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JACA.- El colectivo entiende que esto no debe valorarse como mera
anécdota, sino como “una base documental que no sirve porque está
plagada de errores” y, además, no contempla los importantes
cambios introducidos desde 1999, fecha del EIA: la Directiva Marco
de Agua (DMA) “ha entrado en vigor, pero no se cita en ningún
momento, es como si no existiera, pese a que implica una
modificación sustancial en la gestión de los ríos al anteponer su
buen estado ecológico respecto a otros objetivos, como el
regadío”; hay modificaciones en la naturaleza, “con el cambio
climático, causa de la reducción de caudales en los ríos que,
según estiman investigadores de Alemania, en el Aragón va a ser
del 20 por ciento”; y tampoco se tiene en cuenta la opción de
satisfacer la demanda de riego en Bardenas con la regulación en
tránsito “que se recoge en nuestro documento de alternativas,
presentado en 2004, pese a que el decreto sobre los EIA implica
que hay que analizar todas las alternativas y compararlas”.
Desde la Asociación Río Aragón, se añade que el Ministerio está
consultando a diferentes entidades si es necesario un nuevo
procedimiento de evaluación ambiental porque hay impactos
ambientales significativos.
“Nosotros afirmamos que sí los hay: el socioeconómico, porque la
inundación de un fondo de valle afecta a la funcionalidad del
territorio, y el emocional sobre habitantes que ya han sufrido la
afección del actual embalse, algo que nunca se ha tenido en
cuenta”, y a esto se unen “los mencionados errores y carencias de
un documento ya considerado insuficiente e inexacto al inicio de
su tramitación, en 1993, y que ampara la Declaración de Impacto
Ambiental que, recordamos, está expuesta a quedar anulada por la
Audiencia Nacional”.
La Asociación califica de
“sorprendente” la actitud del Ministerio, donde “es como si
hubiera dos tendencias”, pues “parece que quiere hacer bien las
cosas y a renglón seguido retorna a la chapuza. Pensamos que las
presiones del Gobierno de Aragón tienen mucho que ver y frente a
decisiones técnicas, acaban prevaleciendo las políticas”. “Es
imposible recrecer Yesa dentro de la legalidad”, asegura.
Ayuntamiento de Artieda
Por otro lado, el Ayuntamiento de Artieda ha notificado al
Ministerio que deben ser 30 días, y no 15, el plazo para responder
a su consulta sobre el procedimiento de EIA, y que considera “una
reducción gratuita” las dos semanas exigidas en el oficio remitido
con fecha 10 de enero de 2007, más aún por ser “un proyecto que la
administración lleva varias décadas gestando”, como por los 1.544
folios a analizar. También le pide varios documentos que faltan,
así como explicaciones por las declaraciones del secretario
general para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano,
referidas a que no habrá nuevo procedimiento de evaluación
ambiental, algo que, de ser cierto, llevaría a considerar “una
tomadura de pelo” lo expuesto con el citado oficio. El
Ayuntamiento “solicita información urgente sobre tales
declaraciones” para “evitar trámites innecesarios” y, sobre todo,
“para ejercitar las acciones legales procedentes”.
También COAGRET critica estas declaraciones y pide la
rectificación de Serrano y del consejero aragonés de Medio
Ambiente, Alfredo Boné, o su dimisión, por el “desprecio” que
ambos muestran a la normativa ambiental y la participación pública
en el proyecto del recrecimiento, y ello pese a las
“insuficiencias evidentes y sustanciales” de la documentación
ambiental en cuestión. Para COAGRET resulta un “engaño” e “insulto
para los afectados” el que sólo 7 de los 30 consultados “no son
administración”.
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