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El País, Martes, 6 de marzo de 2001

El ex director general de Obras Hidráulicas trabaja en una constructora de presas

IU critica además que otro dirigente que elaboró el Plan Hidrológico trabajó en Iberdrola 

CARLOS E. CUÉ | Madrid

Gaspar Llamazares, coordinador general de IU, denunció ayer que Carlos Escartín, ex director general de Obras Hidráulicas que colaboró en la elaboración del Plan Hidrológico Nacional, trabaja ahora como responsable de contratación en una constructora que se encarga del recrecimiento del embalse de Yesa (Zaragoza), una de las inversiones más polémicas del plan por su impacto ambiental. Llamazares también criticó que Benigno Blanco, ex secretario de Estado de Aguas y hoy secretario de Estado de Infraestructuras, trabajara antes como asesor de la empresa eléctrica Iberdrola.

Izquierda Unida, una de las organizaciones que con más vehemencia se opone al Plan Hidrológico Nacional que impulsa el Gobierno, entiende que, además de los motivos de interés ecológico y de diseño territorial que desaconsejan el plan, hay pruebas de 'complicidades entre la responsabilidad pública y vinculaciones privadas' que ponen 'bajo sospecha' todo el proyecto.

Carlos Escartín fue director general de Obras Hidráulicas con el anterior equipo de Medio Ambiente, dirigido por Isabel Tocino. Como tal, según IU, fue uno de los responsables de elaborar el Plan Hidrológico que luego ha aprobado el equipo dirigido por Jaume Matas.

IU reveló ayer que el nombramiento de Escartín como responsable de contratación de la constructora ACS se produjo en septiembre de 2000, sólo tres meses después de que, como responsable de Medio Ambiente, participara en la adjudicación a la unión temporal de empresas formada por ACS, Ferrovial Agromán y FCC las obras del recrecimiento del embalse de Yesa, algo que Llamazares calificó de 'curioso'. El coste de la obra es de 18.889 millones de pesetas. Además, el coordinador general de IU aclaró que la empresa a la que ahora pertenece Escartín recibe el 60% de las adjudicaciones en materia hidrológica.

La Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de 1995 determina que 'durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los altos cargos no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo' (artículo 2.4). Este periódico intentó ayer, sin éxito, recabar la versión de Escartín sobre esta supuesta incompatibilidad que le atribuye IU.

Llamazares también criticó que Benigno Blanco, actual secretario de Estado de Infraestructuras, se encargase en la pasada legislatura de Aguas y Costas cuando durante nueve años había sido asesor jurídico y secretario del Consejo de Administración de la empresa eléctrica Iberdrola, también vinculada a las obras del Plan Hidrológico. Blanco contestó ayer con una nota en la que confirmaba este extremo y argumentaba: 'Nadie puede poner en duda la honestidad con la que he trabajado tanto en la actividad privada como pública'.

Ambos altos cargos participaron en la elaboración del Plan Hidrológico del PP, por lo que Llamazares acusó al Gobierno de utilizar los 'millones de pesetas del erario público' que suponen las obras del plan para 'pagar y dar beneficios a los amigos del PP'.

Ante la posible existencia de irregularidades en el desarrollo del Plan Hidrológico, IU pedirá información en el Parlamento sobre los altos cargos relacionados con la elaboración de proyectos y adjudicación de obras del plan.


Dos juzgados investigan si ex altos cargos de Medio Ambiente prevaricaron al aprobar dos presas en Aragón

JOSÉ A. HERNÁNDEZ | Madrid 

Dos juzgados de Madrid, el 19 y el 38, investigan a ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente en relación con la aprobación del proyecto de adjudicación de obras de los embalse de Santaliestra (Huesca) y Yesa (Zaragoza). Entre los querellados figuran Benigno Blanco Rodríguez, ex secretario de Estado de Aguas y Costas y en la actualidad secretario de Estado de Infraestructuras, y Carlos Manuel Escartín Hernández, ex director general de Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente. 

La investigación es fruto de querellas presentadas por ayuntamientos próximos a estos embalses. A Blanco y Escartín se le atribuyen supuestos delitos de prevaricación (dictar resoluciones injustas a sabiendas). Blanco está citado para declarar como querellado, mientras que Escartín prestó declaración el pasado 15 de febrero, como imputado, ante el Juzgado 19 de Madrid, que dirige Miguel Ángel Fernández. El fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Emilio Valerio, imputa a Escartín haber autorizado el recrecimiento del embalse de Yesa pese a existir informes técnicos que lo desaconsejaban por el 'alto riesgo' para el ecosistema y los vecinos de la zona. 

Se da la circunstancia, según las diligencias judiciales, de que el proyecto de obras de recrecimiento del embalse de Yesa fue adjudicado a la empresa ACS, Actividades de Construcciones y Servicios, en la que Escartín ocupa ahora el cargo de responsable de contratación. Escartín admitió ante el juez que el 4 de junio de 1999, en su calidad de director general de Obras Hidráulicas, 'dictó la resolución para el concurso de adjudicación del proyecto y posterior construcción del recrecimiento de la presa de Yesa'. Esta obra, dijo Escartín, se declaró 'de interés general' y se enmarca dentro del llamado Pacto del Agua por Aragón. Añadió que cesó como alto cargo del Gobierno el 31 de agosto de 2000 para incorporarse a ACS. 

Precisamente, ésta es la empresa a la que se ha adjudicado la obra, cuyo importe es de 18.889 millones. En su declaración, Escartín afirmó que supo que 'ACS estaba interesada empresarialmente' en el citado proyecto cuando se abrieron las ofertas del concurso, 'entre noviembre y diciembre de 1999'. Pero subrayó que 'no participó en la mesa de contratación' del concurso. Fuentes jurídicas de la acusación replican que 'el departamento que dirigía Escartín informó a favor de conceder la obra a ACS'. Escartín declaró que decidió trabajar para ACS tras descartar 'varias ofertas de consultoras y constructoras', y negó que le 'constase' la existencia en Hacienda 'de un informe' que pone de relieve su 'incompetencia' para aprobar el proyecto técnico de ese embalse.

 

Asociación Río Aragón-COAGRET