CARA A CARA
"Atrévanse
a llamarme insolidario"
JAVIER
MUR, alcalde de Santaliestra
En Santaliestra
empezamos el pasado viernes a atisbar la salida de una
pesadilla demencial. Hay cosas que son muy difíciles
de explicar y que son muy difíciles de asumir por la
opinión pública. ¿Cómo hacer ver a la gente la
indefensión extrema en que se encuentran los
afectados por un proyecto de regulación hidráulica?.
¿Cómo contarles que la administración, la hidráulica
en este caso, no es un ente etéreo sino que responde
a unos intereses partidistas, económicos y sociales
muy concretos y que ellos marcan su actuación por
encima de los intereses globales?.
Es muy duro asumir, como
en Santaliestra, en Yesa o en Biscarrués, que la
administración que debería velar por los derechos de
la ciudadanía es la que impulsa unas obras acometidas
siempre -y lo que ha ocurrido en nuestro pueblo es la
demostración más evidente de este extremo- desde la
prepotencia, la soberbia y un flagrante
desentendimiento de las normas jurídicas de obligado
cumplimiento dictadas e impulsadas por la propia
administración.
La reciente sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional ilustra perfectamente el rosario de
irregularidades que han marcado el desarrollo del
proyecto del pantano previsto en Santaliestra. La
sentencia corrobora, por otra parte, lo que es un
secreto a voces: hay un desprecio tal por los
administrados en la administración hidráulica que
parece que la democracia nunca hubiera entrado en
ella.
Lo digo con el corazón
en la mano; los vecinos de Santaliestra nunca debimos
haber llegado hasta aquí, las irregularidades que han
trufado el proyecto del pantano desde su inicio tenían
que haberse detenido mucho antes. Hemos sufrido en
Santaliestra, lo sufren en Biscarrués, en Yesa, en
Lechago y en tantos otros sitios, los peores tics de
la política colonial más rancia, de esa que se
caracteriza por el saqueo de los recursos y
potencialidades de las colonias por un supuesto
designio de "pueblo elegido", de civilización
superior con voluntad de ignorar los derechos de las
minorías expoliadas y masacradas. Una política que
tiene sus armas en la mentira y en la demagogia, que
propicia y favorece el enfrentamiento entre vecinos,
que por medio de chantajes, amenazas, miedos y
agresiones hace aflorar la cara más mezquina de la
gente.
Quiero decir muchas
cosas en pocas líneas y los pensamientos se me
agolpan. No se pueden imaginar ustedes lo que supone
vivir sentenciado, con la sensación de que la
sentencia es inexorable y que se ha dictado ignorando
los más elementales derechos de los condenados. Así
funciona la política hidráulica en nuestro país: un
territorio es condenado y no tiene el más mínimo
derecho a defenderse so pena de que sus gentes sean
tachadas con todos los epítetos concebibles. Y luego
está la sensación de enorme soledad que tenemos que
afrontar para luchar contra la injusticia. Fuerzas
demasiado poderosas se alían para presentar una
imagen bastardeada de la realidad y el recurso fácil
a la criminalización es usado de una manera
demoledora.
Lo hemos padecido en
Santaliestra: hemos sido aporreados, tratados de
terroristas, criminalizados, ignorados, silenciados,
marginados..., hemos conocido la indefensión más
absoluta por oponernos a un desatino que ponía en
serio peligro la vida de 4000 personas y suponía el
mazazo definitivo a la viabilidad económica y social
de una comarca que ha sido durísimamente castigada en
los últimos cien años por una política hidráulica
que la ha dejado, literalmente, arrasada. Todo ello
por decreto cuasi militar, siguiendo la nefasta
doctrina Cañete, machacando el mínimo resquicio para
la esperanza.
La administración
central ha tenido buena parte de la culpa de esta
situación. El mal llamado Ministerio de Medio
Ambiente (un ministerio de fomento encubierto), la
Confederación Hidrográfica del Ebro y su empresa títere
Aguas de la Cuenca del Ebro SA (ACESA) han estado detrás
de la sucesión de despropósitos que han conducido a
la sentencia de la Audiencia Nacional. Pero también
la administración aragonesa y los colectivos de
regantes de nuestra comunidad han tenido su
desgraciado protagonismo en la kafkiana situación que
vive Santaliestra y buena parte del territorio
pirenaico.
A menudo hemos tenido la
sensación de que no se nos consideraba aragoneses. El
discurso atronador sobre la necesidad de regular los ríos
ha silenciado la voz de la montaña. Y eso que es un
discurso muy tramposo: valgan unos sencillos ejemplos;
durante ocho meses al año, los ríos más caudalosos
de la provincia de Huesca se llaman Canal del Alto
Aragón y Canal de Aragón y Cataluña y, puesto que
la doctrina oficial es la de embalsar allá donde estén
las aguas, habríamos de empezar a plantearnos de una
vez que los beneficiarios por la política hidráulica
comiencen a asumir una parte de las afecciones que ésta
genera. ¿Por qué no hablamos de los embalses de cola
y de las balsas laterales en el entorno de los
canales?. Si además tenemos en cuenta que el sistema
de conducción de aguas pierde en el mejor de los
casos un 40% (bastante más si nos atenemos a diversos
estudios) de los caudales transferidos, que año tras
año es necesario destruir excesos de producción, que
el actual esquema agrario basado en la subvención
tiene los días contados o que los sistemas de riego
son manifiestamente mejorables en muchos casos (lo que
reconocen cada vez más abiertamente los propios
usuarios), convendrán conmigo en que el discurso que
se nos ha vendido no se sostiene por ningún lado. Son
otros los intereses que subyacen tras la reclamación
de nuevas "regulaciones" en el Pirineo (el
Plan Hidrológico Nacional es el más evidente aunque
no el único) que se esconden tras ese pretendido bien
común que representan los pantanos.
Comentaba antes que es
muy duro asumir el ataque de la administración. Imagínense
lo que supone constatar que tus vecinos están
recogiendo dinero para buscarte la ruina y certificar
la amenaza real de muerte que pende sobre tu pueblo.
La Junta del Canal de Aragón y Cataluña ha ignorado
las irregularidades del proceso en Santaliestra y ha
azuzado a la administración hidráulica a que se
saltase la legalidad respaldando todas las actuaciones
llevadas a cabo en nuestra localidad. Y encima debemos
asistir impávidos a una permanente representación de
hipocresía cuando José Luis Pérez y sus acólitos
hablan de respeto y de solidaridad. Queremos creer que
ha sido un comportamiento debido única y
exclusivamente a la junta directiva del Canal, que ha
ocultado información y ha engañado al resto de los
usuarios; lo contrario supondría un mazazo demoledor
para la convivencia en Aragón.
Déjenme decirles una última
cosa; nunca un bien común puede cimentarse en el
expolio de los sectores más desfavorecidos de una
sociedad. Vengan y recorran las comarcas afectadas por
los pantanos ya construidos y por las que soportan las
amenazas de los proyectados, observen la despoblación
en todas esas zonas, la falta de infraestructuras
(muchas de ellas mil veces prometidas a cambio de los
pantanos, pero nunca realizadas), comprueben como hay
pueblos junto a las aguas estancadas con gravísimos
problemas de agua corriente y de servicios mínimos,
observen el envejecimiento de la población y la falta
de alternativas laborales, pregunten a la gente, miren
con detenimiento y, después, atrévanse a llamarme
insolidario.
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