Dolores Carrillo, ex directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, acusada en el juicio por la tramitación del proyecto de recrecimiento de Yesa, no ha podido acreditar en su declaración de hoy que contara con un informe favorable según el cual era suficiente la información adicional que tuvo en cuenta para dictar la DIA. Esta información adicional, que le fue remitida por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) a través de la Dirección General de Obras Hidráulicas, recogía las deficiencias que se habían detectado en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de 1993, cuando fue sometido a información pública. Sin embargo, entre esta información adicional y la DIA que ella emitió no hay ningún informe técnico ni propuesta que avale el documento que ella firmó, y hay que recordar que lo hizo pese a que todos los informes de su departamento eran contrarios a ello, según confirmaron técnicos de su ministerio en su declaración ante el tribunal el pasado viernes.

Carrillo ha declarado que, el entonces director general de Obras Hidráulicas Carlos Escartín, jamás le informó de que había dictado la resolución para realizar un nuevo EIA, y que se enteró cuando la vio publicada en el BOE, precisamente en el momento en que estaba recibiendo en varias entregas la información adicional de la CHE. Fue al ver el anuncio en el BOE cuando pidió un informe jurídico.

Como los demás imputados, también ha dicho que no había recibido presiones, con lo que, como ellos, está admitiendo su responsabilidad.

Otro de los declarantes como perito ha sido Jesús Gras, geólogo autor de un informe en el 2003 (escandalosamente 4 años después de la DIA), para dictaminar la validez y suficiencia de la información adicional. En ese informe, según reconoció al Tribunal, sólo tenía que dictaminar sobre el agua embalsada, suelos, caudal ecológico,… pero nada más, y por eso no opinó sobre cuestiones tan importantes como los impactos sociales,  sobre el patrimonio, ni los riesgos sísmicos y geológicos. Ha tenido que concretar que el informe había sido encargado por alguien que, supuestamente, trabajaba para la CHE. Por tanto, no es una prueba pericial, sino un informe de parte sin validez.

 Las demás declaraciones han versado sobre las afecciones del Camino de Santiago. Pilar Poblador, profesora de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza y perito de la acusación, se ha mostrado contundente en sus argumentaciones sobre la defensa de este bien Patrimonio Mundial de la Humanidad, al subrayar que no es un mero itinerario físico, sino que lo integran también ermitas, iglesias, albergues y pueblos.

Sin embargo para los miembros del comité de expertos (peritos de la defensa), el Camino solo tiene un carácter espiritual y, por tanto, según ellos, no se ve afectado por el recrecimiento. Por el contrario han tenido que admitir a preguntas del presidente del tribunal que su informe fue pagado por la CHE y que no habían tenido en consideración la existencia de santuarios, pueblos y otros hitos ligados al Camino. Además han declarado que desconocían la ley de Patrimonio de Aragón y la delimitación física del Camino y de su entorno, que es obligatoria al estar considerado Patrimonio de la Humanidad. Su informe ha quedado totalmente desacreditado ante el tribunal.