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España
es un país con poca agua que consume mucha. Para paliar la escasez, el gobierno
propone una solución técnica: el trasvase del Ebro. Otras voces reclaman
soluciones que penalicen el despilfarro e incentiven el ahorro y la reutilización.
El llamado problema
del agua se transformará en guerra del agua” pronosticaba, en 1997, el profesor
José Manuel Naredo al analizar la situación española desde su
perspectiva de experto en temas ecológicos. El 8 de octubre de 2000, casi
400.000 personas desfilaron por las calles de Zaragoza —una ciudad que cuenta con
650.000 habitantes— para protestar contra el Plan Hidrológico Nacional (PHN),
presentado por el gobierno español el 5 de septiembre anterior. La principal
medida prevista por el Plan consiste en trasvasar parte del caudal del Ebro —1.000
hectómetros cúbicos (hm3) anuales— hacia zonas
con problemas de sequía coyuntural o estructural, todas ellas situadas en
la costa mediterránea. Para los aragoneses, los 700.000 millones de pesetas
(más de 3.500 millones de dólares) que el gobierno quiere gastarse
en una obra que comporta 529 km de nuevas canalizaciones y varios embalses son 700.000
gotas de más en un vaso que ya rebosa.
La comunidad de Aragón, cada día más despoblada —más
de la mitad de sus habitantes vive en Zaragoza— estima que el PHN olvida de nuevo
la región y que ahora se trata de un caso de agravio comparativo. En una simplificación
un tanto demagógica, los 400.000 manifestantes gritaron que el agua del Ebro,
de su Ebro, servirá para regar campos de golf, llenar las piscinas de los
turistas y alimentar los parques temáticos, mientras ellos se mueren de sed
y abandono.
“Lo que ha entrado en crisis es el criterio que preside la política hidráulica
española desde hace un siglo, que puede resumirse así: hay que tomar
el agua de donde sobra para llevarla a donde falta”, dice Naredo. Para quienes critican
el PHN, no se trata tan sólo de que el suministro de agua no puede seguirse
gestionando hoy desde criterios meramente técnicos; ni de que el trasvase
en sí sea criticable porque los hidrólogos afirman que en el transcurso
de los últimos 25 años la cuenca del Ebro ha dejado de ser excedentaria.
Ni tampoco de que la medida no tenga en cuenta la dinámica de creación
de nuevos regadíos que genera el anuncio de una operación de este tipo,
sino de que el trasvase es lisa y llanamente innecesario. Para el profesor Enric
Tello, especialista en Historia Económica, la solución pasa por “organizar
la oferta de otro modo”. Tello cree que España “padece de hidroesquizofrenia”
y que “tarde o temprano los contribuyentes terminarán por preguntarse qué
sentido tiene seguir subvencionando el suministro de agua para unos cultivos que
también están subvencionados y que, a menudo, son excedentarios”. La
diferencia abismal entre los precios del agua destinada a riego, la que va a ser
utilizada en la ciudad o por la industria y la que acabará embotellada es
el motor mismo de esa “hidroesquizofrenia”. ¿Por qué no intentar acercar
esos precios? La respuesta puede que esté en un detalle que tanto Tello como
Naredo no dudan en subrayar: el ministro español de Medio Ambiente, Jaume
Matas, presentó el PHN en la sede de la patronal de constructoras de obras
públicas.
Cada
kilo de maíz manchego exige una tonelada de agua
En
el ministerio el análisis es diferente. Creen que la demanda de agua seguirá
creciendo, lo cual requiere proyectar costosos acueductos. Se admite que conviene
congelar la superficie destinada a regadío —3.437.038 ha.— pero se impulsa
el trasvase y se habla de más de 70 nuevos pantanos en un plan de inversiones
de más de 15.000 millones de dólares en ocho años. Todo ello
entra en contradicción con la Directiva Marco de la Unión Europea,
pues en ella se toma cada cuenca hidrográfica como una unidad de gestión,
lo cual impide los trasvases entre diferentes cuencas.
El ministro cree que “el PHN es un camino que no tiene vuelta atrás” y que
con él “resolveremos definitivamente el problema del agua”. Lo cierto es que
España, donde existen 1.070 embalses de grandes dimensiones, es el país
del mundo con mayor superficie ocupada por el agua de los embalses en proporción
a su territorio total. Muchos de esos pantanos son inútiles, como lo prueba
el que, durante meses, sólo acojan entre el 5% y el 10% de su capacidad teórica.
Mediados los años 60 se emprendió un primer gran trasvase, el del Tajo
hacia el Segura. Sobre el papel se trataba de enviar 600 hm3 de una cuenca a otra,
pero en 1999 las comunidades regionales tuvieron que negociar para que Castilla aceptase
ceder sólo 40 hm3. ¿Qué
ha pasado para que menos del 10% de lo proyectado ya sea demasiado? En La Mancha,
en la Meseta, ha proliferado el cultivo del maíz, gran consumidor de agua.
150.000 ha. de maizales sobreexplotan el agua subterránea y reclaman más
agua del Tajo. Antes, en la zona murciana, desde el momento mismo en que empezó
a hablarse del trasvase, la zona de regadío creció en 53.000 ha. El
biólogo José Luis Benito constata que “por increíble que parezca,
el trasvase convirtió una sequía eventual y episódica en estructural
y permanente”.
El clima mediterráneo es el de unos 40 millones de ha. del territorio español.
Es un clima que no hace coincidir los periodos lluviosos con los de calor, como es
el caso de los monzónicos, de manera que la vegetación nunca es muy
abundante. Plantar maíz, alfalfa, patatas o judías en esas zonas no
es lo más recomendable, porque son cultivos que reclaman mucha agua. Por ejemplo,
se calcula que cada kilo de maíz manchego exige una tonelada de agua. Si ese
cálculo se aplicase al precio de dicha agua constataríamos, como lo
ha hecho Pedro Arrojo en su estudio sobre los regadíos aragoneses, que el
45% de los mismos serían deficitarios sin las subvenciones y el 90% no serían
suficientemente rentables como para ser explotados.
Esa situación lleva a Enric Tello a reclamar, en nombre de un crecimiento
sostenible que, “si por razones vitales para el equilibrio territorial y de orden
socioambiental” hay que subvencionar la agricultura, “conviene que lo sean directamente
las explotaciones agrarias y no el agua, el combustible o los abonos químicos”.
En efecto, la elección de cultivos no adecuados al clima se acabaría
si el precio del agua destinada al riego fuese más alto y no hasta 100 veces
más barata que la de uso industrial. Lo que Tello propone ya ha sido experimentado
con buenos resultados en Estados Unidos a través del llamado “Banco de Agua
de California”. Ese “mercado” permite a los campesinos vender temporalmente parte
de sus concesiones de riego. Los compradores urbanos abonan un precio más
alto, de manera que la venta les permite compensar lo que pierden al pasar su explotación
de regadío a secano. En resumen, la ciudad obtiene el agua que necesita, el
agricultor no pierde dinero y el medio ambiente no sufre sobreexplotación.
Penalizar
el despilfarro e incentivar el ahorro
La
Comunidad autónoma catalana, que recibiría, según el PHN, 180
hm3 —para Valencia serían 300, 430 para Murcia y 90 para la provincia andaluza
de Almería— no tiene en estos momentos problemas de suministro ni su demografía
permite pensar que vaya a tenerlos en los próximos 25 años. El profesor
Naredo indica además que, a raíz de la transformación que vivió
Barcelona antes de los Juegos Olímpicos de 1992, que supuso el cierre de viejas
industrias muy golosas en agua, “la ciudad ha visto cómo aumentaba su nivel
freático, exigiendo cada vez más bombeos para evitar que se inunden
la red de metro y los aparcamientos subterráneos”. Partiendo de la experiencia
de un 20% de los habitantes del área metropolitana de Barcelona, que durante
más de seis años se organizaron para negarse a pagar la parte correspondiente
a los impuestos incluida en la factura del agua, Enric Tello ha estudiado los beneficios
que podrían obtenerse de “un sistema de tarifas que penalice el despilfarro
e incentive el ahorro y la reutilización”. La industria, cuando ha visto que
el precio del metro cúbico de agua podía costarle diez veces más
barato si depuraba el agua antes de devolverla al río, lo ha hecho al tiempo
que racionalizaba el consumo. En su estudio sobre la fiscalidad ambiental, Tello
demuestra que invertir 500 dólares en todos los hogares de
Cataluña para
equiparlos con electrodomésticos y sanitarios que ahorren y reutilicen el
agua supondría una inversión menor que otro trasvase proyectado, el
del Ródano desde el sur de Francia hacia Barcelona, cuyo coste previsto supera
los mil millones de dólares.
Una fiscalidad que obligase a dejar de malgastar el agua también serviría
para resolver otro gran problema: el de unas conducciones obsoletas.
Pedro Arrojo
ha constatado que en su ciudad de Zaragoza el consumo de agua es idéntico
durante día que a lo largo de la noche debido a las enormes fugas que presenta
la red de distribución.
La
agricultura absorbe 80% de la demanda de agua
En
realidad, España recibe cada año precipitaciones que aportan 346.000
hm3, pero de éstos, una vez superado el fenómeno de evotranspiración,
sólo quedan 109.000. Ese agua debiera ser suficiente para atender una demanda
anual de 35.000, el 80% de la cual corresponde a esa agricultura que la paga, en
la gran mayoría de casos, a una peseta el metro cúbico.
En las zonas en que el precio del agua para riego es medianamente alto —30 pesetas
el m3, ya sea porque proviene de plantas desalinizadoras, ya sea porque procede de
acuíferos subterráneos que hay que proteger, los cultivos se han tecnificado
de manera extraordinaria. Almería, que veinte años atrás era
la provincia más pobre de España, es hoy la que crece más deprisa
y la que absorbe, proporcionalmente, más mano de obra extranjera. Pero el
gran rendimiento de los cultivos hidropónicos o en substrato ha hecho que
Almería, además de necesitar de pronto a esos 30.000 emigrantes sin
saber acogerlos ni integrarlos, cuente también con 13.000 ha. de regadío
ilegales.
El trasvase del Ebro es un remedio técnico ineficaz para un problema cultural,
social, político y económico. Según sus detractores, no resuelve
nada, pero crea otros muchos problemas. Y en ese sentido tampoco debieran olvidarse
los señalados por las asociaciones de ecologistas, que temen por la desaparición
del delta del Ebro, la segunda gran reserva ecológica del país, que
el título de un libro de 1999 presenta como un “sistema amenazado”. Entre
finales del XIX y hoy el aporte de sedimentos del Ebro se ha reducido en un 95%.
De ahí también que el Estado tenga que invertir cada año 100
millones de dólares aportando arena a playas que se han quedado sin ella.
Eso sí, si la desertización sigue progresando arena nunca les faltará.
Lea
el artículo en el Correo
de la UNESCO
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