Distinguidos señores y señoras parlamentarios

Ante el reciente documento difundido por el grupo popular bajo el título "Memorandum sobre el Plan Hidrológico Nacional español", desde el ámbito de la comunidad científica española hemos creído necesario responder al citado documento mediante esta carta.

Ante todo es preciso aclarar que el actual Plan Hidrológico Nacional español (PHN) no responde a los criterios de gestión y objetivos definidos por la Directiva Marco de Aguas recientemente aprobada en la UE, sino que es la pieza culminante de un proceso iniciado a mediados de los años ochenta, en base a criterios muy diferentes. Criterios que responden a la tradicional política hidráulica española de promoción de grandes obras públicas, sin o con recuperación muy parcial de costes, lejos de criterios de racionalidad económica y en la que los valores ambientales quedan relegados a retórica formal.

Ante la aprobación de la nueva Directiva Marco, el Gobierno español optó por acelerar el citado proceso de elaboración, mediante una apresurada política de hechos consumados que pretende imponer una oleada sin precedentes de grandes embalses y trasvases. Estamos, una vez más, ante la vieja estrategia "de oferta" bajo expectativas de una masiva subvención europea, aprovechando el periodo de transposición de la citada Directiva. A nuestro entender, ésta es una actitud perjudicial para nuestro país y desleal para con el resto de Europa, que el Parlamento no debe permitir. Pero sobre todo, de llevarse adelante, supondría un precedente de suma gravedad, pues se hipotecarían los objetivos mismos que la Directiva se propone conseguir, empleando fondos europeos que deberían tener otros destinos más razonables económica, social y ambientalmente en nuestro país.

En este apresurado proceso, la comunidad científica ha sido marginada e ignorada, en contra de lo que afirma el memorando del PP. Es de notar al respecto, por un lado el voto particular crítico al PHN emitido unánimemente por los cinco científicos nombrados por el propio Gobierno en el Consejo Nacional del Agua, y por otro la vergonzosa negativa a publicar, e incluso poner a disposición del Parlamento y del citado Consejo Nacional del Agua, de los 80 dictámenes técnicos encargados por el propio Gobierno en ámbitos universitarios y que resultaron ser, en su mayoría, claramente críticos respecto al PHN.

Ante los argumentos presentados por el PP queremos puntualizar los siguientes extremos:

1- El PHN se basa en conceptos y enfoques anticuados

Argumentos como el "desequilibrio hidrológico" entre la "España seca" y la "húmeda" o entre "cuencas excedentarias" y "deficitarias", consideraciones como la de que "las aguas se pierden en el mar..." o conceptos como el de "déficit estructural",..., que reflejan la forma tradicional de pensar en materia de aguas durante gran parte del siglo XX, constituyen la base del diagnóstico desarrollado por el PHN. Sin embargo, desde hace décadas estos criterios se consideran anticuados en EE UU. En Europa, la recién aprobada Directiva Marco certifica la necesidad de modificar en profundidad estos enfoques. Hoy es necesario cambiar el tradicional objetivo de "dominar la naturaleza" por el de conocerla mejor para saber acoplar nuestro desarrollo a sus leyes, equilibrios y limitaciones, en lo que se conoce como Desarrollo Sostenible.

2- Da prioridad a viejas estrategias "de oferta" desde la subvención de grandes obras

Desde esos viejos conceptos, si bien es cierto que se recogen también medidas no estructurales de ahorro y modernización, no se establece la prioridad pertinente sobre las estrategias de gestión, sino sobre las "de oferta" bajo expectativas de masiva subvención pública en base a fondos europeos. Resulta evidente que la columna vertebral del Plan son los 120 nuevos grandes embalses y los grandes trasvases del Ebro, en un país que, no debe olvidarse, es líder mundial en grandes presas por habitante y por kilómetro cuadrado. De hecho la disponibilidad de aguas bajo control humano, incluso en las zonas más secas de España, superan con mucho las del resto de Europa. España en promedio dispone de 2500 litros por habitante y día; Almería, la provincia española con menos pluviometría, dispone de 3000 litros por habitante y día (la mitad procedente de la sobreexplotación de acuíferos y el 90% dedicado a la agricultura intensiva); la U.E. en media global usa 1800 litros por habitante y día; mientras Israel, con un nivel de desarrollo urbano, industrial y agrícola similar al español, cubre sus necesidades con unos 1200 litros por habitante y día. Obviamente el problema no es de escasez absoluta, sino de gestión, distribución desequilibrada entre sectores de uso y ordenación territorial.

3- No se analizan las causas de los problemas de escasez

El PHN elude analizar las causas que llevan a la sobreexplotación de los recursos en determinadas zonas, especialmente de la costa Mediterránea. Por ejemplo, elude reconocer que en zonas como Almería o Murcia impera una situación de desgobierno en la que la Administración viene permitiendo, e incluso apoyando, que se perforen miles de nuevos pozos ilegales en acuíferos sobre explotados y se extiendan nuevos regadíos sin los pertinentes permisos, al tiempo que se desarrollan sin límite nuevas urbanizaciones turísticas, campos de golf y centros recreativos bajo el imperio de intereses especulativos. Por ejemplo, hoy en Almería se reconoce que de las 25.000 hectáreas de agricultura intensiva bajo plástico existentes, entre un 50% y un 75% son irregulares,. En suma, gran parte de lo que se presenta eufemísticamente como "déficit estructural" es fruto de ese desgobierno estructural y de la ausencia de planes de ordenación territorial y urbanística coherentes con perspectivas de desarrollo sostenible. En el caso del Júcar, la utilización incorrecta de los modelos de análisis induce previsiones incorrectas de escasez ("déficit"), al ignorarse las verdaderas posibilidades que ofrecen, tanto la gestión conjunta de aguas superficiales y subterráneas como las estrategias de ahorro viables; de hecho estas previsiones entran en contradicción con los diagnósticos recientes tanto del Plan Hidrológico del Júcar como del Libro Blanco (en donde la cuenca del Júcar se caracteriza globalmente como "excedentaria").

4- Se realimenta la espiral de demandas fomentando un desarrollo insostenible

La simple promesa de realizar los grandes trasvases previstos en el PHN está propiciando un fuerte ritmo de nuevas transformaciones en regadío fuera de todo control. La masiva roturación ilegal de zonas forestales, en ocasiones protegidas como espacios naturales, se ha visto reforzada por el apoyo de los Gobiernos Regionales de Valencia y Murcia que han descatalogado zonas protegidas, especialmente en el litoral, para permitir la urbanización de los escasos tramos de costa virgen que quedan, de gran valor ecológico.

Es de notar el antecedente histórico que supuso el trasvase Tajo-Segura (1981), de envergadura similar al propuesto actualmente: dimensionado para 1000 hm3/año, con análogo fin al actual, resolver el "desequilibrio hidrológico", proyectaba crear 50.000 nuevas hectáreas de regadío como máximo; tan apenas diez años más tarde, y auque sólo se habían conseguido transferir en media unos 300 hm3/año, el Gobierno había legalizado 87.000 nuevas hectáreas, es decir un 74% más de lo proyectado. Esos nuevos regadíos legalizados, junto a los que se mantienen como ilegales, han llevado de hecho a un aumento del mal llamado "déficit estructural" y a una mayor sobreexplotación de los acuíferos.

5- El PHN alimenta desequilibrios territoriales y un modelo de desarrollo insostenible en el litoral mediterráneo

La política de trasvases, en contra de lo que plantea el memorandum del PP, agudiza los desequilibrios territoriales. Alimenta por un lado la espiral de desarrollo insostenible de la costa mediterránea, basado en los nuevos regadíos intensivos (que siguen creándose más allá de palabras y compromisos formales) y de la especulación urbano-turística (que pone en peligro, por congestión y degradación paisajística, la propia industria turística, clave para estas regiones). Por otro lado se afectan gravemente los intereses de zonas del interior como Aragón, y muy particularmente de las zonas de montaña, con menor desarrollo económico, donde el PHN prevé inundar pueblos y valles habitados, así como del Delta del Ebro, donde el nivel de renta es muy inferior a los de Barcelona, Costa Valenciana, Alicante, Murcia y Almería, que son los territorios receptores del trasvase. Tomar las referencias macroeconómicas medias de las regiones a las que pertenecen esas zonas encubre la realidad del elevado desarrollo socioeconómico del litoral mediterráneo.

6- El balance económico Coste-Beneficio de los trasvases del Ebro resulta negativo, contradiciendo los criterios de racionalidad económica exigidos por la Directiva Marco

La memoria económica justificativa de los trasvases del Ebro adolece de graves errores que implican tergiversaciones metodológicas y conceptuales injustificables que quedan fuera del amplio margen del debate científico-técnico, ya que quiebran el rigor del análisis económico coste-beneficio con el claro objetivo de obtener balances positivos preconcebidos. Resumiremos en los siguientes puntos los principales errores del análisis presentado por el Gobierno Español:

a) Presupuestos inmaduros sesgados a la baja. Así se ha comprobado (contra lo dicho en el memorandum del PP) en el concurso público del primer tramo de trasvase Jucar-Vinalopó, suspendido recientemente al recibirse ofertas de las empresas por encima del presupuesto planteado en más del 100%. Otro ejemplo, la presa de Itoiz, una pieza clave del PHN ya construida, ha supuesto en su ejecución desviaciones presupuestarias del 100%...

b) Periodos de amortización excesivos. Asignar a todas las inversiones un periodo de amortización de 50 años, siendo asumible para grandes embalses o canales, es inaceptable para buena parte de las infraestructuras previstas (25% de las inversiones), como estaciones de bombeo, balsas etc..., cuyos plazos de amortización no deben superar los 15 o 20 años.

c) Infravaloración de los costes energéticos de bombeo y sobrevaloración de la energía producible por turbinado. Se introduce un fraude metodológico en el capítulo energético al sustituir el pertinente análisis económico por un análisis financiero. El resultado es que la energía consumida se valora a la mitad de precio que la energía generada (5 Pts./Kwh frente a 11.2 Pts./Kwh). Por otra parte se elude considerar seriamente el crecimiento esperable de los costes energéticos en los 50 próximos años.

d) Error conceptual al usar como beneficio agrario el valor añadido neto. Este procedimiento, que puede mostrarse de utilidad para determinados fines, no lo es , en este caso, en el que se analiza una inversión pública para el desarrollo de actividades privadas intensivas en capital y cuyo objetivo no puede ser otro que el de la maximización de beneficios empresariales. Por medio de este error se inflan notablemente los beneficios, al considerar como tales, costes laborales y de capital. Ello lleva a estimar el beneficio neto generado en media por el regadío mediterráneo en 0.72 Euros/m3, siendo que el propio plan reconoce la disponibilidad al pago en esos regadíos en medias que oscilan tan sólo entre 0.12 y 0.18 Euros/m3. El hecho de que los libres mercados de aguas subterráneas establezcan hoy precios medios que no suelen superar los 0.18 Euros/m3 ratifica este inflado de beneficios agrarios.

e) No se contabilizan costes de regulación. Según el Plan, la regulación de caudales debería realizarse desde el embalse de Mequinenza, que es privado (de la empresa hidroeléctrica ENHER). Sin embargo en las cálculos no aparece ni 1 Euro en concepto de expropiación o indemnización a dicha empresa. Sirva como referencia, en el trasvase Júcar-Vinalopó, la exigencia pública de la empresa Iberdrola de 6 millones de Euros/año por la presa de Cortes, que regula tan sólo 100 hm3/año, la décima parte del trasvase previsto en el Ebro.

f) No se contabilizan costes de depuración de los caudales del bajo Ebro caracterizados como de mala calidad. Tal caracterización, realizada oficialmente en el propio Plan de la Cuenca del Ebro (altos niveles de salinidad), impiden considerar esas aguas como potabilizables, lo que exigiría importantes costes, especialmente para usos urbanos. No se contempla por otro lado el deterioro de calidad que en esas aguas trasvasables inducirán las detracciones y retornos contaminados de los cientos de miles de nuevas hectáreas de regadío previstas en la Cenca del Ebro por el PHN.

e) Se sobreestima el valor de los caudales urbanos. El error consiste en falsear la aplicación del concepto de valor de oportunidad, al considerar la desalación de aguas de mar (sobrevalorada a 135 Pts./m3) como la alternativa más barata para eventuales necesidades urbanas, en lugar de usar el valor de oportunidad de los caudales agrarios (a lo sumo 0,18 Euros/m3 como media en los mercados de aguas privadas en Murcia) como alternativa más económica. La simple rectificación de este concepto lleva ya a un balance global económico negativo.

7- No se cumplirá el principio de Recuperación Integra de Costes. Se elude hacer una valoración modular de costes en cada tramo, ofreciéndose un coste medio de 0,32 Euros/m3 (infravalorado, por las razones explicadas), que oculta el coste asignable a cada tramo. Tal coste, que desde los propios cálculos del Gobierno, subiría por encima de 0,6 Euros/m3 para Almería o Murcia, tendría costes reales desde cálculos rigurosos no menos de 1 Euro/m3, lo que contrasta con una disposición al pago media inferior a 0.2 Euros/m3, según indican los mercados actuales de aguas privadas, que suben hasta 0,33 en zonas como Almería. Hoy la desalación de aguas marinas cuesta en torno a 0,5 Euros/m3 y ofrecería aguas de muy superior calidad a la de los trasvases.

8- Los impactos socio-ambientales son muy graves, tanto en las zonas de montaña como en el Delta del Ebro. Tal y como se ha denunciado, no sólo desde los movimientos ecologistas más serios y prestigiosos, sino desde las cátedras de ecología de la Universidad, de llevarse a cabo el conjunto de obras de este PHN, estaríamos ante el mayor atentado ecológico jamás realizado en la UE. Resumiremos en los siguientes puntos la cuestión.

a) Los 120 nuevos grandes embalses suponen inundar pueblos y valles habitados, lo que de hecho ha abierto ya graves conflictos sociales en las zonas afectadas, como la Huelga General del Pirineo Central del 25 de Octubre del 2000.

b) Supone destruir el Buen Estado Ecológico de los ríos mejor conservados en contra del principio de No Deterioro exigido por la Directiva Marco, al tiempo que se impactan 47 ZEPAs (23% del total), 117 IBAs (29% del total) y 82 LICs.

c) Supone abocar a una crisis de insostenibilidad al Delta del Ebro, acelerando los fenómenos de subsidencia, salinización y eutrofización en curso que se combinan con la subida del nivel del mar por efecto del cambio climático. Al respecto todos los informes independientes de la Universidad y de la propia Comisión Internacional RAMSAR denuncian la incompatibilidad de la política de trasvases prevista con la conservación de este Patrimonio Natural, considerado el segundo en diversidad ornitológica de la Península Ibérica (tras Doñana), ZEPA (SPA) y futura LIC en la Red Natura 2000.

d) Agravamiento de los problemas de calidad de aguas, por concentración de la salinidad, de nutrientes generadores de procesos de eutrofización y de otros factores contaminantes. Es de notar que en esta cuestión se sumarían los efectos sinérgicos de los trasvases con la detracción masiva para los nuevos regadíos previstos por el PHN en la Cuenca del Ebro y sus correspondientes retornos contaminantes.

e) Graves impactos socio-económicos sobre el Delta. No sólo sobre la agricultura, o sobre la creciente industria turística en torno al Parque Natural, sino también sobre el marisqueo y la pesca en el litoral, recientemente estudiados.

f) Supone agravar los impactos sobre las arenas de playas turísticas. Este problema, generado por los embalses de Ribarroja y Mequinenza, se vería agravado por la merma de caudales.

g) Se minimizan irresponsablemente los efectos del Cambio Climático, desde hipótesis optimistas y reduciendo el horizonte a 20 años en lugar de mantener los 50 años en que se hacen los balances económicos.

9- Se intenta ocultar el elevado nivel de conflictividad social generado. Especialmente en las zonas directamente afectadas, es decir el Pirineo (grandes embalses) y el Delta del Ebro. De hecho en el último año 1 millón las personas se han manifestado en la calle contra este PHN. La Marcha Azul este verano, con la manifestación de 10.000 españoles en Bruselas el pasado 9 de Septiembre, es otro referente. El pretendido y necesario consenso social, político y científico-técnico no existe en absoluto en torno a este Plan.

10- Existen alternativas más razonables. Desde la comunidad científica se han explicitado no sólo críticas, sino alternativas que obran en poder del Gobierno. Alternativas coherentes con la Directiva Marco de Aguas y respetuosas con la legislación ambiental europea, que exigen abrir verdaderos procesos de participación ciudadana y que combinan los siguientes factores:

• aplicación de la Ley frente al desgobierno que impone la sobreexplotación de recursos y la contaminación de ríos y acuíferos;

• implantación de planes de ordenación territorial y urbanística coherentes con el desarrollo sostenible;

• priorización de proyectos de modernización en redes urbanas y regadíos;

• establecimiento de Bancos de Aguas que introduzcan mercados intervenidos en la gestión de las sequías;

• integración de la gestión de aguas subterráneas y de superficie;

• revisión concesional y adecuación a las nuevas demandas ambientales;

• integración de las políticas agrarias y ambientales para potenciar la adecuada política de aguas;

• introducción de la nueva política tarifaria exigida por la Directiva Marco asumiendo la recuperación íntegra de costes y los valores de oportunidad en los casos de escasez;

• reutilización sistemática de retornos y desalación de aguas marinas, especialmente en entornos costeros para usos urbanos.

Firmas

• Federico Aguilera Klink: Catedrático de la Fac. Económicas-Univ. de La Laguna (Canarias)

• José M. Castillo: Dpto. de Economía Aplicada- Univ. de Granada

• M. Ángel Esteve: Catedrático de Ecología-Hidrología-Univ. de Murcia 

• Ricardo Aliod: Dpto. Mecánica de Fluidos- Politécnica de Huesca. 

• Pedro Arrojo: Dpto. Análisis Económico-Univ. de Zaragoza

• Juan P. Martínez Rica: Ecólogo-Director del Instituto Pirenaico de Ecología-CSIC

• Leandro del Moral: Dpto. Geografía-Univ. de Sevilla

• Julia Martínez : Instituto del Agua y Medio Ambiente-Univ. Murcia

• Carles Ibáñez: Biólogo-Investigador SEO-Bird Life 

• Ángel Garcés: Dpto. de Derecho Administrativo. Univ. Zaragoza 

• Mª Teresa Pérez Picazo: Catedrática Dpto. Economía Aplicada-Univ. Murcia

• Benigno Elvira: Dpto. de Biología Animal -Univ. Complutense Madrid 

• Isabel Palomera: Institut de Ciències del Mar (CMIMA-CSIC) Barcelona

• Fernando López-Vera: Catedrático Geodinámica e Hidrogeología-Univ. Autónoma Madrid 

• Narcís Prat: Catedrático de Ecología-Univ. de Barcelona

• Onofre Rullán: Dpto. Geografía-Univ. Islas Baleares 

• Javier Martínez Gil: Catedrático de Hidrogeología-Univ. de Zaragoza 

• L. Enrique Espinoza: Dpto. de Economía e Historia Económica -Univ. de Salamanca 

• Abel Lacalle: Derecho Internacional-Univ. de Almería 

• J. Manuel Naredo: Fac. de CC. Económicas-Univ. Complutense-Madrid. Premio Nacional de Medio Ambiente (2000) 

• Antonio Estevan: Ingeniero Industrial -GEA-21- Madrid

• Antonio Rodrígues Perea: Hidrogeología-Univ. Islas Baleares 

• Francesc Gallart : Inst. CC.de la Terra 'Jaume Almera', CSIC, Barcelona 

• Gaspar Mairal: Dpto. de Sociología - Univ. de Zaragoza.