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EFE, 18-III-2003
Comparece ante el juez el ex director general de Obras Hidráulicas

El ex director general de Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente Carlos Escartín declaró hoy a la juez de Madrid que instruye diligencias en relación a las obras de recrecimiento del embalse de Yesa (Zaragoza) que él actuó "cumpliendo escrupulosamente la legislación vigente".

Así lo explicó Escartín a los periodistas tras declarar como imputado durante dos horas ante una juez suplente del juzgado de instrucción número 19 de Madrid, cuyo titular también citó para que comparecieran hoy al ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) Tomás Sancho y a dos ingenieros de ésta, José Luis Uceda y Ángel Núñez.     

La declaración de Sancho y de los ingenieros quedó aplazada "sine die", después de que los abogados dijeran que en las citaciones recibidas "no se concretan las imputaciones", informaron fuentes jurídicas. También alegaron no tener conocimiento de la causa, por lo que el juzgado facilitó a los tres copia de los escritos del fiscal de Medio Ambiente Emilio Valerio y les dio un plazo de 20 días "para que se instruyan debidamente".     

El juez acordó tomar declaración a los cuatro tras haberlo pedido Valerio por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.     

El fiscal mantiene que la investigación sobre las obras de recrecimiento de este embalse revela que la Unión Temporal de Empresas (UTE), liderada por ACS y a la que se adjudicaron los trabajos, pagó más de un millón de euros a la consultora autora del proyecto, Euroestudios.     

En un informe el fiscal también indica que la contabilidad de la empresa B&S Ingeniería, que pertenecía entre otros a Sancho, refleja cantidades de dinero "de origen desconocido". Escartín, quien fue responsable de contratación de ACS, sostuvo ante la juez que el recrecimiento de Yesa no obedece a intereses particulares suyos, sino "a un mandato de las Cortes Españolas y de las Cortes de Aragón".     

En un comunicado el ex alto cargo de Medio Ambiente indica que el fiscal le acusa de convocar un concurso ilegal para la redacción del proyecto y adjudicación de la obra cuando el recrecimiento "fue declarado de interés general".     

El fiscal argumenta que se incluyeron 42 millones de euros adicionales sin destino justificado alguno "con el único objeto de beneficiar a la empresa adjudicataria".     

Al respecto Escartín señala que el incremento se debió, entre otras, a la actualización de precios, ya que habían pasado seis años desde la redacción del proyecto que sirvió de base para la licitación.     

Escartín asegura también que no ha tenido vinculación con ACS hasta que firmó el contrato el 1 de septiembre de 2000. "De los más de 600.000 millones de pesetas que gestioné durante el ejercicio del cargo sólo adjudique a ACS cuatro obras por un importe de 875 millones de pesetas, obras que al momento de mi incorporación estaban concluidas", argumenta. Recuerda que en cumplimiento de la Ley de Incompatibilidades comunicó el 14 de julio de 2000 que el 1 de septiembre se incorporaría a ACS y "el MAP no me puso inconveniente".

Según fuentes jurídicas, Escartín "ha reconocido que tuvo que dejar la empresa después de que el MAP le indicara la situación irregular de su contratación". Por su parte, Tomás Sancho, manifestó que aportará "todo lo que haga falta para demostrar mi inocencia".

La investigación se inició tras la querella que en 2000 interpuso el Ayuntamiento de Artieda (Zaragoza) contra Escartín, la ex directora general de Calidad y Evaluación Ambiental Dolores Carrillo y el ex secretario general del Ministerio de Medio Ambiente Carlos Vázquez. EFE.

Asociación Río Aragón-COAGRET