Totalmente empapados por la intensa lluvia que cayó sobre la ciudad en el momento de la protesta, la manifestación finalizó la llamada Marcha Azul que salió el pasado 10 de agosto del delta del Ebro para recorrer varias ciudades europeas.

Los manifestantes pedían a la Comisión Europea que no financie con el presupuesto común las obras previstas por el Gobierno en el PHN. En nombre de la Plataforma en Defensa del Ebro, Pedro Arrojo reclamó una «nueva cultura del agua» y pidió que el PHN «sea coherente con la política europea y la directiva marco sobre el agua».

Señalando que la Plataforma cuenta con un amplio respaldo social que desborda a los movimientos políticos, este profesor de la Universidad de Zaragoza denunció los trasvases que sirven para «privatizar el mercado público del agua».

Al acto asistieron diputados europeos de los Verdes, los Socialistas e Izquierda Unida. El ex ministro del Interior y Justicia, Juan Alberto Belloch, el diputado por la Chunta Aragonesista en el Congreso, José Antonio Labordeta, y el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, se desplazaron a Bruselas para participar en la protesta.

«Ni un euro para este Plan Hidrológico Nacional», «En defensa de una nueva cultura del agua», fueron los lemas bajo los cuales marcharon, sin incidentes, los miles de manifestantes.

Por otra parte, varias decenas de miles de personas -entre 50.000 y 75.000, según los organizadores- se concentraron ayer en la Plaza del Pilar de Zaragoza para rechazar el Plan Hidrológico Nacional. También hubo concentraciones, en apoyo de la Marcha Azul y la manifestación de Bruselas, en Huesca, Teruel y Jaca, Informa Javier Ortega.

La unidad de anteriores movilizaciones celebradas en Zaragoza, Barcelona y Madrid, en las que se calcula participaron hasta un millón de personas contra el trasvase, se rompió ayer. No hubo ningún miembro del Gobierno autónomo y los líderes del PSOE y PAR se ausentaron cuando se leyó el manifiesto final al estar en desacuerdo con parte de su contenido y con algunas de las pancartas.

El presidente aragonés, Marcelino Iglesias, y el vicepresidente, José Angel Biel, decidieron no asistir a la concentración de Zaragoza pese a que su presencia estaba anunciada. Tras una reunión urgente, el Gobierno acordó no participar al no estar de acuerdo con uno de los puntos del manifiesto, el mismo que se leyó en Bruselas, en el que se rechazaba la construcción de nuevos embalses.

El Ejecutivo criticó el intento de un uso partidista del acto por parte de algunos grupos minoritarios, en alusión a Izquierda Unida y la Chunta Aragonesista.

El Gobierno aragonés, que había hecho llamamientos a la participación, rechaza el trasvase pero defiende las obras del Pacto del Agua, suscrito en 1992 por todos los grupos de las Cortes regionales.

El Ejecutivo de Marcelino Iglesias proseguirá su batalla para frenar el PHN mediante un recurso de inconstitucionalidad, una queja ante la Unión Europea, así como el seguimiento puntual mediante una comisión de expertos. Por otra parte, las Cortes de Aragón debatirán en el pleno del próximo día 20 la presentación de otro recurso contra el PHN en el Tribunal Constitucional.

MADRID.- El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, manifestó ayer en Bruselas la «determinación absoluta» del Gobierno de llevar a cabo el Plan Hidrológico Nacional, y aún de contar con fondos comunitarios para su financiación.

El ministro fue el más tajante de cuantos miembros de la Administración hicieron referencia al PHN. «A partir de ahí -añadió-, lo que hay que hacer es respetar el derecho de manifestación».

Por su parte, el secretario de Estado de Aguas y Costas, Pascual Fernández, aseguró que «no existen razones reales» para oponerse al Plan Hidrológico, y calificó los argumentos contrarios de carácter «partidista y político».

El Gobierno de Murcia, a través de su vicepresidente, Antonio Gómez Fayrén, calificó las manifestaciones como un «extraño cóctel de insolidaridad».

A favor de las protestas se manifestó la secretaria de Política Internacional del PSOE, Trinidad Jiménez, quien pidió al Gobierno que escuche el «clamor» de los ciudadanos en contra del Plan.