El
Mundo, viernes, 13 de octubre de 2000
JAUME MATAS
Un Plan Hidrológico solidario y realista
El Gobierno presentó a la sociedad, a principios de septiembre, un proyecto de Plan Hidrológico Nacional con el que suscitar un debate que nos aportara soluciones que fueran enriqueciendo la propuesta.
Evidentemente, tanto por los medios de los que dispone como por la responsabilidad que tiene, el Gobierno presenta un estudio sólido, que nace del trabajo que han desempeñado durante años los mejores expertos hidráulicos españoles. Desde cualquier punto de vista, los análisis aportados son amplios y razonablemente documentados. Son estudios que no son fácilmente politizables porque encajan en una tradición investigadora que atesora España y que había sido asumida por las diversas administraciones. Concretamente, el PSOE, en la época en que Josep Borrell era ministro, asumió estos trabajos y presentó a la sociedad un plan que abarcaba 13 trasvases y algo más de 200 presas.
Resumiendo, la propuesta del Gobierno supone resolver los problemas de suministro que hay en el interior de las cuencas y presentar cuatro alternativas de trasvase para el Levante, apuntando a que, desde el punto de vista ambiental y económico, la opción del Ebro parece la más viable, si bien no es la única.
Pasado prácticamente un mes desde la presentación de la propuesta, empieza ya a definirse el conjunto de posturas. Estas giran, como las carencias de suministro, en dos órbitas: problemas interiores en algunas cuencas -fundamentalmente el Ebro- y aportaciones externas a una parte importante de la España seca. En cada una de las dos cuestiones se empieza a vislumbrar posicionamientos políticos y sociales claros.
Lógicamente, la manifestación que tuvo lugar en Zaragoza el 8 de octubre es la expresión más visible de un posicionamiento social: los aragoneses hicieron un acto de reivindicación de sus viejas peticiones. Estas se resumen, básicamente, en que Aragón quiere el agua para su desarrollo, para su futuro, para luchar contra la tendencia a la pérdida de población. Efectivamente, el Gobierno cree que los aragoneses en este punto tienen toda la razón y tienen derecho a desarrollar su agricultura. El Ebro, tanto si hay trasvase como si no, tiene que tener y tendrá una reserva de agua estratégica para el crecimiento de la región e, independientemente, estamos tramitando los proyectos y obras concretas que la sociedad ha pedido.
En la manifestación, sin embargo, no fue ésta la única postura: se pedía también que no hubiera trasvase. La gran mayoría de los aragoneses, sin embargo, según los datos que tiene el Ministerio, no se oponen a que otros españoles puedan usar agua del Ebro si sobra; se oponen -y duramente- a que el agua se vaya sin que antes se hayan construido en su región infraestructuras adecuadas y a las que, como indicaba antes, tienen derecho. No creo que, salvo por algún planteamiento político concreto, pueda haber algún aragonés que, después de hacer las obras que necesita la región, después de haber logrado el desarrollo agrícola, diga: «Si otros tienen sed y en el río hay agua suficiente, que no se la lleven». Pero había elementos profundos de confusión en la manifestación: junto a los ciudadanos que, en la más pura tradición de Costa, pedían el agua para su futuro, había quienes pedían que no se hagan las obras del Pacto del Agua o, por lo menos, una parte de ellas. Esto es un elemento de confusión que sería interesante que los aragoneses aclararan, no fuera a ser que la unión demostrada en una petición justa se perdiera por la contradicción interna en los mensajes.
El Plan Hidrológico presentado por el Gobierno aporta efectivamente las soluciones para que Aragón pueda utilizar el agua que necesita. Esto es conocido por muchos aragoneses que han estado siguiendo el proceso de cerca, bien con la Confederación Hidrológica, bien con el Ministerio. El gran problema en Aragón es que estas promesas las han escuchado durante muchas décadas y hasta ahora las obras no se han hecho. Hoy el Ministerio de Medio Ambiente puede garantizar que el compromisoque asume es firme, incluso aunque el trasvase no se hiciera desde el Ebro. Naturalmente, además de las previsiones presupuestarias, en estos momentos sólo podemos presentar proyectos en diferentes fases de tramitación. Y, en una negociación, Medio Ambiente está dispuesto a concretar cualquier fórmula de compromiso y garantía para hacer las obras del Plan. Una buena parte de ellas, por cierto, se encuentra ya en estado de adjudicación.
En cuanto a las zonas receptoras del agua, fundamentalmente el Levante, ha habido varios posicionamientos interesantes. Hay quienes sostienen que una alternativa es que estas regiones no crezcan. Efectivamente, el Plan Hidrológico no aporta agua para el crecimiento. El área mediterránea recibirá agua para dos usos: un 44% para consumo urbano y el resto para consolidar los usos agrícolas actuales, con lo que quedan prohibidos nuevos regadíos. Para que todo este sistema se pueda sostener, el agua que se trasvase no estará destinada a nuevos consumos agrícolas.
Hay quien sostiene que se deben analizar alternativas en el ahorro. Efectivamente, el Plan Hidrológico se ha redactado con esta visión. Por ello, de los 13 trasvases que se proponían hace siete años hemos pasado a uno solo. El resto de los problemas de suministro se abordarán con medidas diferentes: la modernización de los regadíos para evitar pérdidas, la depuración, etcétera. En el caso de Andalucía, por ejemplo, nuestra propuesta no incluye trasvases -excepto en Almería-, pero sí incluye 600.000 millones de pesetas para gestionar la demanda, ahorrar, depurar y regular. En algunos puntos del Levante español el déficit tiene dimensiones inabordables sólo con la necesaria gestión de la demanda.
Otros, entre ellos el Gobierno de Aragón, proponen construir desaladoras. Efectivamente, la técnica de la desalación es cada día más competitiva. Sin embargo, hoy, incluso sin contar con el coste de la inversión, el agua de una desaladora se pondría en el mercado a más del doble -casi el triple- del precio que tendría el agua de un trasvase y únicamente serviría en la primera línea de la costa; introducir los costes de bombeo hacia el interior aumentaría nuevamente el precio. Pero hay un inconveniente más profundo: la necesidad de depender de la energía eléctrica para la construcción de desaladoras y, en cadena, introducir nuevos riesgos. ¿Quién puede defender la necesidad de crear más instalaciones de producción eléctrica, con combustibles fósiles tradicionales, importados, para producir el agua que sí tenemos y que se va al mar?
Una crítica que se hace al Plan es que el cambio climático será muy superior a lo que consideran los estudios del Ministerio. Nuestros técnicos han trabajado con los datos más sólidos, otras visiones resultan en estos momentos inverosímiles. Se ha planteado el supuesto de que el Ebro pueda perder el 20% de su caudal por culpa del cambio climático. Si esto se produjera, la gravedad de la crisis que se desencadenaría no estaría ni en Aragón, ni en el Delta, ni en el trasvase: estaría en todo el planeta.
En definitiva, hay bastantes críticas que aisladamente guardan algunos elementos de solidez. Y también hay algunas visiones regionales que son problemáticas. Sin embargo, el gran reto del Plan Hidrológico hoy es que responda a una visión global de España. España tiene un problema de suministro de agua que ha venido arrastrando penosamente desde hace décadas y que tiene que abordar de forma seria. Esa solución pasa por resolver los problemas reales en las cuencas que ceden agua -especialmente en Aragón, pero no sólo en Aragón- y por plantear los trasvases que se necesitan para atender las carencias irresolubles del Mediterráneo. Ningún país moderno puede permitir que una región como Murcia se encuentre en una crisis constante de suministro, con tremendos problemas ambientales derivados; que Barcelona corra el riesgo de estar sin agua en una década o que numerosos pueblos del Levante, como también pasa en Aragón, reciban el agua en camiones.
Esa visión global del problema la tiene hoy el Partido Popular, que ha hecho público un comunicado suscrito por los presidentes del partido en las 17 comunidades autónomas en el que apoya el Plan Hidrológico. Y no la tenemos en otros partidos que, hasta la fecha, no han logrado hacer un planteamiento sólido. Efectivamente, el PSOE tiene en su programa electoral los trasvases. Su Gobierno defendió un proyecto muy ambicioso. Pero hoy existen serios problemas para identificar su posicionamiento: en Aragón defiende la retirada del Plan, según acordó su Gobierno presidido por un socialista; en Murcia se exige que el Plan sea aprobado cuanto antes y en Madrid la secretaria federal de Medio Ambiente de ese partido, Cristina Narbona, hizo en estas mismas páginas el pasado miércoles una demostración fantástica de cómo eludir un tema trascendental. En su artículo Agua y demagogia, Narbona enumera una decena de aspectos interesantes del Plan Hidrológico sobre los que podríamos tener acuerdos, pero elude el tema fundamental y trascendente que movilizó a 200.000 o 300.000 aragoneses hace unos días: ¿queremos o no queremos un trasvase de agua desde el Ebro? ¿O lo queremos desde el Tajo? ¿O no lo queremos?
Comprendo que el PSOE quiera contentar a todos. Pero éste es un tema profundo, importante y, ante él, los políticos responsables han de asumir posturas nítidas.
Jaume Matas es ministro de Medio
Ambiente.
http://www.el-mundo.es/diario/2000/10/13/opinion/13N0040.html