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EDUARDO BAYONA (13/03/2006)
La ejecución del recrecimiento del pantano de Yesa en la cota
media aprobada por la Comisión del Agua depende del resultado
del juicio iniciado hace una semana en la Audiencia de Madrid.
Una sentencia condenatoria que declarara probada la existencia
de irregularidades en la tramitación del proyecto por parte de
los seis exaltos cargos y funcionarios del Ministerio de Medio
Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) acusados
de presuntas corruptelas conllevaría un freno definitivo a la
ampliación del embalse.
Una absolución supondría el espaldarazo definitivo a la obra. En
cualquier caso, la solución puede tardar años en llegar, ya que
el primer fallo es recurrible ante el Supremo y el definitivo,
ante el Constitucional, lo que puede suponer un plazo de entre
tres y ocho años.
La Comisión del Agua acordó a finales del 2004 reducir la cota
de Yesa y, tras esa resolución, la CHE comenzó a trabajar en una
modificación del proyecto inicial aprobado en el 2000. Éste fue
redactado por un grupo de empresas formado por ACS, FCC y
Ferrovial, cuya contratación está en tela de juicio.
La Fiscalía y el Ayuntamiento de Artieda consideran que debe ser
declarada nula por varias razones: fue licitado por un cargo sin
competencias para hacerlo --si bien después Medio Ambiente
convalidó la resolución-- y el proyecto fue redactado por la
empresa que elaboró, previamente, las bases del concurso.
También sostienen que carece de algunos estudios sobre riesgos
sísmicos.
El Estado, por el contrario, sostiene que no existe ningún tipo
de irregularidad y que el expediente cumple todos los requisitos
ambientales y de seguridad.
La Audiencia Nacional y el Supremo tienen parados dos recursos
contra la obra a la espera del resultado del proceso penal.
Fuentes de la CHE confirmaron que sus técnicos están trabajando
sobre el proyecto aprobado en diciembre del 2000. Su conclusión
estaba prevista para finales del año pasado y aún deberá salir
tres meses a información pública tras su entrega y revisión
técnica.
Sin embargo, una hipotética sentencia condenatoria amenaza con
llevarse por delante la modificación, ya que conllevaría la
nulidad del proyecto que está modificando la CHE. Obviamente, no
se podría modificar y aplicar un documento declarado ilegal. El
organismo de cuenca debería empezar de cero.
El Ayuntamiento de Artieda, por su parte, solicitará la
suspensión cautelar de todas las actuaciones relacionadas con el
recrecimiento si la Audiencia de Madrid declara culpables a los
acusados.
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