El desierto que viene

• La sequía ha dejado de ser sólo un problema cíclico y pasajero. Los expertos ponen en evidencia que el futuro de España está en juego si no cambiamos el actual modelo de desarrollo

• La sequía actual se superpone a una profunda crisis medioambiental y a una situación de agudo desequilibrio hidrológico entre oferta y demanda que no se resolverá con las futuras lluvias ni con nuevas infraestructuras hidrológicas. La paradoja española es que los cultivos más rentables y la mayor expansión urbanística se dan cita precisamente en las áreas más áridas de toda Europa.

JOSÉ LUIS BARBERÍA

EL PAÍS - España - 27-06-2005

Campos cuarteados y cosechas vencidas, requemadas bajo la solana inmisericorde, incendios forestales, fuentes, pozos, ríos y lagunas secas, embalses bajo mínimos de los que apenas fluye un hilo de agua que se evapora fatalmente en el camino hacia las plantaciones y las huertas. Abrasado por la sequía, el campo español emite nuevamente su grito sediento y con él ascienden los malos humores que dudan entre encomendarse al santo o arremeter contra el Gobierno de turno. Y, sin embargo, el problema, el verdadero problema, no se resume ya en la estampa de esta sequía temprana, en las conocidas calamidades de un fenómeno natural, pasajero. La cuestión de fondo es que la sequía actúa ahora en el contexto de una crisis medioambiental profunda, generalizada e inquietante y que se superpone con su carga dramática a una situación de progresivo deterioro que lleva décadas causando estragos.

Por abundantes que sean, las lluvias venideras no recompondrán el equilibrio hidrológico roto hace mucho tiempo, ni restituirán por sí mismas el déficit hídrico que ha pasado a ser estructural. Sabemos que ni el rico poso cultural del regadío legado por romanos y árabes, ni toda la potente ingeniería hidráulica que ha hecho que este país ostente, con 1.300 grandes obras, el récord mundial de superficie de presas y embalses por habitante y kilómetro cuadrado, nos preservan ya de nuestra propia deriva y mucho menos de las incertidumbres de un futuro comprometido por el calentamiento de la atmósfera y el cambio climático.

Una cuarta parte de la península Ibérica está amenazada por el proceso de desertización rampante que ha ido tiñendo de amarillo la superficie no hace tanto tiempo verde de países como Túnez o Marruecos. Tenemos a la mitad de los ríos, acuíferos y embalses sobreexplotados o severamente contaminados por los malos usos agrícolas e industriales y al 60% de nuestras aguas dulces costeras salinizadas por la intrusión marina, a causa de la reducción de los caudales de las aguas subterráneas y de superficie. Por no hablar del largo muestrario de especies acuáticas extinguidas o en situación crítica, de la regresión de dunas y deltas en el litoral, de las arrasadas praderas costeras de algas marinas en la que desovan los peces, de la desaparición de lagunas, manantiales y fuentes.

Los mismos Ojos del Guadiana, allí donde los libros de geografía situaban el resurgimiento del río, han quedado borrados de la faz de la tierra por la sobreexplotación del "Acuífero 23" que nutre los salinizados fondos del parque natural de las Tablas de Daimiel. Borrados hasta el punto de que, 30 años después de su pérdida, los tribunales de justicia les han oficiado su responso en una sentencia que los declara oficialmente inexistentes y que da la razón a los particulares que reclaman el uso de esas tierras consideradas desde siempre de dominio público.

Algo más que un caudal de H2O

¿A estas alturas, podemos permitirnos ignorar a los agoreros del cambio climático que vaticinan un panorama de desastres encadenados: sequías e inundaciones, desertización y escasez? ¿A los augures de la Organización Meteorológica Mundial que anuncian que en un par de décadas dos tercios del planeta padecerán estrés hídrico y que España está situada en una zona de riesgo? ¿Y a las academias de ciencias del G-8, a las legiones de expertos medioambientalistas que sostienen que ese cambio ya está aquí y que se manifiesta en el aumento de las temperaturas y en la proliferación de las sequías e inundaciones que han castigado a Europa en los últimos tiempos? ¿No se han apagado, por otra parte, muchas de las voces igualmente expertas que hace sólo unos años desdeñaban olímpicamente la teoría del cambio climático por considerarlo un ejercicio de ciencia-ficción?

Los Gobiernos de los países desarrollados empiezan a dar crédito a esta alarma mundial. El propio Ministerio español de Medio Ambiente incluye en su página web las estimaciones para 2050 de los efectos previstos del cambio climático en nuestro país. Según esos alarmantes cálculos, la temperatura media subirá 2,5 grados, las precipitaciones se reducirán un 10% y la humedad del suelo disminuirá en un 30%. Los valores y conceptos ecológicos han dejado de ser patrimonio de unos pocos pioneros pretendidamente atacados por la ansiedad, la exageración y la espontaneidad para incorporarse a los análisis científicos y a los programas de los Gobiernos.

No es que el mundo se esté rindiendo voluntariamente al discurso ecologista, es que la economía del sistema empieza a resentirse gravemente de los efectos del proceso, es que la realidad misma, la nueva realidad, obliga a reconsiderar los modelos. Con las resistencias lógicas que entrañan los cambios de gran envergadura (Kioto), comienza a abrirse paso una nueva mentalidad que ya no mira al río como a un puro canal de H2O, al bosque como a un simple almacén de madera y al acuífero como al depósito que se puede perforar impunemente, 100, 500, 1.000 metros, hasta extraerle sus entrañas. Ahora se descubre que el río está compuesto también de elementos sólidos: arenas necesarias para la conservación de las playas y nutrientes indispensables para la vida de los deltas y de las praderas marinas que nos aseguran la pesca; se comprueba que las formaciones boscosas son, en realidad, los mejores embalses porque guardan y filtran espaciadamente el agua, frenando las crecidas e inundaciones.

En el límite con el desierto

Hay una lógica económica, antes que ideológica-ecológica, que se fundamenta en la constatación de que los viejos modelos de desarrollo conducen a la ruina y al desastre, en la seguridad empírica de que recuperar lo sacrificado en el altar de lo que fue progreso y ya no es tal resulta a veces imposible y siempre enormemente costoso. Quienes pueden permitírselo, los países ricos, se aprestan a salvar su patrimonio natural -lo que no les impide trasladar al Tercer Mundo sus industrias contaminantes- y cabe pensar que dentro de unas décadas los ríos-cloacas quedarán asociados al paisaje de los países pobres incapaces de reaccionar. Aunque los correctores lexicográficos automáticos de español refutan todavía, por extraño, el vocablo "sostenibilidad", ésa y no otra es la palabra clave de los tiempos venideros.

Sin necesidad de apuntarse al catastrofismo -ya hay bastante dramatismo artificioso en la confrontación territorial y política española por el agua-, la realidad es que nuestro sistema se nos está haciendo cada vez más vulnerable e insostenible y que frente a una demanda-exigencia de agua progresivamente mayor -crece a un ritmo del 13% anual- seguimos disponiendo de los mismos recursos: unos 110.000 hectómetros cúbicos potenciales, de los cuales únicamente son aprovechables directamente el 9%. Ese caudal limitado -menguante, cabría decir, a tenor del promedio de lluvias de los últimos años- está condicionado, además, por una orografía imposible y un régimen pluviométrico diabólicamente irregular que divide radicalmente a la Península entre la franja húmeda del norte y el resto seco.

"No es que llueva mucho menos que en el resto de Europa", aclara Adrián Baltanás, director de la empresa pública Acuamed, encargada de gran parte del centenar de actuaciones (plantas de desalinización, reutilización de aguas residuales, modernización de regadíos, mejora de abastecimientos, aprovechamiento de aguas subterráneas) encaminadas a sustituir el frustrado proyecto del trasvase del Ebro. "Si consideramos el agua que revierte en los cauces y ríos (las escorrentías), nosotros disponemos de unos 2.700 metros cúbicos (cada metro cúbico son 1.000 litros) por habitante y año, mientras que la media europea es de unos 3.000. Nuestro gran problema es la irregularidad temporal y geográfica con que llueve, y la elevada evaporación, claro".

La gran paradoja del caso español es que los productos más rentables, los que brillan en los supermercados europeos, se cultivan precisamente en el arco mediterráneo, allí donde llueve muy poco, en áreas como Almería y Murcia, las más secas del continente europeo, cuyos índices de pluviosidad les equiparan con el desierto. "El año hidrológico nos ha dado 150 litros por metro cuadrado, cuando la referencia que se establece para fijar el límite con el desierto es de 250 litros por metro cuadrado", indica Manuel Aldeguer, comisario de la cuenca del Segura. Es una contradicción irresoluble porque las ventajas de los cultivos mediterráneos, dos, tres y hasta cuatro cosechas al año, se derivan de la alta disponibilidad solar, las elevadas temperaturas medias y la ausencia de heladas.

Entre medio millón y un millón de pozos

"Producimos cuando el resto de la agricultura de Europa está parada, y ésa es nuestra ventaja, el valor añadido. España es un minicontinente capaz de producir de todo, desde papaya hasta leche, pasando por maíz", subraya el secretario general para la Agricultura, Fernando Moraleda. El peso económico del arco mediterráneo se evidencia en el valor que obtienen sus exportaciones agrarias: más de 800.000 millones de pesetas en 2000, el 68% nada menos de las exportaciones agrícolas de toda España. Claro que si hablamos de Almería -el 16% de la superficie cultivada en esa provincia es de invernadero, bajo plástico-, la principal contrapartida ecológica es el vaciamiento y contaminación del gran acuífero del Campo de Dalias, que recoge las aguas de Sierra Nevada. La voz de alarma, lanzada años atrás cuando el cultivo bajo plástico alcanzó las 9.000 hectáreas, no ha impedido la continua sobreexplotación de ese acuífero y la extensión del invernadero, que hoy alcanza las 27.000 hectáreas, el equivalente a 54.000 campos de fútbol.

A la extensión continuada de los cultivos -con 3,5 millones de hectáreas, España dispone de la mayor superficie de regadíos de toda Europa-, se suma el incremento de las urbanizaciones en un área que acoge a buena parte de los 45 millones de turistas internacionales y en la que el consumo de agua ha aumentado un 30% en los últimos cinco años. Por los estudios realizados en Lanzarote se sabe que los turistas utilizan una media de 230 litros de agua por persona y día, frente a los 150-160 litros de la población española. De acuerdo con los datos de 2003, la densidad de población en las cuencas del Mediterráneo (155 habitantes por kilómetro cuadrado) está a punto de duplicar a la media nacional (86,1 habitantes por kilómetro cuadrado).

Tal y como establecen los informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y proclama a diario la evidencia misma, en España existe "un desequilibrio agudo entre la oferta y la demanda", un desequilibrio acelerado entre lo disponible y lo necesario que ni todos los proyectos de nuevos embalses y trasvases pueden ya por sí mismos resolver. Entre otras razones, y al margen del impacto ambiental que conllevan las grandes obras, porque se ha demostrado que la política de allegar nuevos recursos hídricos a zonas de escasez crea nuevos consumos y demandas que superan las nuevas disponibilidades. Las meras expectativas de agua en las zonas costeras del levante y el sur español disparan automáticamente proyectos de urbanización y de extensión de regadíos en una dinámica aparentemente sin fin. "Detrás de la pancarta clásica: 'El campo español se muere de sed', lo que encontramos, a menudo, son intereses especulativos inmobiliarios", sostiene Pedro Arrojo, profesor de Análisis Económico, presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua y premio Goldman para Europa.

Insumisión hidrológica

Contra la práctica establecida en la cultura tradicional del campo -"la acequia para el riego y el pozo para la sequía", es un dicho clásico de la huerta valenciana-, las aguas subterráneas, que sostienen el caudal mínimo de los ríos, están siendo utilizadas como recurso sistemático para resolver ese agudo desequilibrio entre oferta y demanda. Suponen más del 30% de las utilizadas en los regadíos y son las grandes desconocidas. El especialista en aguas subterráneas y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid en Hidrología Fernando López Vera calcula que en España hay en estos momentos entre 500.000 y un millón de pozos, en su gran mayoría no declarados. "Pero, en realidad, nadie sabe lo que hay", dice, "porque manejamos información de los años ochenta. ¿Y cómo vamos a intervenir", pregunta, "si no sabemos a ciencia cierta qué es lo que tenemos delante?". Es una preocupación que comparte plenamente el secretario general para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano. "En efecto, en el terreno estadístico hay un desbarajuste notable; no tenemos datos muy fiables", reconoce, "puesto que los diversos estudios disponibles dan resultados muy distintos".

La Ley de Aguas de 1985 estableció que las aguas subterráneas, consideradas de propiedad privada desde el Derecho romano, pasaran a ser de dominio público, exactamente igual que las superficiales. Pero los legisladores no se atrevieron a aplicar ese enunciado de forma retroactiva e incluyeron un artículo transitorio en virtud del cual los dueños de los terrenos conservan la propiedad privada de los pozos, y del agua, construidos con anterioridad a la fecha de promulgación de la ley. "En la práctica, lo que ocurre es que la gente sigue perforando pozos que no declara y que si se les detecta, les basta con argumentar que el pozo es anterior a 1985", afirma Fernando López Vera.

A su juicio, compartido por otros expertos, la ley es de difícil aplicación y habría que cambiarla. "Como los pozos siguen siendo de uso privado", explica, "se necesita una orden judicial para poder inspeccionarlos, así que cada cual hace lo que la da la gana y los que cumplen con la ley aparecen desasistidos. Tenemos una situación de insumisión hidrológica y una Administración impotente, porque las confederaciones hidrográficas se inhiben a menudo por falta de medios o de voluntad", asegura el catedrático de Hidrogeología. Mientras charla con el periodista, Fernando López Vera recibe la noticia de que en la cuenca del Segura hay 85.000 hectáreas nuevas de regadíos ilegales alimentadas con aguas subterráneas.

Las vertientes del conflicto

Aunque los responsables de las confederaciones hidrográficas no comparten, por lo general, esta imagen de desgobierno, pocos niegan la conflictividad que rodea, particularmente, el uso de las aguas subterráneas. Las perforaciones ilegales y los "robos" en acequias y conducciones que, en ocasiones, transforman en un páramo plantaciones y fincas de tradición centenaria, están en el fondo de muchos de los litigios que llegan a los tribunales. Según López Vera, sólo en los juzgados de Ciudad Real debe de haber entre 2.000 y 3.000 expedientes relacionados con el agua. A la lentitud de la justicia se unen en este caso las dificultades probatorias que implica todo lo relacionado con el agua. "Es difícil probar que había agua donde ya no hay", apunta el presidente del Colegio de Geólogos, Luis Eugenio Suárez.

Aunque en un país como España el agua ha sido siempre un elemento conflictivo -"en otros tiempos se tiraba de escopeta si el vecino te robaba el agua", comenta el director general del Agua, Jaime Palop-, el asunto está adquiriendo últimamente una dimensión extraordinaria. A la conflictividad vecinal por el agua hay que sumar la confrontación entre comunidades autónomas con intereses divergentes -las diferencias entre Castilla-La Mancha y Murcia y Valencia no son el único caso-, así como la polémica abierta entre las comunidades del PP y el Gobierno central por la derogación de la ley del trasvase del Ebro.

El hecho de que el modelo de organización por cuencas fluviales, modelo inventado por España y adoptado universalmente, no coincida con la estructura autonómica tampoco facilita las cosas. "Hay un divorcio entre la gestión de cuenca y el ámbito autonómico, pero tenemos que intentar que las autonomías se sientan en las confederaciones hidrográficas como en su propia casa", afirma Jaime Palop. El agua se ha convertido en un problema de primera magnitud que condiciona drásticamente el modelo de desarrollo agrícola, puesto que la agricultura consume hoy el 80% de los recursos disponibles.

Pagar más, única medida eficaz para ahorrar

• El consumo de agua representa sólo el 1% del gasto familiar de los españoles, que gastan cinco veces menos en agua que en teléfonos móviles

• Sobre la mesa del Gobierno hay un estudio que establece los márgenes de rentabilidad de los cultivos y calcula el impacto en cada caso de una eventual subida de los precios del agua. El objetivo es poner coto a la expansión ilimitada de la agricultura, que paga el agua al 10% de su coste real y es la segunda más subvencionada de Europa. Será necesario el consenso político.

JOSÉ LUIS BARBERÍA

EL PAÍS - España - 28-06-2005

El ideal del centenario modelo español: "Agua libre, gratis, para todos", se revela hoy no sólo como una pretensión vana e irreal, sino también como un objetivo contraproducente, en la medida en que fomenta el uso irresponsable del agua, amenaza las capacidades y reservas y compromete el futuro mismo del sistema hidrológico y medio ambiental. Tal y como plantea la directiva comunitaria 2000/60, adoptada por España a finales de 2003, los españoles tendrán que acostumbrarse a pagar el agua a su coste real y a atenerse a los recursos disponibles, sin confiar ya en que los grandes trasvases resuelven necesariamente el problema.

"Alardear de mantener el agua a bajo precio es como conducir mirando al retrovisor, porque se gasta más allí donde es más barata", apunta Luis Martínez Camps, responsable de relaciones institucionales de Aguas de Barcelona AGBAR, la principal empresa privada española en el suministro de agua urbana. La facturación del agua urbana supuso el pasado año unos 3.000 millones de euros, mientras que la factura de los teléfonos móviles, por ejemplo, ascendió a 15.000 millones. Al contrario de lo que ocurre ahora -el agua sólo supone el 1% de los gastos familiares-, todo invita a pensar que en un futuro no lejano los españoles responderán con mayor presteza a la pregunta: "¿Sabe usted cuánto paga de agua?".

Mientras el campo se agita, los ciudadanos recurren masivamente al agua embotellada porque la red pública no ofrece siempre garantías de calidad. Las garrafas de agua forman parte de la cesta de la compra en Barcelona y en otras ciudades como Valencia donde algunos médicos aconsejan a las embarazadas que no beban agua del grifo. Y en el Sur y el Levante, pero también a lo largo y ancho de la geografía, mucha gente desconfía de la calidad y hasta de la potabilidad del agua que les suministran las redes públicas. Sólo el pasado año, los españoles gastaron en agua mineral 1.750 millones de euros, prácticamente la misma suma (1.800 millones) que el Gobierno central destinó al mantenimiento y creación de nuevas infraestructuras hidráulicas: embalses, pantanos, conducciones. "Con el dinero que nos gastamos en agua embotellada, podríamos ofrecer a todos los ciudadanos un agua de boca (para beber y cocinar) tratada con la mejor tecnología de ósmosis y de una calidad tal que me río yo del agua mineral embotellada", indica Domingo Jiménez Beltrán, director del Observatorio de la Sostenibilidad y ex director de la Agencia Europea de Medio Ambiente.

Nueva calificación de potabilidad

Ciertamente, como subraya Luis Martínez Camps, la cobertura sanitaria del agua del grifo en nuestro país es segura al 100%. "El agua es el producto más vigilado del mundo. En Barcelona, hacemos más de mil controles diarios en la red y le aseguro", indica, "que se puede beber entre dos y cuatro litros diarios durante 70 años sin que pase absolutamente nada". De hecho, según el mismo responsable de AGBAR, la mitad de los barceloneses bebe agua del grifo y el 80% la utiliza para cocinar. En su opinión, el elevado consumo de agua embotellada responde a lo que los técnicos llaman la percepción organoléptica del agua, determinada por el color, el sabor, el olor y la temperatura, pero también a la asociación con un cierto estatus social. Sea como fuere, los barceloneses valoran menos el agua que procede del río Llobregat que la que proviene del Ter y cabe pensar que no se equivocan en esta apreciación ya que la del Llobregat, más contaminada en origen por las antiguas explotaciones mineras de la cuenca, requiere para su uso potable mayores tratamientos de depuración.

Pero, establecida la garantía sanitaria, lo que cuenta es la calidad del agua que consumimos. Otra de las directivas comunitarias, la 140/2003, adoptada por España el 1 de enero del pasado año, endurece notablemente los requisitos necesarios para obtener la calificación de potabilidad. Y como esa exigencia será total y de obligado cumplimiento en enero de 2009, España tendrá que realizar un gran esfuerzo inversor en el tratamiento y optimización de la calidad del agua de boca, que supone únicamente el 2% o 3% de la que consumimos en las ciudades.

Dos o tres euros por mil litros

La "directiva 2000/60" supone toda una revolución porque emplaza al Gobierno a cobrar a sus ciudadanos no sólo el coste del agua, que no es otra cosa que el coste de la conducción del agua al lugar en que se demanda, sino también el coste ambiental, algo mucho más difícil de calibrar, en efecto, pero no por ello menos real, e incluso el "coste de oportunidad", el precio que obtendría en el mercado del agua. "Calculo que con estos criterios el precio real del agua urbana en España estará entre los dos y los tres euros por metro cúbico (1.000 litros), afirma el secretario general para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano. Según esa referencia, las comunidades urbanas estarían pagando el agua en España a menos de la mitad de su coste, puesto que aunque las diferencias varían notablemente -desde 1,97 euros por metro cúbico de Baleares a 0,71 de Navarra y La Rioja-, el precio medio del agua para uso urbano en España se situó en 2003 en 1,10 euros por metro cúbico. Es una cifra superior a la de ciudades italianas como Turín (0,59 euros), pero menor a la de la mayoría de las capitales europeas: Estocolmo (1,42), Ginebra (1,68), Bruselas (1,85) y, desde luego, muy inferior a la de ciudades alemanas como Zúrich (3,78) y Hamburgo (4,20).

También los precios del agua para regadíos son substancialmente diferentes en uno u otro punto de la geografía española -desde los 35 céntimos por metro cúbico del agua desalada en Murcia, hasta los 20 céntimos del agua subterránea y en uno o dos céntimos de las aguas superficiales-, aunque no faltan casos en los que el agua es gratis total porque no se abonan los recibos. Según el Libro blanco del agua, publicado por el anterior Gobierno, en España se paga el 10% del precio real del agua de uso agrícola. A nadie se le escapa que el propósito de cobrar el agua a su coste choca frontalmente con una cultura ancestral que considera que éste es un recurso libre y sin precio que el Estado está obligado a suministrar. Esa mentalidad imperante cree que la escasez se resuelve con nuevos trasvases y juzga un despilfarro todo lo que sea verter agua al mar.

Ninguno de los responsables gubernamentales consultados en este reportaje discute, por lo demás, que el cobro efectivo del agua a su coste supondría el descalabro para muchos agricultores que disponen de unos márgenes de rentabilidad muy reducidos. La directiva europea permite las excepciones justificadas y da un plazo para la recuperación total de costes que alcanza hasta el año 2010, lo que posibilita un incremento escalonado de los precios, pero, con las salvedades que se quieran, el cobro efectivo del agua de uso agrícola resulta a medio plazo ineludible. Primero, porque la nueva política del agua que impulsa la Unión Europea tiene, obviamente, como objetivo reducir la demanda. Y segundo, porque la agricultura consume en nuestro país el 80% de los recursos hídricos, mientras que la industria y los hogares se reparten el 20% restante a partes iguales. Eso convierte a la agricultura en el objetivo prioritario de cualquier plan de control y ahorro. "Hay que actuar e introducir un elemento de racionalidad, ya que la demanda de un bien que no tiene precio es ilimitada", repiten altos responsables del Ministerio de Medio Ambiente.

Activar el regadío por teléfono

Poner coto a la expansión del regadío -en los últimos 10 años se han creado 350.000 nuevas hectáreas-, resulta, por lo visto, la condición indispensable para aplicar una política "sostenible" del agua en España. El otro problema es la contaminación de los suelos por el abuso de fertilizantes y abonos. "El efecto contaminante de los fertilizantes se manifiesta a los 15 años cuando se depositan en la capa freática y por eso nos estamos encontrando ahora con muchos suelos y aguas contaminadas", dice Antonio Serrano, secretario general para el Territorio y la Biodiversidad. "Esas aguas se pueden tratar, en efecto, para reutilizarlas en el uso doméstico, pero requieren procedimientos sumamente caros porque no basta con los filtros y los aportes de cloro".

La idea de que el agua se despilfarra profusamente en la agricultura, sobre todo en las cuencas altas de los ríos, está muy presente entre los estudiosos y responsables medioambientales aunque quien más quien menos huye de las declaraciones altisonantes para evitar recalentar una atmósfera sometida ya a muy altas presiones. "Ésa es una apreciación que en el ministerio de Agricultura percibimos como lejana, distante de la realidad", apunta Fernando Moraleda, sin dejar de admitir que el riego a manta, por inundación de las tierras, constituye todavía la práctica habitual de la mitad de los agricultores.

A su juicio, la idea de que las poblaciones urbanas padecen restricciones por culpa de los excesos en la agricultura adolece de simplismo. "Esa visión parte de la idea, equivocada, de que existe una única fuente de la que mana el agua que se distribuye por toda España, cuando la realidad es que hay miles de fuentes y que todo es mucho más complejo". Partidario de una interpretación flexible de la directiva europea, el secretario general de Agricultura prefiere hablar de la necesidad de modernizar los regadíos y de sellar las conducciones y acequias deterioradas por donde se pierde el 25% del agua.

"Nuestro objetivo", destaca, "es modernizar un millón de hectáreas instaurando el goteo y toda la última tecnología informatizada. Con un teléfono móvil y desde cualquier lugar del mundo, hoy podemos poner en marcha el regadío e introducir los abonos por la misma conducción del agua e incluso detectar al instante las pérdidas. En España disponemos de la mejor tecnología del mundo en materia de riegos y tenemos que aprovecharla", indica. Se calcula que la modernización de un millón de hectáreas de regadíos puede suponer el ahorro de 1.600 hectómetros cúbicos, casi el triple del consumo anual de toda la comunidad de Madrid.

El diferente peso del factor agua

No es exactamente un secreto que las relaciones entre los ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente están sujetas a lo que podría llamarse la "tensión creativa", resultante de las diferencias entre perspectivas que ponen el acento, bien en la producción o bien en la sostenibilidad. "En ocasiones, manejamos ópticas distintas pero nuestras relaciones son muy provechosas, hasta el punto de que todas las decisiones las tomamos por consenso", indica el secretario general de Agricultura. Junto al proyecto de crear un banco público del agua que complemente al mercado actual de aguas subterráneas, ambos ministerios analizan en la actualidad un estudio sobre la estructura del coste de cada cultivo por cuencas que establece los márgenes de rentabilidad existentes y estima la incidencia de una eventual primera subida del precio del agua.

El aumento general del precio del agua, asunto al que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Carbona, evita poner fecha, repercutiría de manera muy diferente en el campo español. Mientras que la agricultura de interior dispone de agua pero difícilmente podría pagarla a su coste real, la del arco mediterráneo, altamente rentable y productiva, no debería tener dificultades para absorber los nuevos precios. Ésa es al menos la opinión del director de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, Acuamed, Adrián Baltanás. "El factor agua supone menos del 5% del coste de la producción agrícola en Almería y entre el 5% y el 10% en Murcia. Hay que tener en cuenta", añade, "que el invernadero, el modelo más rentable, exige una inversión por hectárea de varios cientos de miles de euros y que el precio de las semillas es cada vez mayor porque también son cada vez más sofisticadas". Es cierto, que en muchos casos, la agricultura no es ya un medio de vida, sino una industria, un sector económico -Mario Conde y la duquesa de Alba figuran entre los agricultores españoles más subvencionados-, en el que se invierten y se ganan grandes sumas de dinero.

La lógica económica impulsa a conducir el agua a los terrenos de máxima rentabilidad, pero ya no es posible ignorar los costes materiales de esas obras, ni las repercusiones sociales de llevar esa lógica a su extremo. ¿Hay que sacrificar a la agricultura de las cuencas altas? ¿Permitir que continúe el despoblamiento de provincias que, como dice gráficamente Fernando Moraleda, "caben en un estadio de fútbol"? No pocos expertos vaticinan que la globalización acabará con la agricultura de secano en cuanto la UE y EE UU levanten sus últimas barreras proteccionistas y que la única agricultura española con futuro capaz de competir con la marroquí o la chilena, es la que ya se desarrolla en determinadas áreas del arco mediterráneo, una agricultura industrial muy tecnificada capaz de producir, casi sin tierra, cualquier cosa en cualquier temporada.

Arroz subvencionado en el desierto

En estos momentos en los que la UE reconsidera su Política Agraria Común (PAC), una pregunta clave es si hay que seguir subvencionando -con 6.000 millones de euros anuales, la agricultura española es la más subvencionada de la Unión, detrás de la francesa- cultivos extensivos como la remolacha, los cereales, el maíz o el algodón que consumen mucha agua, salinizan los suelos y dan un rendimiento económico escaso. ¿Tiene sentido seguir subvencionando el cultivo de arroz en el desierto de Los Monegros? Para casi nadie es un secreto que hay agricultores que plantan exclusivamente por las subvenciones y que en ocasiones ni siquiera se molestan en recoger la cosecha.

Fernando Moraleda contraataca preguntando si hay que dejar que las leyes del mercado sigan despoblando el campo español. "¿Qué le cuesta más al Estado: resolver los problemas derivados de los cinturones de pobreza que se crean en torno a las ciudades o asentar los núcleos de poblaciones rurales? ¿Y qué papel juega el precio del agua en todo esto? ". El turismo rural y la artesanía son algunas de las actividades alternativas que los expertos europeos recomiendan para las poblaciones rurales que trabajan una agricultura de subsistencia pero, obviamente, la reconversión de los agricultores no es siempre posible. Sin caer en el paternalismo cursi de quienes ven a los agricultores como "los jardineros del paisaje" que hay que proteger a toda costa, parece claro que España necesita un modelo de ordenación y desarrollo territorial más equilibrado y sostenible que ponga fin al éxodo rural y a la masificación costera y urbana.

Obviamente, la cuestión, el reto, es asegurar la sostenibilidad del sistema, conciliar territorialmente las demandas de un recurso escaso y codiciado, aplicar una política respetuosa con las directivas europeas que asegure el ahorro y el reparto inteligente y equitativo. "Y por qué un agricultor aragonés va a renunciar a plantar melocotoneros para que los plante uno de Murcia?", pregunta, a su vez, Eugenio Nadal, ex presidente de la Confederación del Ebro y consultor de la Diputación de Aragón. "¿En nombre de qué debe renunciar a esa actividad? Ningún trasvase puede justificarse ya en los regadíos. La única solidaridad exigible en el terreno del agua es la que afecta al consumo humano", sostiene.

"Hay que plantearse la utilidad y el coste de los pantanos porque tampoco se le puede exigir a un ciudadano de Soria que financie con sus impuestos obras que benefician exclusivamente a otros", señala el presidente del Colegio de Geólogos, Luis Eugenio Suárez. "¿Se puede invocar a la solidaridad con Marbella o Benidorm para pedir a los pueblos humildes de comarcas de montaña que acepten ser inundados y desaparecer?", pregunta, a su vez, Pedro Arrojo. Se diría que en el terreno del agua, la España pobre se rebela contra la España desarrollada, pero, como subraya el profesor Arrojo, "la nueva cultura del agua que necesitamos no es de izquierdas ni de derechas, ni tiene por qué enfrentar a unos territorios con otros. De lo que se trata", indica, "es de responder al reto de la sostenibilidad".

Para ser encauzada, esta cruda polémica que atraviesa a España de norte a sur y de este a oeste necesita un consenso político, un pacto de Estado por el agua. "Si no se produce un gran consenso nacional sobre el agua, esto acabará siendo un desastre", predice el director general del Agua, Jaime Palop.

El fin del modelo de presa y trasvase

• España se ve abocada a buscar nuevos sistemas de administración del agua. Se impone un drástico cambio de cultura: gestionar la escasez

• Las 130 presas previstas en el Plan Hidrológico Nacional tendrán que superar un riguroso filtro de rentabilidad económica y social antes de obtener la luz verde del Ejecutivo. El Gobierno se esfuerza en paliar el déficit hídrico del Levante con una batería de medidas que, según sus críticos, no conseguirán aportar los recursos establecidos en el frustrado proyecto del trasvase del Ebro.

JOSÉ LUIS BARBERÍA

EL PAÍS - 29-06-2005

Más allá de la polémica generada en torno al trasvase del Ebro, derogado por el Gobierno tras un debate envenenado en el choque de intereses territoriales, estamos asistiendo en España al abandono del modelo de gestión de los recursos hidráulicos que Joaquín Costa -todo un mito en la historia de la política hidráulica española- impulsó a finales del siglo XIX. Ese modelo, que tuvo su apogeo en la posguerra franquista -la típica imagen del dictador inaugurando pantanos-, se sustentaba en la idea de aprovechar al máximo el agua existente para producir energía eléctrica y asegurar el abastecimiento de la población y el regadío en un país atrasado, mayoritariamente agrícola.

Presas, pantanos, embalses, conducciones y centrales eléctricas han constituido a lo largo de ese largo siglo la tarea ciclópea de un Estado convencido de que el dominio de las aguas abría paso al progreso, como así fue. "Al margen de la falta de legitimidad del régimen franquista, hay que reconocer que ese modelo de fuertes inversiones estatales y de subvenciones públicas contribuyó a un patrimonio de infraestructuras que es lo que nos permite hoy dar el paso a una gestión sostenible. Fue eficaz en su tiempo, aunque en las últimas décadas haya tenido una evolución puramente vegetativa", apunta el director de la empresa pública Acuamed, Adrián Baltanás. De hecho, las curvas de productividad y rentabilidad, tanto de las obras de producción de energía hidroeléctrica como las de embalse y trasvase realizadas en los últimos tiempos marcan una clara tendencia descendente.

"La totalidad de las presas previstas en el Plan Hidrológico Nacional (130) van a ser sometidas a un filtro de rentabilidad económica y social, y me atrevo a pensar que la gran mayoría no superarán ese filtro", afirma la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. "Nos hemos encontrado con embalses que no tienen a quién abastecer porque se iniciaron cuando existía una demanda que ha desaparecido y con presas terminadas hace 10 años que están a la espera de que se hagan las conducciones. El sistema no da más de sí, lo estamos viendo nosotros y nos lo dice la Unión Europea y la comunidad científica", sostiene la ministra.

Las dificultades del cambio de modelo

Aunque, entre los especialistas, casi nadie rechaza el recurso a nuevos embalses -"la presa no es buena, ni mala, depende"-, parece claro que la vieja política del regeneracionista Joaquín Costa debe dar paso a una nueva. "El sueño de la razón produce monstruos", cabría decir, a tenor de la mirada crítica con que se analiza la realidad presente. Después de haber compartido esa misma utopía -el anteproyecto de Plan Hidrológico de Josep Borrell de 1993 contemplaba, incluso, la interconexión de cuencas-, los socialistas españoles han despertado bruscamente a la necesidad de cambiar la política del agua tras el timbrazo de alarma que han hecho sonar los organismos internacionales y, particularmente, tras la "directiva comunitaria 2000/60", adoptada por España. Sin prácticamente debate interno, los socialistas han tenido que familiarizarse a marchas forzadas con términos y conceptos como "ecohidrología", "principio de no deterioro", "régimen ambiental mínimo", "sostenibilidad hidrológica", "biodiversidad", que son de uso corriente entre los expertos. "Nos hemos acostado trasvasistas y nos hemos levantado medioambientalistas", reconoce un militante socialista vinculado a la gestión política del agua.

Ciertamente, la Ley de Aguas de 1985 que sustituyó a una legislación centenaria, ya incorporó la necesidad de proteger los recursos hídricos y condujo, de hecho, a la anulación de algunos de los grandes proyectos por su elevado impacto ambiental, pero ese cambio legislativo apenas se tradujo en medidas concretas. La poderosa inercia del viejo modelo ha seguido pesando en los Gobiernos españoles y es ahora con el ensayo de aplicación de la directiva europea 2000/60 cuando empieza a producirse el cambio, un cambio radical. "Al igual que otros países de características similares a las nuestras: California, Portugal, Chile, Grecia o Australia, llevamos ya varios años a caballo entre dos modelos de gestión de recursos hídricos", indica Adrián Baltanás. "Y nuestro problema", subraya, "es cómo hacer este tránsito, cómo pasar de un modelo a otro". No puede decirse que la sequía esté contribuyendo precisamente a facilitar las cosas. "El reto del agua en España es también desdramatizar la situación, tenemos recursos suficientes para asegurar el suministro urbano y una legislación que, al contrario que la estadounidense, nos permite dar prioridad al suministro de las ciudades", apunta el director de Acuamed.

El profesor de Economía de Zaragoza Pedro Arrojo subraya, por su parte, que de lo que se trata es de gestionar y repartir la escasez, no la abundancia. "Seguir con la política de más y más presas sin preguntarse por su utilidad y rentabilidad real es como regalar monederos a los pobres, entre otras razones, porque, como se está viendo", dice, "tampoco hay agua con que llenar esos embalses". Frente al modelo clásico desarrollista español que fía la solución del problema a los embalses y trasvases, sin preguntarse demasiado por el impacto medioambiental, la directiva europea establece que el agua es el soporte indispensable de la biodiversidad y de los ecosistemas a proteger, al tiempo que emplaza a los Gobiernos a asegurar el abastecimiento sin dañar la vida de los ríos, de los acuíferos y de los deltas. La fórmula de las autoridades comunitarias para conseguir un uso eficiente del agua es que el consumidor pague el coste de la conducción y el coste ambiental.

Debate territorial, más que ideológico

La realidad de la situación ilustra bien tanto sobre los límites del viejo modelo, ya superado, como sobre las insuficiencias actuales del modelo alternativo que acaba de nacer. Así, las aportaciones del trasvase Tajo-Segura han posibilitado una agricultura altamente productiva, pero no han impedido el consumo por encima de los recursos disponibles ni el agotamiento progresivo de embalses y aguas subterráneas. "En mi cuenca, el déficit hídrico ha aumentado en los últimos 10 años de forma escandalosa por las urbanizaciones y el aumento de los regadíos", dice el comisario del Segura, Miguel Aldeguer. "La situación ha llegado al punto", enfatiza, "de que en la zona de Calasparra, por ejemplo, se están utilizando una veintena de pozos para poder beber".

Hay dos planteamientos de fondo que pugnan en el tránsito de uno a otro modelo: el que juzga prioritario llevar el agua al terreno en el que se genera la riqueza, y el que considera que cualquier proyecto económico debe asentarse previamente sobre sus propios recursos. Son planteamientos condicionados por la opinión comúnmente aceptada de que la Administración no se puede desentender de los cultivos agrícolas más rentables, ni tampoco ignorar que el aumento del precio del agua a su coste arruinaría a gran parte de la agricultura menos rentable y contribuiría a la despoblación rural. Como tampoco se puede obviar que las comunidades autónomas de aguas arriba se resisten a traspasar a zonas más ricas un recurso escaso y revalorizado que necesitan utilizarlo para su propio desarrollo. Pese a la intensa polarización política y a la confrontación existente entre las comunidades gobernadas por el Partido Popular y el Ejecutivo central, éste es un debate más territorial que ideológico.

El agua, en manos de los ingenieros

En su libro Ideas y propuestas para una nueva política del agua en España, el especialista en planificación ambiental Antonio Estevan y el premio Nacional de Economía y Medio Ambiente 2000 José Manuel Naredo afirman que la esencia del cambio inspirado por la directiva marco europea es el tránsito desde una política sectorial "extractiva", como la minería o la pesca, hacia una política de carácter, primero ambiental y luego sectorial. "La política del agua", indican, "va ganando cada vez más un carácter territorial, y adquiriendo la transversalidad propia de este tipo de políticas".

El presidente del Colegio de Geólogos, Luis Eugenio Suárez, atribuye a ese carácter sectorial la ignorancia existente en nuestro país sobre las aguas subterráneas. "Aunque la cuenca del Júcar es deficitaria, la mitad de sus acuíferos están por estudiar y la otra mitad mal estudiados. El problema de fondo", dice, "es que la política de Aguas se ha confundido con la política de Obras. De hecho", añade, "hasta hace ocho años, la Dirección General de Aguas estaba en el Ministerio de Obras Públicas y por esa misma razón el 75% de los funcionarios superiores y medios del Ministerio de Medio Ambiente son ingenieros". En su opinión, las confederaciones hidrográficas y la política de Aguas deben ser reformadas para dotarlas de un carácter pluridisciplinar. "Hay que poner un caudalímetro en cada pozo y estudiar y controlar las aguas subterráneas para acabar con la sobreexplotación y la contaminación", concluye.

A caballo entre dos modelos, los expertos medioambientalistas españoles analizan las experiencias obtenidas en países con problemas parecidos que se han colocado a la vanguardia del cambio. "En California, un país similar a España, el modelo de las grandes infraestructuras hidráulicas financiadas con dinero público fue puesto en crisis precisamente por los responsables económicos", explica el presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Pedro Arrojo. "Sacaron las cuentas y vieron que en la mayoría de los casos esa estrategia de grandes inversiones públicas no era rentable porque los gastos no se compensaban ni con la electricidad ni con los beneficios de los regadíos. En zonas saturadas como Los Ángeles, el criterio imperante", señala, "es que cualquier proyecto que pretenda ponerse en marcha ha de tener asegurado el suministro suficiente de agua por sus propios medios, porque la Administración no va a facilitársela. Han llegado a la conclusión de que sólo les interesa el desarrollo sostenible que aporta calidad de vida".

El uso útil del río

Según Pedro Arrojo, el nuevo modelo implica un gran cambio de mentalidad. "En EE UU, muchos ríos han pasado a ser considerados parques fluviales y en algunos sitios se están desmontando presas, devolviendo al río su curso original. En esas áreas protegidas, el concepto de uso útil ha cambiado radicalmente porque", dice, "ahora el uso útil del río se basa precisamente en ser río, y se genera riqueza gracias a la pesca y al turismo que busca los parajes limpios y gratificantes. Han comprendido que al cargarse los ríos y los bosques se estaban cargando las gallinas de los huevos de oro. De la misma manera que aquí no se nos ocurre ver en la playa de La Concha de San Sebastián una gran cantera de arena, allí han dejado de mirar al río como a un simple canal de agua".

Al otro lado del debate, la portavoz del Partido Popular en la Comisión de Medio Ambiente, María Teresa de Lara, establece un paralelismo, que otros juzgan ya imposible, entre el reparto del agua y la distribución de energía eléctrica. "En España hay regiones que producen energía y otras que no, pero la energía llega a todas partes. Pues con el agua debería ser igual", sostiene. Es un discurso que da prioridad absoluta al desarrollo -"antes que desarrollo sostenible debe haber desarrollo", apunta- y que se fundamenta en la idea de que hay agua para todos, y sin necesidad de subir los precios. "No estoy a favor del incremento de los precios del agua porque eso supondría colocar al campo español en inferioridad de condiciones", indica.

Frente a quienes con argumentos económicos, sociales y medioambientales descalifican el proyecto de trasvase del Ebro descartado por el actual Gobierno, la diputada del PP sostiene que esa obra resolvía eficazmente parte de los problemas. "Se está creando una tensión social enorme", comenta, "porque los agricultores del Levante han invertido mucho dinero en los riegos por aspersión y en la modernización, y ahora ven que el porvenir no se les presenta muy halagüeño".

Tampoco Francisco Cabezas, principal valedor técnico del trasvase del Ebro en el anterior Ejecutivo, cree que el déficit hídrico del Levante se resolverá con las medidas adoptadas por el actual Gobierno. "Estoy a favor de la desalación, la modernización de los regadíos, la reutilización de las aguas y el ahorro, pero eso", asegura, "no resolverá el déficit existente. La gente está angustiada por miedo a que se pierda la industria agroalimentaria de la zona y yo creo que tarde o temprano habrá que hacer el trasvase si se pretende dotar de agua al Levante". Ex subdirector general de Planificación Hidrológica en el anterior Gobierno, Francisco Cabezas es partidario, sin embargo, de detener la expansión de los regadíos, así como del incremento de los precios del agua. "Pero no se puede cobrar el agua a su coste total, eso no se hace en ninguna parte", sostiene.

La tecnología abre una ventana

En cualquier caso, el progreso en las técnicas de desalación de aguas salobres o de agua de mar ha abierto un ventanal a la esperanza que ni los más acérrimos trasvasistas se atreven hoy a negar. Descartada hasta hace unos años por su elevado coste, la desalación se presenta como una alternativa posible a los trasvases gracias al abaratamiento espectacular de la producción conseguido últimamente con la técnica de ósmosis inversa. "Si en el año 70 gastábamos 22 kilovatios por cada metro cúbico, ahora desalamos normalmente con 3,5 kilovatios por metro cúbico y en algunos sitios hemos conseguido ya producir a 2,6 kilovatios", subraya el presidente de la Asociación Española de Desalación y Reutilización, José Antonio Medina. El precio del agua desalada, un dólar por metro cúbico hasta hace unos años, oscila actualmente, entre 0,45 euros y 0,71 euros por metro cúbico, incluyendo las amortizaciones, señala José Antonio Medina. Este precio sigue siendo superior al establecido en el proyecto del trasvase del Ebro, aunque no pocos expertos opinan que las cifras anunciadas por el anterior Ejecutivo estaban lejos de corresponderse con la realidad.

Sea como fuere, la desalación es la alternativa, complementaria o no, que la nueva política ofrece a las comunidades con déficit hídrico, muy particularmente a las que vieron en el trasvase del Ebro la panacea que iba a resolver sus problemas. De hecho, el programa Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua (AGUA) fía a la desalación la obtención y recuperación anual de unos 600 hectómetros cúbicos anuales, más de la mitad del objetivo (1.060 hectómetros cúbicos), establecido en un plan que cuenta igualmente con las aportaciones derivadas de la modernización de regadíos (190 hectómetros cúbicos) y de la reutilización de las aguas depuradas (140 hectómetros cúbicos). A la espera de que los costes lleguen a reducirse todavía más, los expertos reconocen que, hoy por hoy, la desalación únicamente resulta rentable para el suministro de agua en puntos situados en una cota inferior a los 400 metros.

No deja de ser paradójico que un país como España, no caracterizado precisamente por su inversión tecnológica, se haya convertido en pionero en las técnicas de desalación, además de situarse en la vanguardia de las energías alternativas. "Tenemos 10 grandes empresas con un potente capital tecnológico, cosa que no existe en ninguna otra parte del mundo, tampoco en EE UU", indica José Antonio Medina. "Nuestras empresas están ganando contratos en medio mundo: en EE UU, en China, en India, en Argelia, en México, en el Reino Unido..., porque estamos a la cabeza de las técnicas de desalación y reutilización". España es el primer país en desalar agua para la agricultura y el quinto en desalar agua de mar, una clasificación que encabezan Arabia Saudí y los Emiratos Árabes.

Actualmente, las 900 desaladoras existentes, en su mayoría de reducido tamaño, producen 1,6 millones de metros cúbicos de agua al día, el 2,3% de la que se utiliza en el conjunto de España, pero esta cifra debería aumentar notablemente cuando entren en funcionamiento -no será antes de 2007- las 15 grandes plantas en proyecto. El problema de los vertidos de las salmueras, la concentración de sales que implica el proceso de desalación, parece haberse resuelto satisfactoriamente con los emisarios submarinos que las reparten lejos de las praderas de algas poseidonias, tan importantes para garantizar la reproducción pesquera. Estimuladas por una realidad que obliga a hacer de la necesidad virtud, las empresas españolas -la asociación del sector cuenta con 58 firmas, algunas especializadas en el bombeo y la distribución- han encontrado en el mar el recurso ilimitado que puede paliar el déficit hídrico del arco mediterráneo y contribuir a que España afronte el futuro del agua con mayor optimismo.