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Heraldo de Aragón, 16-XII-2001
CARA A CARA
"Atrévanse a llamarme insolidario"
JAVIER MUR, alcalde de Santaliestra

En Santaliestra empezamos el pasado viernes a atisbar la salida de una pesadilla demencial. Hay cosas que son muy difíciles de explicar y que son muy difíciles de asumir por la opinión pública. ¿Cómo hacer ver a la gente la indefensión extrema en que se encuentran los afectados por un proyecto de regulación hidráulica?. ¿Cómo contarles que la administración, la hidráulica en este caso, no es un ente etéreo sino que responde a unos intereses partidistas, económicos y sociales muy concretos y que ellos marcan su actuación por encima de los intereses globales?.

Es muy duro asumir, como en Santaliestra, en Yesa o en Biscarrués, que la administración que debería velar por los derechos de la ciudadanía es la que impulsa unas obras acometidas siempre -y lo que ha ocurrido en nuestro pueblo es la demostración más evidente de este extremo- desde la prepotencia, la soberbia y un flagrante desentendimiento de las normas jurídicas de obligado cumplimiento dictadas e impulsadas por la propia administración.

La reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ilustra perfectamente el rosario de irregularidades que han marcado el desarrollo del proyecto del pantano previsto en Santaliestra. La sentencia corrobora, por otra parte, lo que es un secreto a voces: hay un desprecio tal por los administrados en la administración hidráulica que parece que la democracia nunca hubiera entrado en ella.

Lo digo con el corazón en la mano; los vecinos de Santaliestra nunca debimos haber llegado hasta aquí, las irregularidades que han trufado el proyecto del pantano desde su inicio tenían que haberse detenido mucho antes. Hemos sufrido en Santaliestra, lo sufren en Biscarrués, en Yesa, en Lechago y en tantos otros sitios, los peores tics de la política colonial más rancia, de esa que se caracteriza por el saqueo de los recursos y potencialidades de las colonias por un supuesto designio de "pueblo elegido", de civilización superior con voluntad de ignorar los derechos de las minorías expoliadas y masacradas. Una política que tiene sus armas en la mentira y en la demagogia, que propicia y favorece el enfrentamiento entre vecinos, que por medio de chantajes, amenazas, miedos y agresiones hace aflorar la cara más mezquina de la gente.

Quiero decir muchas cosas en pocas líneas y los pensamientos se me agolpan. No se pueden imaginar ustedes lo que supone vivir sentenciado, con la sensación de que la sentencia es inexorable y que se ha dictado ignorando los más elementales derechos de los condenados. Así funciona la política hidráulica en nuestro país: un territorio es condenado y no tiene el más mínimo derecho a defenderse so pena de que sus gentes sean tachadas con todos los epítetos concebibles. Y luego está la sensación de enorme soledad que tenemos que afrontar para luchar contra la injusticia. Fuerzas demasiado poderosas se alían para presentar una imagen bastardeada de la realidad y el recurso fácil a la criminalización es usado de una manera demoledora.

Lo hemos padecido en Santaliestra: hemos sido aporreados, tratados de terroristas, criminalizados, ignorados, silenciados, marginados..., hemos conocido la indefensión más absoluta por oponernos a un desatino que ponía en serio peligro la vida de 4000 personas y suponía el mazazo definitivo a la viabilidad económica y social de una comarca que ha sido durísimamente castigada en los últimos cien años por una política hidráulica que la ha dejado, literalmente, arrasada. Todo ello por decreto cuasi militar, siguiendo la nefasta doctrina Cañete, machacando el mínimo resquicio para la esperanza.

La administración central ha tenido buena parte de la culpa de esta situación. El mal llamado Ministerio de Medio Ambiente (un ministerio de fomento encubierto), la Confederación Hidrográfica del Ebro y su empresa títere Aguas de la Cuenca del Ebro SA (ACESA) han estado detrás de la sucesión de despropósitos que han conducido a la sentencia de la Audiencia Nacional. Pero también la administración aragonesa y los colectivos de regantes de nuestra comunidad han tenido su desgraciado protagonismo en la kafkiana situación que vive Santaliestra y buena parte del territorio pirenaico.

A menudo hemos tenido la sensación de que no se nos consideraba aragoneses. El discurso atronador sobre la necesidad de regular los ríos ha silenciado la voz de la montaña. Y eso que es un discurso muy tramposo: valgan unos sencillos ejemplos; durante ocho meses al año, los ríos más caudalosos de la provincia de Huesca se llaman Canal del Alto Aragón y Canal de Aragón y Cataluña y, puesto que la doctrina oficial es la de embalsar allá donde estén las aguas, habríamos de empezar a plantearnos de una vez que los beneficiarios por la política hidráulica comiencen a asumir una parte de las afecciones que ésta genera. ¿Por qué no hablamos de los embalses de cola y de las balsas laterales en el entorno de los canales?. Si además tenemos en cuenta que el sistema de conducción de aguas pierde en el mejor de los casos un 40% (bastante más si nos atenemos a diversos estudios) de los caudales transferidos, que año tras año es necesario destruir excesos de producción, que el actual esquema agrario basado en la subvención tiene los días contados o que los sistemas de riego son manifiestamente mejorables en muchos casos (lo que reconocen cada vez más abiertamente los propios usuarios), convendrán conmigo en que el discurso que se nos ha vendido no se sostiene por ningún lado. Son otros los intereses que subyacen tras la reclamación de nuevas "regulaciones" en el Pirineo (el Plan Hidrológico Nacional es el más evidente aunque no el único) que se esconden tras ese pretendido bien común que representan los pantanos.

Comentaba antes que es muy duro asumir el ataque de la administración. Imagínense lo que supone constatar que tus vecinos están recogiendo dinero para buscarte la ruina y certificar la amenaza real de muerte que pende sobre tu pueblo. La Junta del Canal de Aragón y Cataluña ha ignorado las irregularidades del proceso en Santaliestra y ha azuzado a la administración hidráulica a que se saltase la legalidad respaldando todas las actuaciones llevadas a cabo en nuestra localidad. Y encima debemos asistir impávidos a una permanente representación de hipocresía cuando José Luis Pérez y sus acólitos hablan de respeto y de solidaridad. Queremos creer que ha sido un comportamiento debido única y exclusivamente a la junta directiva del Canal, que ha ocultado información y ha engañado al resto de los usuarios; lo contrario supondría un mazazo demoledor para la convivencia en Aragón.

Déjenme decirles una última cosa; nunca un bien común puede cimentarse en el expolio de los sectores más desfavorecidos de una sociedad. Vengan y recorran las comarcas afectadas por los pantanos ya construidos y por las que soportan las amenazas de los proyectados, observen la despoblación en todas esas zonas, la falta de infraestructuras (muchas de ellas mil veces prometidas a cambio de los pantanos, pero nunca realizadas), comprueben como hay pueblos junto a las aguas estancadas con gravísimos problemas de agua corriente y de servicios mínimos, observen el envejecimiento de la población y la falta de alternativas laborales, pregunten a la gente, miren con detenimiento y, después, atrévanse a llamarme insolidario.

 

Asociación Río Aragón-COAGRET