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El Periódico de Aragón,
9 de marzo de 2006

JUICIO POR LA POLÉMICA OBRA
Sancho confiesa su relación con una empresa de Yesa

  • Reconoce que era el apoderado pero lo achaca a que un papel no llegó al registro.

Escartín y Sancho en una foto de archivo


* E. BAYONA (10/03/2006)

El expresidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) Tomás Sancho reconoció ayer en la Audiencia de Madrid que figuraba como apoderado de la consultora Barbany&Sancho (B&S) cuando, siendo él el máximo responsable del organismo de cuenca y de la empresa pública Acesa, esta última adjudicó una contrata de 1,38 millones de euros para diseñar el abastecimiento de agua a Zaragoza, una de las obras asociadas al recrecimiento del pantano de Yesa, a la firma que había fundado en 1993.

B&S concurrió en una unión temporal con Euroestudios. Esta empresa había sido contratada por la Administración para redactar las condiciones del concurso de redacción del proyecto definitivo del recrecimiento junto con su ejecución. Posteriormente, fue contratada por el grupo de empresas adjudicatario de las obras --ACS, FCC y Ferrovial-- para elaborar el proyecto constructivo.

El exdirector general de Obras Hidráulicas Carlos Escartín rechazó investigar si esa situación constituía una ilegalidad --sostiene que amparado en un informe de la Abogacía del Estado-- unos meses antes de ser fichado como ejecutivo por ACS. Ahora ambos trabajan en Eptisa.

Sancho atribuyó que siguiera figurando como apoderado de la consultora porque la revocación del poder para ese cargo "no se había llevado del notario al Registro Mercantil". Se enteró por la prensa.

El expresidente de la CHE, uno de los seis exaltos cargos y funcionarios acusados en el juicio por las presuntas corruptelas en la tramitación del recrecimiento de Yesa, explicó al tribunal que en 1993 dejó su puesto de funcionario en la CHE para fundar la empresa porque "con el sueldo de funcionario no me llegaba" para atender conllevaba la enfermedad de un miembro de su familia.

Tres años más tarde fue designado presidente del organismo de cuenca. Desde esa fecha, Sancho, que aseguró no haber trabajado "nunca" para Euroestudios --sí lo hizo B&S--, no llevó a cabo, dijo, "ninguna actuación" con su consultora. Al ser nombrado, él y su esposa vendieron su participación en la empresa por 3.000 euros y la propiedad de un coche de la casa. Su socio, Alfonso Barbany, pasó a ser administrador único de la firma.

Sancho también explicó, entre sollozos, que se enteró de que B&S había pujado por la contrata cuando la adjudicación llegó al consejo de Acesa. Entonces, explicó a los miembros del consejo que había estado vinculado a ella. "Un consejero me preguntó si aun era socio. Dije que no", narró. Dieron el visto bueno.

Sancho también precisó que desde 1996 no ha tenido relaciones económicas con B&S.

Sancho aseguró que no tuvo "ninguna competencia" en la contratación del recrecimiento de Yesa ni en la evaluación de su impacto ambiental. También negó haber recibido presiones para agilizarlo y haber mantenido reuniones con ese fin.




La CHE negó documentos a los tribunales porque "no eran de interés"

* (10/03/2006)

La Administración eludió al menos en tres ocasiones enviar al juzgado el expediente administrativo completo del recrecimiento, según denunció ayer el fiscal. Esta situación se puso de manifiesto ayer en el juicio al proponer al tribunal --que rechazó su propuesta-- que reclamara al Ministerio de Medio Ambiente varios escritos.

Un acusado, el ingeniero de la CHE Ángel Núñez, confirmó esta práctica: aseguró que, pese a remitir al juzgado "tres millones de pesetas en fotocopias", no fueron enviados "algunos documentos" porque "no eran de interés". A renglón seguido aseguró que "hemos sido escrupulosos" al atender los requerimientos judiciales.

 



Diario del  AltoAragón,
10 de marzo de 2006


El ex-presidente de la CHE afirma que no tenía ninguna competencia respecto a la presa

La comparecencia de Sancho no aporta novedades en el 'caso Yesa'

  • La comparecencia ayer de Tomás Sancho, ex presidente de la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro), en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Madrid por la tramitación del proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa no aportó apenas novedades a la causa, pues Sancho indicó que no tenía ninguna competencia en la presa, dado que sus funciones eran otras. También declaró uno de los ingenieros imputados.


Luisa PUEYO
JACA.- El ex presidente de la CHE negó haber presionado para la emisión de la declaración de impacto ambiental (DIA) por parte de la ex directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, Dolores Carrillo, también imputada en esta causa y cuya declaración está prevista para la semana que viene.

En la sesión de ayer declaró, asimismo, Ángel Núñez, uno de los dos ingenieros de la CHE acusado junto a José Luis Uceda -que compareció el miércoles- también por la Fiscalía.

Núñez dijo el proyecto tuvo en cada momento los informes que entonces se exigían. Al inicio de la sesión, el fiscal pidió un pliego de bases para la redacción de un estudio sobre riesgos sísmicos que pudo haberse realizado en 1994 y al que en la jornada previa había hecho alusión el imputado Uceda, pero que se desconocía. La petición no se aceptó por no formar parte este supuesto estudio de la documentación.

La segunda parte de la vista de ayer, una vez concluidas las comparecencias de los imputados, a excepción de la de Carrillo, fue para la declaración de testigos. Uno de ellos, Emilio Herranz, funcionario de la Dirección General y Evaluación jubilado el año pasado, declaró que todos los informes elaborados en el área donde él trabajaba eran contrarios a la emisión de la DIA, por falta de información, ya que no se habían estudiado los riesgos sísmicos, existían dudas sobre las demandas de agua y no se había evaluado el proyecto de recrecimiento de forma conjunta con los regadíos de Bardenas ni la afección al paraje natural de la Foz de Sigüés.

También indicó que en los 19 años que había trabajado en la citada Dirección General nunca se había emitido una DIA en estas condiciones, es decir, basada en un estudio de impacto ambiental (EIA) realizado hace años y cuando el órgano sustantivo –la Dirección General de Obras Hidráulicas- había decidido que había que hacer otro –y convocado el concurso para ello–, porque el anterior era insuficiente.

Tras la sesión, Luis Solana, alcalde de Artieda –municipio que presentó la querella motivo de este juicio- afirmó que con las declaraciones realizadas hasta el momento se pone de manifiesto “que este proyecto se decidió llevar adelante a falta de estudios fundamentales en cuanto a sus riesgos y sus impactos”, y asimismo vuelve a quedar en evidencia que la “trasnochada política hidráulica de la CHE, que aporta documentaciones sobre regadíos que datan de 1927, prueba de que proyectos como el de Yesa no tienen justificación en nuestros días”.

La Asociación Río Aragón se suma a esta valoración y añade que el juicio también está dejando claro “que la política de aguas que hacen las Confederaciones Hidrográficas no es de la gestión del interés público, sino del interés de unos colectivos determinados, como los regantes o las empresas constructoras”.

El colectivo considera que durante todo el juicio, los imputados están siguiendo una misma línea de no declararse culpables, defenderse como pueden y eludir responsabilidades, aunque sea evidente que se han saltado procedimientos, porque actúan de forma corporativa. Añade que se está dejando traslucir una política hidráulica oscurantista, que ignora estudios de seguridad y avances en materia de agua y nuevas normativas, y que tiene el apoyo de los presidentes de los grandes sistemas de riego, cada día presentes en el juicio para apoyar a los imputados.

 



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