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JOSÉ JUAN VERÓN. Zaragoza | El
secretario general de Ordenación del Territorio y Biodiversidad
del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, afirmó ayer que
el dinero para subvencionar grandes obras hidráulicas se está
acabando. El número dos del Ministerio, que inauguró en Zaragoza
el VIII Simposio de Hidrogeología, explicó que a partir del
próximo año (la última convocatoria se cierra en mayo) no habrá
fondos europeos de cohesión, que se reducirán notablemente los
fondos Feder y que la directiva europea obliga a que los usuarios
paguen el coste de la obra, lo que se irá implantando de forma
progresiva.
"La política de grandes obras se
pone en cuestión", afirmó, porque "la capacidad económica va a ser
menor". Serrano señaló que el Ministerio no comparte la política
seguida hasta el momento de "asegurar la oferta en todos los
territorios sin tener en cuenta los costes ni el balance de
beneficios".
El secretario general realizó una
detallada explicación de la política de agua que va a desarrollar
el Ministerio de Medio Ambiente a lo largo de la presente
legislatura y puso como ejemplo de este replanteamiento la
derogación del trasvase, pero anunció que se trata de un
planteamiento global que afectará a todas las obras hidráulicas.
En este sentido, recalcó la idea de que "siempre que sea posible,
las soluciones no deben depender de otros territorios, dado que
uno de los principios de la sostenibilidad es la autosuficiencia,
y así no se provocan tensiones sociales".
Por un lado, explicó que la
situación tiene que ver con la entrada en vigor de la directiva
europea del Agua, pero también con un planteamiento general del
Gobierno central, que ha optado por un modelo de desarrollo basado
en la investigación, el desarrollo y la innovación la (I+D+I)
frente al que existía "basado en el ladrillo".
El secretario general, anunció
que las inversiones van a ir dedicadas especialmente a
innovaciones tecnológicas en la gestión del agua. Así, citó, por
ejemplo, los programas de desalación o los que quieren frenar la
sobreexplotación de los acuíferos subterráneos.
Serrano indicó que el Ministerio
está decidido y obligado a repercutir los costes en los usuarios
de las obras hidráulicas. En concreto, habló de "todos los
costes", entre los que también incluyó aquellos "indirectos" como
los ambientales. No obstante, aseguró que este proceso se irá
produciendo "poco a poco" porque el Medio Ambiente es consciente
de que "para muchas actividades es algo muy sensible". Por ello,
abogó por mantener una coordinación total con las Administraciones
autonómicas y locales en todos los aspectos relacionados con el
agua. Santaliestra, sin un duro
En el caso de Aragón, reiteró que
no se ha previsto ninguna partida en los próximos Presupuestos
Generales del Estado para comenzar las obras de Santaliestra.
Según dijo, sobre este embalse no se actuará "mientras no haya una
decisión de la Comisión Mixta del Pacto del Agua". Además,
adelantó que se habilitará una partida en el caso de que se logre
un acuerdo entre las partes en conflicto. "En cuanto la Comisión
tenga acuerdos, todas las actuaciones tendrán su correspondiente
partida presupuestaria", afirmó. Serrano dijo que el Ministerio
trabaja en un conjunto "muy amplio" de proyectos, algunos no
contenidos en el Pacto del Agua".
Uno de los principales objetivos
de la planificación, explicó, es estar preparado ante las próximas
catástrofes naturales, particularmente sequías e inundaciones.
Serrano recordó que cada 11 años se registran fuertes sequías y
que la única forma de paliar sus daños es comenzar a prepararse
ya.
Entre las medidas que pretenden
contribuir a solucionar la sobreexplotación de acuíferos, destacó
la posibilidad del intercambio de derechos de agua. Este
antecedente de los futuros bancos de agua fue puesto en marcha el
viernes por el Consejo de Ministros.
Expropiar es más barato
En el caso de las inundaciones,
afirmó que la construcción de nuevos embalses para que laminen las
avenidas no es la solución técnicamente adecuada. Además, explicó
que incluso desde el punto de vista económico "muchas veces es más
barato expropiar las casas que nunca se deberían haber construido
que hacer una presa para laminar la inundación". Y afirmó que se
trata de un problema exclusivamente de ordenación territorial.
Por su parte, el presidente de la
Asociación Española de Hidrogeólogos, Sebastián Delgado, reclamó
una mayor atención hacia este recurso. Entre otras cuestiones,
indicó las posibilidades que existen en la explotación de aguas
salobres, y reclamó más vigilancia y sanciones para los
infractores.
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