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ABC,
9 de enero de 2006

El juicio por las obras de ampliación del embalse de Yesa comenzará el próximo 6 de marzo
  • Están acusados dos ex directores generales de Medio Ambiente en gobiernos del PP, un ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro y tres funcionarios
 

Carlos Escartín y Tomás Sancho


MADRID. La Audiencia de Madrid ha fijado para el próximo 6 de marzo el comienzo del juicio por prevaricación y riesgo catastrófico relativo alas obras de ampliación del embalse de Yesa, situado entre las comunidades autónomas de Navarra y Aragón. En este caso están acusados dos ex directores generales de Medio Ambiente en gobiernos del Partido Popular, un ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, así como otros tres funcionarios.

Los hechos se investigaron a raíz de una querella interpuesta por el Ayuntamiento de Artieda (Zaragoza) en la que se describían supuestas ilegalidades en los trámites y ejecución de este embalse. En sus conclusiones provisionales, según informa Efe, la Fiscalía pidió 12 años de inhabilitación (por un delito de prevaricación), así como un año y ocho meses de cárcel (por el riesgo de catástrofe), para Carlos Manuel Escartín, que fue director general de Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente en la primera legislatura -entre los años 1996 y 2000-de José María Aznar como presidente del Gobierno de la Nación.

Asimismo, la Fiscalía solicitó la idéntica pena para Tomás Sancho, ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, y para otros tres funcionarios, mientras que para María Dolores Carrillo, ex directora general de Evaluación e Impacto Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, solicita ocho años de inhabilitación.

Intereses privados

El relato de la Fiscalía señala que Escartín, Sancho y los citados funcionarios decidieron aumentar hasta 521 metros la cota del embalse de Yesa guiados por «intereses privados», vulnerando los trámites que establece la ley en materia medioambiental y poniendo en riesgo de catástrofe por inundaciones a poblaciones cercanas al citado embalse.

Además, el Ministerio Público sostiene que tanto Carlos Manuel Escartín como Tomás Sancho «presionaron» a María Dolores Carrillo para que diera su autorización al proyecto de obras pese a que carecía del preceptivo informe de impacto ambiental.

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El Periódico de Aragón,
9 de enero de 2006

El juicio por prevaricación en ´el caso Yesa´ comenzará en marzo
  • Están acusados dos ex directores generales de Medio Ambiente en gobiernos del PP, un ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro y tres funcionarios

* EL PERIÓDICO (09/01/2006)

El juicio por el caso Yesa comenzará el próximo 6 de marzo después de cinco años de instrucción. La Audiencia de Madrid sentará en el banquillo de los acusados a dos exdirectores generales de Medio Ambiente en gobiernos del PP, un ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro y otros tres funcionarios por presunta prevaricación y riesgo catastrófico en las obras de ampliación del embalse.

Los hechos se investigaron a raiz de una querella del Ayuntamiento de Artieda (Zaragoza) en la que se describían supuestas ilegalidades en los trámites y ejecución de este embalse. En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía pidió doce años de inhabilitación (por un delito de prevaricación) y un año y ocho meses de cárcel (por el riesgo de catástrofe) para Carlos Manuel Escartín, que fue director general de Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente en la primera legislatura de José María Aznar como presidente del Gobierno (1996-2000).

La misma pena solicitó para Tomás Sancho, expresidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, y para otros tres funcionarios, mientras que para María Dolores Carrillo, exdirectora general de Evaluación e Impacto Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, solicita ocho años de inhabilitación.

INTERESES PRIVADOS
El relato de la Fiscalía señala que Escartín, Sancho y los citados funcionarios decidieron aumentar hasta 521 metros la cota del embalse de Yesa guiados por "intereses privados", vulnerando los trámites que establece la ley en materia medioambiental y poniendo en riesgo de catástrofe por inundaciones a poblaciones cercanas.

Además, el Ministerio Público sostiene que Escartín y Sancho "presionaron" a Carrillo para que autorizase el proyecto de obras pese a que carecía del preceptivo informe de impacto ambiental.

El fiscal señala que BS Ingeniería (empresa de la que Sancho fue accionista hasta 1996, cuando presidió la CHE) se creó "ad hoc" para contratar con la confederación. Y que en los cinco años examinados (al parecer del 97 al 2001) casi toda su contratación --en torno a 600.000 euros de media anual-- corresponde a encargos públicos de la CHE. El acusado ha insistido por su parte ante los jueces que desde el año 1996 en que dejó de ser accionista de esta empresa ha estado completamente desvinculado de ésta.

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