| Durante el último
fin de semana he podido comprobar en el Pirineo catalán de cerca
el grado de insatisfacción ciudadana que produce la actual política
del agua y el propio proyecto del Plan Hidrológico Nacional. El
debate en torno a estos temas atrajo una audiencia cuantitativa y cualitativamente
superior a la que se consigue en ocasiones análogas en ámbitos
urbanos. No es de extrañar, puesto que el espectacular desarrollo
en aquella zona de los deportes fluviales choca de frente con el control
de los ríos ejercido desde hace muchos años por las centrales
eléctricas, con la benevolencia –por ser suaves– de la Confederación
Hidrográfica del Ebro.
Los "dueños del agua"
deciden cuánta agua baja por el río, a qué hora y
en qué fecha, estableciendo condicionantes que en muchos casos van
más allá de los propios contenidos de las concesiones otorgadas
hace muchas décadas, y que hubieran podido ser revisadas –incluso
de oficio, desde 1995–
por parte de la Confederación Hidrográfica. Máxime
cuando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
ha afirmado, con contundencia, que los derechos de las centrales hidroeléctricas
tienen como límite el mantenimiento del caudal ecológico
del río; y aunque sea complejo determinar cuál es este caudal,
en cada momento del año, lo cierto es que la producción de
energía eléctrica conlleva a menudo la circulación
por el río de un caudal inferior a cualquier mínimo razonable
para la supervivencia de los ecosistemas hídricos.
Desde luego, los empresarios
y los usuarios de los deportes fluviales conocen perfectamente cuál
es el caudal mínimo que les permite desarrollar su actividad. Y
hay una exigencia generalizada de reajuste de los poderes fácticos
sobre el agua, que no hemos encontrado reflejada en la propuesta del PHN
formulada por el Gobierno Aznar. En esa propuesta, el agua sólo
parece tener tres usos: los regadíos –aunque
su ubicación o su rentabilidad económica sea discutible–,
el sector eléctrico –que
goza de un tratamiento del favor desde época inmemorial–
y los nuevos desarrollos urbanísticos y turísticos, que amenazan
con causar daños irreversibles en el litoral mediterráneo,
incluida la degradación del atractivo turístico de nuestra
costa.
El gran debate, quiera o no
el PP, no es "trasvase sí o no", "este PHN o el caos…". El debate
está situado en quién usa hoy día el agua, y cómo
y para qué, y en quién controla, en representación
del interés general de todos los ciudadanos, dichos usos. |
2 de noviembre de 2000