|
JOSÉ JUAN VERÓN. Zaragoza | El
Ministerio de Medio Ambiente perfila poco a poco su política sobre
el agua. La derogación del trasvase ha sido el primer paso en una
serie de profundos cambios en lo que ha sido la estructura de la
Administración hidráulica durante el último siglo. Los mensajes
contradictorios sobre el futuro de algunas obras del Pacto del
Agua son consecuencia de los tímidos pasos que ha comenzado a dar
el departamento que dirige Cristina Narbona. Las reformas van más
allá de la mera disputa entre los partidarios y los detractores de
los embalses. Las señales parece que no están siendo completamente
entendidas en Aragón, donde el Ejecutivo autonómico se muestra más
preocupado en que no se desbarate el frágil equilibrio del debate
en la Comisión del Agua, y exige una y otra vez que Madrid matice
sus palabras hasta hacerlas políticamente digeribles. El Gobierno
de Marcelino Iglesias se encuentra, en cierta medida, entre la
espada y la pared; entre los argumentos técnicos y sociales que
expuso contra el trasvase y el Pacto del Agua, que por primera vez
en doce años ya no se contempla como algo inamovible.
Las manifestaciones aparentemente
contradictorias sobre el futuro de Santaliestra o las
aseveraciones acerca de la cota media de Yesa realizadas por los
máximos responsables del Ministerio de Medio Ambiente son otro
ejemplo de las nuevas tendencias. Más evidente también es la
decisión del Ejecutivo central de reducir la altura del embalse de
Castrovido (Castilla y León) en 11 metros, lo que reducirá su
capacidad a poco más de la mitad. El Ministerio no quiere seguir
adelante con las grandes obras como planteamiento general.
Lo indicó la ministra Narbona y
lo reafirmó el secretario general del Ministerio, Antonio Serrano.
Medio Ambiente considera que la mayoría de los proyectos que están
vigentes en la cabecera del Ebro, casi todos los del Pacto del
Agua entre ellos, corresponden a la planificación hidrológica de
la primera mitad del siglo XX. Por ello, creen que deben ser
revisadas desde el punto de vista de su utilidad y de las nuevas
características de la estructura económica española. Revisión de
los proyectos
"Estamos revisando los proyectos
de la cabecera del Ebro, dado que muchos de ellos estaban ligados
al trasvase. Ahora no se va a hacer y este es un motivo importante
para releer obras que tendrán consecuencias muy conflictivas,
aunque no precisamente para los que esperan los beneficios del
agua, ya sea en Aragón o en Levante", señaló textualmente Narbona
hace unas semanas. "Obras sí, pero donde se puedan hacer y exista
una demanda real. Antes de iniciarlas tiene que quedar claro qué
costes se van a repercutir a los usuarios", afirmó y remarcó que
"las obra hidráulicas no pueden ser catedrales vacías".
Antonio Serrano afirmó la semana
pasada en Zaragoza que "la política de grandes obras se pone en
cuestión". Además, indicó que la reducción de los fondos europeos
va a incidir directamente en recortes para este tipo de grandes
infraestructuras.
Esta lógica ha llevado a un
enfrentamiento entre el Ministerio y los gobiernos de Valencia y
Murcia por la derogación del trasvase. En Aragón, la pugna ha sido
a una menor escala, dado que Medio Ambiente apenas había tenido en
cuenta las grandes obras hidráulicas en los Presupuestos Generales
del Estado, y la gran batalla de Iglesias ha sido lograr su
inclusión.
Hasta el momento, la lógica que
regía la política del agua en España partía de la premisa de que
era necesario poner a disposición de los usuarios la mayor
cantidad de recurso posible. Con esa filosofía se construyeron las
actuales presas y se proyectaron la mayoría de las que todavía
están sin construir.
Sin embargo, la base de la que
parte el actual Gobierno socialista es notablemente diferente. No
se discute la necesidad de que es necesario poner a disposición de
los usuarios los recursos que sean necesarios, pero se pone el
acento en la necesidad de conservar los recursos hídricos como
parte de los ecosistemas. Es decir, mantener en la medida de lo
posible unos ríos sanos, con un agua lo más limpia posible y con
unas condiciones naturales que permitan la vida actual y futura.
Además, Medio Ambiente tiene claramente asumida la máxima impuesta
por la Unión Europea de que los usuarios deben pagar íntegramente
todos los costes de las obras hidráulicas. No se trata sólo de que
el resto de países tengan una gran conciencia ambiental, sino que
se considera que si el Estado sufraga los recursos necesarios para
algunos sectores económicos, se podría entrar en una situación de
competencia desleal con otros productores de la Unión.
Los representantes del Ejecutivo
han lanzado hasta el momento este mensaje a los técnicos y a las
personas más interesadas en la gestión de los recursos hídricos.
La semana pasada, el director general de Acuamed, el otrora
trasvasista Adrián Baltanás, explicó que la situación dista mucho
de la que había en los años sesenta y que justificó la
construcción de innumerables presas y canales de riego. Baltanás
afirmó que ya no hay problemas de abastecimiento, que la
agricultura produce más de lo que se consume y que, por tanto, la
función social del agua debe evaluarse con mucho detalle. Además,
detalló que Medio Ambiente, en lugar de la política de oferta,
pretende "dar respuesta a demandas concretas".
Es decir, que siguiendo el
ejemplo del trasvase del Ebro, que fue derogado en el mes de
julio, se quiere que se encuentren soluciones locales a los
problemas locales. El objetivo es evitar los enfrentamientos
regionales y minimizar al máximo la dependencia externa, aplicando
los principios básicos del desarrollo sostenible.
Desarrollo tecnológico
Otro de los pilares de la nueva
política de agua es el máximo aprovechamiento del recurso. Por
ejemplo, como alternativa al trasvase, El Gobierno tiene previstos
105 proyectos de diferentes tipos, como desalación, desalobración,
modernización de regadíos, reutilización y mejora de la gestión.
Baltanás explicó que el 20 % de la inversión irá dedicada a
desaladoras.
Los altos cargos del Ministerio y
los responsables de confederaciones como la del Ebro o la del
Segura se han manifestado en los últimos meses a favor de un
incremento de la vigilancia del agua y del dominio público
hidráulico. Evitar el fraude y el robo de caudales se ha
convertido en una prioridad tan importante como la de reordenar
las concesiones según las necesidades actuales.
En pocos meses se quiere reformar
la Ley de Aguas para poder trasponer correctamente la directiva
europea de la materia. Narbona también ha anunciado se aprovechará
para crear los llamados Bancos del Agua, que tendrán carácter
público. Los centros de intercambio de agua en el Segura, Júcar y
Guadiana han sido la primeras experiencias.
|