Explicación de voto de Fco. Javier MARTÍNEZ GIL de apoyo a las dos dictámenes de la Ponencia sobre Obras Hidráulicas del Pacto del Agua de Aragón, sometidos a la consideración del Pleno de la Comisión del Agua: “Dictamen sobre el embalse de San Salvador optimizado” y “Resolución sobre el conflicto generado alrededor de la regulación del río Ésera”.

En primer lugar, manifestar que participo de la satisfacción general de todos los miembros de la reunión plenaria de haber llegado a un acuerdo unánime en una actuación hidráulica relevante que imagino será compartido por la totalidad de los miembros de la Comunidad universitaria de Aragón interesada en estos problemas, y a la que represento.

No obstante, quiero manifestar que se trata de un acuerdo al que nos han llevado las circunstancias de unos procesos judiciales en marcha, que han hecho que la única salida a las aspiraciones de los regantes del Canal de Aragón y Cataluña sea la opción San Salvador; por otra parte la más aconsejable. En el acuerdo al que se ha llegado no veo personalmente la presunta generosidad de los regantes por ninguna parte, de forma que no procedería hacerse ilusiones sobre ese pretendido cambio de conducta. Si alguien ha cedido en esta conflicto es la parte actora de los procesos judiciales.

Las aspiraciones de los regantes siguen siendo las mismas: completar la zona regable con una dotación de 6.350 m3/ha por año como primer horizonte, y 8.300 m3/ha para un segundo horizonte, extendido a la totalidad de las 108.000 ha, es decir, todavía se necesitarían 150 hm3/año más.

La polémica sigue servida y los conflictos retornarán en breve, mientras no seamos capaces de cerrar la polémica del regadío, mientras no se deje de hablar en términos de unas “deudas históricas”, mientras no seamos capaces de hablar de unos sistemas concesiones anacrónicos, mientras alguien siga queriendo hacer creer a la sociedad que el agua es el principal problema de Aragón y el motor del futuro de esta Comunidad, que en este sentido dependería de las nuevas obras hidráulicas contempladas en el Pacto del Agua. Hay en la Comunidad otros muchos problemas más relevantes que los de esas obras.

Mi voto personal debería haber sido la abstención, porque el acuerdo al que se ha llegado no es fruto de una racionalidad científica y técnica, sino un “apaño”; un pretendido arreglo político a varias bandas, que incluye al Ministerio de Medio Ambiente, cuya actitud oficialmente nos es al día de hoy desconocida; incluye también la retirada de unos procesos judiciales en marcha en la que los jueces, si hay presuntos delitos administrativos y penales, tendrán algo que decir. Entendemos que a Justicia -en cualquier caso-, estará obligada a seguir su camino y no entrar en el chalaneo de este tipo de acuerdos; de no ser así los jueces harían un flaco favor al estado de derecho. En resumen, no son éstas las formas de proceder propias del estilo de la institución universitaria a la que represento, que es el rigor.

Si pese a todo doy mi voto a favorable a los dos dictámenes aprobados hoy es porque creo que tal vez este es el sentimiento mayoritario de la colectividad a la que represento. En cualquier caso, lo hago desde la esperanza de que estos acuerdos no sean flor de un día sino el comienzo de una dinámica nueva de revisión de los proyectos pendientes de ejecución, con parámetros actualizados a la realidad social del momento, capaz de superar la idea de que no hay más usuarios de los ríos que los regantes, hidroeléctricos y los abastecedores, o que los ríos han sido puestos por Dios para aprovecharlos sin mesura, ignorando que cumplen otras muchas funciones, y que son parte consustancial de los territorios. Desgraciadamente, pienso que los acuerdos ahora aprobados no están ene esa línea, en ese pretendido de deseo de instaurar una ética hidrológica -ahora ausente-, en la que el rigor técnico de los proyectos sea una condición previa necesaria.

No estuvo presente ese espíritu en el acuerdo anterior en relación al recrecimiento de Yesa, impuesto por la fuerza de la mayoría del voto. La alternativa entonces propuesta por Asociación Río Aragón, elaborada por la Fundación Nueva Cultura del Agua, tenía la garantía del rigor científico y técnico, y merecía mejor consideración que la que se le dio, dado que ni siquiera se llegó a conocer más que en un avance de borrador y se desestimó la petición hecha por mí mismo en el Plenario de la Comisión de que la propuesta fuera sometida al dictamen de comités cualificados, que se pronunciaran sobre si daba o no respuesta satisfactoria y prudente las aspiraciones de las gentes del sistema de riegos de Bardenas.

Una vez más se demostró en aquella ocasión que los problemas del agua son una cuestión de intereses políticos, y no de buen gobierno. Como en el caso del PHN, no importaba tanto el agua demandada -ofrecida felizmente por otros caminos-, como la imposición y los intereses inconfesables de los trasvases.

El acuerdo ahora adoptado no era necesario, en el sentido de que tras las sentencias judiciales habidas sobre Santaliestra no quedaba más alternativa operativa que la de San Salvador, la única que en plazo razonable garantizaba la solución a las aspiraciones de los regantes, una alternativa que no tiene el riesgo de la contestación social, ni científica ni conservacionista.

Con esa sentencia quedaba garantizada la buena salud del río Ésera. Y las causas penales pendientes permitían albergar la esperanza de entrar en una dinámica de poner coto a esa forma ligera e irresponsable de elaborar no sólo los anteproyectos sino también los propios proyectos; una falta de rigor que lleva a que siempre acaben costando el doble de lo presupuestado. Podríamos referir una lista interminable de casos. Sin salir de Aragón podríamos referir el caso de la elevación del Jalón a la Tranquera, el del Matarraña, Montearagón, el del embalse del Val y el de La Loteta.

Sería inconcebible que nuestra universidad gastase sistemáticamente cada año el doble de lo concedido y que luego, sin la menor responsabilidad, los gobiernos los asumieran en detrimento de otras necesidades sociales. Hoy, con estos acuerdos que incluyen la retirada de las causas penales, el valor ejemplarizante de las posibles condenas se pierde, y volvemos a las andadas. No se puede admitir desde la institución universitaria esa ligereza con la que siguen siendo aprobados los proyectos o declarado su pretendido interés general. No se pude admitir ese constante desprecio al saber riguroso, que incluye el Principio de Precaución como filosofía omnipresente; una saber que en general vemos que acaba triunfando al cabo de años perdidos y a costa de mucha energía. En la raíz de tanto proyecto incumplido en materia de agua y regadíos como hay, está como causa principal esa falta de rigor científico, técnico y social que hay en la aprobación de los compromisos políticos y en la elaboración técnica de los proyectos.

Desde el punto de vista técnico y científico, los acuerdos ahora aprobados, -tal y como alguien ha dicho en la reunión-, son “un enredo”, una solución compleja sin garantías de nada, porque algunos aspectos fundamentales, como la forma en que va a ser gestionado el futuro embalse de San Salvador no ha sido suficientemente definida, ni siquiera acotada, pues con sus 129 hm3 de capacidad puede dar mucho juego, en el sentido de que es capaz de secar el Ésera, ser llenado varias veces y vaciado otras tantas en una red balsas.

Faltan por especificar las condiciones de derivación a partir del Ésera que deberán ser respetadas, y falta por determinar cómo van a ser suplidas las demandas complementarias de ese futuro de los 8.300 m3/ha para todo el sistema, que representan150 hm3/año más de lo que ahora se pretende con Sal Salvador.

¿Es obligado extender esas dotaciones a todo el sistema? ¿Qué justificación técnica, social y ambiental se le puede dar? ¿No cabría pensar en regar menos con más dotación por hectárea? ¿Cuánto costaría esa alternativa? ¿Deberá satisfacer el Ésera esa demanda de futuro o también el Noguera Ribagorzana, que en su 50% es aragonés, y en qué proporciones?¿Qué prevén los acuerdos al respecto? ¿Qué criterios económico son los que establecen que en el futuro embalse de San Salvador de los 129,9 hm3, 71,4 hm3 serían embalse muerto sólo utilizable en casos de catástrofe o extrema necesidad, cuando el propio sistema actual del Canal tiene importantes concesiones de explotación hidroeléctrica que se podría aprovechar en esos momentos? Siempre hemos oído decir que “el riego más caro es el que no se puede dar”.

En las pretensiones de la llamada “Resolución sobre el conflicto generado alrededor de la regulación del Ésera”, que hemos aprobado -la contrapartida que piden no sólo Santaliestra y Perarrúa sino la que desearíamos otros muchos usuarios de los ríos, no sólo regantes e hidroeléctricos-, es incompatible con las aspiraciones futuras del sistema de riegos del Canal de Aragón y Cataluña que los presentes acuerdos reconocen.

Por todo lo dicho, otro punto oscuro son las condiciones medioambientales y de caudales concretos a fijar para la práctica deportiva en el Ésera, más allá de los acuerdos y ambiguas palabras. En esa actividad está la base del más esperanzador futuro de las economías del valle.

Los hoy llamados “caudales ecológicos” -el 10% de la aportación media-, es el derecho al saqueo y a la ruina del río, el expolio legal a un auténtico patrimonio de naturaleza de de un Aragón cada vez más despersonalizado, que no es capaz de conservar las esencias de su grandeza (horizontes industrializados hoy por la plaga de los molinos de aerogeneradores, estaciones de esquí, ríos disfuncionados sin capacidad de evocación, etc.).

Extraña en esos acuerdos que no se haga referencia debida a las obligaciones y a la moral que nos impone la Directiva Marco ni a la solidaridad con las gentes de aguas abajo, las de las Terres de l´Ebre. Nada tienen que ver con esa filosofía hidrológica tan manoseada hoy de la Nueva Cultura del Agua, que recuerda que frente al “agua/recurso” hay una “agua/ naturaleza” y un “agua/sentimiento”,… que deben ser ponderadas. Hoy, más allá de las palabras y de la escenificación del éxito social de unos acuerdos, no estamos todavía en esa ponderación sino en el mismo espíritu del Pacto del Agua, del que se podría decir la máxima de la sabiduría evangélica: “por sus frutos los conoceréis”.

Pese a todo, doy un voto de confianza a un proceso de maduración social en la forma de afrontar los complejos problemas del agua, del que queremos suponer que estos acuerdos forman parte. Hacemos votos porque acabe siendo un deseo sentido el afrontar desde una nueva filosofía el análisis de los futuros casos que nos esperan, entre ellos Biscarrués, un río y un espacio que tienen ya un destino social, económico y patrimonial: ser lo que ahora son.

Zaragoza. a 2 de febrero del 2005


Fdo: Fco. Javier MARTÍNEZ GIL

Presidente de la Ponencia de Calidad de la Comisión del Agua