| OPINIÓN |
El
Mundo, miércoles, 11 de octubre de 2000
CRISTINA NARBONA
Agua y demagogia
Bajo una apariencia de gran rigor técnico, y acompañado de declaraciones altisonantes y retóricas, el Gobierno ha presentado, en realidad, un conjunto de alternativas de trasvases hacia el litoral mediterráneo, como núcleo principal de su propuesta de Plan Hidrológico Nacional.
Los esfuerzos desmedidos por demostrar que, entre esas alternativas, la más viable es la que comporta la extracción anual de 1000 hm de agua desde el entorno del Delta del Ebro, contrastan con el casi nulo esfuerzo empleado en diseñar un Plan Hidrológico Nacional (PHN) que se base, de verdad, en una adecuada gestión de la demanda del agua en toda España y que sea coherente con el escenario trazado por la recién aprobada Directiva europea.
De hecho, el contenido de esta Directiva supone una apuesta rotunda por una política de agua definitivamente asentada sobre una correcta gestión integral del recurso en cada cuenca -garantizada por la intervención pública- así como por un auténtico compromiso ambiental en esta materia a nivel europeo; y, desde luego, el Gobierno del PP ha dado muestras hasta ahora de lo lejos que están sus planteamientos de este enfoque.
Buena prueba de ello son las modificaciones normativas llevadas a cabo por el PP, que reducen considerablemente el control público sobre la gestión de los recursos hídricos: introducción de la posibilidad de mercados privados de derechos del agua, vaciamiento de funciones y de medios de las Confederaciones Hidrográficas mediante la creación de la Sociedades de Aguas, que trasladan a la iniciativa privada el ámbito de decisiones relativas a la política del agua.
Tampoco aparece el Gobierno del PP como un adalid de los compromisos ambientales en esta ni en otras materias. España está incumpliendo todas las Directivas europeas relativas a la calidad del agua, sin que se vea la menor medida que garantice a medio plazo la mejora de problemas graves, como la contaminación difusa por nitratos o la deficiente potabilización de las aguas en casi la mitad de los núcleos urbanos.
El PP llegó al poder en 1996 cargado de promesas sobre la regeneración democrática, y la superación de los errores cometidos por el PSOE. Cuatro años después el balance no es nada halagüeño en cuanto al uso de las instituciones y a la concentración del poder económico y mediático vinculado a procesos de privatización de empresas públicas: la política del agua del PP no es en absoluto ajena a estos procesos, aunque todavía no se vean sus resultados con la misma nitidez que en otros sectores. Pero ya se pueden comprobar las consecuencias en toda España de la drástica reducción de la inversión pública en todo tipo de actuaciones de política del agua -incluyendo la depuración, la modernización de regadíos, o la seguridad de los embalses-, a la espera de la consolidación de un marco propicio para la iniciativa privada cuyos elementos normativos ya están implantados. El Gobierno de Aznar ha presentado una propuesta de Plan Hidrológico Nacional poco apto para el siglo que comienza: más allá del reiterado debate sobre la transferencia de agua de unas cuencas a otras, poco hay en la propuesta que suponga un avance en cuanto a la racionalidad económica o a la prioridad ambiental respecto a propuestas del pasado, tan denostadas por el PP. ¿Dónde han quedado las soflamas de Loyola de Palacio y del propio Aznar, en contra de los trasvases y a favor de tecnologías de gestión del agua más modernas y eficientes? Por ejemplo, ¿dónde están los proyectos de desaladoras en Cádiz y en Málaga que el PP defendía en 1995 como alternativa a obras hidráulicas convencionales de mayor impacto ambiental?
Lo más curioso es que el PP pretenda enarbolar ahora la bandera de la solidaridad en el uso del agua, cuanto está demostrando, desde que gobierna, la escasa aplicación de dicho principio a la hora de diseñar su política fiscal con evidentes ventajas para los perceptores de rentas del capital y para los ciudadanos con niveles más elevados de ingresos en relación con el resto. Convertir el eventual trasvase desde el Ebro, -en el contexto general de la política del PP-, en la demostración del esfuerzo solidario impulsado desde el Gobierno es tan ridículo como la ardiente defensa que hace el PP del derecho de los propietarios del suelo a desarrollarlo cuando y como les convenga, en pro del abaratamiento de la vivienda.
En contra de lo que el PP vende en las comunidades autónomas supuestamente beneficiarias del trasvase de agua desde el Ebro -muy en particular en Valencia, donde la propuesta del Gobierno ha inflado el déficit a cubrir respecto a sus propios compromisos de hace un par de años-, no cabe esperar en aquéllas mejoras efectivas ni en la calidad ni en la cantidad de agua disponible, en un plazo suficiente como para evitar daños irreversibles.
El trasvase, de llevarse a cabo, tardará muchos años en aportar una sola gota de agua adicional al litoral mediterráneo; y, mientras tanto, las crecientes dificultades en el control público del uso del agua pueden haber situado las demandas en un nivel para el que resulten insuficientes las aguas trasvasadas.
Si queremos hablar con rigor de la opción del trasvase desde el Ebro, habrá que hacerlo con todos sus elementos. Por ejemplo, el coste real de la actuación y el consiguiente precio del agua. De los propios documentos aportados por el Gobierno cabe deducir que su coste será significativamente más elevado que la estimación presentada -700.000 millones de pesetas-, si se tienen en cuenta los costes adicionales para mejorar la calidad de las aguas extraídas del Delta del Ebro, clasificadas como no prepotables, así como para construir las necesarias infraestructuras de regulación a lo largo de la conducción.
Los estudios realizados por el Ministerio de Medio Ambiente (MIMAM) reconocen incluso el encarecimiento de la obra que se derivaría de la selección de los trazados de menor impacto ambiental, sin duda imprescindibles si se pretende solicitar fondos europeos para la cofinanciación del trasvase.
A mayores costes, mayor precio del agua que, desde luego, llegaría a Almería a precio análogo -o incluso superior- al de la desalación del agua de mar. ¿Tiene esto algún sentido? ¿A quién beneficia, de verdad, esta opción? Sin duda, a los constructores del trasvase y a la los suministradores de la energía eléctrica necesaria para el transporte del agua desde el Ebro hasta Almería.
El Gobierno, por otro lado, omite en su propuesta algunas respuestas convincentes para zonas con déficit hídricos distintas de las beneficiarias del trasvase. Por ejemplo, las áreas con déficit de la propia cuenca del Ebro, reconocidas hasta ahora en los documentos del MIMAM, a pesar de la catalogación de dicha cuenca como excedentaria. O el acuífero manchego del que se alimentan las Tablas de Daimiel, evidentemente sobrexplotado pero sin necesidades, según el Gobierno, de aportación externa alguna.
La mayor prueba de la demagogia de este proyecto de PHN es la negativa del Gobierno a analizar el Plan Nacional de Regadíos para valorar la coherencia de la política del agua con el escenario de su principal finalidad, dado que en España casi el 80% del agua la consume la agricultura.
Sin duda, si queremos avanzar hacia un planteamiento riguroso, el primer paso debería ser disponer de un Plan Nacional de Regadíos, en el que se describiera la realidad actual en cuanto a hectáreas regadas, legales o no, a su rentabilidad económica, a la eficiencia de cada tipo de regadío -se estima que poco más del 5% de los mismos aprovecha al máximo el agua que consume-, y estableciera las pautas a medio y largo plazo del desarrollo de los diferentes cultivos, teniendo en cuenta la evolución prevista de la Política Agrícola Común y la gradual apertura de las fronteras europeas a productos agrarios de terceros países.
Esta es una ocasión magnífica para que la sociedad española sepa algo más sobre cómo usamos el agua y cómo deberíamos hacerlo. Sería lamentable que el debate quedara sepultado por tópicos que acaban enfrentando sin razón a unas regiones con otras, en torno a una propuesta que supone, sobre todo, una formidable operación de imagen y una huida hacia delante que bien poco contribuirá a mejorar nuestras carencias en materia de agua.
Cristina Narbona es Secretaria
Federal de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del PSOE.
http://www.el-mundo.es/diario/2000/10/11/opinion/11N0030.html
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