Explicación de voto de Fco. Javier MARTÍNEZ GIL de apoyo a
las dos dictámenes de la Ponencia sobre Obras Hidráulicas
del Pacto del Agua de Aragón, sometidos a la consideración
del Pleno de la Comisión del Agua: “Dictamen sobre el
embalse de San Salvador optimizado” y “Resolución sobre el
conflicto generado alrededor de la regulación del río
Ésera”.
En primer lugar, manifestar que participo de la satisfacción
general de todos los miembros de la reunión plenaria de
haber llegado a un acuerdo unánime en una actuación
hidráulica relevante que imagino será compartido por la
totalidad de los miembros de la Comunidad universitaria de
Aragón interesada en estos problemas, y a la que represento.
No obstante, quiero manifestar que se trata de un acuerdo al
que nos han llevado las circunstancias de unos procesos
judiciales en marcha, que han hecho que la única salida a
las aspiraciones de los regantes del Canal de Aragón y
Cataluña sea la opción San Salvador; por otra parte la más
aconsejable. En el acuerdo al que se ha llegado no veo
personalmente la presunta generosidad de los regantes por
ninguna parte, de forma que no procedería hacerse ilusiones
sobre ese pretendido cambio de conducta. Si alguien ha
cedido en esta conflicto es la parte actora de los procesos
judiciales.
Las aspiraciones de los regantes siguen siendo las mismas:
completar la zona regable con una dotación de 6.350 m3/ha
por año como primer horizonte, y 8.300 m3/ha para un segundo
horizonte, extendido a la totalidad de las 108.000 ha, es
decir, todavía se necesitarían 150 hm3/año más.
La polémica sigue servida y los conflictos retornarán en
breve, mientras no seamos capaces de cerrar la polémica del
regadío, mientras no se deje de hablar en términos de unas
“deudas históricas”, mientras no seamos capaces de hablar de
unos sistemas concesiones anacrónicos, mientras alguien siga
queriendo hacer creer a la sociedad que el agua es el
principal problema de Aragón y el motor del futuro de esta
Comunidad, que en este sentido dependería de las nuevas
obras hidráulicas contempladas en el Pacto del Agua. Hay en
la Comunidad otros muchos problemas más relevantes que los
de esas obras.
Mi voto personal debería haber sido la abstención, porque el
acuerdo al que se ha llegado no es fruto de una racionalidad
científica y técnica, sino un “apaño”; un pretendido arreglo
político a varias bandas, que incluye al Ministerio de Medio
Ambiente, cuya actitud oficialmente nos es al día de hoy
desconocida; incluye también la retirada de unos procesos
judiciales en marcha en la que los jueces, si hay presuntos
delitos administrativos y penales, tendrán algo que decir.
Entendemos que a Justicia -en cualquier caso-, estará
obligada a seguir su camino y no entrar en el chalaneo de
este tipo de acuerdos; de no ser así los jueces harían un
flaco favor al estado de derecho. En resumen, no son éstas
las formas de proceder propias del estilo de la institución
universitaria a la que represento, que es el rigor.
Si pese a todo doy mi voto a favorable a los dos dictámenes
aprobados hoy es porque creo que tal vez este es el
sentimiento mayoritario de la colectividad a la que
represento. En cualquier caso, lo hago desde la esperanza de
que estos acuerdos no sean flor de un día sino el comienzo
de una dinámica nueva de revisión de los proyectos
pendientes de ejecución, con parámetros actualizados a la
realidad social del momento, capaz de superar la idea de que
no hay más usuarios de los ríos que los regantes,
hidroeléctricos y los abastecedores, o que los ríos han sido
puestos por Dios para aprovecharlos sin mesura, ignorando
que cumplen otras muchas funciones, y que son parte
consustancial de los territorios. Desgraciadamente, pienso
que los acuerdos ahora aprobados no están ene esa línea, en
ese pretendido de deseo de instaurar una ética hidrológica
-ahora ausente-, en la que el rigor técnico de los proyectos
sea una condición previa necesaria.
No estuvo presente ese espíritu en el acuerdo anterior en
relación al recrecimiento de Yesa, impuesto por la fuerza de
la mayoría del voto. La alternativa entonces propuesta por
Asociación Río Aragón, elaborada por la Fundación Nueva
Cultura del Agua, tenía la garantía del rigor científico y
técnico, y merecía mejor consideración que la que se le dio,
dado que ni siquiera se llegó a conocer más que en un avance
de borrador y se desestimó la petición hecha por mí mismo en
el Plenario de la Comisión de que la propuesta fuera
sometida al dictamen de comités cualificados, que se
pronunciaran sobre si daba o no respuesta satisfactoria y
prudente las aspiraciones de las gentes del sistema de
riegos de Bardenas.
Una vez más se demostró en aquella ocasión que los problemas
del agua son una cuestión de intereses políticos, y no de
buen gobierno. Como en el caso del PHN, no importaba tanto
el agua demandada -ofrecida felizmente por otros caminos-,
como la imposición y los intereses inconfesables de los
trasvases.
El acuerdo ahora adoptado no era necesario, en el sentido de
que tras las sentencias judiciales habidas sobre
Santaliestra no quedaba más alternativa operativa que la de
San Salvador, la única que en plazo razonable garantizaba la
solución a las aspiraciones de los regantes, una alternativa
que no tiene el riesgo de la contestación social, ni
científica ni conservacionista.
Con esa sentencia quedaba garantizada la buena salud del río
Ésera. Y las causas penales pendientes permitían albergar la
esperanza de entrar en una dinámica de poner coto a esa
forma ligera e irresponsable de elaborar no sólo los
anteproyectos sino también los propios proyectos; una falta
de rigor que lleva a que siempre acaben costando el doble de
lo presupuestado. Podríamos referir una lista interminable
de casos. Sin salir de Aragón podríamos referir el caso de
la elevación del Jalón a la Tranquera, el del Matarraña,
Montearagón, el del embalse del Val y el de La Loteta.
Sería inconcebible que nuestra universidad gastase
sistemáticamente cada año el doble de lo concedido y que
luego, sin la menor responsabilidad, los gobiernos los
asumieran en detrimento de otras necesidades sociales. Hoy,
con estos acuerdos que incluyen la retirada de las causas
penales, el valor ejemplarizante de las posibles condenas se
pierde, y volvemos a las andadas. No se puede admitir desde
la institución universitaria esa ligereza con la que siguen
siendo aprobados los proyectos o declarado su pretendido
interés general. No se pude admitir ese constante desprecio
al saber riguroso, que incluye el Principio de Precaución
como filosofía omnipresente; una saber que en general vemos
que acaba triunfando al cabo de años perdidos y a costa de
mucha energía. En la raíz de tanto proyecto incumplido en
materia de agua y regadíos como hay, está como causa
principal esa falta de rigor científico, técnico y social
que hay en la aprobación de los compromisos políticos y en
la elaboración técnica de los proyectos.
Desde el punto de vista técnico y científico, los acuerdos
ahora aprobados, -tal y como alguien ha dicho en la
reunión-, son “un enredo”, una solución compleja sin
garantías de nada, porque algunos aspectos fundamentales,
como la forma en que va a ser gestionado el futuro embalse
de San Salvador no ha sido suficientemente definida, ni
siquiera acotada, pues con sus 129 hm3 de capacidad puede
dar mucho juego, en el sentido de que es capaz de secar el
Ésera, ser llenado varias veces y vaciado otras tantas en
una red balsas.
Faltan por especificar las condiciones de derivación a
partir del Ésera que deberán ser respetadas, y falta por
determinar cómo van a ser suplidas las demandas
complementarias de ese futuro de los 8.300 m3/ha para todo
el sistema, que representan150 hm3/año más de lo que ahora
se pretende con Sal Salvador.
¿Es obligado extender esas dotaciones a todo el sistema?
¿Qué justificación técnica, social y ambiental se le puede
dar? ¿No cabría pensar en regar menos con más dotación por
hectárea? ¿Cuánto costaría esa alternativa? ¿Deberá
satisfacer el Ésera esa demanda de futuro o también el
Noguera Ribagorzana, que en su 50% es aragonés, y en qué
proporciones?¿Qué prevén los acuerdos al respecto? ¿Qué
criterios económico son los que establecen que en el futuro
embalse de San Salvador de los 129,9 hm3, 71,4 hm3 serían
embalse muerto sólo utilizable en casos de catástrofe o
extrema necesidad, cuando el propio sistema actual del Canal
tiene importantes concesiones de explotación hidroeléctrica
que se podría aprovechar en esos momentos? Siempre hemos
oído decir que “el riego más caro es el que no se puede
dar”.
En las pretensiones de la llamada “Resolución sobre el
conflicto generado alrededor de la regulación del Ésera”,
que hemos aprobado -la contrapartida que piden no sólo
Santaliestra y Perarrúa sino la que desearíamos otros muchos
usuarios de los ríos, no sólo regantes e hidroeléctricos-,
es incompatible con las aspiraciones futuras del sistema de
riegos del Canal de Aragón y Cataluña que los presentes
acuerdos reconocen.
Por todo lo dicho, otro punto oscuro son las condiciones
medioambientales y de caudales concretos a fijar para la
práctica deportiva en el Ésera, más allá de los acuerdos y
ambiguas palabras. En esa actividad está la base del más
esperanzador futuro de las economías del valle.
Los hoy llamados “caudales ecológicos” -el 10% de la
aportación media-, es el derecho al saqueo y a la ruina del
río, el expolio legal a un auténtico patrimonio de
naturaleza de de un Aragón cada vez más despersonalizado,
que no es capaz de conservar las esencias de su grandeza
(horizontes industrializados hoy por la plaga de los molinos
de aerogeneradores, estaciones de esquí, ríos disfuncionados
sin capacidad de evocación, etc.).
Extraña en esos acuerdos que no se haga referencia debida a
las obligaciones y a la moral que nos impone la Directiva
Marco ni a la solidaridad con las gentes de aguas abajo, las
de las Terres de l´Ebre. Nada tienen que ver con esa
filosofía hidrológica tan manoseada hoy de la Nueva Cultura
del Agua, que recuerda que frente al “agua/recurso” hay una
“agua/ naturaleza” y un “agua/sentimiento”,… que deben ser
ponderadas. Hoy, más allá de las palabras y de la
escenificación del éxito social de unos acuerdos, no estamos
todavía en esa ponderación sino en el mismo espíritu del
Pacto del Agua, del que se podría decir la máxima de la
sabiduría evangélica: “por sus frutos los conoceréis”.
Pese a todo, doy un voto de confianza a un proceso de
maduración social en la forma de afrontar los complejos
problemas del agua, del que queremos suponer que estos
acuerdos forman parte. Hacemos votos porque acabe siendo un
deseo sentido el afrontar desde una nueva filosofía el
análisis de los futuros casos que nos esperan, entre ellos
Biscarrués, un río y un espacio que tienen ya un destino
social, económico y patrimonial: ser lo que ahora son.
Zaragoza. a 2 de febrero del 2005
Fdo: Fco. Javier MARTÍNEZ GIL
Presidente de la Ponencia de Calidad de la Comisión del Agua
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