Heraldo de Huesca. Domingo, 27 de agosto de 2000
Entrevista con Federico Aguilera
Ángel Gayúbar. Graus
Considerado en el mundo científico como uno de los mayores especialistas en economía ecológica, el profesor Federico Aguilera ha visitado recientemente la provincia de Huesca para conocer de primera mano la problemática derivada de los grandes pantanos proyectados en nuestra comunidad autónoma. Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de la Laguna y autor de una vasta obra de indudable interés, el profesor Aguilera mantiene en cuanto a la utilización de los recursos naturales una línea de pensamiento que se aparta de las teorías oficiales.

-PREGUNTA. ¿Qué es la nueva cultura del agua?

-RESPUESTA. Es una nueva manera de abordar la gestión del agua coherente con el nuevo contexto social y económico en el que está España y con los conocimientos científicos sobre lo que son las cuencas hidrológicas. Más concretamente, frente a una ampliación contínua del suministro de agua construyendo más embalses, se trataría de gestionar mejor el agua de la que ya se dispone. España ya no es un país eminentemente agrícola como hace 40 u 80 años y no tiene sentido seguir construyendo embalses con la excusa del regadío. Es necesario distribuir y usar mejor el agua y es necesario considerar al agua como un activo ecosocial y a los ríos y cuencas como sistemas vivos y no como tubos que recogen el agua antes de que se "pierda" en el mar.

-P. ¿Cómo se pueden ponderar económicamente los costes del agua?

-R. Lo que es un coste económico depende de la legislación vigente que es, a su vez, el resultado de una negociación política. El problema consiste en la diferencia existente entre lo que es un coste real económico, es decir, monetario, social y ambiental y lo que la ley admite que se tome como coste ignorando gran parte de las dimensiones anteriores, debido precisamente a la negociación política que, con frecuencia, es muy poco clara. En otras palabras, pueden existir costes reales como los derivados de la inundación de un valle o de un pueblo, o la contaminación de un área determinada que la ley ignore o minimice sin que eso signifique que sean los costes reales. Los afectados pueden tener una percepción social más adecuada del coste que eso supone para ellos pero será, al final, la capacidad de expresar y exteriorizar esa percepción y los valores que subyacen en ella la que determinará qué costes se van a tener en cuenta.

-P. ¿En qué difiere su línea de análisis de la visión clásica de la economía hidráulica?

-R. En que hay que poner mucho más énfasis en la gestión del recurso que en la de la obra. Lamentablemente, la mayoría de los profesionales de la economía hidráulica clásica han sido enseñados a construir presas y les cuesta abrirse a la economía del recurso. Para ellos sólo existe escasez de agua pero pocas veces se preguntan por las causas de esta escasez, pregunta que para mí es la más relevante pues entiendo que la escasez, siendo inicialmente de origen físico –llueve poco y de manera irregular- se transforma por el comportamiento de la administración que no administra y de los usuarios que no tienen interés por lo público en una escasez social y económicamente generada. Sólo así se explican las enormes pérdidas en las redes de distribución agrícolas y urbanas y la baja eficiencia técnica en el riego de muchos cultivos.

-P. El agua es ya fuente constante de conflictos y, si no cambian mucho las cosas, toda indica que en el futuro los conflictos se van a agudizar todavía más. ¿Qué solución habría ante esta problemática?

-R. En mi opinión, los conflictos son el resultado de una falta profunda de democracia en el sentido de que no existe un interés por parte de los gobiernos, ya sean autonómicos o ya sea nacional, por aclarar las cosas. No se puede hacer un proyecto como el de Biscarrués, justificando la necesidad de regadíos, hidroelectricidad y laminación de avenidas y luego demostrarse que es un fraude y que el objetivo principal consiste en trasvasar el agua a otras zonas o en mantener en funcionamiento a las constructoras con dinero público, pero habiendo creado en los agricultores la falsa idea de que el gobierno quiere darles agua y los ecologistas y algunos municipios se oponen. Entiendo que es necesario crear espacios institucionalizados de debate donde políticos, técnicos, afectados y ciudadanos en general puedan debatir y expresarse con claridad, exponiendo argumentos, razones y valores que permitan convencer y entenderse. En otras palabras, los conflictos se solucionan con más democracia. Si no profundizamos en ella sólo se darán soluciones con problemas incorporados que agravarán, a su vez, los viejos problemas.

-P. ¿Qué opina del PHN?

-R. Sólo lo conozco por los periódicos y me parece un buen ejemplo de la falta de claridad a la que aludía más arriba. Si realmente el PHN está interesado en mejorar las redes de distribución y la eficiencia en el regadío, sobran los nuevos embalses o, al menos, debería esperar a ver los resultados de estas mejoras para evaluar su necesidad. El Gobierno no los ha justificado y no piensa hacerlo porque sabe que no son necesarios. Creo que es toda una declaración de principios y de intenciones el que el Ministro presentase el PHN ante la cúpula de SEOPAN. El PHN no tiene credibilidad científica pues no atiende a razones económicas, sociales ni ecológicas válidas, y el Ministro tampoco la tiene pues parece que ha sido nombrado por SEOPAN ante quien rinde cuentas. Una actitud muy poco democrática. Tampoco entiendo que no esperen a ver los resultados de la reforma de la Ley de Aguas y de las cesiones concesionales que pueden, quizás, hacer disminuir las "demandas reales" de agua por parte de aquellos que sólo están interesados en vender y convertirse en rentistas.

-P. ¿Qué puede suponer en el plano económico y en el ecológico su puesta en marcha tal y como está diseñado?

-R. En el plano económico un negocio para las constructoras y un desastre económico, ecológico y social si, al final, se contruyen los embalses previstos. Creo que es un fraude a la democracia que el PHN se pretenda poner en marcha sin un debate social profundo. Entiendo que el debate parlamentario, cuando lo hay, no es suficiente para que los ciudadanos sintamos que vivimos en una democracia.

-P. ¿Es esta la única política posible en el tema hidráulico?

-R. Obviamente no. La nueva cultura del agua insiste en que hay otras maneras de hacer las cosas y de enfocar los problemas pero es necesario querer ir a la raíz de los mismos, sentirlos y comprenderlos, discutir, hablar y escuchar, darse cuenta realmente de lo que es el agua y de lo que son las cuencas. También hace falta reconocer que la democracia no consiste sólo en tomar decisiones por mayoría. Nada hay que objetar a un gobierno elegido democráticamente. Pero hay que recordar que esa elección sólo es la condición necesaria. La condición suficiente, que es la que legitima día a día la democracia, sólo se obtiene cuando se argumenta, se razona y se acepta debatir abiertamente con los que discrepan y presentan otros argumentos y razones.

La nueva cultura del agua defiende la profundización en la democracia cotidiana e insiste, al mismo tiempo en que, si bien no nos oponemos por principio a los embalses, es cierto que resulta mucho más barato en términos monetarios, sociales y ambientales ahorrar o utilizar y distribuir de manera técnicamente eficiente un metro cúbico de agua que generar uno nuevo. Sólo en los casos en los que esto no se demuestre con claridad aceptaríamos la construcción de nuevos embalses. De hecho, el potencial derivado del ahorro de agua y de evitar las pérdidas es mucho mayor que las supuestas "demandas" para usos urbanos y agrícolas para los próximos veinte años.