OPINIÓN

El Periódico de Aragón, viernes 9 de marzo de 2001

No necesitamos este plan hidrológico

Pedro Arrojo
Presidente del Congreso Ibérico sobre Planificación y Gestión de Aguas y profesor de la Universidad de Zaragoza

 
La gestión del agua no debe regirse por la lógica del hormigón subvencionado, sino por un debate social que se ha 'secuestrado'. Son sospechosas las prisas por imponer un PHN que ignora las directivas de la UE

 

Desde el ámbito universitario venimos reclamando un giro de modernidad en materia de aguas, siguiendo el ejemplo de otros países avanzados, como es el caso de California (Estados Unidos). Se trata de pasar del tradicional modelo estructuralista heredado de Joaquín Costa, basado en la lógica del hormigón subvencionado, a estrategias de gestión de la demanda y conservación de la calidad química y de la salud de nuestros ríos, que al fin y al cabo son nuestras fábricas vivas que regeneran los recursos hídricos.

Recientemente la Unión Europea ha aprobado y puesto en vigor una nueva ley de aguas, la directiva-marco. Pero el Gobierno parece interesado en eludirla, acelerando una política de hechos consumados con la aprobación, en plan paseo militar, de un Plan Hidrológico Nacional que entra en contradicción con la mencionada directiva-marco, que persigue la recuperación íntegra de costes de toda obra, la recuperación del estado ecológico de los ríos y la inclusión de deltas, estuarios y litorales en la gestión de cuenca, lo que supone que el agua no se pierde jamás en el mar.

Obviamente, la UE reclama un previo y profundo debate social, científico y técnico. Lástima que el Gobierno español haya secuestrado y silenciado unos 80 dictámenes científico-técnicos --la mayoría se suponen contrarios al Plan Hidrológico-- que habían sido requeridos por el propio Ejecutivo a expertos, en nuestra mayoría profesores universitarios.

Desde amplios sectores de científicos independientes se vienen denunciando graves deficiencias y lagunas que recomiendan atemperar esas sospechosas urgencias del Gobierno. Se viene insistiendo en el lamentable estudio económico que pretende justificar este faraónico plan. Desde el rigor del análisis económico se denuncian sesgos y transgresiones metodológicas que no pueden siquiera caracterizarse como errores, sino más propiamente como prevaricación técnica.

Contabilizar como beneficios los costes salariales, prever en cero los costes de regulación que el trasvase exige, amortizar infraestructuras como estaciones de bombeo a 50 años en lugar de a 15-25 años, asumir como referencia de valor de las aguas urbanas la desalación de aguas marinas a 135 pesetas/metro cúbico, cuando el coste de desalación es hoy a lo sumo 70 pesetas/metro cúbico son tan sólo algunos botones de muestra...

Bastaría tomar la referencia de los mercados de aguas privadas en Murcia, entre 20 y 30 pesetas/metro cúbico, como valor de oportunidad de estos caudales, para desinflar el pretendido análisis coste-beneficio en más de un billón de pesetas, precipitando el balance a pérdidas superiores a 300.000 millones. Incluso desde los cálculos del ministerio, basta desglosar las 53 pesetas/metro cúbico de sus costes medios por tramos para desvelar costes superiores a las 100 pesetas/metro cúbico en Murcia y Almería.

En un país como España, líder mundial en capacidad de regulación por habitante y por kilómetro cuadrado --aunque ciertamente no en eficiencia--, no parece razonable planificar una nueva oleada de grandes presas y embalses (casi un centenar), que amenazan, por ejemplo, con sacar a cientos de familias de sus casas y pueblos a punta de pistola en el Pirineo aragonés. Por otro lado, la realidad de un delta del Ebro que se hunde y se saliniza por falta de caudales y sedimentos, amenazando la existencia misma del segundo tesoro en biodiversidad de la UE, tras Doñana, y en el que viven 50.000 personas, tampoco parece, a tenor de los prestigiosos informes técnicos publicados, corresponderse con la caracterización de río "excedentario" para el Ebro.

Por el contrario, se echa en falta un diagnóstico serio sobre el desgobierno estructural que impera en las zonas caracterizadas como de "déficit estructural"; desgobierno que viene señalándose desde los informes técnicos independientes como la clave del proceso de sobreexplotación que arruina ríos y acuíferos. Una insaciable espiral de negocios especulativos urbano-turísticos y de desarrollos de agricultura intensiva, fuera de todo criterio de ordenación territorial y urbanística sostenible, que está matando de éxito al litoral mediterráneo y que recibirá notables incentivos vía los mercados de aguas públicas trasvasables que ha promovido, con la reforma de la ley de aguas, el Gobierno del PP.

 

Asociación Río Aragón