EFE. Huesca |
La sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Aragón (TSJA) ha anulado los distintos trámites
administrativos promovidos por la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE) para la expropiación de los
terrenos previstos para el embalse de Santaliestra.
En una resolución judicial, dada a conocer este martes
mediante un comunicado por el Ayuntamiento de
Santaliestra (Huesca), el tribunal fundamenta su
decisión en una sentencia del Tribunal Supremo de mayo
de 2002, que anulaba un acuerdo del Consejo de Ministros
del 23 de octubre de 1998 que ordenó la expropiación
forzosa de los terrenos.
El fallo, considerado por el consistorio como "un nuevo
mazazo judicial" contra el proyecto, argumenta que las
tesis del Supremo son "determinantes" a la hora de
estimar el recurso del municipio ya que los trámites
llevados a cabo por la CHE para la ocupación se derivan
de un acuerdo previo de expropiación forzosa considerado
no ajustado a la legalidad.
Actuación "marrullera"
El Tribunal Supremo
advertía en su sentencia, cuyos argumentos recoge en su
totalidad la resolución del TSJA, que la declaración de
urgencia era impropia, "porque aun no se han efectuado
los necesarios estudios geológicos y geotécnicos
complementarios para garantizar la viabilidad y
seguridad del proyecto y la estabilidad de las laderas
del vaso del embalse".
La nueva sentencia anula, en concreto, tres resoluciones
de la CHE dictadas entre los meses de julio de 1998 y
1999 que ordenaban el inicio del expediente de
expropiación forzosa, de desestimación de las
alegaciones de los afectados y de levantamiento de las
actas de ocupación de los terrenos.
El alcalde de Santaliestra, Javier Mur, sostiene que el
fallo del TSJA pone en evidencia una actuación
"marrullera y torticera" del organismo de cuenca
propiciada por un texto legal, la Ley de Expropiación
Forzosa, de los años cincuenta del pasado siglo.
Añade que los procedimientos empleados para la
aplicación de la Ley de Expropiación por la
administración "se repiten profusamente en todas las
infraestructuras hidráulicas".
"Obra ilegal y catastrófica"
La sentencia del TSJA se
suma a otras resoluciones contrarias al embalse de
Santaliestra, como el fallo dictado en enero de 2001 por
la Audiencia Nacional, que anuló el proyecto de obra de
regulación por irregularidades diversas en el diseño.
Para Mur, "el embalse de Santaliestra forma parte de una
historia ya perdida en el tiempo, es un castillo de
naipes a merced del viento, y mantener todo un
territorio y a unos ciudadanos amenazados por una obra
ilegal y catastrófica será respondido a buen seguro por
el Estado de derecho".
Según declaró ayer el
alcalde de Santaliestra, Javier Mur, "esta sentencia,
más que un revés, es un "estacazo" para ellos". Mur
explicó que después de que el Supremo anulara la
urgencia del proceso, la Confederación consideró que el
procedimiento podía retomarse por el trámite ordinario.
"Esta sentencia viene a ratificar completamente lo
contrario", dijo el responsable municipal.
El alcalde reconoció que la nueva resolución judicial no
es firme, pero dudó de que cualquier recurso sea
admitido a trámite, "puesto que se dicta para cumplir el
imperativo legal de la sentencia de 2002, que sí que es
firme y de obligado cumplimiento, y el Supremo ya
declara la ineficacia de las expropiaciones".
Para Mur, el fallo tiene además otro significado. "Hasta
ahora habíamos obtenido las sentencias en Madrid y ésta
es la primera que se obtiene en nuestro propio
territorio", subrayó. "Esperemos que sea la penúltima
sentencia puesto que la última, que va a salir muy
pronto y corresponde también al TSJA, va a ser la
anulación de los acuerdos del jurado del justiprecio y
la condena en costas a la Administración hidráulica,
puesto que el pueblo de Santaliestra y sus vecinos, para
defenderse de una actuación ilegal, torticera y
marrullera de la CHE, se han visto obligados a gastar
mucho dinero", dijo el alcalde.
"En virtud de estas sentencias a la administración
hidráulica se le va a entender mala fe, ya que cuando
salió la sentencia del Supremo debería haber paralizado
los expedientes expropiatorios y haber indemnizado a los
vecinos", señaló Mur, que recordó que los tribunales han
dado la razón a la localidad "en todo". |