Opinión /Cinco Días, martes 10 de octubre de 2000

| El Plan Hidrológico Nacional

TRIBUNA
Del desgobierno del agua a la insostenibilidad

Pedro Arrojo Agudo. Presidente del Congreso Ibérico sobre Planificación y Gestión de Aguas

A pesar de la omnipresencia de términos como dominio público hidráulico o interés general en el discurso oficial de aguas, la preponderancia del interés particular sobre el público ha sido y es, en la práctica, habitual, en un contexto en el que la envolvente de la amplia variedad de realidades existente es la del desgobierno.

 La generalizada invasión del espacio de dominio público en los ríos, o el descontrol de vertidos son dos referencias al respecto. En el ámbito de las aguas subterráneas, la necesidad de cubrir costes por parte del usuario ha incentivado una mayor eficiencia económica. Sin embargo, la falta de articulación de la inteligencia colectiva ha desembocado, desde una gestión insolidaria, en procesos de sobreexplotación que no pueden entenderse como fruto de un estado de necesidad, sino como la consecuencia de un descontrolado afán de lucro encabezado por poderosos inversores que a la postre quiebra el interés de las mayorías.

A pesar de que la ley establece claramente las responsabilidades de la Administración ante estos procesos, ésta nunca las ha asumido. Los datos que obran en poder de la Junta de Andalucía estiman en más de 200.000 las hectáreas ilegales de regadío en el olivar. En comarcas sobreexplotadas del Segura, como Águilas, los últimos estudios de la Universidad de Murcia estiman en un 40% los regadíos ilegales. En el Campo de Dalías (Almería) se decretó la prohibición estricta de nuevos pozos cuando había 9.000 hectáreas bajo plástico; hoy hay 22.000 hectáreas. En los acuíferos de La Mancha, declarados sobreexplotados, se estima en unos 10 los pozos ilegales que se perforan diariamente.

Sin embargo, lo más grave es el ejemplo de eufemismo y falta de rigor económico que supone caracterizar esta situación como "déficit estructural". Como es natural, la respuesta al tradicional concepto de déficit, desde las tradicionales estrategias de oferta, no podía ser otra que la de los grandes trasvases; una huida políticamente cómoda, pero desastrosa en sus efectos socioambientales, y perversa en la irracionalidad económica que induce desde su anuncio.

La experiencia del trasvase Tajo-Segura debería invitarnos a la reflexión. Sobredimensionado, como es habitual, para 1.000 hectómetros cúbicos/año, finalmente ha trasvasado en media poco más de 300 Hm3/año. Sin embargo, la simple expectativa generada hizo que se transformaran miles de hectáreas ilegales por encima de las 50.880 previstas. 10 años más tarde estaban legalizadas más de 87.000, un 74% más del máximo previsto como atendible, siendo que la disponibilidad de caudales se había reducido al 30%. De esta forma, la transgresión de la ley ha acabado multiplicando el déficit que se pretendía resolver, motivando la demanda de nuevos trasvases en un paradigmático ejemplo de crecimiento insostenible. Un aspecto fundamental que el Gobierno viene eludiendo y oscureciendo cuanto puede es el de los costes económicos que realmente suponen estos trasvases. Ante esta situación resulta útil para estimar su orden de magnitud la documentación presupuestaria del proyecto de trasvase Ródano-Barcelona. El Ródano es un río mucho más caudaloso y regular que el Ebro, por lo que no se requerirían regulaciones en el propio sistema fluvial, a diferencia del Ebro, en donde se aceleran los trámites para una nueva ola de polémicos y costosos embalses pirenaicos; por otro lado, las distancias y dificultades orográficas a superar y la evaporación de caudales serían muy superiores del Ebro a Almería. Teniendo en cuenta que en el caso del Ródano se valoran los costes entre 102 y 143 pesetas/m3, situar en no menos de 150 pta/m3 los costes del trasvase Ebro-sureste es una estimación conservadora.

El coste de desalación del agua de mar se sitúa en torno a las 100 pta/m3 y el de aguas salobres en menos de 50 pta/m3, mientras los precios de los mercados en Murcia están en torno a las 30 pta/m3. Tales referencias muestran la irracionalidad económica de estos trasvases, que no obstante siguen presentándose como la principal prioridad política del Gobierno, desde expectativas de financiación pública contradictorias con el principio de Full Cost Recovery que promueve la directiva marco.

La otra cara de esta política son los mercados, previstos en la reforma de la Ley de Aguas, en lo que se perfila como un negocio con claros sesgos especulativos. Los agricultores están siendo usados como una cobertura social tras la que toman posiciones las grandes compañías que ya han copado la gestión privada de aguas urbano-turísticas en baja del litoral. La oferta masiva de nuevos caudales subvencionados, a través de los trasvases, y la perspectiva de insostenibles desarrollos urbano-turísticos en la costa, como los que se promueven en torno a Terra Mítica, aseguran un marco óptimo para desarrollar lo que algunos ya caracterizan como "el pelotazo" de las aguas en alta. El argumento de que sólo podrá vender quien tenga concesiones y comprar quien sea usuario no garantiza la estabilidad de las demandas, tal y como se pretende, dado el descontrol de derechos legales y alegales existente. Lo previsible es que estos mercados, lejos de racionalizar el uso y hacer converger las demandas a puntos de equilibrio, las disparen, abriendo aún más la espiral de insostenibilidad en las zonas sobreexplotadas.

Falta por ver quién pagará los platos rotos de tan irresponsable juego, si, como es probable, con la directiva marco en marcha, una seria evaluación ambiental rechaza tan ambiciosos trasvases ante la grave crisis de sostenibilidad que sufre el delta del Ebro.

Sin duda las gentes del Pirineo son candidatas a ser las primeras víctimas, pero también las zonas expectantes lo serán al sufrir los costes de una mayor sobreexplotación. La duda es si acabaremos pagando entre todos la indemnización de derechos virtuales (expectantes, pero legales al fin y al cabo) adquiridos en ese temerario juego de mercados que se abrirá tras la aprobación del Plan Hidrológico Nacional. Sirva como inquietante antecedente el caso del parón nuclear, que pagamos en la factura de la luz.