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Los cuatro
declarantes de la Defensa han ratificado hoy con su testimonio,
sin excepción, las tesis de la acusación. Los que han intervenido
como peritos han quedado en evidencia, al ser de la consultora
Euroestudios, muy vinculada con el acusado Escartín y con las
empresas adjudicatarias. Además, han presentado informes sin fecha
y han reconocido que son posteriores al proyecto, lo que ratifica
nuestra tesis: que ni para la DIA ni para el proyecto se
estudiaron los riesgos geológicos ni la sismicidad.
El primero en
declarar en calidad de testigo ha sido José Antonio Alcaraz Calvo,
que ostentaba el cargo de subdirector general de Presupuestos y
Contratación de la Dirección General de Obras Hidráulicas del
MIMAM y presidente de la mesa de contratación, por tanto, era
segundo de a bordo de Escartín.
Como
presidente de la mesa de contratación ha explicado que aunque el
proyecto se adjudicó en junio de 2000 por esperar el informe de la
Abogacía del Estado respecto a lo denunciado por el presidente de
OHL Villar Mir, la decisión de
la adjudicación, a efectos técnicos y económicos y con
todos los criterios ya definidos,
se había tomado en la sesión de
abril de 2000, fecha
en la que Escartín aún estaba en el Ministerio.
Recordamos que la Defensa argumentó que al haber dimitido Escartín
en mayo de 2000 de su cargo, no había podido influir en la
adjudicación, lo que se comprueba ahora que no es cierto.
El
Sr. Alcaraz también ha reconocido que es cierta la información
aparecida en El Periódico de Aragón
sobre las adjudicaciones de 49 millones de euros a ACS entre mayo
de 2000 y septiembre de 2001, es decir, en el tiempo en que
Escartín estuvo en esta empresa.
Otra cuestión
reconocida por Alcaraz Calvo es que, aunque supo de la denuncia en
relación con Euroestudios, en su departamento no se investigó
nada.
El siguiente en
declarar, como perito de la Defensa, ha sido Jesús Hortal, autor
de un informe técnico encargado por la Comunidad de Regantes de
Bardenas, beneficiarios del actual Yesa y del recrecido, para
justificar la necesidad del recrecimiento a cota 521.
A preguntas del
presidente del tribunal, ha reconocido que se le dieron las
premisas para que hiciera un informe y ni investigó ni se planteó
que pueda cambiar los parámetros de la política agraria ni que se
redujeran las zonas de regadío, como así ha ocurrido con el Plan
Nacional de Regadíos.
Ha admitido que
desconocía que había que hacer DIA de toda transformación en
regadío que supere las 100 hectáreas, algo que desde hace muchos
años figura por ley y es, por tanto, de obligado cumplimiento.
También ha
declarado el geólogo Alejandro Carreras, que había presentado un
informe de 4 páginas sin fecha en la Audiencia Nacional, diciendo
que no hay ningún problema con el deslizamiento de la margen
derecha ni con el de la Refalla. Sin embargo, ha tenido que
reconocer que no es experto en sismicidad, que el informe lo hizo
por encargo de Euroestudios, y que los riesgos geológicos son
riesgos ambientales que deben ser objeto de una declaración de
impacto, y en este caso no lo fueron.
Al insistir en
la fecha de su informe, aunque dijo no recordarla se le indicó que
tenía que ser posterior al proyecto (enero de 2000), pues habla de
una normativa de 2002. Dijo que pudo ser para la adjudicación del
proyecto.
Finalmente ha
declarado Eduardo Salete, ingeniero de Caminos, que también aporta
informes sin fecha. A preguntas de la acusación, ha explicado que
un estudio estaba hecho en 2002, encargado por Euroestudios y el
otro, en 2004, por encargo de la CHE, es decir, ambos son
posteriores al proyecto.
Aunque a
preguntas del abogado del estado, referidas sin normarlo al
embalse de Itoiz, ha explicado que si se colocan más sensores en
el entorno de un embalse se pueden detectar más movimientos
sísmicos, ha sido sorprendido por la acusación al indicarle que
han sido detectados 348 movimientos sísmicos, uno de ellos de 4’6
en la escala Richter. Desconocía que hubiera habido uno de esas
dimensiones, y al explicarle que está en las actas ha respondido
que “eso son palabras mayores”.
Además, ha
admitido que no le sorprende que haya sismicidad inducida en una
presa de más de 100 metros de altura. Es lo que puede ocurrir en
Yesa, que también va a superar esa altura.
Todas las
declaraciones de hoy eran a petición de la defensa. Sin embargo
han ratificado punto por punto nuestras acusaciones y han quedado
en evidencia ante el tribunal.
Así mismo cabe
resaltar la importancia de la información publicada hoy en El
Periódico de Aragón, que deja bien a las claras el grado de
corrupción y de intereses particulares que han hecho posible el
que se siguiera adelante con la tramitación del recrecimiento, en
contra de todos los informes técnicos del Área de Evaluación
Ambiental del MIMAM, tal como declararon el pasado viernes
técnicos del citado ministerio.
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alcalde de Artieda: 653 666 572.
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