Heraldo
de Aragón, 10-VII-2002
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El
fiscal echa en falta estudios que
acrediten la seguridad del recrecimiento
de Yesa
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El
informe del fiscal que instruye la querella del
Ayuntamiento de Artieda por presunta prevaricación
contra ex altos cargos del Ministerio de Medio
Ambiente afirma que el proyecto de recrecimiento
del embalse de Yesa se aprobó "sin realizar
previamente los estudios sísmicos y estructurales
necesarios y sin conocimiento suficiente de sus
fundamentos geológicos".
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C.
Villanova/J. Benito. Zaragoza
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Asegura
que "su ejecución conlleva un riesgo de catástrofe
señalado por todos los informes, desatendiéndose
pasmosamente la Administración de la problemática
de la seguridad".
Por el contrario, la Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE) declara que "el proyecto reúne
todas las condiciones de seguridad". HERALDO
ha solicitado desde hace varios meses a la CHE
examinar dichos informes de los proyectos de
Santaliestra y Yesa. La respuesta ha sido siempre
que la CHE no puede aportar esos documentos
"porque podría ser contraproducente para la
defensa de los ciudadanos implicados en
querellas". |
Informes negativos |
El informe del fiscal Emilio Valerio, el mismo del
caso Santaliestra, parte de una resolución del
Director de Política Ambiental de 1994, José Ramón
González Lastra. En ella, decía que el estudio
de impacto ambiental "presenta determinadas
carencias y tratamiento incompleto o inadecuado de
elementos que deben considerarse esenciales",
reconocía que la obra "presenta aún algunos
problemas geológicos y estructurales" y pedía
la modificación del estudio "en
profundidad".
Además, el fiscal señala que el autor del
proyecto, el ingeniero Juan Luis Uceda, afirmaba
en el estudio ambiental que "la elevación
del nivel de las aguas como consecuencia del
recrecimiento supone un alto riesgo de
deslizamientos en las laderas que rodean el
vaso" y solicitaba la realización de un
estudio exhaustivo "para certificar con
rotundidad que el riesgo sísmico queda por debajo
del umbral admitido".
Valerio también incorpora el informe de 1993 del
Área de Tecnología y Control de Estructuras de
Medio Ambiente, del que asegura que no fue
incorporó al trámite de información pública
"sin duda por lo preocupante de alguna de sus
conclusiones". Este informe apreciaba también
problemas por deslizamientos y decía que
"las características litológicas de la
cerrada plantearán serias dificultades durante la
ejecución de las excavaciones".
En enero de 1999 se licitó un concurso para hacer
otro estudio de impacto ambiental. Es entonces
cuando, según el fiscal, Tomás Sancho,
presidente de la CHE, y Carlos Escartín, director
de Obras Hidráulicas, habrían forzado, movidos
por "intereses privados" con
determinadas empresas, a la directora de Evaluación
Ambiental, Dolores Carrillo, a aprobar el
expediente "rápidamente y sin
restricciones". Carrillo firmó en marzo la
declaración de impacto, sin que al parecer se
hiciera el nuevo estudio, y ahora niega haber
reconocido tales presiones en el juzgado.
El fiscal asevera que Carrillo cedió a la presión,
apartó a dos técnicos del expediente y, como no
consiguió que ningún otro lo avalara,
"redacta y firma un remedo de declaración de
impacto ambiental" que vulneraría la
legislación ambiental.
Con ese trámite superado, el fiscal dice que
eludieron hacer los estudios sobre riesgos geológicos
y sísmicos mediante la "inusual"
contratación conjunta de proyecto y obra. Al no
existir el proyecto, tampoco existía informe de
seguridad. Apunta también que no concurrían las
"razones de excepcionalidad" para ese
tipo de contrataciones. Posteriormente, Pascual
Fernández, secretario de Estado de Aguas,
convalida este trámite, que ejecutó sin
competencias Carlos Escartín, y da por aprobada
la información pública. El fiscal afirma que eso
es "inveraz" porque "nadie ha visto
el proyecto definitivamente aprobado".
Por último, Emilio Valerio asegura que se ha
"ocultado a la información pública" un
informe técnico del ingeniero Juan Carlos de Cea
de noviembre de 2000 donde se señala "el
elevado estado tensional que la nueva presa va a
generar sobre la existente". "Si bien
creemos que no provocarán la rotura de la
cimentación -prosigue- sí es previsible que se
desarrollen deformación plásticas (sic) de la
misma". De Cea remarca que el proyecto es inédito
en España porque no hay "experiencia en lo
que a cimentación de zócalos sobre rocas blandas
se refiere" y reclama por eso que se extreme
el cuidado en la obra. |
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La
discutida cota del embalse
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La
Fiscalía acusa a Benigno Blanco de imponer el máximo
nivel para favorecer a la constructora y la
hidroeléctrica. La cota de llenado aún es objeto
de un intenso debate en Aragón.
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J.
Benito/C. Villanova. Zaragoza
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El
escrito de la Fiscalía recuerda que el anterior
secretario de Estado de Aguas y actual de
Infraestructuras, Benigno Blanco, declaró en 1998
el interés general del recrecimiento de Yesa, un
proyecto que -dice- "encubría" el mayor
aprovechamiento hidroeléctrico de la cuenca del
Ebro. Esa es la razón a la que atribuye "la
resistencia a reducir la cota del embalse a los
parámetros obligatorios establecidos en el Plan
Nacional de Regadíos".
"Para favorecer los intereses de la empresa
constructora y de la concesionaria de la explotación
hidroeléctrica del embalse, el proyecto no
contiene la obligada adecuación de la cota de
embalse", insiste más adelante el fiscal.
Asimismo, señala que en mayo de 1999 se añadió
al pliego de licitación, aprobado por Benigno
Blanco, una cláusula adicional que decía:
"No se modificará el volumen total previsto
para el embalse recrecido".
Para el fiscal, resulta "evidente" el
objetivo de esta cláusula: "Impedir que
algunas de las licitantes
"independientes" pudieran, amparadas en
la más estricta legalidad, presentar una oferta
que redujera la cota y el presupuesto del embalse
a los límites que éste obligatoriamente debería
tener, perjudicando así las expectativas de la
constructora vinculada a los acusados (..) y de la
adjudicataria hidroeléctrica (..)".
La cota de Yesa ha sido desde el primer momento
objeto de fuerte controversia. Aunque el Pacto del
Agua obtuvo en 1992 un respaldo unánime, IU hizo
ya hizo sus reservas sobre el nivel del
recrecimiento. En 1995 obtuvo por primera vez
representación parlamentaria CHA, partido que
hasta ahora se ha opuesto radicalmente al
recrecimiento. Incluso cuando, cuatro años después,
se negoció en vano un posible tripartito
PSOE-PAR-CHA para el Ayuntamiento de Zaragoza. En
ese momento, el PAR accedió a rebajar la cota de
Yesa a un nivel intermedio.
Antes de que se hicieran patentes los problemas
judiciales del proyecto, el asunto de la cota ya
volvió de lleno a la actualidad con la comisión
de actualización del Pacto del Agua. Al igual que
IU, el presidente aragonés, Marcelino Iglesias,
ha defendido reiteradamente hacer la presa al
nivel máximo para no retrasar el proyecto, pero
después no llenarla del todo para reducir su
impacto. Pero el PAR ya no quiere.
Tampoco el PP. Este partido dice que, de haber
estado recrecido ya, los miles de hectómetros que
"se tiraron" el año pasado habrían
solucionado las restricciones actuales de Bardenas
por la sequía. Pero el polémico Plan Hidrológico
Nacional no impide que los sobrantes de Yesa
-embalse plurianual que sólo se llenaría algunos
años- se puedan trasvasar a otras cuencas. |
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