La vía libre que
recientemente han recibido los trasvases Júcar-Vinalopó y
Tajo-La Mancha, así como el recrecimiento de Yesa y Breña II,
en el contexto de vigencia del anexo II del Plan Hidrológico
Nacional, aleja la política del Ministerio de Medio Ambiente
de los planteamientos de la nueva cultura del agua. La
decisión de apoyar estos claros exponentes de la vieja
política hidráulica agrava algunos de los principales
problemas hídricos que padece el país, como son la gestión
de la cuenca del Ebro o el reparto del agua entre la meseta
y el litoral, y muy particularmente entre La Mancha y el
Sureste.
Paradójicamente,
la decisión de impulsar estos proyectos se produce cuando su
sinrazón se ha revelado más evidente que nunca a la luz de
estudios recientes y cuando el nuevo Gobierno ha hecho suyo
el lenguaje de la nueva cultura del agua y ha asumido
determinadas decisiones en consonancia con ella.
El desarrollo de
la nueva cultura del agua exige la difícil tarea de
desactivar el conglomerado de intereses, presiones y
justificaciones de la vieja economía de promoción de obras
hidráulicas financiadas con fondos públicos, para
sustituirla por otra orientada a promover la buena gestión
del agua como recurso y de los ecosistemas y paisajes
vinculados a ella. En este sentido apunta la derogación de
los trasvases del Ebro, decisión del actual Ministerio de
Medio Ambiente que, junto con la cancelación o reducción de
otros proyectos y el inicio de reformas en la administración
del agua, debe valorarse positivamente como un hito que abre
camino hacia el necesario cambio de políticas. Pero no
ocurre lo mismo con la promoción subvencionada de proyectos
de oferta tan absurdos como los arriba mencionados, que
entran en grave contradicción con las nuevas estrategias.
Las orientaciones
de la nueva cultura del agua convergen con las exigencias de
la Directiva Marco del Agua (DMA), que debe dirigir los
nuevos planes de gestión de cuencas que se han de redactar
entre los años 2006 y 2009. Los primeros trabajos de estos
planes de gestión muestran ya la incompatibilidad entre la
vieja cultura del agua y los requerimientos de la DMA, que
el Ministerio de Medio Ambiente dice querer superar. Sin
duda los proyectos antes indicados, unidos al respaldo de
regadíos y desarrollo urbanístico cuya insostenibilidad se
acentúa si cabe ante el cambio climático, son a todas luces
incompatibles con esos requerimientos.
La nueva política
del agua exige trascender los intereses establecidos, así
como ciertas lógicas electoralistas que inducen a seguir
promoviendo proyectos cada vez más desfasados de la
realidad. Para salir de esta espiral empobrecedora hay que
subrayar que la política tradicional de obras hidráulicas se
ha saldado con notables fracasos: lejos de conseguir agua
abundante “para todos”, ha impulsado la espiral insostenible
de demanda de agua y la crispación en su reparto así como la
disminución de la calidad.
Lejos de
trasvasar “excedentes”, ha contribuido a agravar el
deterioro de los ecosistemas acuáticos de las cuencas
supuestamente excedentarias. En lugar de “llevar agua de
donde sobra a donde falta”, la carencia de caudales a
trasvasar induce ahora a intensificar la presión sobre
cuencas cedentes sobreexplotadas para mantener vivos
proyectos de obras obsoletos. Cuando las cuencas del Júcar y
del Tajo están ya bajo mínimos por el desarrollo
subvencionado de regadíos insostenibles —que se siguen
impulsando también en la cuenca del Ebro—, en lugar de
programar su recuperación se proponen nuevos
aprovechamientos. La nueva cultura del agua exige explicar
que la realización de estos proyectos obsoletos, lejos de
solucionar los problemas, contribuirá a agravarlos, además
de suponer un absurdo despilfarro de recursos y de hipotecar
soluciones más razonables.
La nueva cultura
del agua sostiene que la solución de estos problemas
trasciende tanto a los planteamientos presuntamente técnicos
habituales, como a las negociaciones políticas que se
practican en ese contexto. No se trata de remozar la vieja
ingeniería civil con nuevas herramientas informáticas
supuestamente infalibles o de poner en juego nuevas
tecnologías para mantener las capacidades de oferta sin
revisar la racionalidad y solvencia de las demandas, sino de
hacer que la reflexión trascienda a lo técnico para integrar
básicamente las dimensiones económicas, ambientales y
culturales, en un programa de participación pública y
negociación política a gran escala.
Ello requiere
tomar la iniciativa diseñando una estrategia realista de
aplicación de nuevos instrumentos que interesen a una
mayoría social mucho más amplia que la que objetivamente
pueda estar interesada en la vieja política de obras
hidráulicas, resolviendo los conflictos mediante consensos
razonables. En esta dirección apuntan los intentos que se
están gestando, no sin contradicciones, en las Cuencas
Internas de Cataluña. Los consensos mencionados deberían
alcanzarse a todos los niveles políticos y sociales,
denunciando el escaso interés general de las obras
tradicionalmente propuestas y negociando soluciones más
eficientes sobre nuevas bases legales, técnicas y
económicas, no sobre las antiguas. Hoy constatamos actitudes
diferentes de las tradicionales de corte autoritario, que
algunos de los anteriores gobiernos llevaron a sus
expresiones más duras; y ello es positivo. Sin embargo, la
Fundación Nueva Cultura del Agua quiere llamar la atención
sobre la inflexión involutiva que las decisiones mencionadas
están imprimiendo a las políticas enunciadas por el
Ministerio de Medio Ambiente así como por su falta de
pedagogía social. Con la actitud crítica y constructiva que
hemos venido manteniendo en todo momento, esta Fundación
reitera su apoyo para la elaboración y la aplicación de las
nuevas estrategias que la Directiva Marco exige.
Para más
información:
www.unizar.es/fnca
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