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El director
general de Inspección del Ministerio de Administraciones Públicas
en el año 2000, que entiende de las cuestiones de
incompatibilidades, Amador Elena Córdoba, ha confirmado la tesis
de la acusación sobre el incumplimiento de la Ley de
Incompatibilidades por parte de Carlos Escartín –ex director
general de obras hidráulicas de Aznar,
imputado en este juicio–, que nada más abandonar su
puesto de director general de Obras Hidráulicas entró a trabajar
en ACS, empresa de la UTE adjudicataria de las obras de la presa.
Elena Córdoba ha explicado que se instruyó contra el
imputado un expediente –que sorprendentemente para el tribunal fue
archivado cuando Escartín dejó ACS–, con la presencia de Escartín,
a quien se le dio audiencia y, por tanto, oportunidad de
defenderse. También se atendieron las alegaciones de informadores
del Ministerio de Medio Ambiente, antes de que la abogada del
Estado dictaminara en el Ministerio de Administraciones Públicas
el incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades y la apertura
de dicho expediente, después incomprensiblemente archivado.
Asimismo ha
declarado Moisés Rubín de Félix Caballero, ingeniero de Caminos
del Ministerio, quien ha dicho que su única intervención en Yesa
fue la emisión de los informes de julio del 1993 y mayo del 1999.
A preguntas de la acusación ha reconocido que su informe de 1993
era sobre un proyecto de construcción completo (el del ingeniero
Uceda, acusado por la fiscalía), no sobre un anteproyecto o un
estudio previo o incompleto. De esta forma refuta las
declaraciones de los imputados Escartín y Uceda, que consideraban
el proyecto un modificado de obra que supuestamente era
insuficiente y es en lo que se ampara Escartín para sacar a
licitación conjunta el proyecto y obra.
El ingeniero
Rubín ha reconocido la existencia de dos deslizamientos ocurridos
en ambas márgenes, uno de ellos de 12 hectómetros cúbicos, y que
no estaba de acuerdo con la solución dada al proyecto. Se ha
desentendido de todo lo demás y ha explicado que todos los
informes del Área de Presas se hacen en base a leyes de los años
1967 y 1996, sin considerar la normativa ambiental, aunque ha
admitido que los riesgos geológicos y sísmicos son efectos
ambientales y tienen que ser objeto de evaluación, cosa que no se
hizo con Yesa.
Tras las
declaraciones de la semana pasada en la que los técnicos del
ministerio afirmaron que todos los informes del Área de Evaluación
Ambiental a la que pertenecen eran contrarios a la emisión de la
DIA en esas irregulares condiciones, hoy se vuelve a dar un
espaldarazo a la argumentación de la acusación al comprobarse la
irregularidad de la actitud del imputado Escartín.
Mañana está
prevista la comparecencia de testigos de la defensa y el jueves,
la de Dolores Carrillo, ex directora general de Evaluación y
Calidad Ambiental, tras quien declararán los peritos de la
acusación y defensa sobre las afecciones al Camino de Santiago. El
viernes se abordarán los problemas geológicos y sismológicos del
proyecto.
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