| OPINIÓN |
El Mundo. Lunes, 19 de marzo de 2001
Desde el PSOE -pero también desde muchos otros ámbitos, incluidos los numerosos científicos cuya opinión ha censurado el Gobierno- creemos que el trasvase desde el Ebro obedece a razones poco defendibles. El ministro de Medio Ambiente se empeña en afirmar que el delta del Ebro no se vería afectado por la reducción de caudales derivada de la transferencia; pero, con todo respeto, creo que, en este caso, merece mucha más credibilidad el principal especialista en la materia, el profesor Narcís Prat, que votó en contra del PHN en el Consejo Nacional del Agua, y al que he tenido ocasión de oír, personalmente, exponiendo su preocupación por los graves efectos que comportará el trasvase en el delta del Ebro y que ningún dique prodigioso podría evitar. Este impacto, además, constituiría un claro incumplimiento de la directiva europea de política del agua, que obliga a recuperar -no sólo a no empeorar- el buen estado ecológico de los ecosistemas hídricos, incluyendo los costeros.
Supongamos, no obstante, que lo anterior no es cierto; que el delta puede sobrevivir razonablemente, y que es correcto hablar del Ebro como una cuenca con tanto caudal que puede ceder parte del mismo, sin mayor trastorno. Si estuviéramos en esa hipótesis -que no es cierta, de acuerdo con opiniones mucho más cualificadas que la mía- la pregunta sería: ¿Necesitan Cataluña, Valencia, Murcia y Almería los 1050 hm3 de agua del Ebro? ¿No hay otras alternativas más baratas, sin los impactos indiscutibles del trazado del trasvase -si no queremos hablar del delta-, y más rápidas?
Claro que las hay. Están en el texto alternativo elaborado por el PSOE que se presentará en el Parlamento dentro de unos días, y que el Gobierno del PP se ha empeñado en descalificar y ningunear, en una especie de rabieta muy «emocional». Hablemos, por ejemplo, de la desalación. Desde el PSOE proponemos que se construyan nuevas plantas en el litoral mediterráneo, destinadas preferentemente al abastecimiento urbano -para que se liberen recursos para usos agrícolas o para recuperar acuíferos- por un total de 400 hm3. La construcción de estas plantas costarían unos 120.000 millones de pesetas (300 millones de pts. por cada Hm3); y el precio actual, con evidente tendencia a la baja, sería unas 75 pesetas/m3.
Por otro lado, según los datos del Gobierno, el trasvase de 1.050 hm3 costará 700.000 millones de pts., (700 millones por cada hm3), con un coste medio de 52 pesetas/m3, que, según afirman los documentos que acompañan al Plan, se repercutirían de manera diferenciada a los diferentes usuarios, ya que la mayoría de los agricultores no podría pagar más allá de 15 pesetas/m3.
Teniendo en cuenta que la cuantía de agua desalada es análoga a la que pretende trasvasar el Gobierno para usos de abastecimiento urbano, cabe hacer la comparación, con la conclusión de que resultaría más barato reducir el trasvase en 400 hm3, y sustituir por agua desalada, a un coste/m3 análogo al que tendría que repercutirse a los usuarios urbanos en el caso del agua desalada, para compensar el menor coste a asignar a la mayoría de los agricultores.
Más barato y más rápido. Porque, ¿cuándo llegará el agua del trasvase, teniendo en cuenta la conflictividad territorial que puede retrasar o incluso impedir la obra, y a la vista del compromiso del Gobierno de realizar antes las obras del Pacto de Aragón? Creemos que, como poco, el agua tardará diez años en ser trasvasada. Es evidente que las desaladoras se construyen en mucho menos tiempo.
Más barato, más rápido y con menor impacto ambiental. La principal objeción ambiental que hace el ministro Matas a la desalación es la de la energía necesaria para desalar y la consecuente emisión de CO2. Se le olvida al ministro que trasvasar 1.050 hm3 de agua desde el Ebro hasta Almería requiere exactamente la misma cantidad de energía que la desalación de 400 hm3. O sea, por ese lado no hay mayor impacto. En cambio, las plantas desaladoras no afectarían, obviamente, ni al delta del Ebro, ni a los numerosos espacios naturales por los que transcurrirá su trazado.
Además de la alternativa de la desalación -tan denostada por el Gobierno, como si no fuera esa la técnica que garantiza la práctica totalidad del agua consumida en Canarias- en el texto de PSOE proponemos otras. Por ejemplo, el ahorro en la utilización del agua en regadío. Contamos con un interesante estudio realizado en Valencia, relativo a la cuenca del Júcar -que ha desatado las iras emotivas de los hombres de Zaplana-, en el que se pone de manifiesto cómo podrían obtenerse muchísimos más hectómetros cúbicos, a partir del ahorro y la reutilización de aguas residuales depuradas, que lo que se promete desde el trasvase del Ebro a la cuenca del Júcar.
Concretamente, sólo con un ahorro del 12% en los regadíos valencianos -porcentaje posible de acuerdo con informes del Ministerio de Agricultura de 1998- se obtendrían 370 Hm3, de agua, a los que podrían añadirse otros 190 Hm3 procedentes de la plena reutilización de las aguas residuales una vez depuradas. Total, 560 Hm3 frente a los 350 Hm3 previstos desde el trasvase.
Ni que decir tiene que, con carácter general y en el caso de Valencia en particular, no se puede hablar de demanda de agua sin abordar previamente qué modelo de desarrollo y de ordenación del territorio se pretende, y sin tener en cuenta que cualquier demanda de un recurso depende de su precio. Ninguna de las dos cuestiones aparece en el Plan Hidrológico Nacional del Gobierno, aunque de los documentos que lo complementan cabe deducir, en primer lugar, que el PP da por bueno el desorden territorial y la insostenibilidad del desarrollo que caracteriza actualmente buena parte de nuestro litoral mediterráneo, ya que no establece el menor freno a la sobreexplotación del suelo o del agua. En segundo lugar, el PHN no aclara en absoluto cuál será la evolución del precio del agua, ni siquiera cómo repercutirán los costes del trasvase desde el Ebro en los diferentes usuarios.
En la alternativa del PSOE al PHN -eso que al Ministro «le da risa»- se establece la suspensión en el otorgamiento de nuevos derechos del agua en todas las zonas deficitarias; y se plantea el inicio inmediato del análisis de la incidencia de la repercusión de todos los costes de obtención del agua -incluidos los ambientales- en el precio del agua para regadío. España estará obligada, igual que el resto de los países miembros de la UE, a dicha repercusión dentro de nueve años, y ello requiere un proceso gradual que debería comenzar ya, y en el que identifiquen las posibles excepciones a plantear ante Bruselas, justificadas por decisiones de ordenación del territorio actualmente inexistentes.
En cuanto a la compatibilidad del PHN con las directivas europeas -que el PP pretende demostrar, a base de manipular las declaraciones de la comisaria europea de Medio Ambiente y de ocultar la opinión del director de la Agencia Europea de Medio Ambiente-, señalaré un punto concreto de conflicto. La directiva Hábitat, en su artículo 6, obliga a los países miembros de la UE a realizar una evaluación ambiental estratégica del conjunto de proyectos que configuren un Plan de Inversiones y que puedan afectar a espacios protegidos. El MIMAM se empeña en decir que hará las declaraciones de impacto ambiental de cada uno de los proyectos del PHN, sin atender al citado precepto comunitario. En el texto alternativo del PSOE, planteamos la necesidad de revisar los planes hidrológicos de cuenca vigentes, llevando a cabo para cada uno de ellos una evaluación ambiental estratégica del conjunto de los proyectos que contienen; ello conduciría, con toda seguridad, a eliminar las obras hidráulicas de mayor impacto y a identificar alternativas más sostenibles.
Todo lo anterior, creo, son razones y argumentos de peso, que el ministro Matas no parece querer tomarse en serio, refugiándose una y otra vez en el pasado para reprochar al PSOE que plantee hoy una alternativa al PHN más centrada en la gestión y en el respeto al medio ambiente que en las obras hidráulicas, que la que defendió el Gobierno socialista en 1993. Desde entonces, querido ministro, ha llovido mucho.
Cristina Narbona es secretaria Federal de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del PSOE.
