-
Admite
las peticiones de investigación solicitadas por la
Fiscalía de Medio Ambiente sobre presuntas
irregularidades.
-
El
auto judicial rechaza la solicitud del abogado del
Estado, que proponía el archivo de las actuaciones.
El
titular del Juzgado número 19 de Madrid admite todas
las peticiones de investigación solicitadas por el
fiscal en su informe, dentro de las diligencias que se
siguen por las irregularidades en la tramitación del
proyecto de recrecimiento de Yesa. El juez rechaza
asimismo la solicitud del abogado del Estado, que proponía
el archivo de las actuaciones.
Luisa
PUEYO. JACA.-
El Juzgado número 19 de Madrid ha acordado la práctica
de todas las diligencias de investigación solicitadas
por la Fiscalía de Medio Ambiente en el caso que se
sigue contra la tramitación del recrecimiento del
embalse de Yesa. Así lo ha hecho saber el Ayuntamiento
de Artieda, que interpuso la querella criminal en este
Juzgado contra tres ex-altos cargos del Ministerio de
Medio Ambiente por prevaricación, motivo del informe de
la Fiscalía dado a conocer hace una semana y que ha
sido admitido en su totalidad.
El
auto que ha llegado al Ayuntamiento de la población de
Alta Zaragoza, fechado el 11 de julio de 2002, recoge
asimismo el rechazo por parte del juez de la solicitud
del abogado del Estado, que proponía el archivo de
estas actuaciones. Las diligencias más destacadas que
van a practicarse por decisión del Juzgado son cinco.
Una de ellas, “la aportación documental por parte del
Ministerio de Medio Ambiente y de la Confederación
Hidrográfica del Ebro de numerosos expedientes
directamente relacionados con el proyecto de
recrecimiento de Yesa y que, según la Fiscalía, habían
sido ocultados al Juzgado”.
Además,
se va a proceder a “la investigación por parte de la
Unidad Económica de la Comisaría Central de la Policía
Judicial de las empresas “B&S Ingeniería (Barbany
y Sancho Ingeniería)”, que pertenecía entre otros a
Tomás Sancho, ex-presidente de la CHE y ACESA, y
“Euroestudios SA”, por sus vinculaciones directas
con el proyecto de recrecimiento y otros proyectos,
todos multimillonarios y relacionados con este caso”.
También se investigará por parte de la citada Unidad
Económica de la Comisaría Central de la Policía
Judicial “el patrimonio personal del querellado Carlos
Escartín, de Tomás Sancho, Miguel Zueco, José Luis
Uceda y Ángel Núñez (estos tres últimos ingenieros
de la CHE), además de Alfonso Barbany, ingeniero y
titular junto a Sancho de la citada “B&S Ingeniería”,
todo ello con el fin de aclarar las vinculaciones de
todas estas personas con intereses privados ligados al
proyecto de recrecimiento”.
Asimismo,
se solicitarán informaciones a la UNESCO “sobre las
afecciones del proyecto al Camino de Santiago”, y se
tomará declaración el próximo 16 de septiembre de
2002 “a dos técnicos de la Dirección General de
Evaluación de Impacto Ambiental del MIMAM en relación
a lo acontecido previamente a que la querellada Dolores
Carrillo dictara la Declaración de Impacto Ambiental
positiva que autorizaba la ejecución del proyecto”.
Como
es sabido, el Ayuntamiento de Artieda interpuso una
querella criminal por acuerdo de 25 de febrero de 2000
ante el Juzgado número 19 de Madrid contra Dolores
Carrillo, ex-directora general de Calidad y Evaluación
Ambiental, Carlos Escartín, ex-director general de
Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, y Carlos Vázquez,
ex-secretario técnico, todos ellos imputados por la
comisión de varios presuntos delitos de prevaricación.
Como consecuencia de sus declaraciones -entre otras
cosas se supo que Escartín había dejado su cargo en el
MIMAM para pasar a trabajar como director de contratación,
con un sueldo de 20 millones de pesetas anuales, a la
constructora ACS, una de las empresas adjudicatarias de
la obra del recrecimiento-, la Fiscalía solicitó más
datos del Ministerio, de resultas de los cuales elaboró
el informe ahora admitido por el juez.
Para
el Ayuntamiento de Artieda este informe es “tan
minucioso como contundente relatando las numerosas
irregularidades cometidas por los querellados y otros
cargos de la administración hidráulica en la aprobación
y adjudicación del proyecto de recrecimiento, así como
en su Declaración de Impacto Ambiental”. La Corporación
expresa su “plena satisfacción”, sin que ello le
impida considerar también abrir “otras líneas de
investigación judicial, necesarias y pertinentes, para
desentrañar todas y cada una de las motivaciones ajenas
al interés general que rodean el proyecto de
recrecimiento”, algo en lo que ya están trabajando
sus abogados y de lo que este Ayuntamiento “informará
próximamente”.
Un
informe “refrendado”
L.P.
JACA.-
El alcalde de Artieda, Luis Solana, declaró ayer que el
auto del juez “confirma que el informe del fiscal es
muy minucioso y expone indicios claros de
irregularidades en todo el proceso de este proyecto. Que
el juez asuma todas las diligencias entendemos que
afianza lo que nosotros hemos dicho siempre en este
sentido”. Añade que “algunas de las diligencias que
habíamos pedido que se practicaran para tomar declaración
a los imputados por nuevas implicaciones se posponen
porque el juez considera que a raíz de la práctica de
lo solicitado por el fiscal, pueden conocerse más datos
respecto a la implicación de estas personas”.
Para
Luis Solana es muy positivo “que se rechace la petición
de archivo de las diligencias, solicitada por el abogado
del Estado, y que se pidan a la UNESCO los informes que
ha realizado respecto a la afección del proyecto de
recrecimiento al Camino de Santiago”, al igual que la
toma de declaración que se realizará en septiembre,
“y que esclarecerá las condiciones en las que se
produjo la aprobación de la Declaración de Impacto
Ambiental”. “El auto del juez es un paso más tras
un informe del fiscal ya importante, por su contenido y
contundencia. Todo esto no hace más que confirmar que
estamos en lo cierto cuando planteamos que hay que
declarar la nulidad del proyecto”, afirmó. En la
misma línea se expresó la Asociación Río Aragón,
que valora “con gran satisfacción que el informe del
fiscal sea refrendado por el Juzgado”, e informa su
apoyo y participación con el Ayuntamiento de Artieda
“en las acciones judiciales que nuestros abogados
consideren necesarias para conseguir que el
recrecimiento de Yesa quede finalmente ilegalizado y
descartado, así como que quienes han sido sus
instigadores paguen por ello”.
|
La polémica
hidráulica
El juez del 'caso Yesa' investiga los bienes de altos
cargos implicados
|
La medida afecta al exdirector general de
Obras Públicas y al expresidente de la CHE
|
|
La Policía Judicial también registrará la
empresa de ingeniería fundada por Sancho
|
J. A. P.
ZARAGOZA
El juez del caso Yesa ha ordenado investigar el
patrimonio personal de varios altos cargos de la
Administración y de ingenieros implicados en
presuntos delitos de prevaricación en la tramitación
del recrecimiento del embalse aragonés. El Juzgado de
Instrucción número 19 de Madrid, que tramita la
querella interpuesta por el Ayuntamiento de Artieda,
ha aceptado todas las diligencias solicitadas por la
fiscalía y rechaza el archivo de las actuaciones,
instada por el abogado del Estado. Además de la
investigación de bienes, la Unidad Económica de la
Policía Judicial deberá registrar la empresa de
ingeniería fundada por el expresidente de la
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Tomás
Sancho, en busca de vinculaciones con otros proyectos
relacionados con la obra.
Como informó este diario, la Fiscalía de Madrid
redactó un duro y extenso informe de 36 folios en el
que se apuntan indicios de corrupción en altos
funcionarios y exdirectores generales del Ministerio
de Medio Ambiente y de la Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE). A su juicio, los querellados mantenían
una presunta relación con empresas vinculadas a la
ejecución del recrecimiento de Yesa y llegaron a
acelerar la construcción por los "intereses
privados" de varios de ellos.
El ministerio público solicitó al juez la "práctica
inmediata" de una extensa lista de diligencias
para conseguir "la completa valoración
penal" de las conductas a las que hace referencia
en su escrito.
El auto del Juzgado, fechado el pasado 11 de julio,
ordena investigar los bienes personales del exdirector
general de Obras Hidráulicas, Carlos Escartín; del
expresidente de la CHE, Tomás Sancho; de los
ingenieros de la Confederación Miguel Zueco, José
Luis Uceda y Ángel Núñez, y del antiguo socio de
Sancho, el ingeniero Alfonso Barbany. Las pesquisas se
deben extender también a los bienes patrimoniales de
las sociedades mercantiles en las que ostenten --ellos
o sus cónyuges y familiares en primer grado-- cargos
de representación.
COLABORACIÓN DE HACIENDA
El objetivo de estas pesquisas es aclarar las
presuntas vinculaciones de estas personas con
"intereses privados" ligados al proyecto de
recrecimiento de Yesa. Por ello, la Agencia Tributaria
deberá aportar las respectivas declaraciones anuales
de Operación de los últimos siete años.
La querella por presunta prevaricación presentada por
el Ayuntamiento de Artieda se extiende también a
Dolores Carrillo, exdirectora de Calidad y Evaluación
Ambiental de Medio Ambiente, y Carlos Vázquez,
exsecretario técnico del ministerio, pero la fiscalía
no requirió que se investigara sus patrimonios.
La Policía Judicial también deberá registrar las
sede de las consultoras de ingeniería Euroestudios y
Barbany & Sancho. La fiscalía señaló en su
informe que la segunda empresa obtuvo el proyecto del
abastecimiento de Zaragoza con agua de Yesa siendo Tomás
Sancho apoderado y al mismo tiempo presidente de la
CHE.
El Ministerio de Medio Ambiente y la CHE deberán
entregar documentación relacionada con la tramitación
del recrecimiento de Yesa, que según dice el propio
fiscal, no había sido facilitada al juzgado. Del
mismo modo, se solicita a Unesco toda la documentación
relativa a las afecciones del recrecimiento sobre el
Camino de Santiago.
El juez también quiere aclarar todo el proceso de
declaración de impacto ambiental favorable del
proyecto, tramitada directamente por la implicada
Dolores Carrillo y que permitió la autorización de
obra. La fiscalía sostiene que la exdirectora de
Calidad y Evaluación Ambiental cometió
irregularidades y que asumió el proceso tras la
negativa de los técnicos, por lo que se llama a
declarar en septiembre a dos funcionarios de su
departamento.
|