Diario
El Mundo. Lunes, 4 de septiembre de 2000
LA HOJARASCA
CARLOS DE PRADA
El pacto de Aragón
Durante la sequía de principios de los años 90 -movidos por supuestas urgencias y emergencias, estados de excepción que suspenden las garantías legales- se realizaron numerosas adjudicaciones de obras a dedo o se aprobaron caprichosos catálogos de obras como el Pacto del Agua de Aragón. Su principal impulsor fue alguien conocido por su escrupuloso respeto a la legalidad: Antonio Aragón. Recién llegado de Navarra (y de sus manejos con Roldán, Urralburu, etcétera) embaucó a los grupos políticos de aquella región para que aprobasen el Pacto. Por cierto, no se ha investigado su etapa como presidente de la Confederación del Ebro, ni el presunto cobro de comisiones por el pantano de Itoiz.
Le sustituyó en el cargo Tomás Sancho, gran defensor de obras de gran interés social (aunque se denuncia que en algún caso la sociedad beneficiada no sería la española, sino alguna anónima ligada a Sancho). Con la excusa de que el Pacto del Agua ha sido aprobado por mayoría en las Cortes aragonesas, quieren llevarse adelante unas obras que se salten trámites de información pública, sin debate, sin justificar su necesidad, etcétera. Algunos creen que la democracia es que la mayoría de los políticos de una Cámara estén de acuerdo en saltarse las reglas.
La primera de las obras de ese Pacto, el pantano del Val, al pie del Moncayo, es reveladora: se trata de un embalse con una desviación presupuestaria del 50% a mayor gloria de constructoras muy conocidas en la trama navarra. Un charco de sólo 25 hectómetros cúbicos y más de 10.000 millones de pesetas, que además nadie reclamaba.
Mientras la Administración no realiza decenas de pequeños embalses muy solicitados, el Ministerio de Medio Ambiente se obstina en grandes proyectos como el del recrecimiento del embalse de Yesa, el pantano de Jánovas, el de Santaliestra o el de Biscarrués, que inundan pueblos, destruyen valiosos ecosistemas, amenazan la vida de miles de personas o pretenden sepultar las esperanzas de recuperación económica de comarcas enteras. Javier Martínez Gil, catedrático de la Universidad de Zaragoza lo ha definido como «vandalismo institucional»... Hace poco el ministro Matas pretendía demostrar la necesidad de estas obras diciendo que ya se pedían a principios de siglo. Todo vale. Como si el actual contexto económico y social fuese el de entonces. Quizá sí lo sea a nivel del Estado de Derecho en los proyectos de obras hidráulicas. Y mejor no hablar de la encubierta vocación trasvasista del Pacto y de lo bien que vendrá a las terras míticas inmobiliarias que se proyectan en un litoral desprotegido tras el casual cese del anterior director de Costas. Y mejor tampoco hablar de los copiosos ingresos hidroeléctricos de ciertos sindicatos de regantes aragoneses. De las constructoras e hidroeléctricas y de la financiación de los partidos políticos ya se ha hablado demasiado.
http://www.el-mundo.es/diario/2000/09/04/sociedad/04N0083.html