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Diario del AltoAragón, 21 de julio de 2002

EL JUEZ SIGUE ADELANTE CON EL CASO YESA

  • Admite las peticiones de investigación solicitadas por la Fiscalía de Medio Ambiente sobre presuntas irregularidades.

  • El auto judicial rechaza la solicitud del abogado del Estado, que proponía el archivo de las actuaciones.

El titular del Juzgado número 19 de Madrid admite todas las peticiones de investigación solicitadas por el fiscal en su informe, dentro de las diligencias que se siguen por las irregularidades en la tramitación del proyecto de recrecimiento de Yesa. El juez rechaza asimismo la solicitud del abogado del Estado, que proponía el archivo de las actuaciones.

Luisa PUEYO. JACA.- El Juzgado número 19 de Madrid ha acordado la práctica de todas las diligencias de investigación solicitadas por la Fiscalía de Medio Ambiente en el caso que se sigue contra la tramitación del recrecimiento del embalse de Yesa. Así lo ha hecho saber el Ayuntamiento de Artieda, que interpuso la querella criminal en este Juzgado contra tres ex-altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente por prevaricación, motivo del informe de la Fiscalía dado a conocer hace una semana y que ha sido admitido en su totalidad.

El auto que ha llegado al Ayuntamiento de la población de Alta Zaragoza, fechado el 11 de julio de 2002, recoge asimismo el rechazo por parte del juez de la solicitud del abogado del Estado, que proponía el archivo de estas actuaciones. Las diligencias más destacadas que van a practicarse por decisión del Juzgado son cinco. Una de ellas, “la aportación documental por parte del Ministerio de Medio Ambiente y de la Confederación Hidrográfica del Ebro de numerosos expedientes directamente relacionados con el proyecto de recrecimiento de Yesa y que, según la Fiscalía, habían sido ocultados al Juzgado”.

Además, se va a proceder a “la investigación por parte de la Unidad Económica de la Comisaría Central de la Policía Judicial de las empresas “B&S Ingeniería (Barbany y Sancho Ingeniería)”, que pertenecía entre otros a Tomás Sancho, ex-presidente de la CHE y ACESA, y “Euroestudios SA”, por sus vinculaciones directas con el proyecto de recrecimiento y otros proyectos, todos multimillonarios y relacionados con este caso”. También se investigará por parte de la citada Unidad Económica de la Comisaría Central de la Policía Judicial “el patrimonio personal del querellado Carlos Escartín, de Tomás Sancho, Miguel Zueco, José Luis Uceda y Ángel Núñez (estos tres últimos ingenieros de la CHE), además de Alfonso Barbany, ingeniero y titular junto a Sancho de la citada “B&S Ingeniería”, todo ello con el fin de aclarar las vinculaciones de todas estas personas con intereses privados ligados al proyecto de recrecimiento”.

Asimismo, se solicitarán informaciones a la UNESCO “sobre las afecciones del proyecto al Camino de Santiago”, y se tomará declaración el próximo 16 de septiembre de 2002 “a dos técnicos de la Dirección General de Evaluación de Impacto Ambiental del MIMAM en relación a lo acontecido previamente a que la querellada Dolores Carrillo dictara la Declaración de Impacto Ambiental positiva que autorizaba la ejecución del proyecto”.

Como es sabido, el Ayuntamiento de Artieda interpuso una querella criminal por acuerdo de 25 de febrero de 2000 ante el Juzgado número 19 de Madrid contra Dolores Carrillo, ex-directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, Carlos Escartín, ex-director general de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, y Carlos Vázquez, ex-secretario técnico, todos ellos imputados por la comisión de varios presuntos delitos de prevaricación. Como consecuencia de sus declaraciones -entre otras cosas se supo que Escartín había dejado su cargo en el MIMAM para pasar a trabajar como director de contratación, con un sueldo de 20 millones de pesetas anuales, a la constructora ACS, una de las empresas adjudicatarias de la obra del recrecimiento-, la Fiscalía solicitó más datos del Ministerio, de resultas de los cuales elaboró el informe ahora admitido por el juez.

Para el Ayuntamiento de Artieda este informe es “tan minucioso como contundente relatando las numerosas irregularidades cometidas por los querellados y otros cargos de la administración hidráulica en la aprobación y adjudicación del proyecto de recrecimiento, así como en su Declaración de Impacto Ambiental”. La Corporación expresa su “plena satisfacción”, sin que ello le impida considerar también abrir “otras líneas de investigación judicial, necesarias y pertinentes, para desentrañar todas y cada una de las motivaciones ajenas al interés general que rodean el proyecto de recrecimiento”, algo en lo que ya están trabajando sus abogados y de lo que este Ayuntamiento “informará próximamente”.

Un informe “refrendado”

L.P. JACA.- El alcalde de Artieda, Luis Solana, declaró ayer que el auto del juez “confirma que el informe del fiscal es muy minucioso y expone indicios claros de irregularidades en todo el proceso de este proyecto. Que el juez asuma todas las diligencias entendemos que afianza lo que nosotros hemos dicho siempre en este sentido”. Añade que “algunas de las diligencias que habíamos pedido que se practicaran para tomar declaración a los imputados por nuevas implicaciones se posponen porque el juez considera que a raíz de la práctica de lo solicitado por el fiscal, pueden conocerse más datos respecto a la implicación de estas personas”.

Para Luis Solana es muy positivo “que se rechace la petición de archivo de las diligencias, solicitada por el abogado del Estado, y que se pidan a la UNESCO los informes que ha realizado respecto a la afección del proyecto de recrecimiento al Camino de Santiago”, al igual que la toma de declaración que se realizará en septiembre, “y que esclarecerá las condiciones en las que se produjo la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental”. “El auto del juez es un paso más tras un informe del fiscal ya importante, por su contenido y contundencia. Todo esto no hace más que confirmar que estamos en lo cierto cuando planteamos que hay que declarar la nulidad del proyecto”, afirmó. En la misma línea se expresó la Asociación Río Aragón, que valora “con gran satisfacción que el informe del fiscal sea refrendado por el Juzgado”, e informa su apoyo y participación con el Ayuntamiento de Artieda “en las acciones judiciales que nuestros abogados consideren necesarias para conseguir que el recrecimiento de Yesa quede finalmente ilegalizado y descartado, así como que quienes han sido sus instigadores paguen por ello”.


El Periódico de Aragón, 21 de julio de 2002
La polémica hidráulica
El juez del 'caso Yesa' investiga los bienes de altos cargos implicados

 
La medida afecta al exdirector general de Obras Públicas y al expresidente de la CHE
La Policía Judicial también registrará la empresa de ingeniería fundada por Sancho

J. A. P.

ZARAGOZA

El juez del caso Yesa ha ordenado investigar el patrimonio personal de varios altos cargos de la Administración y de ingenieros implicados en presuntos delitos de prevaricación en la tramitación del recrecimiento del embalse aragonés. El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, que tramita la querella interpuesta por el Ayuntamiento de Artieda, ha aceptado todas las diligencias solicitadas por la fiscalía y rechaza el archivo de las actuaciones, instada por el abogado del Estado. Además de la investigación de bienes, la Unidad Económica de la Policía Judicial deberá registrar la empresa de ingeniería fundada por el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Tomás Sancho, en busca de vinculaciones con otros proyectos relacionados con la obra.

Como informó este diario, la Fiscalía de Madrid redactó un duro y extenso informe de 36 folios en el que se apuntan indicios de corrupción en altos funcionarios y exdirectores generales del Ministerio de Medio Ambiente y de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). A su juicio, los querellados mantenían una presunta relación con empresas vinculadas a la ejecución del recrecimiento de Yesa y llegaron a acelerar la construcción por los "intereses privados" de varios de ellos.

El ministerio público solicitó al juez la "práctica inmediata" de una extensa lista de diligencias para conseguir "la completa valoración penal" de las conductas a las que hace referencia en su escrito.

El auto del Juzgado, fechado el pasado 11 de julio, ordena investigar los bienes personales del exdirector general de Obras Hidráulicas, Carlos Escartín; del expresidente de la CHE, Tomás Sancho; de los ingenieros de la Confederación Miguel Zueco, José Luis Uceda y Ángel Núñez, y del antiguo socio de Sancho, el ingeniero Alfonso Barbany. Las pesquisas se deben extender también a los bienes patrimoniales de las sociedades mercantiles en las que ostenten --ellos o sus cónyuges y familiares en primer grado-- cargos de representación.

COLABORACIÓN DE HACIENDA 

El objetivo de estas pesquisas es aclarar las presuntas vinculaciones de estas personas con "intereses privados" ligados al proyecto de recrecimiento de Yesa. Por ello, la Agencia Tributaria deberá aportar las respectivas declaraciones anuales de Operación de los últimos siete años.

La querella por presunta prevaricación presentada por el Ayuntamiento de Artieda se extiende también a Dolores Carrillo, exdirectora de Calidad y Evaluación Ambiental de Medio Ambiente, y Carlos Vázquez, exsecretario técnico del ministerio, pero la fiscalía no requirió que se investigara sus patrimonios.

La Policía Judicial también deberá registrar las sede de las consultoras de ingeniería Euroestudios y Barbany & Sancho. La fiscalía señaló en su informe que la segunda empresa obtuvo el proyecto del abastecimiento de Zaragoza con agua de Yesa siendo Tomás Sancho apoderado y al mismo tiempo presidente de la CHE.

El Ministerio de Medio Ambiente y la CHE deberán entregar documentación relacionada con la tramitación del recrecimiento de Yesa, que según dice el propio fiscal, no había sido facilitada al juzgado. Del mismo modo, se solicita a Unesco toda la documentación relativa a las afecciones del recrecimiento sobre el Camino de Santiago.

El juez también quiere aclarar todo el proceso de declaración de impacto ambiental favorable del proyecto, tramitada directamente por la implicada Dolores Carrillo y que permitió la autorización de obra. La fiscalía sostiene que la exdirectora de Calidad y Evaluación Ambiental cometió irregularidades y que asumió el proceso tras la negativa de los técnicos, por lo que se llama a declarar en septiembre a dos funcionarios de su departamento.

 

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