M.BIDEGAIN. PAMPLONa. El fiscal del caso abierto por las irregularidades detectadas en la tramitación del proyecto de recrecimiento de la presa del pantano de Yesa acusa a los procesados, seis altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno del Partido Popular y de la Confederación Hidrográfica del Ebro, de maniobrar y cometer numerosas ilegalidades para conseguir la adjudicación de las obras a la empresa ACS.

Según el escrito de acusación del fiscal, los hechos que han desembocado en el procesamiento y juicio de José Luis Uceda y Ángel Núñez, ingenieros de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE); Carlos Escartín, ex director general de Obras Hidráulicas; Dolores Carrillo, ex directora general de Evaluación Ambiental; Tomás Sancho, ex presidente de la CHE y Carlos Vázquez, ex secretario técnico del Ministerio de Medio Ambiente, se remontan a abril de 1994, cuando se sometió al trámite de información pública el proyecto de recrecimiento de la presa de Yesa. El Área de tecnología y Control de Estructuras, el organismo específico del Ministerio para cuestiones de seguridad, emitió un informe que señalaba "la grave problemática de seguridad estructural y riesgos sísmicos y geológicos del proyecto", pero los ingenieros de la CHE José Luis Uceda y Ángel Núñez, encargados del trámite, "no procedieron a su incorporación al proyecto, impidiendo igualmente su incorporación al trámite de información pública", vulnerando tanto el Reglamento Técnico de Seguridad de Presas y Embalses y de la Instrucción de Grandes Presas.

El Procedimiento Administrativo Común exige que, al cerrarse el plazo de información pública, los encargados del trámite deben emitir un informe específico de respuesta a las alegaciones, cosa que no hicieron Uceda y Núñez, quienes "prosiguen automáticamente el trámite, remitiendo el proyecto intocado a la autoridad ambiental". Las alegaciones fueron contestadas "seis años después, finalizado ya el concurso y licitación de la obra y cuando se procede a la adjudicación de la misma a la constructora".

declaración de impacto
El proyecto requería a continuación, para seguir su tramitación administrativa, la Declaración de Impacto Ambiental, que debe ser positiva. Sin embargo, el director general de Política Ambiental del Ministerio "dicta resolución desautorizando la continuación del proyecto por cuanto el mismo está sobredimensionado, carece de justificación en cuanto a sus usos, presenta riesgos sísmicos y estructurales, afecta al patrimonio histórico y no se adecua al Plan Nacional de Regadíos".

Era necesario replantear el proyecto y el director general de Obras Hidráulicas y Calidad de Aguas, Carlos Escartín, convocó el 22 de diciembre de 1998 el concurso de asistencia técnica para la redacción de un nuevo Estudio de impacto ambiental de recrecimiento de la presa de Yesa y variante de carreteras afectadas, con un presupuesto indicativo de 97.442.436 pesetas y un plazo de realización de doce meses. "A pesar de la existencia de los citados actos administrativos impulsados por intereses ajenos al servicio público -afirma el fiscal en su escrito-, a partir del mes de junio de 1999 los acusados Uceda, Núñez, Carlos Escartín y Tomás Sancho, presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, y a pesar de la situación legal del proyecto (habiendo acordado la realización de los estudios ambientales y estando pendiente de la declaración de impacto ambiental) deciden, diferentes a la situación legal indicada, continuar con su tramitación: sin haberse dictado resolución administrativa alguna, proceden simplemente a no tramitar el Concurso de asistencia técnica para la realización del Estudio de impacto ambiental ya convocado".

Los cuatro acusados "proceden a realizar o interesar la realización de un conjunto de informes y trabajos incompatibles con aquella situación administrativa encargados, mediante contratos de asistencia técnica, a la mercantil Euroestudios, así como requerir a la autoridad medioambiental para el impulso del proyecto, actuaciones administrativas contrarias a las propias resoluciones dictadas en el expediente", según el fiscal, quien añade que "consiguen así de la directora de Evaluación de Impacto Ambiental -Dolores Carrillo Dorado, también acusada- una simulación de autorización ambiental".

PRESIONES Y DISIMULOS
Explica que según declaró la propia Dolores Carrillo, entre junio de 1998 y marzo de 1999 mantuvo numerosas reuniones con Escartín y Sancho, quienes "le presionan para que apruebe rápidamente y sin restricciones el proyecto, desatendiendo tanto lo que resultaba del expediente de impacto ambiental como los propios actos administrativos de la Dirección General de Obras Hidráulicas por los que han convocado el concurso para la redacción del nuevo estudio. A partir de junio de 1998 todo valía para los intereses de los acusados", constata el fiscal.

Carrillo pidió a Escartín y Sancho que, "con objeto de disimular aquella tergiversación ilegal de los contenidos del expediente administrativo, algún escrito que justificara la sorprendente decisión que habría de tomar. Para ello -continúa-, aporta el propio Sancho a la directora general un remedo de informe sin firma alguna ni sello de entrada o salida en el que esencialmente se destaca la necesidad, cada vez más acuciante, del recrecimiento de Yesa para la satisfacción urgente de los requerimientos de agua para los regantes". Sancho justifica su postura manipulando las cifras que figuran en los planes nacionales de regadíos y ocultando que él mismo había aprobado y procedido a la construcción de tres mini embalses que cubrían las necesidades de agua de una extensión muy significativa de las tierras que teóricamente iban a ser regadas con el agua de Yesa recrecido.

Dolores Carrillo "accede a darle el final que le piden al expediente", aparta del mismo a los técnicos que lo tramitaban y "en orden a la asombrosa posibilidad de firmar lo contrario de lo que resulta del expediente así como de la resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas, interesa literalmente un informe jurídico para proceder conforme a derecho no ya del Servicio Jurídico del Estado, sino de Carlos Vázquez Cobos, secretario general técnico del Ministerio". El fiscal considera "sorprendente" este comportamiento, porque hasta entonces era el Servicio Jurídico el que había elaborado todos los informes y porque el propio Vázquez reconoce que su experiencia profesional deriva de su anterior puesto de Inspector de Hacienda, "ajeno a la problemática técnica concreta de la Declaración de Impacto y cuando reconoce también no haber intervenido en la tramitación práctica de ninguna".

POR SI HUBIERA PROBLEMAS
Escartín y Sancho comunicaron a Vázquez que la publicación en el Boletín Oficial del nuevo Estudio de Impacto "era únicamente por motivos presupuestarios y por si hubiera algún problema ", ante lo que el secretario general "emitió su informe sin ni siquiera consultar someramente el expediente". Dolores Carrillo, "no consiguiendo que ningún técnico del Área de Impacto avalara aquella transformación ilegal de la realidad de lo contenido en el expediente y sin informe técnico alguno, redacta y firma un remedo de Declaración de impacto ambiental que, desde luego, permite la construcción del embalse. Consciente de la ilegalidad que está realizando cuida de no emplear en la parte dispositiva de la resolución los términos de declaración afirmativa (positiva) o negativa que son los únicos que pueden ser utilizados".

En este sentido, explica que "para disimular el favor que se le ha pedido utiliza unos términos no previstos en la legislación: Se considera que, con la documentación aportada por el promotor, de las alternativas mencionadas en el expediente de evaluación de impacto ambiental la consistente en sustituir un embalse con cota máxima de agua de 506 metros es la más favorable para el medio ambiente, si bien es insuficiente para la satisfacción de los objetivos específicos que justifican el proyecto, razón por la que la alternativa viable es la del embalse de cota máxima de agua de 521 metros".

El fiscal asegura que "los técnicos adscritos al expediente insistían en que las medidas correctoras debían describirse con precisión e incluirse su dotación presupuestaria concreta; el remedo de declaración vulnera flagrantemente la legislación medioambiental y no establece medida correctora concreta alguna". Hasta la fecha no se ha aprobado resolución alguna con las medidas correctoras.

Una vez conseguida la aparente autorización ambiental, el 4 de junio de 1999 Uceda y Núñez, "con la conformidad y visto del también acusado Tomás Sancho", proponen a Carlos Escartín que dicte varias resoluciones. En efecto, el 4 de junio de 1999 resuelve iniciar el expediente de contratación del proyecto de recrecimiento de la presa de Yesa por el sistema de Concurso de proyecto y obra por un importe de 23.000 millones de pesetas, "resolución para la que carecía de toda competencia en virtud de la Ley de contratos de las administraciones públicas", Ley que también vulneró en cuanto a la modalidad elegida (contratación a la vez de proyecto y obra) y al omitir el preceptivo estudio de seguridad.

La resolución, "con vistas al favorecimiento de la constructora (ACS), incorpora al presupuesto 7.000 millones de pesetas no justificados en virtud de la aprobación de una addenda que carece de todo trámite administrativo en cuanto a la aprobación previa por el Ministerio, asignación de gasto, consultas previas e información pública, eludiendo por tanto toda posibilidad de conocimiento público y de control por otros funcionarios y autoridades, vulnerando la Ley de procedimiento administrativo común". Aclara el fiscal que con el único trámite de la propuesta, para la que carecían de toda legitimidad Uceda y Núñez, " con fecha 3-5-99 interesa Tomás Sancho la aprobación de una addenda realizada por la consultora privada Euroestudios, informada técnicamente por José Luis Uceda y Ángel Núñez y aprobada finalmente por Escartín el 4-6-99, que incorpora a la licitación un presupuesto extra de 7.000 millones de pesetas, singularmente en medidas correctoras ambientales, fuera del Estudio de impacto ambiental y otras específicas para la evitación de la afección al Camino de Santiago que resultaban, en la práctica, inexistentes".

PROYECTO BLINDADO
La tercera de las resoluciones firmadas por Escartín el 4 de junio de 1999 a propuesta de Uceda y Núñez es una cláusula adicional técnica "que impide toda modificación de la cota del embalse determinada por los acusados en ese conjunto de resoluciones". El objetivo, según el fiscal, "es muy evidente: el proyecto aprobado señalaba unas precisiones de hectáreas regables y por tanto de cota y de volumen de construcción mucho mayores que las establecidas en el Plan Nacional de Regadíos. dado que el citado Plan impone la obligatoriedad de la adaptación de las infraestructuras a las superficies regables que establece, se trata de impedir que alguna de las licitantes independientes pudieran, amparadas en la más estricta legalidad, presentar alguna oferta que redujera la cota y el presupuesto del embalse a los límites que éste obligatoriamente debiera tener, perjudicando así a la constructora vinculada a los acusados", que es ACS, la empresa del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

Simultáneamente al inicio de la licitación de la obra, y a propuesta también de Uceda y Núñez, Escartín aprobó los criterios técnicos y económicos por los que deberá regirse el concurso, elaboradas por Euroestudios y aprobado técnicamente por los propios Uceda y Núñez, que resultará finalmente aprobado por resolución del secretario de Estado de Aguas y Costas, Benigno Blanco. El fiscal dice en su escrito que "los citados documentos carecen totalmente de criterios objetivos para la elección de la mejor oferta: por el contrario, por la arbitrariedad de sus cláusulas el informe de la intervención delegada resalta que el pliego de bases está redactado de tal manera que no existe garantía alguna de objetividad en orden a la resolución del concurso y, efectivamente, su redacción está efectuada de manera que se pueda adjudicar el concurso a la ofertante que desee el sr. Escartín".

"Con objeto de asegurar a la empresa ACS la adjudicación de la obra -argumenta el fiscal-, Escartín manipuló el informe técnico" consiguiendo que lograra la mayor puntuación la oferta presentada por la unión temporal de empresas encabezada por ACS e integrada también por FCC y Ferrovial, imponiéndose a la de su directa competidora, OHL.

Ante la denuncia de alguno de los concursantes de que existía vinculación entre Euroestudios y ACS, el abogado del Estado jefe del Servicio emitió a requerimiento de Escartín un informe indicando que, de ser cierto, se estaría produciendo un fraude de ley. "Poco tiempo después, el Sr. Escartín, juez y parte en el procedimiento, toda vez que la carta le denunciaba expresamente como conocedor y consentidor de los hechos, da carpetazo al asunto sin resolución alguna, ordenando la continuación del trámite sin efectuarse ninguna averiguación".

El 8 de junio de 2000 la mesa de contratación ratifica la adjudicación a ACS una vez que Escartín había conseguido "la adaptación formal a sus criterios" del resultado del concurso y el 31 de agosto Escartín, incumpliendo la legislación de incompatibilidades, "se incorpora a la empresa adjudicataria ACS en el puesto de nueva creación de director de contratación II, con un contrato de duración indefinida y con una retribución anual de 20 millones de pesetas. No existe documentación alguna en la empresa en cuanto al proceso de contratación. Ni el secretario general de ACS ni el Sr. Escartín saben quien, cómo y en qué fecha se produjo su contratación".

La ausencia de los preceptivos estudios de seguridad ha hecho que los autores del proyecto (Uceda y Núñez) impulsen, con posterioridad a su aprobación definitiva, un número importante de reformados por parte de sus superiores "que revelan las carencias importantes del mismo. Por supuesto que no existe justificación alguna que justifique tan irresponsable conducta -denuncia el fiscal- como no sea la aprobación a toda costa de un proyecto ya prefijado de cota y de embalse". Otro modificado de la obra se refiere a "los importantes problemas de cimentación del estribo derecho" que, como todos los demás, carece de los obligados trámites de información pública e informe de intervención".