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Heraldo de Aragón, 10-VII-2002
El fiscal echa en falta estudios que acrediten la seguridad del recrecimiento de Yesa

 

El informe del fiscal que instruye la querella del Ayuntamiento de Artieda por presunta prevaricación contra ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente afirma que el proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa se aprobó "sin realizar previamente los estudios sísmicos y estructurales necesarios y sin conocimiento suficiente de sus fundamentos geológicos".

 

C. Villanova/J. Benito. Zaragoza
Asegura que "su ejecución conlleva un riesgo de catástrofe señalado por todos los informes, desatendiéndose pasmosamente la Administración de la problemática de la seguridad".

Por el contrario, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) declara que "el proyecto reúne todas las condiciones de seguridad". HERALDO ha solicitado desde hace varios meses a la CHE examinar dichos informes de los proyectos de Santaliestra y Yesa. La respuesta ha sido siempre que la CHE no puede aportar esos documentos "porque podría ser contraproducente para la defensa de los ciudadanos implicados en querellas".

Informes negativos

El informe del fiscal Emilio Valerio, el mismo del caso Santaliestra, parte de una resolución del Director de Política Ambiental de 1994, José Ramón González Lastra. En ella, decía que el estudio de impacto ambiental "presenta determinadas carencias y tratamiento incompleto o inadecuado de elementos que deben considerarse esenciales", reconocía que la obra "presenta aún algunos problemas geológicos y estructurales" y pedía la modificación del estudio "en profundidad".

Además, el fiscal señala que el autor del proyecto, el ingeniero Juan Luis Uceda, afirmaba en el estudio ambiental que "la elevación del nivel de las aguas como consecuencia del recrecimiento supone un alto riesgo de deslizamientos en las laderas que rodean el vaso" y solicitaba la realización de un estudio exhaustivo "para certificar con rotundidad que el riesgo sísmico queda por debajo del umbral admitido".

Valerio también incorpora el informe de 1993 del Área de Tecnología y Control de Estructuras de Medio Ambiente, del que asegura que no fue incorporó al trámite de información pública "sin duda por lo preocupante de alguna de sus conclusiones". Este informe apreciaba también problemas por deslizamientos y decía que "las características litológicas de la cerrada plantearán serias dificultades durante la ejecución de las excavaciones".

En enero de 1999 se licitó un concurso para hacer otro estudio de impacto ambiental. Es entonces cuando, según el fiscal, Tomás Sancho, presidente de la CHE, y Carlos Escartín, director de Obras Hidráulicas, habrían forzado, movidos por "intereses privados" con determinadas empresas, a la directora de Evaluación Ambiental, Dolores Carrillo, a aprobar el expediente "rápidamente y sin restricciones". Carrillo firmó en marzo la declaración de impacto, sin que al parecer se hiciera el nuevo estudio, y ahora niega haber reconocido tales presiones en el juzgado.

El fiscal asevera que Carrillo cedió a la presión, apartó a dos técnicos del expediente y, como no consiguió que ningún otro lo avalara, "redacta y firma un remedo de declaración de impacto ambiental" que vulneraría la legislación ambiental.

Con ese trámite superado, el fiscal dice que eludieron hacer los estudios sobre riesgos geológicos y sísmicos mediante la "inusual" contratación conjunta de proyecto y obra. Al no existir el proyecto, tampoco existía informe de seguridad. Apunta también que no concurrían las "razones de excepcionalidad" para ese tipo de contrataciones. Posteriormente, Pascual Fernández, secretario de Estado de Aguas, convalida este trámite, que ejecutó sin competencias Carlos Escartín, y da por aprobada la información pública. El fiscal afirma que eso es "inveraz" porque "nadie ha visto el proyecto definitivamente aprobado".

Por último, Emilio Valerio asegura que se ha "ocultado a la información pública" un informe técnico del ingeniero Juan Carlos de Cea de noviembre de 2000 donde se señala "el elevado estado tensional que la nueva presa va a generar sobre la existente". "Si bien creemos que no provocarán la rotura de la cimentación -prosigue- sí es previsible que se desarrollen deformación plásticas (sic) de la misma". De Cea remarca que el proyecto es inédito en España porque no hay "experiencia en lo que a cimentación de zócalos sobre rocas blandas se refiere" y reclama por eso que se extreme el cuidado en la obra.

La discutida cota del embalse

 

La Fiscalía acusa a Benigno Blanco de imponer el máximo nivel para favorecer a la constructora y la hidroeléctrica. La cota de llenado aún es objeto de un intenso debate en Aragón.

 

J. Benito/C. Villanova. Zaragoza
El escrito de la Fiscalía recuerda que el anterior secretario de Estado de Aguas y actual de Infraestructuras, Benigno Blanco, declaró en 1998 el interés general del recrecimiento de Yesa, un proyecto que -dice- "encubría" el mayor aprovechamiento hidroeléctrico de la cuenca del Ebro. Esa es la razón a la que atribuye "la resistencia a reducir la cota del embalse a los parámetros obligatorios establecidos en el Plan Nacional de Regadíos".

"Para favorecer los intereses de la empresa constructora y de la concesionaria de la explotación hidroeléctrica del embalse, el proyecto no contiene la obligada adecuación de la cota de embalse", insiste más adelante el fiscal. Asimismo, señala que en mayo de 1999 se añadió al pliego de licitación, aprobado por Benigno Blanco, una cláusula adicional que decía: "No se modificará el volumen total previsto para el embalse recrecido".

Para el fiscal, resulta "evidente" el objetivo de esta cláusula: "Impedir que algunas de las licitantes "independientes" pudieran, amparadas en la más estricta legalidad, presentar una oferta que redujera la cota y el presupuesto del embalse a los límites que éste obligatoriamente debería tener, perjudicando así las expectativas de la constructora vinculada a los acusados (..) y de la adjudicataria hidroeléctrica (..)".

La cota de Yesa ha sido desde el primer momento objeto de fuerte controversia. Aunque el Pacto del Agua obtuvo en 1992 un respaldo unánime, IU hizo ya hizo sus reservas sobre el nivel del recrecimiento. En 1995 obtuvo por primera vez representación parlamentaria CHA, partido que hasta ahora se ha opuesto radicalmente al recrecimiento. Incluso cuando, cuatro años después, se negoció en vano un posible tripartito PSOE-PAR-CHA para el Ayuntamiento de Zaragoza. En ese momento, el PAR accedió a rebajar la cota de Yesa a un nivel intermedio.

Antes de que se hicieran patentes los problemas judiciales del proyecto, el asunto de la cota ya volvió de lleno a la actualidad con la comisión de actualización del Pacto del Agua. Al igual que IU, el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, ha defendido reiteradamente hacer la presa al nivel máximo para no retrasar el proyecto, pero después no llenarla del todo para reducir su impacto. Pero el PAR ya no quiere.

Tampoco el PP. Este partido dice que, de haber estado recrecido ya, los miles de hectómetros que "se tiraron" el año pasado habrían solucionado las restricciones actuales de Bardenas por la sequía. Pero el polémico Plan Hidrológico Nacional no impide que los sobrantes de Yesa -embalse plurianual que sólo se llenaría algunos años- se puedan trasvasar a otras cuencas.

Asociación Río Aragón-COAGRET