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Tras declarar
esta mañana el ex director general de Obras Hidráulicas, Carlos
Escartín, en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de
Madrid por el “caso Yesa”, la Asociación Río Aragón considera muy
graves las contradicciones en las que ha incurrido este imputado,
y no ha resultado nada convincente en sus
explicaciones.
El Sr. Escartín
ha reconocido que la declaración de impacto ambiental (DIA) se
aprobó con un estudio de impacto ambiental (EIA) deficiente y que
además se suspendió el concurso para la redacción de un nuevo
estudio sin justificación alguna, cuando el propio ministerio
había pedido la redacción de un nuevo EIA por sus graves
carencias.
También ha
quedado claro que, cuando se hizo la declaración de impacto
ambiental (DIA), no existían los preceptivos estudios de riesgos
sísmicos y de seguridad de la presa que se deben de realizar
previamente a la DIA. El Sr. Escartín lo ha justificado diciendo
que se incorporarían al concurso de proyecto y obra, cosa
totalmente irregular pues dichos estudios pueden condicionar
totalmente una obra como esta y por tanto se deben realizar con
anterioridad. Si se hizo así fue por que el Sr. Escartín quería
favorecer la ejecución del proyecto, al margen de lo que dijeran
los estudios de riesgos.
Una de las
acusaciones de los abogados del ayuntamiento de Artieda y el
fiscal es que convocó el concurso para la redacción del proyecto y
obra cuando él no tenía competencias para ello (pues sólo lo puede
hacer un Secretario de Estado y no un director general). A esto ha
respondido culpando a sus subordinados, pues a pesar de ser el
director general no se enteraba de nada y se limita a firmar los
informes que sus colaboradores le dejan sobre la mesa.
La defensa de
Escartín se ha basado en que no tenía interés en la empresa
constructora ACS, a la postre adjudicataria del proyecto, pero ha
quedado claro que poco después de dejar el ministerio aceptó una
oferta para trabajar en ACS en un puesto creado para él de
director de contratación II.
Paradójicamente
ha reconocido que, cuando abandonó ACS tras la adjudicación del
proyecto de Yesa a su empresa, –a raíz de una investigación del
Congreso de los Diputados por vulneración de la ley de
incompatibilidades–, no conocía que se hubiera dado este proyecto
a la empresa en la que trabajaba como director de contratación.
Por último
queremos expresar nuestra sorpresa por la presencia en la sala del
presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, José Luis
Alonso, que se pone así al frente de la defensa de una obra que va
a ser declarada ilegal y tendrá que responder por ello, pues su
responsabilidad es preservar a la institución que preside de
cualquier efecto que esto pueda conllevar y mantenerse imparcial.
Recordamos que la
acusación particular, que ejerce el Ayuntamiento de Artieda
(Zaragoza), solicita que se le condene a 9 años de cárcel y a un
total de 26 años de inhabilitación por un delito de riesgo
catastrófico, falsedad de documentos y prevaricación continuada.
La Fiscalía de Madrid solicita para él un año de prisión, 18 años
de inhabilitación y una multa de 7.800 euros por los delitos de
prevaricación, riesgo catastrófico y tráfico de influencias.
Teléfonos de
contacto
Luis Solana,
alcalde de Artieda: 653 666 572.
Guillermo
Lacasta (650 454 979), Alberto Anaya (620 396 456) y Miguel Solana
(699 408 426), portavoces de la Asociación Río Aragón.
Secretaría de
Prensa de la Asociación Río Aragón contra el recrecimiento de
Yesa-COAGRET
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Tf.: (+34) 650 454 979
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