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Clemente Álvarez LA RAZÓN
Madrid- Yesa, Biscarrués,
Santaliestra, Mularroya, Torre del Compte, Biota, Beranuy... Son
nada menos que una treintena los embalses de Aragón cuya
construcción está prevista en el Plan Hidrológico Nacional.
Algunos no plantean ningún problema -como el de San Salvador, que
los ecologistas pidieron incluso que fuese más grande. Pero otros,
además de provocar un gran impacto en el Pirineo y prepirineo
aragonés, han originado auténticas revueltas sociales. Y eso que,
como explica Chesús Ferrer, portavoz de Ecologistas en Acción de
Aragón, todos ellos son el resultado de un documento político
aprobado hace ya doce años (el Pacto del Agua de Aragón) que
utiliza las estimaciones de demanda de regadíos de una ley de
1915. Hoy en día, el único de estos embalses terminado es el de El
Val, una obra de 25,3 hectómetros cúbicos (hm3) sobre el río de
mismo nombre. Y, según Ferrer, «es el mejor ejemplo de la
incoherencia de estos embalses, pues aunque está acabado desde
hace 8 años, todavía no se usa por el desacuerdo de los usuarios».
Del resto, el más contestado es
el recrecimiento del embalse de Yesa, cuya capacidad se quiere
ampliar de 490 hm3 a 1.525, lo que lo convierte en el más grande.
«Es una monstruosidad», destaca el portavoz de Ecologistas en
Acción, «regula más agua que la que suele bajar por el río». Este
macroembalse está situado en pleno Pirineos y, técnicamente, está
contestado por la inestabilidad geológica del terreno. De hecho,
se ha abierto una grieta en la misma zona donde se asienta la
presa. Y, por si fuera poco, hay siete altos cargos de Medio
Ambiente imputados de delitos de prevaricación, cohecho y tráfico
de influencias en su tramitación.
Esta situación judicial se repite
en el caso del embalse de Santaliestra, otro de los más
rechazados. «Consideramos que está parado judicialmente, pues han
sido anulados todos los trámites administrativos», señala Ferrer.
Este pantano está situado sobre el río Ésera, también en los
Pirineos, y aunque no es de los más grandes (80 hm3), tiene un
gran impacto por ser muy alargado. Además, ha tenido problemas
geológicos. «Yo creo que la Administración lo da por perdido y,
desde luego, sería el más fácil de eliminar».
El siguiente es Biscarrués, un
embalse de 192 hm3 sobre el río Gállego que inunda un pueblo
entero, el Eres. Según el portavoz de Ecologistas en Acción, el
presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, se comprometió a no
inundar ningún pueblo más. Sin embargo, «parece haberse olvidado
de éste». Además, afectaría a la zona de los Mallos de Riglos, uno
de los paisajes más emblemáticos de Aragón.
De otros embalses como Biota,
Beranuy, Luna-Arbas o Usía (el sustituto del ya eliminado
Jánovas), no se tiene mucha información, porque todavía no se ha
comenzado ningún trámite. En cualquier caso, Ferrer tiene claro
que, dado que se construirían en las montañas, también tendría un
enorme impacto. «Hoy en día quedan tan pocos tramos de ríos
pirenaicos y prepirenaicos en estado salvaje, que cualquier presa
nueva que se construya será catastrófica», recalca.
Algo parecido ocurriría, en
Teruel, con el embalse de Torre del Compte, puesto que afectaría
al Matarraña, una corriente que tiene el cartel de ser «el tramo
de río mediterráneo mejor conservado del país». En cuanto, al
Mularroya (120 hm3), en Zaragoza, ha sido recurrido en los
tribunales por los municipios cercanos después aprobarse una
declaración de impacto ambiental favorable. Es el más caro del
Pacto del Agua, ya que, como explica Ferrer, incluye la
construcción de un canal de 15 kilómetros desde el río Jalón al
Grío.
Alternativas. Frente a estas
presas tan contestadas, existen otras como La Loteta (104 hm3) o
San Salvador, que no sólo no plantean ningún problema, sino que
son defendidos como ejemplo positivo. Se trata de balsas de agua
próximas a las tierras agrícolas interiores que, en lugar de
construirse sobre el río, se levantan a un lado. Según Ferrer,
junto al fomento del ahorro y la mejora de la eficiencia de los
regadíos, constituyen la alternativa a las otras presas. De hecho,
en el caso de San Salvador, los ecologistas reclamaron que fuese
más grande.
Juan López de Uralde, director de
Greenpeace, solicitó hace unos días al propio presidente de Aragón
en persona la revisión de estas obras, tal y como ha hecho el PSOE
con el trasvase del Ebro. «Cuando una Administración ha estado
utilizando argumentos en favor de una nueva cultura del agua,
también debe aplicarlos en su propia casa», asegura. De Uralde
entiende que «en lo que viene a llamarse la nueva cultura del agua
o nueva política del agua no hay sitio para la construcción de
grandes embalses». Por ello, el director de este grupo ecologista
considera que «si el PSOE deroga el trasvase del Ebro» en base a
estos nuevos principios ambientales, «entonces también se deben
derogar estos embalses».
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