Julia
Martínez, que ha trabajado con el Departamento de Ecología
de la Universidad de Murcia, sufre presiones del Gobierno de
esta comunidad por oponerse al Plan Hidrológico Nacional.
Las razones las explicó en Jaca, en un acto organizado por
la Asociación Río Aragón contra el recrecimiento del embalse
de Yesa. “Como el trasvase Tajo-Segura, el del Ebro
conseguirá lo contrario de lo que supuestamente se propone
al agravar los problemas por exceso de consumo en relación
con la escasez de agua al crearse más expectativas de
regadíos”. En Murcia hay regadíos ilegales desde los años
30, pero nunca se ha aplicado la ley, sino que la
administración los ha ido asumiendo y ha hecho “tabla rasa”
con todos. Son regadíos que se abastecen de aguas
subterráneas.
“En 1997
se estimó un consumo del 228 por ciento de los recursos
hídricos, la presión más alta de la cuenca mediterránea, y
eso que desde 1995 se limita con una normativa ambiental la
creación de regadíos, como en 1997, con el Plan Hidrológico
de la Cuenca del Segura”. Sólo con el PHN se plantea
aumentar. Sin embargo, hay cerca de 4.000 nuevas hectáreas
y, desde 1997, numerosas denuncias: sólo en 2001 fueron 203,
el 85 por ciento de las cuales las presentó la Guardia Civil
del Seprona y la guardería forestal. “A pesar de eso, la
administración regional habla de casos anecdóticos y usa los
medios de comunicación para negar este descontrol en el
regadío”.
Una de
las graves consecuencias es el deterioro del paisaje, al no
respetar ni los espacios protegidos y, al contrario de lo
que se dice, la desertización avanza por eliminar acuíferos.
En España, la media de agua subterránea usada en regadío es
del 65 por ciento. En Murcia, del 98. “Los efectos del
trasvase Tajo-Segura han sido acuíferos esquilmados,
salinización de aguas, contaminación de aguas superficiales
con fertilizantes y pesticidas, generación de miles de
toneladas de residuos tóxicos, afecciones a fuentes,
manantiales, ramblas y humedales, erosión, ocupación de
áreas de gran interés ecológico -como las sierras costeras,
la mayor aportación de Murcia a la biodiversidad europea-, y
el cambio de la topografía. Los cultivos en invernaderos no
son usos agrarios, sino industriales, sin olvidar la
explotación de mano de obra barata y los brotes xenófobos y
racistas. Los beneficiarios son grandes empresas agrarias o
inmobiliarias, en muchos casos dedicadas a ambas
actividades”.
Mientras,
los regantes tradicionales, cuyo déficit no se ha
reconocido, han creado una firma para denunciar a la
Confederación Hidrográfica y a las grandes empresas
explotadoras, y Ecologistas en Acción propone, ante la
imposibilidad de conocer de la administración las cifras
exactas de regadíos, que se realice una auditoría que
determine “cuáles están conforme a derecho y cuáles no,
porque se está dinamitando el sistema. En un plazo
razonable, el regadío ha de acercarse a lo sostenible, a la
nueva cultura del agua. La vía administrativa está muerta
por la corrupción. Sólo nos queda la judicial para que se
respete el Estado de derecho”. |