El antropólogo Gaspar Mairal apeló al principio de "equidad territorial" para promover una política hidráulica que armonice los intereses del llano y la montaña

"Ceder agua sin perder tierra, población, territorio y naturaleza"

EL PIRINEO ARAGONÉS.- Los ponentes e invitados que han tomado parte en la primera edición de las Jornadas contra el recrecimiento del embalse de Yesa organizadas por la Asociación «Río Aragón» han coincidido en afirmar que el futuro de la política hidráulica en la Comunidad Autónoma de Aragón debe contemplarse desde propuestas de diálogo, igualdad, intercambio justo y desarrollo compartido. El antropólogo Gaspar Mairal apeló al principio de "equidad territorial" y al planteamiento realizado desde los habitantes de la montaña de "ceder agua sin perder tierra, población, territorio y naturaleza" como elementos básicos de intercambio. "El reto que hoy tiene la política hidráulica en Aragón es hacer posible esto", aseguró tras reconocer que "la confrontación entre territorios, que en Aragón se está agudizando cada vez más, debería ser desactivada". Por su parte, el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, Ángel Garcés, considera que en aras a ese consenso regional, "se podría demorar perfectamente la realización de las grandes obras hidráulicas" si el Gobierno de Aragón cumpliera con las normas aragonesas aprobadas en los dos últimos años y que están a su disposición.

El profesor Ángel Garcés y el antropólogo Gaspar Mairal, junto al profesor de Ecología de la Universidad de Alcalá de Henares, José Manuel Nicolau, participaron en la mesa redonda «Ríos y presas: ¿compatibles en el nuevo marco europeo?» con la que se cerraron las primeras jornadas divulgativas contra el recrecimiento de Yesa. El día anterior, el viernes, las catedráticas de Historia del Arte, Belén Boloqui y Pilar Poblador ahondaron en las amenazas directas que el proyecto de recrecimiento tendría sobre el Camino de Santiago, bien declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Para Ángel Garcés, España está llevando a cabo una política hidráulica "precipitada" y que gira en torno a las grandes obras de regulación en vez de hacerlo respecto a la modernización de los regadíos y el aprovechamiento de los recursos. La finalidad de esta estrategia es poder acometer el Plan Hidrológico Nacional antes de que entre en vigor la nueva directiva comunitaria en materia de aguas que fue aprobada el pasado 7 de septiembre de 2000 por el Parlamento Europeo. Este documento que deberá adaptar cada estado miembro a sus leyes introduce nuevos criterios para la gestión y racionalización de los recursos hídricos, así como para la conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente.

Ángel Garcés indicó que "bastaría una voluntad política" por parte del Gobierno de Aragón de aplicar las normas y leyes aprobadas en los dos últimos años en diversas materias como las de Espacios Protegidos, Pesca, Patrimonio Cultural o las Directrices Generales del Pirineo, para crear un "conflicto de competencias" y así "demorar" la realización de las grandes obras hidráulicas. "Lo que pasa es que estas obras de regulación cuentan con el apoyo del Estado y de la Comunidad Autónoma", manifestó.

Desde su punto de vista, uno de los puntos principales de la nueva directiva europea de aguas y que juega a favor de las áreas afectadas por la construcción de grandes obras hidráulicas es el artículo 9 de la misma, donde se hace referencia a la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua. "Los Estados miembros –se indica en el texto– tendrán en cuenta el principio de la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes ambientales y de regulación (…), de conformidad con el principio de «quien contamina paga». Al hacerlo, podrán tener en cuenta los efectos sociales, ambientales y económicos de la recuperación y las condiciones geográficas y climáticas de la región o regiones afectadas". Ángel Garcés explicó que con esta disposición, "a partir de ahora, cualquier obra hidráulica y embalse deberá justificarse económicamente y sus costes deberán recaer sobre los usuarios". "Si el que contamina paga –señala– el que utiliza un recurso escaso como el agua, empleado en la mayoría de los casos para finalidades productoras, debe pagar también por ello, además de por las obras de regulación que supongan ese recursos". En este sentido, aclaró que en España existe la costumbre de que "las obras hidráulicas las deben pagar exclusivamente los poderes públicos", cuando el beneficiario directo no es la sociedad en general sino los regantes y las industrias, que "no son usuarios sino consumidores". "El agua –apunta– no es un bien público desde el punto de vista económico, es un bien que es consumido por los regantes y las industrias que lo utilizan en su proceso de producción" y por el que obtienen unas rentas y beneficios que son privados.

"En la mayoría de los países del sur de Europa se paga por hectárea, que es como pagar la luz por metro cuadrado y no por coste real de consumo", argumenta Garcés. Con la nueva directiva comunitaria, cualquier obra de regulación que se acometa traerá como consecuencia la obligatoriedad de presentar un estudio económico-financiero donde se recoja el compromiso de los beneficiarios de contribuir a sufragar el valor de esa intervención, incluidos los trabajos de ingeniería y los costes ambientales, económicos y sociales que conlleva. "Si esta mentalidad se impone, no se volverán a hacer grandes obras hidráulicas de regulación porque a nadie le interesará pagar estos costes desde el punto de vista de la tarea productiva que desarrolla".

CONFRONTACIÓN AGUDIZADA

El antropólogo Gaspar Mairal reconoció que para entrar en una línea de diálogo y entendimiento en materia hidráulica en España y Aragón es necesario desactivar la confrontación entre territorios. "El desarrollo de un territorio vale tanto como el de cualquier otro y lo contrario es crear espacios de servidumbre", dijo, y explicó que la "equidad territorial" nunca se logrará con una política impositiva, justificada en el interés de una mayoría inexistente, sino desde el reconocimiento de los derechos que corresponden a todos los territorios que forman parte de Aragón, y desde esta igualdad, "que hasta ahora no ha existido, construir un diálogo en el que los territorios implicados en la política hidráulica puedan argumentar sus intereses en el reconocimiento de los derechos de todas las partes".

Gaspar Mairal indicó que el derecho de la montaña "ha sido hasta ahora minusvalorado", como queda patente con la reclamación "legítima" de los afectados de formar parte de los órganos políticos de decisión en materia hidráulica. "A tal efecto nunca se ha considerado que los afectados pudieran estar representados en el Consejo del Agua, cuando los regantes sí tienen una amplia representación. La montaña –dice Gaspar Mairal– aspira a negociar la política hidráulica y esto es condición previa a cualquier compensación".

Par el antropólogo el discurso que se ha implantado de minorizar a los afectados por grandes obras hidráulicas "ha sido hasta ahora efectivo", si bien reconoce que esta dinámica está ya cambiando y cambiará todavía más. "A pesar de todo –señala–, el discurso de muchos líderes políticos aragoneses pretende legitimar la construcción de más embalses, pero no se quieren dar cuenta de que la dialéctica entre mayorías y minorías no responde a la realidad, pues lo que sucede es que hay un conflicto de intereses entre dos partes iguales, dos territorios que de acuerdo con la Constitución tienen el mismo derecho al desarrollo. Su gesto político significa tomar partido en favor de los intereses de un territorio y en detrimento de los del otro. Que cada cual valore el significado político de semejante actitud", concluyó.

EL PIRINEO AUSENTE

El profesor de Ecología de la Universidad de Alcalá de Henares, José Manuel Nicolau, llamó la atención sobre el hecho de que en el debate que se ha suscitado durante estos días entorno al trasvase se omite que el agua, el recurso de la disputa, no procede del Ebro sino del Pirineo. "Realmente no se puede hablar del trasvase del Ebro, ni siquiera del bajo Ebro como están vendiendo, sino que, de lo que se trata, es del trasvase del agua del Pirineo, territorio que alberga el recurso que se va a sacar y que va a pagar el coste ecológico, social y económico mayor". Nicolau se lamenta de que en un momento de gran debate político nacional en torno al agua, esta visión está "menos que nunca" en la opinión pública del país.

Asimismo, manifestó que la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental es una herramienta "muy limitada" y "totalmente insuficiente" para mitigar los impactos directos e indirectos que una gran infraestructura hidráulica provoca en el entorno y en las poblaciones. "Los estudios de impacto ambiental se aplican solamente para cada pantano en concreto y no para todas las obras del Pacto del Agua. La pregunta es: ¿Cómo van a afectar al Pirineo en su conjunto todas las obras del Pacto del Agua?" José Manuel Nicolau indica que no existe "ningún estudio, ni ningún instrumento legal que nos permita hacerlo".

Respecto a la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental señaló que se está aplicando con una "falta de rigor" y de "honestidad", ya que en el caso de Yesa se han adoptado cambios de última hora con el único propósito de servir a los intereses políticos de acelerar el proceso de recrecimiento. "Así se está haciendo la política ambiental en España, obviamente en contradicción con la directiva europea de aguas, y de ahí la esperanza. Yo me quiero agarrar a eso, porque podremos utilizar los mecanismos legales que se dispongan para mostrar a la Unión Europea que el Gobierno español incumple totalmente su directriz".

Belén Boloqui y Pilar Poblador denuncian la falta de "sensibilidad" para preservar el Camino de Santiago en el entorno de Yesa

"Nadie se ha preocupado por hacer una declaración de impacto cultural"

E.P.A.- Las historiadoras del arte Belén Boloqui, presidenta de la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (APUDEPA), y Pilar Poblador, consideran que existen argumentos sobrados para preservar los 22 kilómetros del Camino de Santiago que quedarían anegados por el recrecimiento de Yesa, y que quizás lo que falta es la "sensibilidad" por parte de los Gobiernos español y aragonés "para hacer cumplir las normativas internacionales" que protegen a este bien declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco al reunir tres de los cinco criterios que se exigen para obtener tal consideración. Este hecho, según apuntó José Luis Benito, de la Asociación «Sancho Ramírez» en la mesa redonda del pasado viernes, es excepcional, ya que un solo requisito, de difícil cumplimiento, es suficiente para que un bien sea Patrimonio de la Humanidad.

Belén Beloqui manifestó que se disponen de "todos los argumentos" para exigir la conservación de la ruta jacobea, "pero tenemos que saber manejarlos, saber argumentar y exigir al Gobierno de Aragón que se cumplan". Un ejemplo de la desidia de las instituciones de la Comunidad Autónoma, en este sentido, es que en la declaración de impacto ambiental del recrecimiento de Yesa publicada por el Ministerio de Medio Ambiente no se ha alegado ante la afección que supone esta gran obra hidráulica para el camino.

Pilar Poblador argumenta que "nadie" se ha preocupado por hacer una declaración de impacto cultural, y denuncia que en la reciente Ley de Patrimonio Cultural aragonés, de 1999, no existe interés por preservar este itinerario amenazado por las aguas.

Para esta historiadora del arte es contradictoria la política que se está impulsando desde el Ejecutivo regional para conservar y revitalizar la ruta jacobea, si no se "lucha por mantener vivos los caminos desde el punto de vista cultural y natural".

La construcción del actual embalse de Yesa ya supuso la desaparición de un tramo original del Camino de Santiago, actualmente bajo las aguas. Pero el pantano también provocó el despoblamiento de núcleos prósperos como Tiermas, Esco y Ruesta, poblaciones ligadas estrechamente a la ruta de peregrinación. "Al construirse el embalse –recuerda Pilar Poblador–, a las personas que quisieron seguir allí en sus tierras y casas les fue impedido. La gente intentó quedarse hasta el punto que se guardaron las llaves de sus casas porque pensaban que iban a volver". Para la historiadora el proceso de expropiación y derribo de propiedades –las ubicadas en el núcleo a pie de río de Tiermas– fue un "auténtico expolio" desde el punto de vista legal, un expolio que comenzó en el año 1929 y que se culminó con la construcción de la presa y el embalsado de las aguas. Debido a la amenaza que se cernió sobre estos tres pueblos durante décadas, los vecinos se vieron imposibilitados de realizar obras en sus casas e ir adaptando las haciendas y espacios urbanos a los nuevos tiempos, ya que las mejoras no se traducirían en una mayor tasación de los inmuebles. "Estos núcleos quedaron paralizados a principios de siglo, lo que ha derivado en que han llegado hasta nuestros días conservando su esencia como pueblos de interés arquitectónico y etnográfico".

Pilar Poblador señaló que los criterios que actualmente se propugnan e impulsan desde las instituciones para la conservación integrada de los pueblos de montaña, incluidos los abandonados, "se está incumpliendo totalmente". "Los pueblos tienen que estar habitados y con gente, de nada sirve conservar el patrimonio y las casas si no hay vida", comentó al referirse al hecho de que ya ha llegado el momento de "paralizar la degradación de Tiermas, Esco y Ruesta", localidades que forman parte de la historia, el patrimonio y la cultura aragonesa y que moralmente deberían pertenecer a sus antiguos pobladores, más cuando el pantano, recrecido o no, ya no va a suponer nuevas afecciones sobre los cascos urbanos.

CAMINO INVENTADO

Pilar Poblador considera inviable el traslado del patrimonio del Camino de Santiago amenazado por las obras. Señala en este sentido que la normativa internacional aconseja no hacerlo, y asegura que además existen problemas de tipo técnico para acometer una intervención como esta. Asimismo, afirma que es "imposible" trasladar los yacimientos arqueológicos, y que de llevar a cabo un traslado completo de los bienes incluidos en la catalogación, se corre el riesgo de crear un Camino de Santiago "falso" e "inventado", lo que puede influir en que los peregrinos no muestren interés por este itinerario y prefieran el que discurre por Navarra desde Roncesvalles.

Asociación Río Aragón