El magistrado considera que los hechos constituyen un "ilícito penal"

El fiscal acusa a tres exaltos cargos del Ministerio de Medio Ambiente

EL PERIÓDICO. ZARAGOZA

El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha ratificado, a través de un auto, la querella criminal interpuesta por el ayuntamiento de Artieda (Zaragoza) contra tres exaltos cargos del Ministerio de Medio Ambiente (MIMAM) acusados de prevaricación en el proceso de adjudicación del recrecimiento del embalse de Yesa. En su escrito, el juez afirma que "los hechos denunciados constituyen ilícito penal y por ende el instructor puede y debe realizar las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos".

La querella fue interpuesta por el consistorio contra Carlos Escartín, exdirector general de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas; Dolores Carrillo, exdirectora general de Calidad y Evaluación Ambiental; y Carlos Vázquez, exsecretario técnico del Ministerio de Medio Ambiente.

En su día, el informe del ministerio público también aludió a presuntas irregularidades cometidas por Benigno Blanco, exsecretario de Estado de Aguas, y por Tomás Sancho, expresidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Con el auto, fechado el 4 de septiembre y que dio a conocer ayer el consistorio de Artieda, el juzgado rechaza el recurso planteado por el abogado del Estado para que se archivasen las diligencias, por entender que no existe delito alguno cometido por sus defendidos.

El juzgado considera, sin embargo, que la conducta denunciada por los querellados "de acreditarse, constituiría el tipo penal que tanto la acusación particular como el Ministerio Fiscal le atribuyen".

Para argumentar su rechazo, señala que "de lo hasta ahora actuado se acreditan suficientes y reiterados indicios que contravienen y se oponen a los requerimientos necesarios de que habla el artículo 637 de la Ley de enjuiciamiento Criminal para decretar el sobreseimiento libre pedido por el recurrente".

Además, agrega que, hasta este momento procesal, "el instructor no considera agotada la investigación", por lo que admite y dispone la práctica de diligencias solicitadas por las partes para esclarecer los hechos.

Asimismo, añade que "sin que esto sea óbice para que, en legal forma, y en momento procesal oportuno, el instructor puede adoptar algunas medidas o acuerdos permitidas en la Ley Penal de Enjuiciamiento".

El Ayuntamiento de Artieda expresó ayer "su plena satisfacción" por esta decisión del juez, ya que, en su opinión, "constituye la antesala del procesamiento de los tres querellados, así como de todos aquellos que, del resultado de la investigación, resulten también autores, cómplices o encubridores".

Precisamente, el próximo lunes está previsto que el juez tome declaración a dos técnicos de Medio Ambiente que realizaron informes contrarios a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental.