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Huesca, 5 de enero de 2002
POR UNA NUEVA POLÍTICA DE AGUAS EN ARAGÓN
 
Las últimas noticias y las actuaciones realizadas, que influyen en la política hidráulica de la comunidad aragonesa, invitan a una reflexión y análisis que debe llevar a dar nuevos pasos en esta materia. Pasos que, para Ecologistas en Acción, deben ir más allá de una simple relectura del pacto del agua y deben estar basados, de una vez por todas, en un importante consenso entre todos los sectores sociales implicados, no solamente políticos.
 
La reciente sentencia de la Audiencia Nacional, considerando nula la tramitación del proyecto del embalse de Santaliestra, sobre el río Ésera, pone en evidencia las malas maneras con que las administraciones implicadas están llevando a cabo las grandes obras de regulación previstas. La sentencia viene a corroborar lo que se ha venido diciendo sobre este proyecto: ocultación de informes, dejadez de funciones, las administraciones como promotoras de situaciones de indefensión de los afectados y de las afectadas, contestaciones de los políticos responsables a los informes que advertían de los riesgos que conllevaba la construcción de este embalse a las poblaciones situadas aguas abajo sin datos técnicos donde apoyarse...

Desde Ecologistas en Acción somos conocedores de que el caso de Santaliestra no es un hecho aislado en este sentido y que existe una gran semejanza con otras tramitaciones de embalses en nuestra comunidad.
 
Actuaciones políticas, como que se declare urgente la ocupación de los terrenos para ejecutar el recrecimiento de Yesa y los embalses de Biscarrués y Lechago, entre otros, mediante la Ley 24/2001 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en lugar del habitual trámite de expropiación por acuerdo del Consejo de Ministros, evitando de esta manera la posibilidad de que pueda ser recurrido, da una nueva pincelada en la forma prepotente con que la administración actúa, mientras habla de consenso.
 
La resolución por la que se formulaba la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de embalse de Jánovas, ya tenía que haber supuesto una llamada de atención sobre el futuro del pacto del agua. Ahora sorprende, que se busquen "alternativas" a este embalse, cuando nunca se llegó a justificar, sino es desde los intereses de las compañías eléctricas. Se está hablando de una nueva regulación en el río Susía. Las cosas de nuevo se empiezan a hacer mal desde el principio. De nuevo se carga sobre un territorio, el Pirineo, una obra de regulación más; se toma una decisión política sin contar con los datos técnicos oportunos.
 
Mientras tanto los embalses laterales siguen sin construirse. Debemos exigir responsabilidades a los cargos políticos en materia hidráulica, por su nulo interés para que avancen los embalses que son totalmente necesarios para fomentar el ahorro y la eficiencia del uso del agua, en los polígonos de regadíos de nuestra comunidad. La construcción de estos embalses son, en algunos casos, suficientes para cubrir las demandas reales de agua en algunas zonas, con lo que su construcción pondría en evidencia algunos proyectos de grandes embalses. Nos estamos refiriendo a embalses como el de San Salvador y otros previstos en el canal de Zaidín, o Malvecino y Laverné, entre otros.
 
Pero antes de lo ocurrido con la sentencia sobre Santaliestra y la Declaración de Impacto de Jánovas, ya tenemos el ejemplo del embalse del Val, único referente existente del pacto del agua. Se trata de un embalse que se construyó, ya no sin contar con los afectados, sino con los usuarios expectantes; que de un presupuesto de 8.500 millones, se llevan pagados hasta el momento 19.000 millones, un 225%, suponiendo un gasto para los agricultores usuarios prácticamente inasumible (50.000 pts./Ha/año); un embalse donde después de varios años construido todavía no se ha establecido el reparto de caudales, ni se espera hacerlo pronto, cuestión sobre la que existe un silencio sospechoso por parte de los responsables políticos (véase comisión de seguimiento del pacto del agua), medios de comunicación, promotores del proyecto (regantes y ayuntamiento de Tarazona), ...; un proyecto cuyas obras "complementarias" (canalización del río Queiles) han supuesto, por sí solas, el destrozo de uno de los ríos mejor conservados en cuanto a riqueza biológica de la margen derecha del Ebro, además de multiplicar los riesgos de avenidas sobre la población de Tarazona; un embalse con el objetivo de trasvasar aguas a comunidades vecinas (Navarra y La Rioja), una cuestión ampliamente denunciada por el Gobierno de Aragón en otros casos y apoyada en éste; y podríamos seguir ...
 
Por su importancia, conviene no olvidar el Plan Nacional de Regadíos, elaborado por el actual gobierno estatal y apoyado en la firma del convenio de colaboración por el Gobierno aragonés. Un plan que pone en duda la rentabilidad de las explotaciones de los seis polígonos de riegos de nuestra comunidad que se pretenden ejecutar hasta el horizonte del 2008 y posteriores (Bardenas II, Calanda-Alcañiz, Canal del Cinca, Canal del Civán, Monegros I 4º Tramo, Monegros II).
 
Este documento (PNR) prevé una demanda nueva de agua (recursos adicionales a los ya existentes) para uso agrícola en Aragón de 125 Hm3. Si esto lo dicen las administraciones que planifican el regadío, está más que claro que el objetivo de parte del resto de los 2.100 Hm3 que se esperan regular con las grandes obras del pacto del agua, será ser almacenados para el trasvase del Ebro al arco mediterráneo.

Por este motivo es necesario un replanteamiento de algunos de los proyectos hidráulicos que están siendo tramitados (recrecimiento de Yesa, Biscarrués, Santaliestra, Mularroya, Torre del Compte, Lechago, recrecimiento de Santolea, Alcamides, ...). Y en este sentido Ecologistas en Acción solicita como primera medida la paralización de esos proyectos.

Ecologistas en Acción va a solicitar su comparecencia en la comisión encargada de estudiar la relectura del pacto del agua, que se está creando en las Cortes Aragonesas, para dar a conocer su opinión sobre la actual política hidráulica en nuestra comunidad. Una política que no debe estar basada como único fin en seguir destruyendo las cabeceras de nuestros ríos.

Una política hidráulica basada en las directrices de la NUEVA CULTURA DEL AGUA.
 
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Asociación Río Aragón-COAGRET