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Luisa PUEYO
JACA.- Para el periodista Carlos de Prada, se
debe reflexionar sobre la corrupción, el cohecho y otras
acusaciones en proyectos como Yesa y Santaliestra, en los que
parece defenderse, más que el bien común, el de grandes
constructoras e hidroeléctricas. No se explica que un secretario
de Estado que va a sentarse en el banquillo, Benigno Blanco, no
haya dimitido.
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Carlos de Prada, Premio Global 500 de la ONU
y uno de los invitados por la Asociación Río Aragón a la cena de
presentación del Manifiesto Pirenaico y la manifestación del 11 de
mayo en Jaca, considera “hidro-ilógico” el PHN, con proyectos como
Santaliestra o Yesa, en los que “se habla de corrupción, cohecho y
otros supuestos que afectan a personas tan importantes como el que
fue director general de Obras Hidráulicas, Carlos Escartín, que
pasó de gran defensor de la obra de Yesa y trabajar para la
empresa adjudicataria ACS, a verse en un proceso judicial con
acusaciones muy serias”. Por eso cree que la justicia debería
esclarecer “si algunas personas que han adoptado decisiones a
favor de obras hidráulicas han pensado en el bien público o en
otro tipo de bienes. Sería preocupante que en estas
investigaciones judiciales con los embalses en España se pudiera
deducir que se han defendido obras pensando en el bien de grandes
constructoras e hidroeléctricas, o el propio bien de alguno de los
que han decidido, con daño a la naturaleza, el erario público y
otras graves consecuencias”.
No comprende que, pese a depender de
decisiones judiciales, los políticos den por hecho que obras como
las mencionadas se van a realizar. “Una decisión política no puede
estar por encima de la ley. Cuando en las Cortes de Aragón se
decidió llevar adelante estas obras del Pacto del Agua, esto ya
nacía con cierto vicio porque los políticos sólo tendrían que
haber manifestado su deseo de realizarlas si se cumplen los
trámites legales y las premisas ambientales. Darlas por hecho
puede prefigurar una situación que acaso dé la razón a denuncias
de presiones a técnicos o de haber violentado declaraciones de
impacto ambiental”.
Otra
reflexión es que David puede vencer a Goliat: “la administración
tiene mucho poder y maneja mucho dinero público. Es muy difícil
para pequeños municipios afectados por estas obras ejercer su
derecho a la defensa -sobre todo si la administración no respeta
todos los trámites-, pero pueblos como Artieda y Santaliestra han
conseguido imputar a altos cargos, entre ellos un secretario de
Estado en activo, el de Infraestructuras, Benigno Blanco, antes de
Aguas y anterior director de los servicios jurídicos de Iberdrola.
Probablemente la política de agua de este país ya se ha pasado de
rosca. En su día tuvo su explicación, pero en estos momentos sirve
a otros fines diferentes de los que pretenden justificar, como el
regadío”.
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