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Cortes
de Aragón, 12-XI-2002
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| Comparecencia
de ACUDE ante la "Comisión
especial de actualización del Pacto del
Agua" Asociación
Cultural para la Defensa del Ésera
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Señores diputados,
muy buenas tardes:
Acudo hoy a este encuentro en representación de
la Asociación Cultural para la Defensa del Ésera,
ACUDE, invitado por ustedes para exponer nuestro
punto de vista sobre la situación hidráulica que
vivimos en este territorio.
Aceptamos agradecidos su invitación, siempre está
bien acudir a foros donde, por lo menos, se nos
escuche. Aunque voy a ser muy sincero y a huir de
prácticas de cortesía vana: hemos tenido en
nuestra asociación un gran debate previo sobre la
conveniencia o no de acudir hoy aquí. La sensación
(cada vez más, certeza) que tenemos de la
voluntad de acallar nuestra voz y de silenciar
nuestra problemática desde las instituciones públicas
aragonesas no nos hacen llegar a este encuentro
con optimismo. Las declaraciones de buena parte de
la clase política y empresarial de nuestra región
aferrándose sus representantes al desatino de un
esquema de desarrollo decimonónico puesto en práctica
a costa de quien y de lo que sea no nos invitan a
esperar resultados positivos de esta ronda de
comparecencias. Vamos, si hasta la campaña
publicitaria del Pacto del Agua que ustedes han
puesto en marcha estos días (muy inoportunamente,
a nuestro modo de ver) parece calcada de la que
está realizando el Ministerio de Medio Ambiente
sobre el Plan Hidrológico Nacional: palabras
bonitas y contenidos hueros porque ninguno de los
responsables de estas instituciones se cree lo que
está vendiendo.
Así las cosas, decidimos a pesar de todo
aprovechar su invitación y presentarnos ante
ustedes para hacerles llegar nuestra opinión. Una
opinión que se centra, básicamente, en la
necesidad de plantear de una vez por todas una
nueva política de aguas en esta región y en este
país; en la necesidad de apostar decididamente
por una Nueva Política del Agua sin bastardeos
del concepto.
En días pasados se han escuchado en este mismo
recinto muchas palabras altisonantes, demasiados
exabruptos y planteamientos gansteriles. Los de César
Trillo todavía colean, los que se calló aquí
Luis Ciudad (pero que luego aventó a los cuatro
vientos) no le van a la zaga. En las discusiones
que les comentaba antes, los socios de ACUDE nos
planteábamos que hubiera pasado si los de las
amenazas y los chantajes hubiéramos sido
nosotros. Me parece que la definición más suave
que nos hubiéramos llevado habría sido la de
terroristas. Pero ya lo vemos, estos dos señores,
presidentes de dos de los más importantes
sindicatos de riego de nuestra comunidad, se
llenan la boca con mezquindades y miserias, nos
quieren devolver al frentismo guerra civilista, y
no pasa nada. Espero que comprendan nuestras
reticencias.
No vamos a plantear nada nuevo en nuestro
parlamento. Todo lo hemos dicho en infinidad de
ocasiones y, parece, va calando de forma
progresiva en un mayor número de aragoneses y de
españoles. Desde la Jacetania a la Ribagorza, el
territorio articulado por los ríos y por los
montes que configuran este país en el que
vivimos, ha unido sus voces para que nadie crea
que se trata de un espacio vacío y debilitado.
Es una voz unánime que sigue reclamando la
dignidad amenazada por unos proyectos que
pretenden acabar con una historia común, con un
paisaje y con una cultura compartida durante
siglos que han formado y definido esto que hoy
llamamos Aragón.
Un argumento único basado en el deseo firme de
seguir viviendo en nuestros pueblos sin ningún
tipo de hipoteca, refuerza nuestra razón y nos
hace confiar en el futuro.
Somos conscientes de formar parte de una minoría
dentro de la comunidad autónoma aragonesa, pero
también Aragón es una minoría dentro de la nación
española y España es una minoría en Europa y en
el mundo... En ese respeto a las minorías se basa
el sistema democrático y en ningún caso es una
excusa ni razón para legitimar una política de
sometimiento como pretenden algunos, esos que
confunden al ciudadano con el votante.
A menudo se utiliza como arma arrojadiza la
palabra "solidaridad" y se nos acusa de
insolidarios cuando lo único que queremos es
acabar con el expolio y el abandono que han
convertido al Pirineo aragonés en uno de los
territorios más despoblados de Europa. Por
cierto, es el mismo truco que utiliza ahora el PP
a nivel nacional contra los aragoneses.
Pero, ¿cómo se puede acusar de insolidaria a una
comarca como la Ribagorza que en poco más de
medio siglo ha perdido el 60% de su población? ¿No
es más lógico que seamos nosotros quienes
exijamos solidaridad a aquellos que se han
desarrollado a costa de inundar nuestros valles y
que ahora están ansiosos por entrar en el negocio
del agua consagrado por el Plan Hidrológico
Nacional?
Un Plan Hidrológico Nacional, les recuerdo, señores
diputados, derivado del pacto-trampa suscrito por
casi todas las fuerzas políticas aragonesas y que
se llama Pacto del Agua. No es posible oponerse a
los trasvases y al mismo tiempo aceptar un pacto
que bendice los pantanos de Santaliestra, Jánovas
o su alternativa actual de Susía, Biscarrués y
el recrecimiento de Yesa. ¿Qué es el proyecto de
Santaliestra sino un trasvase de las aguas del Ésera
hacia otra comunidad autónoma?
Si están hablando de regadíos y enfrentan a los
regantes contra los habitantes de la montaña
usando la excusa de la "solidaridad" y
del "bien público", ¿por qué no
construyen los embalses proyectados en las zonas
de riego y dragan el pantano de Barasona que ha
perdido más del 40% de su capacidad desde su
inauguración en 1929? ¿Por qué no nos ponemos a
solucionar de una vez por todas las pérdidas crónicas
de canales y acequias que dejan perder hasta el
60% de sus caudales? ¿Por qué no nos
comprometemos en la modernización decidida de
nuestros regadíos? ¿Por qué no optimizamos los
recursos existentes? ¿Por qué no valoramos que
tipo de tierras son susceptibles de un mejor
aprovechamiento para regadío? ¿Por qué, en
definitiva, no controlamos de una forma firme las
malas, pésimas, prácticas de riego que se dan
muchas veces en nuestro territorio?
Sencillamente, porque lo que se quiere no es más
agua para regar, lo que se pretende es, en nuestro
caso concreto, el río Ésera como ya tienen unos
intereses con nombres y apellidos el Noguera
Ribagorzana. Y, si nos dejamos, más tarde querrán
el Isábena porque así lo dice ese irracional
proyecto llamado Plan Hidrológico Nacional.
Por eso estamos aquí, para hacerles llegar cual
es la situación real, tal como la vemos quienes
vivimos directamente en el territorio ribagorzano,
para que oigan nuestros argumentos. Nuestro
futuro, el de la Ribagorza, no puede ser
escamoteado por el olvido ni devaluado por
proyectos irracionales que ponen en peligro
nuestras vidas y el desarrollo de nuestras
comarcas. Los pantanos han sido una constante
amenazadora en nuestro pasado más cercano; salvo
casos aislados como el de Benasque y su estación
de esquí de Cerler (que tiene un mucho, por
cierto, de burbuja especulativa), la construcción
de embalses y de infraestructuras hidráulicas ha
dinamitado cualquier proyecto vertebrador en
nuestra tierra durante los últimos cien años. Y
todo a cambio de nada; bueno sí, de un
interminable rosario de brutalidades, chantajes,
amenazas y miedos como los que parecen querer
reproducir "señores" (por llamarlos de
alguna manera) como Trillo o Ciudad. Ya hemos
pagado bastante, si es que teníamos que pagar
algo. Ya hemos contribuido de forma exagerada a
ese "bien común" que luego acaba
convirtiéndose en el bien de cuatro espabilados.
Déjennos ahora poder plantearnos un proyecto de
futuro que pueda ilusionar a unas gentes
injustamente castigadas.
Por cierto, como todos ustedes saben (tal vez el
señor Guedea no, sino no defendería mociones tan
absurdas como las que presentó ante estas Cortes
aragonesas hace unos días), los tribunales han
dado la razón al ayuntamiento de Santaliestra y a
todos los ribagorzanos que nos oponemos a un
pantano chapucero e indigno. La Audiencia
Nacional, en una sentencia especialmente dura
contra la Administración, paralizaba la
construcción del embalse previsto y anulaba toda
la tramitación que se había realizado hasta la
fecha. Luego, el Tribunal Supremo propinaba otra
sonora bofetada a quienes avalan la construcción
de un pantano que se ha querido sacar adelante
siguiendo la doctrina Cañete, es decir, "por
cojones" y saltándose a la torera cualquier
legislación vigente. Por cierto, muchos de
ustedes siguen reclamando ese pantano sin
importarles un bledo nuestras razones, los
argumentos jurídicos, los técnicos y otros, más
etéreos si se quiere, pero no menos importantes,
de auténtica justicia social. Y luego querrán
que confiemos en ustedes.
Estas sentencias suponían para los numerosos
habitantes de la comarca ribagorzana y del resto
de Aragón que se han opuesto a la construcción
de este embalse (que no nos cansamos de recordar,
pondría en peligro la vida de 4000 personas), un
enorme balón de oxígeno en nuestra lucha contra
la sinrazón que supondría esta obra. Y, sobre
todo, la constatación de que las numerosas
denuncias que hemos venido planteando ante la
opinión pública, los medios de comunicación y
los tribunales pertinentes acerca de las
innumerables irregularidades y tropelías
cometidas en la tramitación del proyecto no han
caído en saco roto, que nuestra lucha tenía
sentido, que podemos, en suma, confiar en la
división de poderes y en el concepto de justicia.
No somos juristas, ni tenemos la más mínima
formación en este campo, por lo que se nos hace
especialmente difícil entrar a valorar jurídicamente
las sentencias de la Audiencia Nacional y del
Tribunal Supremo. Expertos hay que lo harán con
mucha más capacitación que nosotros. Sí podemos
valorarla en cuanto a la repercusión que pueden
tener estos fallos sobre el futuro del proyecto
del pantano de Santaliestra y, en definitiva,
sobre toda la política hidráulica que se ha
venido desarrollando en España, gobernase quien
gobernase, en los últimos cien años.
Hay cosas que son muy difíciles de explicar y que
son muy difíciles de asumir por la opinión pública.
Es prácticamente imposible hacer ver a la gente
la indefensión extrema en que se encuentran los
afectados por un proyecto de regulación hidráulica
y que la opinión pública (entre tanto bombardeo
mediático y, ¿por qué no decirlo?, una
conveniente dosis de amnesia y de mirar hacia otro
lado), llegue a concienciarse de que la
Administración, la hidráulica en este caso, no
es un ente imparcial sino que responde a unos
intereses partidistas, económicos y sociales muy
concretos y que ellos marcan su actuación por
encima de los intereses globales.
Incluso en zonas tan históricamente afectadas por
la construcción de embalses como la nuestra (una
política que ha dejado tras de sí, volvemos a
recordarles, señores diputados, una estela de
abandono de pueblos, de despoblación general, de
desvertebración del territorio, de hipoteca de
sus recursos y de enfrentamientos entre los
vecinos favorecidos por la propia Administración
para que no pudiéramos presentar un frente de
oposición firme), se hace a veces muy difícil
poder explicar lo que supone realmente un pantano
en la zona donde se instala.
Es muy duro asumir, como en Santaliestra, en Yesa
o en Biscarrués, que la Administración que debería
velar por los derechos de la ciudadanía es la que
impulsa unas obras acometidas siempre (y lo que ha
ocurrido en nuestra comarca es la demostración más
evidente de este extremo) desde la prepotencia, la
soberbia y un flagrante desentendimiento de las
normas jurídicas de obligado cumplimiento
dictadas e impulsadas por la propia Administración.
La reciente sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, en concreto, ilustra perfectamente el
rosario de irregularidades que han marcado el
desarrollo del proyecto del pantano previsto en
Santaliestra. La sentencia corrobora, por otra
parte, lo que es un secreto a voces: hay un
desprecio tal por los administrados en la
administración hidráulica que parece que la
democracia nunca hubiera entrado en ella.
Es una sentencia que destapa precisamente eso; la
soberbia y el desprecio hacia los afectados como
bandera de actuación permanente de la
administración hidráulica. Con su fallo, la
Audiencia Nacional propina una sonora bofetada a
este tipo de prácticas ancladas en los modos del
más rancio franquismo y, sobre todo, abre la
puerta a la esperanza de quienes se han visto
afectados por una irracional utilización de un
supuesto "bien común" para justificar
toda clase de tropelías y atropellos. La
sentencia de la Audiencia Nacional es un primer
paso para acabar con esta situación (y un primer
paso ciertamente tímido y nada concluyente ante
la magnitud del problema global) pero, por encima
de todo, supone una puerta a la esperanza para
todas las gentes afectadas por los proyectos de
regulación hidráulica en marcha y para todos
aquellos que defienden una Nueva Cultura del Agua
que respeta la hasta ahora pisoteada Dignidad de
la Montaña.
Lo afirmamos con el corazón en la mano; las
gentes de la Ribagorza nunca debimos haber llegado
hasta aquí, las irregularidades que han trufado
el proyecto del pantano desde su inicio tenían
que haberse detenido mucho antes. Hemos sufrido en
Santaliestra, lo sufren en Biscarrués, en Yesa,
en Lechago y en tantos otros sitios, los peores
tics de la política colonial más rancia, de esa
que se caracteriza por el saqueo de los recursos y
potencialidades de las colonias por un supuesto
designio de "pueblo elegido", de
civilización superior con voluntad de ignorar los
derechos de las minorías expoliadas y masacradas.
Una política que tiene sus armas en la mentira y
en la demagogia, que propicia y favorece el
enfrentamiento entre vecinos, que por medio de
chantajes, amenazas, miedos y agresiones hace
aflorar la cara más mezquina de la gente.
Queremos decir muchas cosas en muy poco tiempo y
los pensamientos se nos agolpan. No se pueden
imaginar ustedes (aunque alguno creo que sí,
porque lo ha sufrido en sus propias carnes) lo que
supone vivir sentenciado, con la sensación de que
la sentencia es inexorable y que se ha dictado
ignorando los más elementales derechos de los
condenados. Así funciona la política hidráulica
en nuestro país: un territorio es condenado y no
tiene el más mínimo derecho a defenderse so pena
de que sus gentes sean tachadas con todos los epítetos
concebibles. Y luego está la sensación de enorme
soledad que tenemos que afrontar para luchar
contra la injusticia. Fuerzas demasiado poderosas
se alían para presentar una imagen bastarda de la
realidad y el recurso fácil a la criminalización
es usado de una manera demoledora.
Lo hemos padecido en Santaliestra: hemos sido
aporreados, tratados de terroristas,
criminalizados, ignorados, silenciados,
marginados..., hemos conocido la indefensión más
absoluta por oponernos a un desatino que ponía en
serio peligro la vida de 4000 personas y suponía
el mazazo definitivo a la viabilidad económica y
social de una comarca que ha sido durísimamente
castigada en los últimos cien años por una política
hidráulica que la ha dejado, literalmente,
arrasada. Todo ello por decreto cuasi militar,
siguiendo la nefasta doctrina Cañete, machacando
el mínimo resquicio para la esperanza.
La Administración central ha tenido buena parte
de la culpa de esta situación. El mal llamado
Ministerio de Medio Ambiente (un ministerio de
fomento encubierto), la Confederación Hidrográfica
del Ebro y su empresa títere Aguas de la Cuenca
del Ebro, S.A. (ACESA) han estado detrás de la
sucesión de despropósitos que han conducido a la
sentencia de la Audiencia Nacional. Pero también
la Administración aragonesa y los colectivos de
regantes de nuestra comunidad han tenido su
desgraciado protagonismo en la kafkiana situación
que vive Santaliestra y buena parte del territorio
pirenaico.
Durante los últimos años, en nuestra comarca
hemos tenido la sensación demasiado a menudo de
que no se nos consideraba como aragoneses. El
discurso atronador sobre la necesidad de regular
los ríos ha silenciado la voz de la montaña y
nos ha marginado con un acallamiento sistemático
de nuestras razones. Y eso que es un discurso muy
tramposo: valgan unos sencillos ejemplos; durante
ocho meses al año, los ríos más caudalosos de
la provincia de Huesca se llaman Canal del Alto
Aragón y Canal de Aragón y Cataluña y, puesto
que la doctrina oficial es la de embalsar allá
donde estén las aguas, habríamos de empezar a
plantearnos de una vez que los beneficiarios por
la política hidráulica comiencen a asumir una
parte de las afecciones que ésta genera. Lo
comentaba antes, ¿por qué no hablamos de los
embalses de cola y de las balsas laterales en el
entorno de los canales? Si además tenemos en
cuenta que el sistema de conducción de aguas
pierde en el mejor de los casos un 40% (bastante más
si nos atenemos a diversos estudios) de los
caudales transferidos, que año tras año es
necesario destruir excesos de producción, que el
actual esquema agrario basado en la subvención
tiene los días contados o que los sistemas de
riego son manifiestamente mejorables en muchos
casos (lo que reconocen cada vez más abiertamente
los propios usuarios), convendrán conmigo en que
el discurso que se nos ha vendido no se sostiene
por ningún lado. Son otros los intereses que
subyacen tras la reclamación de nuevas
"regulaciones" en el Pirineo (el Plan
Hidrológico Nacional es el más evidente aunque
no el único) que se esconden tras ese pretendido
bien común que representan los pantanos.
Comentaba antes que es muy duro asumir el ataque
de la Administración. Imagínense lo que supone
constatar que tus vecinos se permiten el lujo de
amenazarte públicamente sin que pase
absolutamente nada o que están recogiendo dinero
para buscarte la ruina y certificar la amenaza
real de muerte que pende sobre tu pueblo. La Junta
del Canal de Aragón y Cataluña, en nuestro caso
concreto, ha ignorado las irregularidades del
proceso en Santaliestra y ha azuzado a la
Administración hidráulica a que se saltase la
legalidad respaldando todas las actuaciones
llevadas a cabo en Santaliestra. Y encima debemos
asistir impávidos a una permanente representación
de hipocresía cuando José Luis Pérez, su
presidente, y sus acólitos hablan de respeto y de
solidaridad.
Querríamos creer que ha sido un comportamiento
debido única y exclusivamente a la junta
directiva del Canal, que ha ocultado información
y ha engañado al resto de los usuarios; lo
contrario supondría un mazazo demoledor para la
convivencia en Aragón. No obstante, a la vista de
las actuaciones mafiosas de César Trillo y Luis
Ciudad y el silencio cómplice (cuando no el
descarado seguidismo de algunos políticos
militantes en partidos aquí representados y de
regantes de "a pie") que las han acompañado,
mucho nos tememos en ACUDE que el Gobierno de Aragón
quiere seguir miméticamente con la Ribagorza la
actuación del Gobierno Central para con nuestra
comunidad; dejarla lisa y llanamente a los pies de
los intereses económicos más espurios.
Déjenme decirles una última cosa como portavoz
de ACUDE; nunca un bien común puede cimentarse en
el expolio de los sectores más desfavorecidos de
una sociedad. A aquellos de ustedes que no vivan
en la Ribagorza o en otras zonas de montaña con
una problemática similar les aconsejo que vengan
y recorran las comarcas afectadas por los pantanos
ya construídos y por las que soportan las
amenazas de los proyectados, observen la
despoblación en todas esas zonas, la falta de
infraestructuras (muchas de ellas mil veces
prometidas a cambio de los pantanos ya
construidos, pero nunca realizadas), comprueben
como hay pueblos junto a las aguas estancadas con
gravísimos problemas de agua corriente y de
servicios mínimos, observen el envejecimiento de
la población y la falta de alternativas
laborales, pregunten a la gente, miren con
detenimiento y, después, atrévanse a llamarnos
insolidarios.
Muchas gracias
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