aceptable.

3.3. Los riesgos sobre el Delta del Ebro
La Universidad de Barcelona ha estudiado en profundidad la dinámica del delta del Ebro tras la construcción del embalse de Mequinenza y ha identificado los efectos que tendría una disminución de los aportes líquidos y sólidos a causa del trasvase (Ibáñez et al., 1999). La desaparición de la mitad de la superficie de la llanura deltaica al quedar por debajo del nivel del mar, la salinización de los acuíferos, la contaminación del agua del río Ebro y las pérdidas pesqueras reducirían notablemente la viabilidad socioeconómica de este territorio que depende muy directamente de los servicios ambientales que presta el río Ebro.

La supervivencia física del delta depende de la llegada de sedimentos del río. Su disminución desde la construcción del embalse de Mequinenza está ocasionando la regresión del delta por dos fenómenos: la erosión del mar en su extremo y el hundimiento del cuerpo del delta por compactación. La regresión de la línea de costa se agravaría con el trasvase al llegar menos sedimentos. En realidad el delta no pierde superficie sino que cambia su forma, poniendo en peligro las zonas naturales y agrícolas junto a la desembocadura. Más grave es la pérdida de elevación de la llanura deltaica por la compactación del terreno. La mitad del delta ya está a la altura del nivel del mar por esta razón. El delta pierde al año cinco milímetros de elevación (tres debido a la compactación y dos por la subida del nivel del mar por el calentamiento global). En cien años la mitad de la llanura estaría medio metro por debajo del nivel del mar. Para compensar la regresión es necesario favorecer los aportes de materiales al delta: finos para compensar la regresión en su extremo y gruesos (mediante la producción de crecidas artificiales) para compensar la pérdida de elevación.
La calidad del agua del río y de los acuíferos se vería afectada drásticamente, en lo que se conoce como fenómeno de intrusión marina. La entrada de agua salada por el estuario es un fenómeno natural que se ha acentuado a medida que se reducía el caudal del Ebro en los últimos decenios. Se forma la denominada cuña salina, lengua de agua marina que remonta el río por debajo del agua dulce hasta 32 km aguas arriba. La disminución de caudales por los 1.000 Hm³trasvasados se espera que mantenga la cuña salina 9 meses al año en vez de los 6 actuales. Pero en años secos este fenómeno duraría más tiempo, pues ya en 1989 la cuña salina permaneció formada más de 20 meses seguidos. Cuando el agua salada permanece mucho tiempo desaparece la actividad biológica en el fondo del río por falta de oxígeno. Además se salinizan los pozos cercanos al río, lo que afecta a los cultivos, principalmente de cítricos.

La producción pesquera en el litoral es otro servicio ambiental que se vería afectado. En efecto, el agua dulce que lleva el río produce la fertilización del mar, al aportar nutrientes (nitrógeno, fósforo) que hacen crecer el plancton, base de la vida marina, del que depende especialmente el pescado azul. Además las turbulencias que produce el flujo de agua dulce que desagua en el mar favorecen que afloren desde el fondo del mar aguas ricas en nutrientes. En la bahía se ha desarrollado una rica acuicultura (ostras, mejillones) que, de no garantizarse el caudal de agua, disminuirá también su producción.

Como se ve, la conservación del delta del Ebro como un sistema de alto valor ecológico y económico depende de los aportes del río. El PHN aborda esta cuestión utilizando abundante información cuantitativa pero con un nivel de auto-exigencia muy bajo, hasta el punto de que acepta la degradación ocasionada por el trasvase porque se superpone a otra mayor existente (la que ocasionó Mequinenza), en vez de fijarse como objetivo mejorar el estado del delta como ecosistema de relevancia internacional.

Epílogo

La crítica que se ha realizado en estas líneas sobre el borrador de PHN presentado por el partido popular conduce a calificarlo de conceptualmente obsoleto, con graves incorrecciones técnicas, dirigido hacia la justificación a toda costa del trasvase desde la cuenca del Ebro hacia el arco mediterráneo. Da la impresión de que el PP trata de colar una actuación que sabe anticuada y contraria a las directrices de la Unión Europea antes de que la Directiva Marco de Agua sea de obligado cumplimiento en España dentro de 10 años. Es previsible que una parte del PHN no pueda llevarse a la práctica por limitaciones de la UE pero, de aprobarse la ley del PHN, el estado se vería obligado a resarcir económicamente a los concesionarios de agua de las cuencas expectantes que vieran defraudadas sus expectativas de recibir agua del trasvase.

En relación al gobierno de aragonés se advierte una invocación compulsiva al Pacto del Agua en pos de la construcción de los grandes embalses del Pirineo y del poder político que proporcionan sus caudales. Se echa en falta la necesaria relectura del Pacto del Agua y la utilización de la cuota de autogobierno para emplear por fin el agua en atender las necesidades reales del país, reduciendo los desequilibrios territoriales, conservando y restaurando los servicios ambientales que recibimos de nuestros ecosistemas y teniendo el diálogo y el entendimiento montaña-regantes-Zaragoza por bandera.

Ello implicaría poner el énfasis en la financiación de la modernización del regadío para hacerlo más competitivo de cara al mercado abierto que se avecina, así como en incrementar la regulación de caudales ejecutando las obras menores del Pacto del Agua sobre las que ya hay consenso y promoviendo la regulación en tránsito en los polígonos de riego. Ni Yesa, ni Biscarrués, ni Jánovas, ni Santaliestra, ni Lechago tienen sentido no sólo por sus negativos efectos territoriales, sino por la falta de consenso social en torno a ello.

Finalmente, no habría que olvidarse de saldar la deuda histórica contraída con el Pirineo por su contribución al desarrollo de las comarcas de la Depresión del Ebro, sobrepasando su capacidad de acogida como territorio, lo que lo desvertebró. Al igual que de resarcir también a los territorios del regadío expectante en Monegros y Bardenas, prometido irresponsablemente por cohortes de políticos, y hoy inviable en amplias zonas por razones económicas y ecológicas.

Arrojo, P. 2000. Informe sobre el proyecto de Plan Hidrológico Nacional. Informe para el MIMAM.

Ayala, F.J. 2000 Informe sobre el proyecto de Plan Hidrológico Nacional. Informe inédito para el MIMAM.

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