La pasada primavera estuvieron sentados en el banquillo, en la Audiencia de Madrid, varios exaltos cargos de la Administración española, concretamente de la Dirección General de Obras Hidráulicas, de la de Medio Ambiente y de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Un juicio como ése no se ve todos los días; era excepcional por la "categoría" de los encausados. Pero no trascendió apenas a la prensa. Ya no digamos a la de ámbito estatal: tampoco a la aragonesa, o al menos a su órgano de mayor difusión, pese a que lo que se enjuiciaba era la legalidad de la tramitación de la principal obra hidráulica en marcha en estas tierras, la del recrecimiento del pantano de Yesa. El Periódico de Aragón sí cubrió la noticia suficientemente: fue la excepción.

Contra todo lo esperado, dada la gravedad de las acusaciones (prevaricación, riesgo catastrófico, falsedad en documento público, delito contra el patrimonio histórico, contra los recursos naturales y el medio ambiente) y la claridad de las pruebas aportadas (sobre las irregularidades seguidas en la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental, la falta de estudios sobre riesgos sísmicos, la incompatibilidad de algunos altos cargos políticos con su presencia en empresas constructoras beneficiadas por la obra...), todos los acusados fueron absueltos por el tribunal.

Pese a que la sentencia ha sido recurrida, y no sólo por la acusación particular, sino por la propia Fiscalía, cundió entonces la euforia en la prensa aragonesa. Abundaron, ahora sí, los artículos extensos y aliviados, si no triunfantes, sobre el tema.

Pero el que más me ha llamado la atención fue el publicado en la "Tribuna Ajena" del Heraldo de Aragón el pasado 27 de junio, firmado por José Enrique Ocejo, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Aragón, titulado "Judicialización perversa" (https://www.heraldo.es/pdfs/visoraragon.html?pagina=22&cuaderno=PRI&fecha=20060627).

Sería tedioso comentarlo por extenso, aunque dan ganas porque no tiene desperdicio. A ver: el demandante era el Ayuntamiento de Artieda, principal perjudicado por la obra, aunque sus acusaciones las amplió luego, para sorpresa de muchos, la propia Fiscalía. ¿Qué hacía ese Ayuntamiento? Recurrir a los cauces que el sistema le da para defenderse en una situación, cual es el recrecimiento de Yesa, que les condena poco menos que a la aniquilación. Y que, además, tiene trazas muy claras de haberse tramitado de forma irregular, por decirlo a lo fino. Se defienden, con las armas que el Estado de derecho pone en sus manos, para tratar de sobrevivir.

Esa actitud, que creo yo que cabe en la cabeza de cualquiera, no cabe por lo visto en la del Sr. Ocejo, para quien "en los tiempos que corren se está abusando desaforadamente de los resquicios que una ley justa permite", pues "aprovechando la figura del delito de riesgo, quienes quieren oponerse a determinadas obras tienen la posibilidad de plantear querellas criminales", con la indeseada consecuencia de que "se atemoriza a los técnicos y se dilatan los plazos de ejecución innecesariamente".
 

"Con esta estrategia de judicializar los proyectos y las obras públicas -añade- se perjudica al interés general de la nación, al funcionamiento de las administraciones públicas [...] y, finalmente, hasta se perturba la labor de los juzgados", por lo que, sentencia, "lo que está pasando ha de tener un límite".

Nada de dar oportunidades de defenderse a los afectados: "Las cuestiones técnicas deben ser de exclusiva competencia de los profesionales, mientas que las discrepancias sobre la necesidad de unos proyectos u otros deben acotarse al terreno de la política y del debate público". Los afectados, a callar. En todo caso, deben hablar los ingenieros: "Quizás las asociaciones profesionales involucradas tendremos que decir algo más que esto sobre el particular". Joder, menos mal que no son militares.

El Sr. Ocejo termina retratándose claramente: "En adelante, intentemos ver la única cara de Yesa, la del desafío técnico. [...] Por una vez, estemos orgullosos al acometer una obra de vanguardia y sin precedentes en España dada su gran magnitud".

Oh, dioses, vamos a relamernos de gusto: qué cantidad de toneladas de hormigón, qué magnífica altura la de la presa, qué presencia tan potente tendrá en el paisaje del valle, si hasta se integrará en el entorno o, si me apuras, lo mejorará, como afirman en Aramón que ocurrirá con su "intervención" en Espelunciecha. Qué soberbio reto el de acometer una obra que el propio ingeniero que construyó la primera presa, la ya existente, René Petit, confiesa no atreverse ni a imaginar (entrevista en Navarra hoy, 6 de noviembre de 1983; se puede ver en www.yesano.com), dados los riesgos que acarrearía...

Veamos la única cara de Yesa. Porque la otra es mejor no verla: la de los afectados a quienes ya machacaron en los años 50 con la primera presa y a los que hoy pelean en la pelea más legítima: la de sobrevivir.

Para el Sr. Ocejo, y por lo visto para todos los ingenieros colegiados a los que representa, los afectados no existen. Mejor, no deberían existir. Han sido una mera piedra en el zapato que ahora creen haberse sacudido. Ojalá pudieran declararlos, como ocurría en la etapa franquista en los Boletines Oficiales que anunciaban la utilidad de alguna obra, simple "población sobrante".

Pero resulta que ahora esa población sobrante acude a defenderse a los tribunales, y el Sr. Ocejo, contrariado, estima que eso se tiene que acabar. Habráse visto.

  inde.blogia.com