Fundación Nueva Cultura del Agua

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El presente informe evidencia que la gestión del agua en España adolece de graves deficiencias, e irregularidades sistemáticas institucionalizadas en las que se apuntan incluso perfiles de corrupción.

A través de este informe se pone de manifiesto que la existencia de irregularidades en la toma de decisiones sobre la contratación de obras públicas hidráulicas, o las derivadas del incumplimiento del deber de vigilancia frente a la ampliación de regadíos ilegales o frente a la contaminación, no se limita solamente a casos aislados bajo la responsabilidad de particulares o de funcionarios de bajo nivel. Por el contrario, se observa que el abundante número de casos de desgobierno hidráulico y de manejo fraudulento de fondos públicos, que traen como resultado la destrucción o degradación grave de muchos recursos naturales y valiosos patrimonios ambientales, sociales y culturales, tienen rasgos sistemáticos tras los que parece existir una actividad planificada, consciente y decidida de los grupos de presión; al tiempo, se detecta la existencia en la Administración de altos cargos que proceden de sectores como los de las grandes constructoras, compañías eléctricas y grandes negocios agrarios en connivencia con esos intereses.

CONTENIDO DEL INFORME

El presente informe recoge un estudio basado en el análisis y clasificación sistemática de casos en cada cuenca hidrográfica. La estructura del informe se ha dividido en dos partes. La primera recoge el estudio de irregularidades en las Cuencas Mediterráneas – Ebro, Júcar y Segura -, relacionadas entre sí por los proyectados Trasvases del Ebro del PHN; la segunda parte del informe describe las situaciones de las cuencas hidrográficas de Galicia-Costa, Guadalquivir, Duero, Tajo, Norte, Sur y Cuencas Internas de Cataluña.

En la primera parte del Informe se constatan relaciones, sin duda conscientes y bien articuladas entre las grandes obras de la cuenca del Ebro, la del Júcar y la del Segura; esto es, las cuencas a enlazar por medio del trasvase Sur del Ebro, la obra central que preside el Plan Hidrológico Nacional del Gobierno español.

En este sentido, el informe pone de manifiesto cómo en la cuenca cedente, la del Ebro, se plantea un conjunto de embalses, en particular los de Itoiz, Yesa, Santaliestra y Biscarrués, donde destaca la labor del antiguo Secretario de Estado de Aguas, Benigno Blanco, en la actualidad Secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento. Esta persona fue máximo responsable de los Servicios Jurídicos de la empresa eléctrica IBERDROLA y miembro del Consejo de Administración de varias compañías constructoras, constatándose que su actuación, juzgada en la actualidad en varios Tribunales de Madrid, podría haber favorecido los intereses de su antigua compañía, IBERDROLA, la cual se encargará del bombeo de los caudales a trasvasar. Hay que señalar que su antigua empresa le pagó, justo antes de ocupar el cargo de Secretario de Estado de Aguas en el Ministerio de Medio Ambiente, 210.000 euros.

En relación con los embalses del Pirineo, los procedimientos judiciales en curso o con sentencia dictada denuncian el incumplimiento manifiesto de la normativa de impacto ambiental, la voluntad de construir embalses en zonas de riesgo geológico cerca de pueblos habitados, la vulneración del régimen de los contratos públicos y del procedimiento administrativo, el uso irregular de fondos, las expropiaciones ilegales, el uso de la Policía y Guardia Civil en beneficio privado a la hora de expulsar a los habitantes de las localidades afectadas y la ocultación de datos al público y a los Tribunales.

Aunque no se reconoce así explícitamente en la Planificación Hidrológica, el contraste de dicha planificación (en la que se prevén 450.000 ha de nuevos regadíos en la Cuenca del Ebro) y el Plan Nacional de Regadíos (en el que tan sólo se prevén 82.000, de las cuales sólo 43.000 están en polígonos en ejecución) dejan al descubierto un inconsistente sobredimensionamiento de estas obras, que sólo puede explicarse por su relación con las necesidades de regulación que exige la política de trasvases prevista. Tal y como hemos señalado, la electricidad exigida para el bombeo de estos caudales procedería de las centrales de IBERDROLA situadas en la cuenca del Júcar, segunda etapa en la conducción del agua al Sureste de España desde el Ebro.

En la región de Valencia, resalta el trasvase del propio río Júcar al Vinalopó, donde el Sr. Benigno Blanco impulsó la creación de la empresa pública “Aguas del Júcar, Sociedad Anónima”, que, en régimen de Derecho privado, contrataría a una filial de IBERDROLA, llamada IBERINCO para realizar los estudios técnicos precisos, en la que el propio Benigno Blanco fue Secretario del Consejo de Administración. Entre los territorios destinatarios de este trasvase destacan las zonas residenciales y recreativas de la provincia de Alicante, cuya expansión urbanística fue promovida por el actual Ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, destacado promotor de estos proyectos trasvasistas. Tal es el caso de Benidorm, localidad de la que fue alcalde antes de ocupar la Presidencia del Gobierno autonómico, y en la que se produjeron incendios forestales en el lugar donde posteriormente se edificó el gran parque temático “Terra Mítica”.

En lo que respecta a la Cuenca del Segura, aparece el nombre de D. Francisco Cabezas, antiguo Comisario de Aguas de esta cuenca y actualmente Subdirector General de Planificación Hidrológica. Los problemas de escasez en la zona se caracterizan por parte del Gobierno como “déficit estructural” de agua, en base al cual se pretenden justificar los trasvases de agua de otros ríos. Desde su destino en la Confederación Hidrográfica del Segura, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, D. Francisco Cabezas, en lugar de garantizar el control de nuevas perforaciones garantizando la sostenibilidad del acuífero, tal y como exige la ley, autorizó la extracción de aguas subterráneas sin ningún amparo legal, aguas que aumentaron el número de hectáreas irregulares de regadío e incluso de campos de golf. Por otra parte, numerosos expedientes sancionadores relativos a extracción de aguas subterráneas se han dejado prescribir sin llegar a ningún resultado en las propias oficinas de la Confederación Hidrográfica.

De los abundantes casos documentados en base a denuncias y procesos judiciales, podría derivarse que el pretendido “déficit estructural” se debería en buena medida a extracciones y consumos irregulares que, siendo ilegales parecen consentirse e incluso ampararse desde la Administración. Mientras, se ha generado y permitido una gravísima contaminación del río Segura, uno de los ríos más sucios de Europa, por cuya causa se juzga ahora a altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente.

De los casos documentados se constata que las irregularidades y el descontrol no sólo alcanza al Ministerio de Medio Ambiente, sino que también se ven implicados, en diversos casos, jueces, alcaldes, empresarios y políticos locales, algunos de los cuales habrían recibido, según se denuncia, fraudulentamente, fondos europeos para poner en regadío zonas de vegetación natural, terrenos forestales quemados en incendios e incluso espacios naturales protegidos. Se denuncia por otro lado, la existencia en la Región de Murcia de casos de acoso laboral y social por parte de algunas autoridades y medios de comunicación, orientados a coartar la libertad de expresión de los funcionarios, investigadores universitarios y ciudadanos que vienen denunciando este tipo de irregularidades.

En la segunda parte del informe se recogen y se clasifican sistemáticamente las irregularidades denunciadas en las cuencas hidrográficas de Galicia-Costa, Guadalquivir, Duero, Tajo, Norte, Sur y Cuencas Internas de Cataluña. Cada una de ellas cuenta con sus particularidades, aunque destacan las evidencias de sobreexplotación hidroeléctrica (por parte de las empresas UNIÓN FENOSA, ENDESA e IBERDROLA) y la ocultación de datos y el impedimento del derecho ciudadano de acceso a la información ambiental por parte de las Confederaciones Hidrográficas (dependientes del Ministerio de Medio Ambiente).

Son de destacar casos paradigmáticos como el de Unión Fenosa y el Gobierno Regional de Galicia, la sobreexplotación de ENDESA en varios ríos de la región de Cantabria o la labor de silencio y la posible complicidad con las empresas constructoras e IBERDROLA de la Confederación Hidrográfica del Duero, dependiente también del Ministerio de Medio Ambiente.

Junto a los ejemplos descritos, aparece un mundo de múltiples irregularidades en torno a las pequeñas y medianas obras, generalmente con la connivencia de gobiernos municipales y de pequeños grupos de poder económico de ámbito local o regional. No obstante, sus efectos son muy destructivos para el patrimonio natural y social, como el caso de ciertos regadíos, minicentrales hidroeléctricas, dragados de ríos y talas de bosque de ribera.

En definitiva, las irregularidades y problemas de corrupción existentes en torno a la gestión del agua en España no se deben sólo a fenómenos aislados y por obra de personas de escasa influencia política y económica. Muy al contrario, además de estos casos de menor entidad, sobresalen otros casos en los que el Ministerio de Medio Ambiente, los Gobiernos Regionales, los Entes Locales, las empresas constructoras, los grandes regantes y las compañías eléctricas, aparecen implicados en numerosas denuncias y sentencias que indican hasta qué punto se estudia, planifica y ejecuta la vulneración sistemática del Estado de Derecho a través de múltiples irregularidades y la utilización de fondos públicos que alimentan todas estas actividades.

A la vista de la situación mostrada, urge una reflexión seria y profunda acerca de cómo se están planificando las obras hidráulicas y tomando las decisiones sobre la gestión del agua en España y cuáles son los fines y beneficiarios reales de tales obras y decisiones. Urge también aplicar con contundencia el Estado de Derecho en todo lo relativo a la planificación y uso del agua, depurando todas las posibles responsabilidades por irregularidades y usos abusivos existentes en torno a ello. Urge igualmente rodear de la máxima transparencia y de los máximos canales de información y participación públicas a todos los procedimientos y decisiones relativos a las obras hidráulicas y al uso del agua con el fin de evitar la arbitrariedad, el abuso de poder y la opacidad que con frecuencia aparecen en torno a las actuaciones hidráulicas. Finalmente, las abundantes y graves deficiencias de carácter jurídico evidenciadas en las distintas cuencas hidrográficas demandan una moratoria sobre las obras hidráulicas y grandes decisiones sobre usos del agua actualmente planteadas, incluyendo las previstas en el marco del Plan Hidrológico Nacional, con el fin de evitar que tales obras y decisiones sirvan para seguir alimentando una bola de nieve de corrupción, irregularidades y usos abusivos del agua con cargo a fondos públicos y a expensas de un menguante patrimonio natural, social y cultural.

La aplicación escrupulosa del Estado de Derecho, la máxima transparencia y participación públicas y el respeto a los derechos de los ciudadanos constituyen requisitos imprescindibles en cualquier ámbito y que hoy por hoy no se dan en la planificación y gestión del agua en España. Por tanto, reivindicar dicho Estado de Derecho y la máxima transparencia en la toma de decisiones constituye así la primera exigencia para una imprescindible nueva cultura del agua en España. La Fundación Nueva Cultura del Agua quiere contribuir a ello con la presentación de este informe.

Madrid, enero 2004

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FOUNDATION FOR A NEW WATER CULTURE

January 2004

INTRODUCTION

The objective of this report is to show that water management in Spain suffers from serious shortcomings. The chief ones are corruption and irregularities in this management.

This report shows that the existence of irregularities related to the awarding of contracts for public hydraulic works while ignoring the obligation to control pollution and the expansion of illegal irrigation, is not only applicable to individual cases of private citizens or low-ranking civil servants. The vast amount of cases of hydraulic mismanagement and misuse of public funds, which in turn cause the destruction and degradation of natural resources and social, cultural and environmental heritage, seems to be the result of a planned conscious decision by lobby groups for whom the Public Administration is nothing but a treasure chest to be used for their own benefit. Many of the people occupying public office in the Public Administration either worked, or still do, for large construction companies, electrical power companies, or the agricultural business.

CONTENTS OF THE REPORT

This study is based on an analysis of cases in each hydrological river basin, and is divided in two parts.

The main aim of the first part of the report is to demonstrate that there is a clear pre-meditated conscious link between the large public works in the Ebro Basin, the Júcar Basin, and the Segura Basin. These are the basins to be connected via the Ebro water transfer, the largest project in, and the reason behind, the Spanish National Hydrological Plan.

In this sense, the report deals with the dams to be built in the donating basin, the Ebro, especially the group of Itoiz, Yesa, Santaliestra and Biscarrués. The intervention of Benigno Blanco stands out here. Now the Secretary of State for Infrastructures in the Pubic Works Ministry, he was the Secretary of State for Waters. He was also the head of the Legal Services Unit of the electrical power company, IBERDROLA, and member of the shareholders' board of several building companies. His actions are currently under scrutiny in various law courts in Madrid. He has worked in favour of the interests of his ex-company, IBERDROLA, which will be given the contract for pumping the necessary water to be transferred. We must point out that his ex-company paid him 210,000 euros just before he left to work for the Environment Ministry.

In relation to these dams in the Pyrenees, there is a clear failure to comply with environmental impact legislation and a decision to build dams in areas of geological risk near inhabited areas. Systems of public contracting and administrative processes have been ignored, alongside the irregular use of public funds and illegal expropriations. The police force and Guardia Civil have been used for private benefits when inhabitants have been forcefully ejected from their home. Data has been kept secret from the public and courts.

The water to be stored in these reservoirs along the Ebro basin will then be transported by the Ebro water transfer. The electricity needed to pump these waters will originate in the IBERDROLA power stations in the Júcar basin, the second stage in the transfer of water from the Ebro to south-east Spain.

In the Júcar basin, in the region of Valencia, there is a project to transfer waters from the river Júcar itself to the Vinalopó. Benigno Blanco created the public company "Aguas del Júcar, Sociedad Anónima" (Júcar Waters Plc) which, in turn, contracted IBERINCO, a subsidiary of IBERDROLA, to carry out the technical studies for this transfer. Benigno Blanco was also the secretary of the board of this company. The destinations of this water transfer are the residential and leisure areas in the province of Alicante. Here in Alicante, the present Employment Minister, Eduardo Zaplana, was the chief promoter of the urban expansion of Benidorm. Zaplana was the mayor of Benidorm before becoming President of the Regional Government of Valencia, which also shows a great interest in the carrying out of these projects. The huge theme park "Terra Mítica" was built in Benidorm in lands affected by forest fires.

Finally, we must consider the Segura basin, the river basin which would receive the transferred waters. Here we must speak about Francisco Cabezas, ex-Commissioner for Water in the Segura basin (mainly in the region of Murcia). The government claims that there is a "structural deficit" of water in this basin to justify their demand of water transfers from other rivers. However, Cabezas, working for the Segura Hydrographical Confederation (which depends on the Environment Ministry), authorised the extraction of ground waters with no legal basis. These waters were used to extend the amount of irrigated lands and even for golf courses. Furthermore, many legal proceedings related to sanctions for ground water extraction have been inconclusively filed away in the Hydrographical Confederation offices.

In this way, the "need" to transfer more water to Murcia has been justified, to cover this ever-growing "demand" of cubic hectometres of water for these new irrigated areas. This demand is illegal but has been allowed and consented to. Meanwhile, the river Segura is still highly polluted, making it one of the most polluted rivers in Europe, for which many high-ranking officials in the Environment Ministry are currently involved in court cases.

This lack of control does not only affect the Environment Ministry, but also judges, mayors, local politicians and businessmen, some of whom have fraudulently received European funds to start irrigation of more and more lands, areas affected by forest fires, or even protected natural areas. We must also add the cases of harassment and pressure at work and on a social level by several public authorities and media in Murcia with the aim of reducing the freedom of speech of public workers, university professors and other citizens who have reported these cases of corruption.

The second part of the report describes the situation of the hydrographical basins of the Galicia-Costa, Guadalquivir, Duero, Tajo, North, South, and Internal Basins of Catalonia. Each of these has its own characteristics but the excess production of hydro-electrical power (by UNIÓN FENOSA, ENDESA, and IBERDROLA) along with the concealing of data and denial of citizens' rights to access environmental information by the Hydrographical Confederations of the Environment Ministry are key factors in many of them.

The cases of Unión Fenosa and the Regional Government of Galicia, the over-exploitation of rivers by ENDESA in Cantabria, and the silence and complicity of the Duero Hydrographical Confederation (also dependent on the Environment Ministry) with building companies and IBERDROLA are clear cut examples of this situation.

Furthermore, there are also numerous irregularities in relation to small and medium-sized public works, usually with the connivance of local governments and small local or regional economic lobbies. The effects of these "small" irregularities are often very destructive for natural and social heritage, as in the case of certain kinds of farming and irrigation, small hydroelectrical power stations, the dredging of rivers, and clearing of riverside vegetation.

To sum up, the corruption related to water management in Spain is not merely due to isolated phenomena or carried out by people with little political and economic power. Besides these cases, what stands out are those involving the Environment Ministry, regional governments, local authorities, building companies, large agricultural businesses, and electrical power companies. These are responsible for studying, planning, and carrying out the systematic and deliberate refusal to comply with the rule of law, and for the misuse of public funds to finance these activities.

Given this situation, a serious and deep reflection is required with respect to how water management and public water projects are being planned in Spain, and what are the real objectives and benefits of such works. Present legislation regarding water uses and management must be strictly applied, and responsibilities for these irregularities and abusive uses should be cleared up. All the process relating to decisions on water matters must be afforded the utmost transparency via public information and participation. This would avoid the arbitrariness, abuses of power, and obscurity usually found in hydrological decisions and projects. Finally, the vast amount of serious legal problems found in different hydrographical basins makes a moratorium for present water projects and decisions, such as those of the National Hydrological Plan, necessary. This would prevent these projects and decisions from feeding the cycle of corruption, irregularities and other abuses, a cycle paid for with public money and adding to the detriment of social, cultural and natural heritages already in decline.

A strict abidance to the rule of law, complete transparency in decision making, public participation, and respect for citizens' rights are essential requirements in any field. However, these are not present in water planning and management in Spain. Hence, it is indispensable to insist on compliance with legislation and an absolute transparency to promote a new water culture in Spain. The Foundation for a New Water Culture presents this report with the aim of contributing to this.

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