Un mes después de que comenzase en el delta del Ebro, la marcha azul desembarcó ayer en Bruselas con una manifestación considerada como un éxito por los organizadores a pesar del mal tiempo. Miles de personas -15.000, según los organizadores; 4.100, según la policía belga- se congregaron, bajo un intenso aguacero, en el centro de la capital comunitaria para protestar contra el Plan Hidrológico Nacional (PHN). Su objetivo: demostrar a Europa la fuerza del movimiento ciudadano contrario al trasvase e impedir que la Unión Europea (UE) financie el proyecto.

En un ambiente festivo y familiar, un mar de paraguas, pancartas, banderas cuatribarradas y pañuelos azules partió a la una y media de la Gare du Nord en dirección a la Gare du Midi. Al frente, marchaban los políticos: Juan Alberto Belloch (PSOE), Raimon Obiols (PSC), Josep Lluís Carod-Rovira (ERC), Joan Saura (Iniciativa-Els Verds) y Gaspar Llamazares (IU), entre otros. Sostenían una pancarta escrita en inglés, francés y neerlandés: "Por una nueva cultura del agua". Fue en este sector, precisamente, donde surgieron las disensiones.

Los dos representantes de la Junta de Aragón que acudieron a Bruselas -el consejero de Agricultura, socialista, y el de Medio Ambiente, del Partido Aragonés Regionalista- abandonaron la marcha antes del final. En realidad, ambos dirigentes quisieron mostrar su desacuerdo con algunos contenidos de la protesta y con el uso que de ella hacen partidos como la Chunta Aragonesista de José Antonio Labordeta. En Zaragoza, el Gobierno aragonés no apoyó la manifestación. El Ejecutivo aragonés se opone el PHN. Pero, al contrario que la Plataforma en Defensa del Ebro, principal organizadora de la manifestación, defiende el pacto del agua en Aragón.

En la Gare du Midi, tras dos horas y media de marcha, la lluvia obligó a dispersar rápidamente a los manifestantes e impidió los discursos previstos. Los portavoces del movimiento antitrasvase convocaron una rueda de prensa en el Centro Asturiano de Bruselas, punto de reunión de la emigración española de los años sesenta.

Hoy presentarán sendas quejas a la Comisión Europea, responsable del reparto de las subvenciones comunitarias, y a la Eurocámara, donde han recogido apoyos entre los grupos socialista, ecologista y comunista.

"El dinero público europeo no puede servir para los negocios privados ni para la especulación urbanística avalada por el PP y CiU", dijo Pedro Arrojo, catedrático de Economía en Zaragoza y cabeza visible de la plataforma. No han conseguido que les reciba ningún comisario, deberán conformarse con una reunión con miembros de sus gabinetes.