El ex director
general de Obras
Hidráulicas del Ministerio de Medio
Ambiente Carlos Escartín declaró
hoy a la juez de Madrid que
instruye diligencias en relación a las
obras de recrecimiento del
embalse de Yesa (Zaragoza) que él actuó
"cumpliendo escrupulosamente
la legislación vigente".
Así lo explicó
Escartín a los periodistas tras declarar como
imputado durante dos horas ante una
juez suplente del juzgado de
instrucción número 19 de Madrid,
cuyo titular también citó para que
comparecieran hoy al ex presidente
de la Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE) Tomás Sancho y a dos
ingenieros de ésta, José Luis
Uceda y Ángel Núñez.
La declaración
de Sancho y de los ingenieros quedó aplazada "sine
die", después de que los abogados
dijeran que en las citaciones
recibidas "no se concretan las
imputaciones", informaron fuentes
jurídicas. También alegaron no
tener conocimiento de la causa, por lo que el
juzgado facilitó a los tres
copia de los escritos del fiscal de
Medio Ambiente Emilio Valerio y les
dio un plazo de 20 días "para
que se instruyan debidamente".
El juez acordó
tomar declaración a los cuatro tras haberlo pedido
Valerio por supuestos delitos de
cohecho, tráfico de influencias y
prevaricación.
El fiscal
mantiene que la investigación sobre las obras de
recrecimiento de este embalse
revela que la Unión Temporal de
Empresas (UTE), liderada por ACS y
a la que se adjudicaron los
trabajos, pagó más de un millón de
euros a la consultora autora del
proyecto, Euroestudios.
En un informe
el fiscal también indica que la contabilidad de la
empresa B&S Ingeniería, que
pertenecía entre otros a Sancho, refleja
cantidades de dinero "de origen
desconocido". Escartín, quien fue responsable de contratación de
ACS, sostuvo
ante la juez que el recrecimiento
de Yesa no obedece a intereses
particulares suyos, sino "a un
mandato de las Cortes Españolas y de
las Cortes de Aragón".
En un
comunicado el ex alto cargo de Medio Ambiente indica que el
fiscal le acusa de convocar un
concurso ilegal para la redacción del
proyecto y adjudicación de la obra
cuando el recrecimiento "fue
declarado de interés general".
El fiscal
argumenta que se incluyeron 42 millones de euros
adicionales sin destino justificado
alguno "con el único objeto de
beneficiar a la empresa
adjudicataria".
Al respecto
Escartín señala que el incremento se debió, entre
otras, a la actualización de
precios, ya que habían pasado seis años
desde la redacción del proyecto que
sirvió de base para la
licitación.
Escartín
asegura también que no ha tenido vinculación con ACS
hasta que firmó el contrato el 1 de
septiembre de 2000.
"De los más de 600.000 millones de
pesetas que gestioné durante
el ejercicio del cargo sólo
adjudique a ACS cuatro obras por un
importe de 875 millones de pesetas,
obras que al momento de mi
incorporación estaban concluidas",
argumenta.
Recuerda que en cumplimiento de la
Ley de Incompatibilidades
comunicó el 14 de julio de 2000 que
el 1 de septiembre se
incorporaría a ACS y "el MAP no me
puso inconveniente".
Según fuentes
jurídicas, Escartín "ha reconocido que tuvo que
dejar la empresa después de que el
MAP le indicara la situación
irregular de su contratación".
Por su parte, Tomás Sancho,
manifestó que aportará "todo lo que
haga falta para demostrar mi
inocencia".
La
investigación se inició tras la querella que en 2000 interpuso
el Ayuntamiento de Artieda
(Zaragoza) contra Escartín, la ex
directora general de Calidad y
Evaluación Ambiental Dolores Carrillo
y el ex secretario general
del Ministerio de Medio Ambiente Carlos
Vázquez. EFE.
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