POR
UNA NUEVA POLÍTICA DE AGUAS EN ARAGÓN
Las últimas noticias y
las actuaciones realizadas, que influyen en la política
hidráulica de la comunidad aragonesa, invitan a una
reflexión y análisis que debe llevar a dar nuevos
pasos en esta materia. Pasos que, para Ecologistas en
Acción, deben ir más allá de una simple relectura
del pacto del agua y deben estar basados, de una vez
por todas, en un importante consenso entre todos los
sectores sociales implicados, no solamente políticos.
La reciente sentencia de
la Audiencia Nacional, considerando nula la tramitación
del proyecto del embalse de Santaliestra, sobre el río
Ésera, pone en evidencia las malas maneras con que
las administraciones implicadas están llevando a cabo
las grandes obras de regulación previstas. La
sentencia viene a corroborar lo que se ha venido
diciendo sobre este proyecto: ocultación de informes,
dejadez de funciones, las administraciones como
promotoras de situaciones de indefensión de los
afectados y de las afectadas, contestaciones de los
políticos responsables a los informes que advertían
de los riesgos que conllevaba la construcción de este
embalse a las poblaciones situadas aguas abajo sin
datos técnicos donde apoyarse...
Desde Ecologistas en
Acción somos conocedores de que el caso de
Santaliestra no es un hecho aislado en este sentido y
que existe una gran semejanza con otras tramitaciones
de embalses en nuestra comunidad.
Actuaciones políticas,
como que se declare urgente la ocupación de los
terrenos para ejecutar el recrecimiento de Yesa y los
embalses de Biscarrués y Lechago, entre otros,
mediante la Ley 24/2001 de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, en lugar del
habitual trámite de expropiación por acuerdo del
Consejo de Ministros, evitando de esta manera la
posibilidad de que pueda ser recurrido, da una nueva
pincelada en la forma prepotente con que la
administración actúa, mientras habla de consenso.
La resolución por la
que se formulaba la Declaración de Impacto Ambiental
del proyecto de embalse de Jánovas, ya tenía que
haber supuesto una llamada de atención sobre el
futuro del pacto del agua. Ahora sorprende, que se
busquen "alternativas" a este embalse,
cuando nunca se llegó a justificar, sino es desde los
intereses de las compañías eléctricas. Se está
hablando de una nueva regulación en el río Susía.
Las cosas de nuevo se empiezan a hacer mal desde el
principio. De nuevo se carga sobre un territorio, el
Pirineo, una obra de regulación más; se toma una
decisión política sin contar con los datos técnicos
oportunos.
Mientras tanto los
embalses laterales siguen sin construirse. Debemos
exigir responsabilidades a los cargos políticos en
materia hidráulica, por su nulo interés para que
avancen los embalses que son totalmente necesarios
para fomentar el ahorro y la eficiencia del uso del
agua, en los polígonos de regadíos de nuestra
comunidad. La construcción de estos embalses son, en
algunos casos, suficientes para cubrir las demandas
reales de agua en algunas zonas, con lo que su
construcción pondría en evidencia algunos proyectos
de grandes embalses. Nos estamos refiriendo a embalses
como el de San Salvador y otros previstos en el canal
de Zaidín, o Malvecino y Laverné, entre otros.
Pero antes de lo
ocurrido con la sentencia sobre Santaliestra y la
Declaración de Impacto de Jánovas, ya tenemos el
ejemplo del embalse del Val, único referente
existente del pacto del agua. Se trata de un embalse
que se construyó, ya no sin contar con los afectados,
sino con los usuarios expectantes; que de un
presupuesto de 8.500 millones, se llevan pagados hasta
el momento 19.000 millones, un 225%, suponiendo un
gasto para los agricultores usuarios prácticamente
inasumible (50.000 pts./Ha/año); un embalse donde
después de varios años construido todavía no se ha
establecido el reparto de caudales, ni se espera
hacerlo pronto, cuestión sobre la que existe un
silencio sospechoso por parte de los responsables políticos
(véase comisión de seguimiento del pacto del agua),
medios de comunicación, promotores del proyecto
(regantes y ayuntamiento de Tarazona), ...; un
proyecto cuyas obras "complementarias"
(canalización del río Queiles) han supuesto, por sí
solas, el destrozo de uno de los ríos mejor
conservados en cuanto a riqueza biológica de la
margen derecha del Ebro, además de multiplicar los
riesgos de avenidas sobre la población de Tarazona;
un embalse con el objetivo de trasvasar aguas a
comunidades vecinas (Navarra y La Rioja), una cuestión
ampliamente denunciada por el Gobierno de Aragón en
otros casos y apoyada en éste; y podríamos seguir
...
Por su importancia,
conviene no olvidar el Plan Nacional de Regadíos,
elaborado por el actual gobierno estatal y apoyado en
la firma del convenio de colaboración por el Gobierno
aragonés. Un plan que pone en duda la rentabilidad de
las explotaciones de los seis polígonos de riegos de
nuestra comunidad que se pretenden ejecutar hasta el
horizonte del 2008 y posteriores (Bardenas II, Calanda-Alcañiz,
Canal del Cinca, Canal del Civán, Monegros I 4º
Tramo, Monegros II).
Este documento (PNR)
prevé una demanda nueva de agua (recursos adicionales
a los ya existentes) para uso agrícola en Aragón de
125 Hm3. Si esto lo dicen las administraciones que
planifican el regadío, está más que claro que el
objetivo de parte del resto de los 2.100 Hm3 que se
esperan regular con las grandes obras del pacto del
agua, será ser almacenados para el trasvase del Ebro
al arco mediterráneo.
Por este motivo es
necesario un replanteamiento de algunos de los
proyectos hidráulicos que están siendo tramitados
(recrecimiento de Yesa, Biscarrués, Santaliestra,
Mularroya, Torre del Compte, Lechago, recrecimiento de
Santolea, Alcamides, ...). Y en este sentido
Ecologistas en Acción solicita como primera medida la
paralización de esos proyectos.
Ecologistas en Acción
va a solicitar su comparecencia en la comisión
encargada de estudiar la relectura del pacto del agua,
que se está creando en las Cortes Aragonesas, para
dar a conocer su opinión sobre la actual política
hidráulica en nuestra comunidad. Una política que no
debe estar basada como único fin en seguir
destruyendo las cabeceras de nuestros ríos.
Una política hidráulica
basada en las directrices de la NUEVA CULTURA DEL
AGUA.
-- Ecologistas en Acción
Huesca
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