| NOTA DE PRENSA de la Asociación Río Aragón |
Viernes 16 de febrero de 2001
El principal embalse del PHN por su capacidad (1500 Hm3) -fundamental para el trasvase de 1050 Hm3 de la cuenca del Ebro-, el recrecimiento de la presa de Yesa, en el Pirineo aragonés, está en los Tribunales por las irregularidades cometidas en su tramitación, con delitos de presunta prevaricación.
Los imputados son: Dolores Carrillo, ex-directora de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y actual asesora de Loyola de Palacio en la Unión Europea; Carlos Escartín, ex-director general de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, y actual director de contratación de la empresa ACS; y Carlos Vázquez, secretario técnico del citado Ministerio.
Los tres están acusados de haber actuado injusta y arbitrariamente en la resolución de la Declaración de Impacto Ambiental, trámite administrativo imprescindible para la aprobación del proyecto. El documento aprobado fue declarado en 1992 incorrecto e insuficiente por la propia Administración. La Fiscalía de Medio Ambiente ha emitido en este sentido un informe demoledor que avala la denuncia por prevaricación.
Los tres declararon ante el juez los días 14 y 15 pasados, con las siguientes conclusiones:
Carlos Escartín contrató Yesa
sin tener competencias para ello
El ex-director
general que contrató Yesa trabaja actualmente en una de las empresas
adjudicatarias
Carlos Escartín, ex-director general de Obras Hidráulicas que firmó la aprobación del expediente de contratación de las obras de recrecimiento del embalse de Yesa, reconoció ayer en el Juzgado número 19 de Madrid que trabaja actualmente como director de contratación de la empresa ACS, una de las integrantes de la UTE adjudicataria de estas obras. Además, la Intervención Delegada determina que la competencia para firmar este documento y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación corresponde al secretario de Estado del Ministerio de Medio Ambiente, y en ningún caso atribuye competencias a los directores generales. Estos datos fueron aportados ayer por María José Beaumont y José Luis Beaumont, letrados del Ayuntamiento de Artieda, tras concluir las diligencias por la querella por supuesta prevaricación presentada por este Consistorio en relación con la aprobación de la declaración de impacto ambiental (DIA).
La titular del Juzgado, Ana María Pérez Marugán, tomó ayer declaración a Carlos Escartín y a Carlos Vázquez, secretario técnico del MIMAM hasta el pasado 26 de enero. Los abogados explicaron tras las comparecencias que "el hecho de que Escartín no tuviera competencias para llevar a cabo la licitación y la contratación significa que no actuó de forma superficial, en algo definido como urgente y revestido por el interés general y por tratarse de una de las obras del Pacto del Agua. La adjudicación a una UTE en la que está la empresa en la que él trabaja ahora fue posible precisamente por sus actuaciones. Estos hechos van a tener consecuencias en los tribunales".
Añadieron que los dos ex-funcionarios "han reconocido la realidad de una resolución que responde a la decisión de un alto cargo administrativo, pese a tener unos informes previos en los que se especificaba que la DIA era deficiente e insuficiente. Se licitó una nueva, pero en tres meses se decidió aprobar lo anterior. Se tomó una decisión injusta y a sabiendas, y esto es prevaricación. La explicación de los imputados es que el concurso para una nueva DIA se hizo por si era solicitada, pero como resultó no ser necesaria, la anularon. En todo caso, no está acreditado que llevaran a cabo esta anulación y pensamos que se trata sólo de una maniobra de su línea de defensa".
Una vez oídas las declaraciones de los imputados, se está en condiciones de solicitar la paralización cautelar de las obras, aunque todavía no se ha planteado. Además, se va a pedir al MIMAM la acreditación de la anulación de la convocatoria de concurso de la nueva DIA y se va a solicitar la declaración del profesor Antonio Casas, autor de un informe sobre los riesgos geológicos del recrecimiento.
Las diligencias han sido "determinantes"
porque los tres declarantes –Dolores Carrillo, ex-directora general de
Calidad y Evaluación Ambiental compareció el día 14-
"han reconocido los hechos básicos y ser los autores y firmantes
de las resoluciones, aunque no les quedaba otro remedio. Sus otras líneas
de actuación han sido imputarse de unos a otros, justificarse de
forma impropia o no recordar algunas cuestiones", añadieron los
letrados.
Dolores Carrillo, actual asesora de Loyola de Palacio
La ex-directora de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, Dolores Carrillo, declaró el 14 ante la titular del Juzgado número 19 de Madrid que desconocía que se hubiera publicado una resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por la que se convocaba el concurso de una nueva declaración de impacto ambiental (DIA) para el proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa, aunque en su día ella misma pidió un informe al secretario técnico para saber en qué forma la vinculaba esta resolución, ya que informes internos del propio Ministerio denunciaban que la DIA de Yesa era incompleta e insuficiente, razón por la cual se convoca un segundo concurso.
Dijo no tener conocimiento oficial, ni de que se hubiera publicado, la resolución firmada por Carlos Escartín respecto al concurso para elaborar una nueva DIA, pese a que ella misma pidió un informe al secretario técnico, Carlos Vázquez, para saber en qué modo le vinculaba, y afirmó que “en ningún momento ha recibido presiones en el cargo que ocupó para firmar ésta u otras DIA”, señaló el alcalde de Artieda.
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